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Ampliación de medidas en el ámbito social y económico para hacer frente a la crisis del COVID-19.

Con fecha de 1 de abril  se ha publicado el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Puede acceder mediante el siguiente ENLACE al texto consolidad del Real Decreto-ley publicado en el «BOE» núm. 91, de 01 de abril de 2020.

A continuación hacemos un  síntesis de la exposición de motivos que recoge las principales motivaciones y un compendio las medidas adoptadas:

AYUDAS AL ALQUILER

En España, en el 85% de los arrendamientos de vivienda el propietario es una persona física, pequeño propietario. Esta particularidad del mercado del alquiler en España hace especialmente necesario que las medidas adoptadas faciliten los acuerdos entre las partes para permitir el pago de las rentas. Se establecen por ello propuestas en este ámbito dirigidas a la necesaria protección a los colectivos más vulnerables que puedan ver sensiblemente afectada su capacidad para hacer frente al alquiler, al tiempo que se garantiza un equilibrio entre las partes que impida que la vulnerabilidad de los arrendatarios sea trasladada a los arrendadores, especialmente a aquellos para los que los ingresos generados por la renta del alquiler pueden ser esenciales.

padre con bebé

En este contexto, las medidas adoptadas en este real decreto-ley están orientadas a un triple objetivo: Primero, responder a la situación de vulnerabilidad en que incurran los arrendatarios de vivienda habitual como consecuencia de circunstancias sobrevenidas debidas a la crisis sanitaria del COVID-19, especialmente aquellos que ya hacían un elevado esfuerzo para el pago de las rentas, pero también aquellos que, sin estar previamente en esa situación, se encuentren ahora en ella circunstancialmente. Segundo, diseñar medidas de equilibrio que impidan que, al resolver la situación de los arrendatarios, se traslade la vulnerabilidad a los pequeños propietarios. Y, tercero, movilizar recursos suficientes para conseguir los objetivos perseguidos y dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad.

Para saber si está en situación de especial vulnerabilidad y la documentación que tendrá que presentar puede acceder al sliguiente ENLACE.

SUSPENSION DE LANZAMIENTOS EN DESAHUCIOS Y PRÓRROGA DE CONTRATOS DE ALQUILER

Con estos objetivos, el real decreto-ley establece, entre otras medidas, la suspensión de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

Asimismo, se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica.

En este sentido, también se incorpora un nuevo programa de Ayudas al Alquiler y la creación,de una línea de avales del Estado específica (ICO) a la que podrán tener acceso todos aquellos hogares que puedan estar en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la expansión del COVID-19 y que no comportará ningún tipo de gastos o intereses para el solicitante.

AYUDAS AL DEUDOR HIPOTECARIO

En segundo lugar, se amplía el plazo de suspensión a 3 meses y se realizan ajustes técnicos para facilitar la aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual introducida por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

hipotecaConcretamente, se clarifica que las cuotas suspendidas no se deben liquidar una vez finalizada la suspensión, sino que todos los pagos futuros se deben posponer lo que haya durado la suspensión. Se clarifica asimismo el concepto de «gastos y suministros básicos» a efectos de la definición del umbral de vulnerabilidad, incluyendo en este concepto los gastos asociados a suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente y de los servicios de telecomunicación fija y móvil y se adapta la acreditación de vulnerabilidad a las dificultades derivadas del estado de alarma que pueda impedir la obtención de determinados documentos, mediante la presentación de una declaración responsable.

AYUDAS A AUTONOMOS, EMPRESARIOS Y PROFESIONALES

La moratoria de la deuda hipotecaria del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, inicialmente prevista para la vivienda habitual de las personas físicas se extiende ahora a dos nuevos colectivos: el de los autónomos, empresarios y profesionales respecto de los inmuebles afectos a su actividad económica, de un lado, y a las personas físicas que tengan arrendados inmuebles por los que no perciban la renta arrendaticia en aplicación de las medidas en favor de los arrendatarios como consecuencia del estado de alarma.

AYUDAS DE FINANCIACIÓN Y CREDITOS AL CONSUMO

Además, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos no queden excluidos del sistema financiero al no poder hacer frente temporalmente a sus obligaciones financieras como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, de forma paralela a financiación hipotecaria de la vivienda, este real decreto-ley amplía el alcance de la moratoria a los créditos y préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad económica, incluyendo los créditos al consumo.

Para compatibilizar esta nueva moratoria con la hipotecaria del Real Decreto-ley 8/2020 y la moratoria del alquiler de este real decreto-ley, se ajusta el régimen de acreditación de esta moratoria no hipotecaria con dos objetivos.

En primer lugar, se establece que no se tenga en cuenta la aplicación de una posible moratoria hipotecaria o de alquiler a efectos de calcular si se ha alcanzado o no el límite de la carga hipotecaria o la renta arrendaticia del 35% de los ingresos. Con ello se pretende garantizar el tratamiento equitativo de todos los acreedores y arrendadores.

Se pretende también abarcar la casuística de quienes no hagan frente a deudas hipotecarias o una renta arrendaticia deban hacer frente a uno o varios préstamos que le suponen más de un 35% de sus ingresos. El objetivo de la medida es extender a todo tipo de préstamo el alivio económico establecido por el Real Decreto-ley 8/2020 para las personas más necesitadas mediante la suspensión de los contratos de crédito o préstamo no hipotecario.

RESCATE DE PLANES DE PENSIONES

Para contribuir a aliviar las necesidades de liquidez de los hogares, se amplían las contingencias en las que se podrán hacer efectivos los derechos consolidados en los planes de pensiones recogiendo, con carácter excepcional, como supuestos en los que se podrá disponer del ahorro acumulado en planes de pensiones, la situaciones de desempleo consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo y el cese de actividad de trabajadores por cuenta propia o autónomos que se produzcan como consecuencia del COVID-19.

medidas aseguramiento suministro electricidadAYUDAS PARA CONSUMO ELECTRICO

En quinto lugar, se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social de electricidad, al que podrán acogerse, de manera excepcional y temporal, las personas físicas, en su vivienda habitual, con derecho a contratar el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, que tengan una renta igual o inferior a determinados umbrales referenciados al IPREM, y que acrediten ante la comercializadora de referencia, haber cesado en su actividad profesional como profesionales autónomos o haber visto su facturación reducida en un 75 por ciento en promedio respecto al semestre anterior.

GARANTIA DE SUMINISTROS

Las medidas de confinamiento y restricción de la movilidad traen aparejada la estancia ininterrumpida en el domicilio de la mayoría de los miembros del hogar. Adicionalmente, muchas actividades profesionales que, en circunstancias habituales se realizan fuera del hogar, se han trasladado a la vivienda. Por ello, los suministros energéticos (electricidad, gas natural, derivados del petróleo) y el suministro de agua adquieren, si cabe, una naturaleza aún más esencial.

En este contexto, en sexto lugar, se adopta un conjunto de medidas dirigidas a garantizar la continuidad del suministro energético y de agua para hogares mientras dure el estado de alarma. Para ello, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro a consumidores domésticos en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores.

Asimismo, el periodo de tiempo en que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los plazos de los procedimientos de suspensión del suministro iniciados con anterioridad a dicho periodo.

EMPLEAD@S DEL HOGAR

En séptimo lugar, se da respuesta al colectivo de las empleadas del hogar, especialmente vulnerables en las circunstancias actuales, dado que no disponen de derecho a la prestación por desempleo.

limpiezaPor ello, se crea un subsidio extraordinario temporal del que se podrán beneficiar ante la falta de actividad, la reducción de las horas trabajadas o la extinción del contrato como consecuencia del COVID-19. La cuantía del subsidio dependerá de la retribución percibida con anterioridad, así como de la reducción de actividad que se sufra, exigiéndose una prueba acreditativa de dicha reducción al empleador. Este subsidio es compatible con el mantenimiento de otras actividades y la cuantía máxima a recibir será el SMI sin pagas extraordinarias.

AYUDAS A PARADOS

La crisis sanitaria motivada por el COVID-19 ha desencadenado nuevas situaciones de necesidad vinculadas a la falta de empleo y ha agravado la situación en la que se encontraban personas desempleadas con anterioridad. Aunque el sistema estatal de subsidios de desempleo y también los sistemas asistenciales de las comunidades autónomas han servido para dar respuesta a algunas de estas situaciones, resulta necesario completar el ámbito de la cobertura a efectos de que queden incluidas las nuevas situaciones de necesidad por falta de empleo generadas por la actual crisis sanitaria. Un colectivo particularmente afectado por la actual situación y que puede no encontrarse entre los que dan lugar a alguna cobertura de la Seguridad Social o de cualquier otra Administración pública es el constituido por aquellas personas trabajadoras cuyo contrato temporal llega a su fin con posterioridad a la declaración del estado de alarma.

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AYUDAS POR MOTIVO DE SUSPENSION DE CONTRATOS POR ERTE

Aunque en el Real Decreto-ley 9/2020 se establecieron medidas para que, en caso de suspensión de contratos, se interrumpa el cómputo de los contratos temporales, esta previsión no evita totalmente que existan finalizaciones de contratos temporales con posterioridad a la declaración del estado de alarma que no estén cubiertos por el sistema establecido para las personas desempleadas por haber estado afectadas por la suspensión o reducción de jornada establecida en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020. La situación en la que quedan estas personas debe ser atendida con medidas excepcionales dada la dificultad de acceso al empleo al menos mientras dura la situación de crisis sanitaria.

SUBSIDO PARA TRABAJADORES TEMPORALES

El subsidio por circunstancias excepcionales aplicable al colectivo de trabajadores temporales cuyo contrato se extingue porque llega a su fin se configura sin requisito de carencia precisamente para equiparar su situación en lo posible a la de las personas que sí han sido incluidas en un expediente de regulación temporal de empleo y que han podido acceder, aun sin cumplir la carencia establecida, a la correspondiente prestación de desempleo. El único requisito que se exige es la duración mínima establecida del contrato cuyo fin ha llegado, y que debe ser de al menos dos meses. Esta duración del contrato temporal permite identificar la existencia de una expectativa profesional y excluye por tanto las relaciones contractuales esporádicas.

Puede acceder al texto consolidad del Real Decreto-ley publicado en el «BOE» núm. 91, de 01 de abril de 2020 mediante el siguiente ENLACE.

Seguiremos informando según se aprueben nuevas medidas que pensemos puedan interesar a nuestros lectores o seguidores que sin duda se habrán visto afectados por la crisis del COVID-19.

También le puede interesar el siguiente artículo: https://www.abogadosquevedo.es/primeras-medidas-urgentes-en-el-ambito-economico-y-social-por-la-crisis-del-covid-19/

 

 

CORONAVIRUS

Primeras medidas urgentes en el ámbito económico y social por la crisis del COVID-19

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, establece las primeras medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

La pandemia de COVID-19 está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global. Tal y como declaró la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, el brote de COVID-19 se ha convertido en la última semana en una pandemia. Inicialmente localizado en la región china de Hubei, en las últimas semanas el brote de COVID-19 se ha propagado rápidamente por todo el mundo.

PRIMERAS MEDIDAS URGENTES

Este Real Decreto-ley 8/2020 viene a establecer las primera medidas urgentes da respuesta a las circunstancias económicas excepcionales señaladas, sumándose a las medidas adoptadas a nivel comunitario y completando las tomadas por el Gobierno en las últimas semanas.

El pasado 10 de marzo, el Gobierno adoptó un Real Decreto-ley para disponer que la situación de las personas forzadas a permanecer en su domicilio por razones sanitarias tendrá consideración de incapacidad temporal por accidente laboral.

El 12 de marzo se adoptó otro Real Decreto-Ley con medidas urgentes de refuerzo del sistema sanitario, apoyo a familias y a empresas directamente afectadas, que moviliza recursos por importe de más de 18.000 millones de euros, incluyendo un refuerzo del sector sanitario de aproximadamente 3.800 millones de euros y medidas de liquidez y reducción de costes de las empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas y autónomos y en el sector turístico. Asimismo, se reforzó la capacidad de la Administración de reaccionar ante situaciones extraordinarias, agilizando el procedimiento para la contratación de todo tipo de bienes y servicios que sean necesarios.

Este Real Derceto-Ley 8/2020 viene a establecer las primeras medidas concretas directamente aplicables y dirigidas a los sectores más afectados por la cirsis del coronavirus. Pueden acceder al contenido del texto consolidado donde vienen las medidas concretas pinchando el siguiente ENLACE al BOE.

balconesRESTRICCIONES A LA MOVILIDAD

La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, ha requerido la adopción del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que ha declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, incluyendo limitaciones a la libertad de circulación, requisas temporales y prestaciones personales obligatorias y medidas de contención en el ámbito educativo, laboral, comercial, recreativo, o en lugares de culto.

En el contexto actual, el real decreto-ley comentado amplía las medidas ya tomadas con un paquete económico y social de gran alcance y magnitud, con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, dando prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas más directamente afectadas.

En concreto, las medidas adoptadas en este real decreto-ley están orientadas a un triple objetivo. Primero, reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; segundo, apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo; y tercero, reforzar la lucha contra la enfermedad.

Resumimos el contenido del Real Decreto-Ley 8/2020 publicado en: «BOE» núm. 73, de 18/03/2020, que entró en vigor el 18/03/2020  (Referencia:BOE-A-2020-3824) ya que por su importancia y la cantidad de colectivos a los  que afecta entendemos resultará interesante para nuestros lectores, y que podrán analizar en toda su extensión pinchando el siguiente ENLACE al BOE.

MEDIDAS DE APOYO A FAMILIAS, TRABAJADORES Y COLECTIVOS VULNERABLES

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Así, se adoptan medidas para garantizar la asistencia a domicilio de las personas dependientes, para ampliar la protección en el ámbito energético y de suministro de agua, así como en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. También se refuerza la protección de los trabajadores autónomos y se dispone una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de los colectivos particularmente vulnerables.

TELETRABAJO

Con el fin de ejecutar las medidas de contención previstas por la normativa aplicable, garantizando al mismo tiempo la continuidad de la actividad empresarial y las relaciones laborales, se priorizarán los sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiéndose facilitar las medidas oportunas para hacerlo posible, en aquellos puestos en que resulta posible, por su capacidad potencial de reducir la probabilidad de exposición y contagio por COVID-19.

quedateencasaCONCILIACION LABORAL

Asimismo, en quinto lugar, se establecen medidas para favorecer la conciliación laboral, mediante el derecho de los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado a personas dependientes por las circunstancias excepcionales relacionadas con la prevención de la extensión del COVID-19 a acceder a la adaptación o reducción de su jornada, con la consiguiente disminución proporcional del salario. Resulta imprescindible evitar la aplicación de sanciones por falta de asistencia de la persona trabajadora al trabajo ante la necesidad de atender al cuidado de personas a su cargo, multiplicadas en la situación actual ante el cierre de diversos establecimientos públicos o concertados, como centros escolares, residencias de mayores o centros de día. El trabajador que lo requiera podrá solicitar preferentemente una adaptación de la jornada, que le permite mantener el trabajo y su retribución, o reducciones de intensidad baja a efectos de perder la mínima cuantía retributiva.

PROTECCION A DEUDORES HIPOTECARIOS – MORA HIPOTECARIA

El presente real decreto-ley adopta una medida de carácter urgente dirigida a asegurar la protección de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

AYUDA A AUTONOMOS

Asimismo se pone el acento en la casuística de los autónomos, particularmente afectados por la situación actual, creando una prestación extraordinaria por cese de actividad, que cubre la finalización de la actividad provocada por una situación en todo caso involuntaria.

GARANTIA DE LOS SUMINISTROS Y ACCESO A LAS TELECOMUNICACIONES

Se amplía la cobertura de colectivos vulnerables en el ámbito del suministro de servicios públicos esenciales, en particular en el ámbito del agua, el gas natural y la electricidad, y se congelan los precios correspondientes a los gases licuados del petróleo. El servicio de suministro domiciliario de agua potable para consumo humano es un servicio esencial que debe quedar garantizado, especialmente, en las actuales circunstancias.

Con este fin, se imposibilita el corte de suministro de agua por incumplimiento de contrato a los consumidores que tengan la condición de vulnerables, entendiendo por tales los que tienen esa condición conforme a la normativa en materia del sector eléctrico. Esta medida se aplica igualmente a los consumidores de gas natural. A los beneficiarios del bono social eléctrico se les prorrogará de forma automática el plazo de vigencia hasta el 15 de septiembre de 2020.

telefono movilTambién se establecen ciertas medidas también en materia de telecomunicaciones que, además de estar constituidas por redes y servicios que legalmente han sido calificadas de interés general, así como las comunicaciones electrónicas

Para garantizar que los ciudadanos, en las situaciones de contención y de movilidad reducida que ha supuesto la citada declaración del estado de alarma, puedan seguir accediendo a estos servicios y actividades es imprescindible asegurar el mantenimiento de la conectividad y que los servicios de comunicaciones electrónicas se sigan prestando por los operadores, al menos, en las mismas condiciones que en la actualidad, de forma que se deben mantener los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y no podrán suspenderse o interrumpirse, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de servicios suscritos entre operadores y consumidores. Asimismo, se establecen determinadas medidas para garantizar la prestación del servicio universal de telecomunicaciones. Por otra parte mientras esté en vigor el estado de alarma, se suspenderán todas las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil que no estén en curso, excepto en casos excepcionales de fuerza mayor.

SUSPENSION TEMPORAL DE CONTRATOS – ERTES

Se establecen asimismo medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos. Las medidas adoptadas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada (ERTEs) persiguen evitar que una situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo, dado que se priorizará el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos.

Por ello, en primer lugar, se especifica que las pérdidas de actividad consecuencia del COVID-19 tendrán la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada y se agiliza la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo, tanto por fuerza mayor, como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

calculadoraAsimismo, ante la extraordinaria situación de gravedad, en el presente real decreto ley se refuerza la cobertura a los trabajadores afectados por un ERTE, posibilitándoles que tengan acceso a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización necesario para tener acceso a ella y, adicionalmente, que el periodo de la suspensión del contrato o la reducción de la jornada durante el que estén percibiendo dicha prestación no les compute a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos.

Por su parte, con el objetivo de aligerar los costes en los que incurren las empresas, en los casos de fuerza mayor regulados en este real decreto-ley, otra de las novedades incorporadas, es la exoneración a las empresas del pago del 75 % de la aportación empresarial a la Seguridad Social alcanzando dicha exoneración el 100 % de la cuota cuando se trate de empresas de menos de 50 trabajadores, siempre que éstas se comprometan a mantener el empleo. incentiva el mantenimiento del capital humano ya formado.

MEDIDAS FINANCIERAS Y GARANTIA DE LIQUIEDEZ

Se establecen medidas de garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia de la situación generada por el COVID-19.

  • Línea de avales para las empresas y autónomos.
  • Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar los importes de las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos

AGILIZACION DE TRAMITES ADUANEROS

Se agilizan los trámites aduaneros de importación en el sector industrial.

SUSPENSION DE PLAZOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS

En atención a las dificultades que la situación excepcional generada por el COVID-19 puede entrañar para los obligados tributarios en orden a cumplir ciertas obligaciones tributarias y trámites en procedimientos de carácter tributario, fundamentalmente para atender requerimientos y formular alegaciones en plazo en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores tributarios y algunos de revisión en materia tributaria, resulta aconsejable flexibilizar los plazos con los que cuenta el contribuyente para favorecer su derecho a alegar y probar y facilitar el cumplimiento del deber de colaborar con la Administración Tributaria del Estado y de aportar los documentos, datos e información de trascendencia tributaria de que se trate.

A tal efecto, se ha tenido en cuenta lo dispuesto sobre suspensión de plazos administrativos para el ámbito de los procedimientos de entidades del sector público a que se refiere la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 20 de marzo, de declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, si bien con un ámbito especial y más concreto, el de ciertos procedimientos tributarios, y con un horizonte temporal a favor del obligado que puede superar el de vigencia inicial del estado de alarma. Por esta misma razón, en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias, se flexibilizan los plazos para el pago, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento (no se establecen sin embargo medidas de aplazamiento para la presentación o declaración de impuestos). 

excavadoraPROHIBICION DE RESOLUCION DE CONTRATOS SUSCRITOS CON ADMINIISTRACIONES PUBLICAS

En cuarto lugar, se establecen medidas para evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial derivados de la suspensión de contratos públicos, impidiendo la resolución de contratos públicos por parte de todas las entidades que integran el sector público y evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades autónomas o las entidades que integran la Administración local y todos sus organismos públicos y entidades de derecho público tengan un impacto estructural negativo sobre esta parte del tejido productivo. Para evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las CCAA o la Administración local para combatirlo puedan dar lugar a la resolución de contratos del sector público se prevé un régimen específico de suspensión de los mismos.

AYUDAS FINANCIERAS PARA LOS AGRICULTORES ENDEUDADOS

Por último, se incorpora en este capítulo una disposición que permita facilitar que, de manera voluntaria, los prestatarios de créditos financieros concedidos a titulares de explotaciones agrarias.

APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO – AYUDAS I+D

El capítulo IV establece medidas de apoyo a la investigación sobre el COVID-19.

REGIEMEN ESPECIAL APLICABLE A CONVENIOS DEL SECTOR PUBLICO

Finalmente, el capítulo V establece medidas adicionales para permitir una respuesta adecuada a la situación excepcional, entre las que destaca un régimen particular para la suscripción de convenios de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público relacionados en el ámbito de la gestión de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19.

MEDIDAS EN EL AMBITO MERCANTIL APLICABLE A LAS SOCIEDADES Y OTRAS ENTIDADES

  • Posibilidad de celebracion de sesiones de los órganos de gobierno y de administración de sociedades y asociaciones por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple.
  • Posibilidad de celebracion de las juntas o asambleas de asociados o de socios podrán celebrarse por video o por conferencia telefónica múltiple.
  • La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.
  • En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma o durante la vigencia del mismo, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, tanto si la auditoría fuera obligatoria como voluntaria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
  • La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.
  • Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria.
  • En relación con la propuesta de aplicación del resultado las sociedades podrán sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria por otra propuesta.
  • El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y levante acta de la reunión podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.
  • Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.
  • El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
  • En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado.
  • En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.
  • Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.

OTRAS MEDIDAS DE INDOLE MERCANTIL

  • Medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las Sociedades Anónimas Cotizadas.
  • Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del real decreto de declaración del estado de alarma.
  • Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso.

Pueden acceder al contenido del texto consolidado del Real Decreto-Ley 8/2020 pinchando el siguiente ENLACE al BOE.

Seguiremos informando de las principales disposiciones con relación a las medidas aprobadas para frenar la crisis del COVID-19.

Tasas judiciales para las Pymes: El Tribunal Constitucional declara la inconstitucional de la Ley de tasas judiciales

El Tribunal Constitucional declara la inconstitucional parcial de la Ley de tasas judiciales.

En reciente Sentencia con fecha de 21 de julio de 2016 el TC ha declarado nulas la gran mayoría de las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Concretamente declara la inconstitucionalidad y nulidad en los distintos incisos que prevén, de manera separada, las cuotas fijas del art. 7, apartado 1 y se declara la nulidad de la cuota variable para las personas jurídicas recogida en el apartado 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.

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En la práctica esto supone lo siguiente:

– La desaparición total de las Tasas Judiciales en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y social, tanto en la instancia como para la interposición de los recursos.

– En el orden civil se mantiene a vigencia de la cuota fija de la Tasa Judicial en la instancia, es decir, para la iniciación de los Juicios Verbal, Cambiario, Ordinario, Monitorio, Demanda Incidental en proceso concursal, Ejecutivo extrajudicial, oposición al Ejecutivo Judicial y Concurso necesario. No obstante se deroga la cuota fija de la Tasa Judicial para los recursos de apelación, casación y extraordinario por infracción procesal.

– Se deroga totalmente la cuota variable (escalado) de la Tasa Judicial.

No obstante mantiene las tasas en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social a las personas jurídicas, por entender que no vulneran el principio de gratuidad.

Dicha sentencia supone en parte un triunfo para el conjunto de la abogacía que viene desde hace años denunciando que atenta contra los derechos fundamentales de justicia universal y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Realmente entendemos que la cuantía excesiva de las tasas producía diversas vulneraciones constitucionales, primordialmente la de los derechos fundamentales de acceso a la jurisdicción y al recurso (art. 24.1 CE), así como también la del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) y la de los principios tributarios de capacidad económica y progresividad en materia tributaria (art. 31 CE).

Lamentamos por ello profundamente que piggy-bank-1510525_1920tras la derogación de las tasas judiciales para los ciudadanos en febrero de 2015 y la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 10/2012 no se haya proceda a la devolución de las tasas cobradas, ya que el dinero recaudado -en contra de lo comprometido por el Gobierno en su momento- no se ha destinado a mejorar el servicio público de la Justicia Gratuita.

No procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso según el art. 244 Constitución Española de 1978, deviniendo con ello firme la liquidación del tributo. Sin prescindir del perjuicio que tal devolución reportaría a la hacienda pública, resulta relevante tener en cuenta a estos efectos que la tasa no se declara inconstitucional simplemente por su cuantía, tomada ésta en abstracto. Por el contrario, hemos apreciado que dichas tasas son contrarias al art.24.1 Constitución Española de 1978 porque lo elevado de esa cuantía acarrea, en concreto, un impedimento injustificado para el acceso a la Justicia en sus distintos niveles. Tal situación no puede predicarse de quienes han pagado la tasa logrando impetrar la potestad jurisdiccional que solicitaban, es decir, no se ha producido una lesión del derecho fundamental mencionado, que deba repararse mediante la devolución del importe pagado.

En relación a las tasas, a juicio de la Dirección General de Tributos, el Tribunal descarta la devolución de las cantidades ya pagadas por los sujetos pasivos, tanto en procedimientos finalizados por resolución firme como en procesos no finalizados en los que el abono de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no fue acompañado por su impugnación por los motivos que la Sentencia señala.

En consecuencia, entiende el Centro Directivo que en los procedimientos interpuestos antes de la fecha de publicación de la Sentencia en los que no se ha interpuesto aún la demanda -supuesto de devengo de la tasa conforme al artículo 5 de la Ley 10/2012- no procederá realizar su pago en los supuestos declarados nulos. En aquellos en que hubiera sido requerido el obligado tributario para dicho pago y estuviese pendiente su abono, no obstante haberse devengado la tasa, el actor no vendría obligado a su pago, en tanto en cuanto su exigibilidad para los concretos supuestos de nulidad ha quedado anulada por el Tribunal.

Podemos informarle sobre el importe de las tasas que va a costarle si piensa interponer una demanda o recurso. Podemos también asesorarle en el asunto y darle nuestra opinión para que decida si le conviene litigar. Puede solicitar una cita o contactar con nosotros a través de los datos facilitados en la página de contacto de nuestra web o pinchando en el siguiente enlace:  www.abogadosquevedo.es

PYMES Y LA DEV: OBLIGATORIEDAD DE FACILITAR EL CORREO ELECTRONICO A LA DGT

DESDE HOY ES OBLIGATORIO PARA LAS PYMES DARSE DE ALTA CON UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA DGT

Entra en vigor la obligatoriedad de comunicar la DIRECCION ELECTRONICA VIAL para las personas jurídicas 

Según fuentes de la DGT las Administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico le permiten recibir vía Internet, en su buzón electrónico, las notificaciones de procedimientos sancionadores. El envío de la notificación al buzón electrónico se complementa con un aviso a su correo electrónico y, si lo desea, con un SMS a su teléfono móvil.

Para las personas jurídicas, la Dirección General de Tráfico inició el pasado Julio el proceso de obligatoriedad de disponer de Dirección Electrónica Vial para matricular o cambiar la titularidad de un vehículo. A partir del 1 de julio de 2016 la  DGT asigna de forma obligatoria una Dirección Electrónica Vial a todas las personas jurídicas que soliciten matricular o cambiar la titularidad de un vehículo, dando así cumplimiento efectivo a lo dispuesto en el artículo 59.bis de la citada Ley de Seguridad Vial, y en la disposición adicional segunda de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre. Si su empresa es titular de varios vehículos dados de alta en el Registro de Vehículos, se recomienda darse de alta en la DEV antes del plazo previsto, evitando de esta manera problemas que puedan presentarse después de la citada fecha en caso de que tenga que modificar el régimen de titularidad de alguno de los vehículos de la empresa o sociedad que representa.

A partir del 3 de octubre, sin embargo, fruto de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, todas aquellas empresas o personas jurídicas con coches o flotas a su disposición, tienen que unirse a este buzón virtual donde se llevarán a cabo las notificaciones pertinentes y que sustituirá a las tradicionales comunicaciones por correo postal, tal y como se han hecho eco diversos medios de comunicación.

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Suscribirse a la DEV implica que todas las Administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico (Dirección General de Tráfico, Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, Servicio Catalán de Tráfico, Ayuntamientos..) le notificarán las sanciones en la Dirección Electrónica Vial o en las plataformas del Servicio Catalán de Tráfico o de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.

Puedes acceder a la página de la DGT para tramitar el alta DEV pinchando el siguiente: ENLACE ALTA DEV.

Una vez dado de alta en DEV podrá consultar las notificaciones recibidas accediendo a su buzón electrónico. Es importante darse de alta ya que será la única forma de poder beneficiarse de las reducciones por pronto pago y recurrir en plazo las sanciones.

Además de las notificaciones, con este sistema, la DGT le comunicará y avisará próximamente de aspectos que pueden ser de su interés como conductor o titular de vehículo, según los servicios se van incorporando progresivamente a la DEV. Por ejemplo, se ha quedado con un saldo de 3 ó de 6 puntos. Y en breve, podrá recibir otras comunicaciones, como aviso de caducidad del permiso de conducir, de ITV, etc.

La DEV es gratuita y completamente voluntaria para los ciudadanos (persona físicas). En cualquier momento pueden darse de alta o de baja en la DEV, así como modificar sus datos (correo electrónico y teléfono móvil).

En el momento de darse de alta en la DEV recibirá notificaciones y comunicaciones única y exclusivamente por esta vía, de los emisores que operan a través del sistema. No recibirá notificaciones postales de dichos emisores.

El artículo 59.bis del texto articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial, establece que se asignará a todos los titulares de una autorización administrativa para conducir o para circular una Dirección Electrónica Vial. Esta asignación, que también alcanza a los arrendatarios a largo plazo, es obligatoria para las personas jurídicas.

truck-1030846_1280Para poder llevar a cabo con garantías el proceso de obligatoriedad de DEV, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha previamente el Registro de Apoderamientos. Este registro, regulado por la Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por la que se crea y regula el Registro de apoderamientos, de sucesiones y de representaciones legales de la Jefatura Central de Tráfico (BOE de 16 de abril), permite que un tercero (representante) acceda a las notificaciones de la entidad interesada (representado).

Si no ha recibido las sanciones quizá no esté dado de alta. En ese caso le recomendamos se cerciore de que tramitó el proceso DEV de forma correcta. Si le notifican alguna sanción o multa y quiere que la recurramos o le asesoremos no dude en contactar con nosotros. Puede acceder a los datos a través de las ventanas de nuestra página web o pinchando en el siguiente enlace: CONTACTO.

 

 

Computo de los plazos durante el mes de agosto

A la hora de examinar si computan los días del mes de agosto para calcular los plazos administrativos y procesales  hay que atender a las normas establecidas según los distintos órdenes jurisdiccionales:

– Orden civil y mercantil: Serán inhábiles a efectos procesales los días del mes de agosto. También lo son los sábados y domingos, y los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad.

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No obstante lo anterior, de oficio o a instancia de parte, los Tribunales podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, cuya demora pueda causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia, o provocar la ineficacia de una resolución judicial. Durante el mes de AGOSTO también se registrarán, repartirán y remitirán a los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil de Madrid, aquellas  demandas, exhortos y escritos civiles y mercantiles respecto de los cuales la Ley Establezca expresamente que pueda practicarse alguna actuación judicial y aquellas otras en las que, justificadamente, se manifiesten las razones de urgencia que motiven su presentación en el mes de agosto, indicándolo claramente y en el encabezamiento de la demanda o escrito.

– Administrativo: En vía administrativa, el mes de agosto se considera mes hábil, salvo los domingos y festivos, tal y como establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo hay que tener en cuenta que para calcular el plazo para el pago de tasas e impuestos, como el ITPYAJD, el impuesto de sucesiones y donaciones, la plusvalía municipal, etcétera, los días del mes de agosto se computan.

En la Contencioso-administrativa, como norma general durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro plazo de los previstos en la referida Ley, a excepción del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil.

Asimismo en casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional que habilite los días inhábiles en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales o en el incidente de suspensión o de adopción de otras medidas cautelares. El Juez o Tribunal oirá a las demás partes y resolverá por auto en el plazo de tres días, acordando en todo caso la habilitación cuando su denegación pudiera causar perjuicios irreversibles.

– Orden social:judge-146626_1280

Los días del mes de agosto en la jurisdicción social serán inhábiles, a excepción de los siguientes procedimientos:

  • Modalidades procesales de despido.
  • Extinción del contrato de trabajo.
  • Movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
  • Suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
  • Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
  • Impugnación de altas médicas.
  • Vacaciones.
  • Materia electoral.
  • Conflictos colectivos.
  • Impugnación de convenios colectivos y tutela de derechos fundamentales y libertades públicas.
  • Adopción de actos preparatorios, medidas precautorias y medidas cautelares, en particular en materia de prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
  • Ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

En el orden Penal: Hay que diferenciar los plazos en función de la fase del procedimiento en que se esté:

handcuffs-921290_1920– Para la fase instrucción de las causas criminales, interposición y resolución de recursos relativos a sesta fase,  todos los días del año y todas las horas serán hábiles sin necesidad de habilitación especial. También en el ámbito penitenciario serán todos los días del año hábiles. – En los juicios rápidos y juicios por delitos leves (antiguas faltas) se celebrarán vistas en agosto durante el servicio de guarda, porque son hábiles todos los días y horas del año. En cambio, los señalamientos fuera del servicio de guardia deberán tener lugar en día y hora hábiles. El Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ha declarado que el mes de agosto es hábil a efectos de señalamiento de juicios rápidos ha sido confirmada por la STS, Sala 3.ª, de 12 de mayo de 2006, así como para la interposición del recurso de apelación contra una sentencia dictada en un juicio rápido.

En el resto de asuntos penales el mes de agosto se considerará inhábil, pero hay que interpretarlo con carácter restrictivo. heat-149937_1280

Para más información sobre los plazos puede consultar con nuestros profesionales a través de los datos de contacto de la web.

Nueva sentencia que anula la resolución municipal que denegó la devolución del ingreso indebido de la plusvalía municipal.

Una nueva Sentencia viene a confirmar la doctrina seguida por la mayoría de los Juzgados y Tribunales que están ventilando los recursos y reclamaciones de devolución por pagos indebidos de plusvalía cuando no ha existido incremento de valor de los terrenos entre la fecha de adquisición y la fecha de transmisión.

En este caso, aunque se trata de jurisprudencia menor, se entiende no realizado el hecho imponible que es el elemento principal gravado por lo que no procederá la liquidación por el impuesto de plus-valía municipal.

Así lo entiende una Sentencia reciente, esta vez dictada por el TSJ La Rioja (Logroño), que afirma que lo que se grava el impuesto es el incremento del valor del terreno, el cual, además, se debe poner de manifiesto con ocasión de una transmisión. 

En el recurso la parte actora sostiene, que no se ha producido el hecho imponible del IIVTNU, definido en los artículos 104.1 TRLHL y 2.1 de la Ordenanza Fiscal nº 5, y que por lo tanto la transmisión no se encuentra sujeta a este impuesto, sin que en consecuencia proceda descender a aplicar las normas sobre la base imponible porque toda vez que el hecho imponible constituye el presupuesto fijado por la ley para configurar el IIVTNU, y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria (artículo 20.1 LGT), lo que venimos defendiendo los profesionales de este despacho, y que, en el caso del IIVTNU, la ausencia de un incremento real de valor del suelo determina la inexistencia de hecho imponible y, por lo tanto, la no sujeción (artículos 104.1 TRLHL y 2.1 de la Ordenanza Fiscal nº 5), lo que obviamente impide la entrada en funcionamiento de las normas reguladoras de la base imponible (artículos 107 TRLHL y 9 de la Ordenanza), por definición únicamente aplicables si previamente existe hecho imponible y sujeción al impuesto.

europe-197040_640Justifica la decisión en que la finca transmitida no ha experimentado un incremento de valor sino que por el contrario ha sufrido una minusvalía (en la demanda fija la minusvalía en una cantidad superior a los tres millones de euros). El artículo 104.1 TRLHL (denominado “Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeción’) establece lo siguiente: El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos” y el artículo 2.1 de la Ordenanza Fiscal nº 5 del Ayuntamiento en cuestión, reguladora del IIVTNU, establece que “constituye el hecho imponible de-este impuesto, el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos bienes”.

Desde su implantación en 1988, ha sido objeto de amplia polémica si dicho sistema ha de considerarse como una ficción legal (la impropiamente llamada presunción iuris et de iure) o, por el contrario, se trata de un sistema sólo aplicable cuando el incremento verdaderamente producido es superior al resultante de aquel sistema (sería una presunción iuris tantum, en el sentido de que siempre correspondería al contribuyente probar que el incremento real es inferior).

El recurrente logró demostrar que el valor de mercado del suelo durante el período a considerar, había disminuido, por lo que no se cumpliría el hecho imponible del tributo, lo que impediría la entrada en funcionamiento de las normas de cuantificación de la base imponible contenidas en el art. 107 del TRLHL (RCL 2004, 602, 670). Las pruebas practicadas en el procedimiento en que prosperó la tesis del demandante porque no ha existido incremento de valor en la venta realizada fueron las siguientes: 1º.- La prueba pericial aportada con la demanda (informe realizado por el arquitecto) junto con informe complementario con ratificación judicial. 2º.- El testigo perito arquitecto que confirma de la existencia de minusvalía. 3º.- El informe del arquitecto asesor municipal que concluye con la operación una clara depreciación del mismo”. En conclusión se declaró que se trataba de un caso de no sujeción, que no solamente impediría el nacimiento de la obligación tributaria de pago en relación con el impuesto sometido a estudio, sino que también impide el nacimiento de obligación tributaria formal alguna. Y ello en la medida en que la falta de realización del hecho imponible, es decir, la NO SUJECIÓN al impuesto de la transmisión de los terrenos o sus derechos, excluye que aflore una relación jurídico-tributaria por la misma (arts. 3.2, 17 y 29 de la LG).
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La jurisprudencia del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia y de los Juzgados de lo Contencioso- administrativo establecen que la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible.

De hecho cada vez existen más antecedentes jurisprudenciales: 1º.- El Tribunal Supremo ya ha afirmado en una sentencia que no existió plusvalía, conceptuando el caso como de no sujeción y anulando la liquidación en su momento emitida.

2º.- La Jurisprudencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ establece siguiendo la última doctrina que -“el vigente sistema legal de determinación de la base imponible contenido en el art. 107 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LHL) (EDL 2004/2992), parte del supuesto de que en toda transmisión de los terrenos sujetos al Impuesto ha habido un incremento de valor, que se calcula mediante la aplicación de unos porcentajes anuales sobre el valor catastral fijado en el momento del devengo, esto es, de la transmisión…. Y se partió para ello del axioma del continuado incremento de valor de los terrenos, cierto durante décadas, pero que ha quedado dramáticamente en los últimos años, como es notorio, dando lugar a la actual y conocida situación económica y siendo retroalimentado por sus consecuencias. Se pueden citar varias sentencias de Tribunales Superiores de Justicia, como el de Cataluña, con fecha 9- 5-2012, rec. 501/2011, o el Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Donostia-San Sebastián , de 5 de febrero de 2015, recurso n.º 245/2014.

Si se encuentra en este caso nuestra recomendación es que para evitar procedimientos de inspección tributaria, satisfaga el impuesto correspondiente de la auto-liquidación y, a continuación, plantéese recurrir la liquidación, siempre y cuando nos encontremos dentro de los plazos de prescripción establecidos por la normativa fiscal (actualmente de cuatro años).

Cada vez existen armas legales con las que contamos hoy en día para reclamar la devolución de este impuesto, así como la jurisprudencia que, a lo largo de los últimos años, ha ido dando la razón a los afectados, pero siempre con las debidas cautelas, ya que aunque las probabilidades de que los tribunales le den la razón son muy altas, siempre existe el riesgo de que no sea así.

Para más información o solicitar un estudio detallado de su caso particular, contacte con nosotros a través de los datos facilitados en nuestra web www.abogadosquevedo.es

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Fijado el salario mínimo interprofesional para el año 2.016

Mediante el Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre), se fija el salario mínimo interprofesional para el año 2016, incrementándose su cuantía respecto al ejercicio precedente en un 1 %.

Las cuantías establecidas son las siguientes:

Con carácter general:

– 655,20 euros mensuales.

– 21,84 euros diarios.

-9.172,80 euros anuales.

Para los trabajadores eventuales y temporeros (cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días): 31,03 euros por jornada.

Para los empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo: 5,13 euros por hora efectivamente trabajada (conforme al art. 8.5 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre).

Podemos ayudarte y confeccionar las nóminas de tu empresa. Te informamos de  los convenios aplicables y las cláusulas vigentes para cada puesto de trabajo y sector laboral. Acude a nuestros profesionales a través de los datos de contacto que encontrarás en nuestra web.

 

 

Novedades en jurisprudencia que sientan doctrina: si el valor de los terrenos no se ha incrementado no procederá la liquidación por plus-valía

Si tras comprar un inmueble en la época de precios más altos se vende en la actualidad a precio mucho más bajo, normalmente por necesidad, siempre defenderemos que no ha existido incremento de valor de los terrenos entre la fecha de adquisición y la fecha de transmisión, por lo que no se habrá realizado el hecho imponible que es gravado y por tanto no procederá la liquidación por el impuesto de plus-valía municipal (o si procediere, debería solicitarse la devolución).

Así lo entiende también el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 3 de Zaragoza en su sentencia de 13 de julio de 2015, que afirma que lo que se grava el impuesto es el incremento del valor del terreno, el cual, además, se debe poner de manifiesto con ocasión de una transmisión. 

El Juzgado no comparte la argumentación del Ayuntamiento sobre la circunstancia de que la LRHL, art. 107, RDL 2/2004 de 5 de marzo, de Haciendas locales, prescinde de la realidad y establece una plusvalía ficticia, por referencia a criterios objetivos, independientes del valor real de los terrenos y de la existencia o no de un efectivo incremento patrimonial, añadiendo además que en todo caso el valor catastral es muy inferior al de la venta gravada. Muy al contrario justifica su decisión en que, dada la tradicional trayectoria del mercado inmobiliario en España, en el que en términos generales nunca había bajado el precio nominal de la vivienda, y en el que lo más que había ocurrido era un estancamiento, se estableció un sistema de gravamen objetivo, por referencia a datos no correspondidos necesariamente con la realidad, todo ello a fin de facilitar la gestión del impuesto y de eludir el frecuente abuso al no declararse siempre el valor de las ventas, evitando también las complicaciones de una excesiva fluctuación del mercado. Actualmente, sin embargo, nos encontramos con una situación insólita, y es que los precios reales de los inmuebles llevan varios años bajando, por lo que no se puede partir de la presunción de que siempre se produce un incremento.

Si no hay incremento de valor, el gravar con independencia de ello supondría “inventar” un impuesto, pervirtiendo la regulación. El instrumento para la determinación del incremento del valor que se halla en el 107 LRHL, que es eso, un elemento adjetivo o instrumental, nunca puede sobreponerse al elemento esencial o nominativo, que es el hecho imponible, de modo que llegue a presumir el mismo. El 107 LHL establece un criterio legal de determinación de la cuantía del incremento del valor, pero parte de que el mismo se ha producido, pues de lo contrario, si no hay hecho imponible, no se puede gravar. Las mismas conclusiones han de aplicarse cuando sí ha existido incremento de valor, pero la cuantía de éste es probadamente inferior a la resultante de la aplicación de dicho método de cálculo, al infringirse los mismos principios.

Las consecuencias no pueden ser otras que las siguientes:

1.ª) Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo (art. 104.1 LHL), y éste no podrá exigirse, por más que la aplicación de las reglas del art. 107.2 siempre produzca la existencia de teóricos incrementos.

2.ª) De la misma forma, la base imponible está constituida por el incremento del valor de los terrenos, el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de las reglas del art. 107, que sólo entrarán en juego cuando el primero sea superior. Por tanto, seguirá siendo de aplicación toda la jurisprudencia anterior sobre la prevalencia de los valores reales, pudiendo acudirse incluso a la tasación pericial contradictoria, en los casos en los que se pretenda la existencia de un incremento del valor inferior al que resulte de la aplicación del cuadro de porcentajes del art. 107. En esta hipótesis, la base imponible habrá de ser la cuantía de tal incremento probado, sin que sea admisible acudir a fórmulas híbridas o mixtas, que pretendan aplicar parte de las reglas del art. 107 al incremento probado.

En consecuencia, el sistema liquidatorio legal no excluye que el sujeto pasivo pruebe que, en el caso concreto, lleva a resultados apartados de la realidad; y, por otra parte, en relación con el referido antecedente inmediato de la fórmula contenida en el art. 107, la STS de 22 de octubre de 1994 (RJ 19994\ 8205) fue tajante al sostener que tenía carácter subsidiario, en defensa y garantía del contribuyente. Y, por fin, no desvirtúa las anteriores conclusiones el hecho de que el sistema legal sea obligatorio, en todo caso, para los Ayuntamientos, que no pueden acudir a datos reales cuando éstos arrojen un resultado superior, pues la Constitución no garantiza a los entes públicos ningún derecho a gravar siempre la capacidad económica real y efectiva, mientras que sí impide que se graven capacidades económicas ficticias de los ciudadanos.

El Tribunal considera suficiente para acreditarjusticia que en el período de tiempo del 2005 al 2014, según información del Ministerio de Fomento se ha producido una depreciación general del valor de suelo en la localidad de referencia, condenando al Ayuntamiento al reintegro de la cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS, aunque no impone las costas procesales a ninguna de las partes, por ser cuestión debatida y novedosa.

Según lo anterior, se viene sentando una línea doctrinal por parte de los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa según la cual, con base en la propia dicción del precepto, para que se produzca el hecho imponible de este impuesto es preciso que exista un incremento del valor entre el momento de adquisición y el momento de la transmisión. Se pueden citar otras sentencias de varios Tribunales Superiores de Justicia, como el de Cataluña, con fecha 9- 5-2012, rec. 501/2011, o el Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Donostia-San Sebastián , de 5 de febrero de 2015, recurso n.º 245/2014.

Si se encuentra en este caso nuestra recomendación es que para evitar procedimientos de inspección tributaria, satisfaga el impuesto correspondiente de la auto-liquidación y, a continuación, plantéese recurrir la liquidación, siempre y cuando nos encontremos dentro de los plazos de prescripción establecidos por la normativa fiscal (actualmente de cuatro años).

Cada vez existen armas legales con las que contamos hoy en día para reclamar la devolución de este impuesto, así como la jurisprudencia que, a lo largo de los últimos años, ha ido dando la razón a los afectados, pero siempre con las debidas cautelas, ya que aunque las probabilidades de que los tribunales le den la razón son muy altas, siempre existe el riesgo de que no sea así.

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Qué hacer tras sufrir un accidente de tráfico por colisión con un animal salvaje

Hace poco un cliente nos consultó cómo actuar en caso de sufrir un accidente con un animal salvaje, dado que circula periódicamente por una carretera secundaria y la última vez que lo hizo un jabalí invadió la calzada por donde circulaba a una velocidad considerable, cruzándose a su vehículo, por lo que a punto estuvo  de salirse de la carretera al tener que dar un volantazo. Ponemos en vuestro conocimiento nuestras recomendaciones por si pueden serviros de ayuda.

Uno de los graves peligros de las carreteras  nacionales y sobre todo de las comarcales es la irrupción de ciervos y jabalíes que invaden la calzada interponiéndose en la marcha de los vehículos, causando frecuentes accidentes que generan graves daños tanto materiales como físicos, percances que han acarreado incluso víctimas mortales.

Además del sobresalto y del consecuente disgusto por los daños sufridos, el conductor tendrá que asumir las consecuencias de este hecho que la Administración ha considerado como previsible, por lo que nos obliga en nuestro periplo por la carretera a adquirir extrema destreza en la conducción y mantener la máxima atención al volante, especialmente en las vías que puedan considerarse de especial peligrosidad.

La Ley 6/2014, de 7 de abril, introdujo entre una serie de reformas en el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la correspondiente a la responsabilidad por atropellos de especies cinegéticas, es decir, de animales como ciervos o jabalíes que se puedan escaparse de un coto privado de caza e irrumpir sorpresivamente en nuestras carreteras, provocando accidentes por colisión o al tratar de eludirlos, trasladando casi toda la responsabilidad al conductor del vehículo. La nueva regulación viene a limitar considerablemente la responsabilidad de la Administración y de los propietarios de los cotos privados de caza, para cargarla, casi por completo, al sufrido ciudadano y, en consecuencia, por repetición, a la aseguradora de su vehículo.

La norma dice lo siguiente: “Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas: En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que irrumpan en aquéllas. No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquél. También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos.”

En consecuencia la responsabilidad recae prácticamente sobre el conductor, que tendrá que responder de los daños que le cause el atropello normalmente de un ciervo o jabalí que invade la calzada, tanto personales como en el vehículo, pero también responderá su seguro de los que pueda causar en el resto de vehículos afectados y sus ocupantes, y en otros elementos como los de señalización (señales verticales) y protección de la calzada (vallas, guarda-railes, etcétera).

El seguro normalmente responderá frente wild-659500__180a terceros, pero si no es a todo riesgo o contempla la colisión con especies cinegéticas como extensión de póliza no responderá nunca de los daños propios, por lo que las primeras horas tras el accidente son importantes para recabar prueba. Por ello es importante saber qué hacer tras una colisión.

Debemos tener en cuenta que normalmente los cotos tendrán seguros concertados para los días de montería, y que la legislación obliga a la Administración a señalizar los tramos presuntamente peligrosos por la posible irrupción de animales salvajes en la calzada.

Así resulta del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, que establece en su art. 149 el objeto y tipo de señales, recogiendo en el apdo. 5 una señal específica para el supuesto que ahora nos ocupa: “P-24. Paso de animales en libertad. Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales en libertad“.

Y por su parte, la ORDEN FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras (BOE n.º 83, de 5 de abril de 2014), establece que ” La posible presencia de animales sueltos (al atravesar la carretera cotos, reservas, parques nacionales, etc.) se advertirá mediante la señal P-24, complementada, en su caso, por un panel indicativo de la longitud afectada (apartado 2.2.4) – 7.11.2 Presencia de animales sueltos.”.

Respecto al vallado, la reciente Sentencia de 24 de Marzo de 2015 de Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Soria  determinó que, la interpretación de la mención a la valla de cerramiento debe hacerse conforme a los criterios generales de interpretación de las normas jurídicas, contenidas en el art. 3.1 CC , esto es, gramatical, lógico, histórico y sistemático. Con arreglo a una interpretación sistemática, entiendo que habrá obligación de reparar cuando la carretera deba disponer de valla de cerramiento, y eso sólo ocurre en los casos de autopistas, autovías y vías para automóviles, pero no en los casos de las carreteras convencionales. Una interpretación según la cual el precepto exige para todas las carreteras la existencia de vallado entiendo que resulta excesiva, y que entraría en contradicción con el citado art. 5. Por lo tanto, sólo cuando deba existir un vallado, éste no esté en condiciones y el accidente sea consecuencia de esta circunstancia, se podrá declarar responsabilidad de la Administración.

Cómo actuar.

Una vez sufrido el accidente, lo primero es preservar la salud de las personas afectadas, que tendrán que ser evacuadas o atendidas debidamente por personal sanitario especializado. Habrá que llamar al 112 o a la guardia civil para advertir del accidente y la peligrosidad de animales sueltos en la zona. Es importante llamar a la Guardia Civil para poder luego también solicitar las actas del accidente. Será importante actuar en caliente para intentar obtener ciertas pruebas de cara a poder luego demandar al responsable del accidente, pruebas que luego vamos a indicar de forma detallada. En caso de accidente el tiempo es oro, sobre todo cuando hay deficiencias en la señalización o el vallado, puesto que tras el parte de las autoridades se intentarán subsanar las deficiencias, preferentemente para evitar más accidentes, pero también para borrar posibles pruebas incriminatorias contra la Administración.

Para poder derivar una responsabilidad al propietario del coto tendremos básicamente que poder demostrar lo siguiente: que ha tenido lugar una acción cinegética en las doce horas inmediatamente anteriores al accidente.

Hay que tener en cuenta que cada comunidad es diferentestreet-sign-594473__180 y su normativa en materia de colindancias, plazos y trámites son distintos, por lo que habrá que solicitar información de la Comunidad Autónoma correspondiente, normalmente a través de la Consejería de medio ambiente. Una vez publicadas las órdenes de veda, que son diferentes en cada autonomía, se solicitan los permisos administrativos para la fecha de la montería, por lo que la montería deberán constar en los ficheros de la Administración autonómica los cotos de caza mayor con sus Planes de Aprovechamiento Cinegético y correspondientes permisos administrativos (comunicación previa a una acción cinegética, solicitud de autorización de acción cinegética y parte de resultado).

Hay que tener también en cuenta que los animales salvajes objeto de caza mayor son los siguientes:

  • Cabra montés (Capra pyrenaica).
  • Ciervo (Cervus elaphus).
  • Corzo (Capreolus capreolus).
  • Gamo (Dama dama).
  • Jabalí (Sus scrofa).
  • Muflón (Ovis musimon).
  • Arruí (Ammotragus lervia)

Asimismo las distintas actuaciones colectivas de caza mayor serán normalmente algunas de las siguientes: montería, gancho, rececho, batida, espera y ronda.

Para poder derivar una responsabilidad a la Administración tendremos que actuar con mayor rapidez para poder luego demostrar lo siguiente:

a) Resultar que el accidente se produjo en un tramo con acta accidentalidad por colisión con animales cinegéticos.

b) La inexistencia de señales como la P-24 colocadas en la zona.fence-652502__180

c) La ausencia de otras señales que adviertan al conductor de que ese riesgo de invasión de la calzada por animales salvajes.

d) La ausencia de valla protectora o alambrada, o la rotura de la misma, que no ha evitado la salida de animales de los cotos, especialmente cuando se trate de carreteras nacionales, que tendrán además unas especiales características de altura y continuidad.

Por tanto será importante contar con las siguientes pruebas:

1) Testigos: Que puedan verificar la invasión del animal salvaje en la calzada o, al menos, su presencia en las inmediaciones del accidente. Es importante tomar los datos a todo aquel que pare en la calzada a prestar auxilio o pueda haber sido testigo del accidente o de la irrupción del animal salvaje para poder luego citarle en el juicio si hace falta.

También habrá que hablar con el dueño del coto y, en su caso, buscar a testigos en la zona que hayan participado o que conocieran la convocatoria de la montería.

2) Actas oficiales:

– Acta del accidente que detalle el punto kilométrico y si hay restos o indicios de la invasión de la calzada por parte de un animal salvaje.

– Acta de Guardia civil respecto a la alta siniestralidad del tramo y de la ausencia de señales que la adviertan, en su caso.

– Acta del servicio de limpieza y conservación de carreteras, que indiquen la retirada del animal o de sus restos, si es que hubo atropello.

3) Fotografías del lugar del accidente, cuanto más recientes mejor, especialmente de las zonas de deficiencia del vallado, frenado del vehículo y restos del animal.

4) Acta notarial, que verifique la existencia en la fecha del accidente de una valla de cerramiento caída, a pocos metros de distancia del lugar del siniestro, bien por apreciación de las fotografías exhibidas o a ser posible mediante la presencia física del Notario en el lugar del accidente.

5) Relación de daños causados (facturas de taller mecánico, factura de clínicas, pruebas o intervenciones médicas, partes médicos de daños y secuelas, etc).

Nuestros abogados pueden asesorarte para efectuar una reclamación o preparar la prueba necesaria para presentarla en su día con la demanda. Ponte en contacto con nosotros de la forma que más cómoda te resulte (teléfono, correo electrónico, etc) para concertar una cita. La primera será totalmente gratuita.

Satisfacción entre los abogados por la reciente supresión de las tasas judiciales a personas físicas

El colectivo de abogados, entre los que nos encontramos varios abogados colaboradores de la web, celebra la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias, según ha recogido el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social publicado en el BOE de 28 de Febrero de 2.015.

Desde que la Ley de Tasas Judiciales entrara en vigor hace más de dos años, el colectivo de abogados así como otros profesionales del derecho han venido expresando la necesidad de que fueran derogadas desde el convencimiento de que la Justicia es un servicio público en nuestro Estado social y democrático de Derecho, en pro de la igualdad y la defensa de la posibilidad del ejercicio de la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos.

Durante todo este tiempo, los efectos de la crisis junto con las medidas de austeridad y recaudación, como la implantación de las tasas judiciales, además de ahogar a la mayoría de la población de clase media han fomentado incluso la pérdida de oportunidad para emprender acciones judiciales en defensa de derechos básicos, ya que a los gastos de los profesionales y posibles riesgos de una condena en contra había que sumar el pago de una tasas judiciales que en algunos casos según la cuantía de los asuntos podía llegar a ser de varios miles de euros, por lo que un gran número de ciudadanos han visto mermada su capacidad litigante y por tanto la tutela judicial que se exigible de un Estado de Derecho.

No obstante, aunque el Gobierno ha optado finalmente por ceder y eximir del pago de las tasas judiciales a los particulares, el colectivo de abogados, representado entre otros por el Consejo General de la Abogacía, del que forma parte el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, mantiene su histórica reivindicación derogatoria también para las PYMES, al entender justo que éstas no deban soportar el mismo gravamen que las grandes empresas, tal como preveía la normativa anterior, y por ser este colectivo uno de los más sensibles en cuanto a las fluctuaciones del mercado, las políticas bancarias y la presión fiscal. El ICAM, a través de su Decana y en su condición de Vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía, participa en una Comisión Mixta con el Ministerio de Justicia y la abogacía española para tratar sobre la revisión de la ley de tasas judiciales y sobre las diversas reformas legislativas en curso, habiendo logrado una de las más importantes reivindicaciones que nuestra profesión le demandaba.

Esperemos que en breve tengamos nuevas y buenas noticias para las PYMES y las eximan también del pago de las tasas judiciales.

Si te hemos presupuestado recientemente alguna actuación judicial puedes solicitar un nuevo cálculo en el que excluiremos las tasas judiciales. Pide más información a través de nuestros datos de contacto de la web www.abogadosquevedo.es.