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falta de liquidez por el covid

PROBLEMAS PARA PAGAR LA RENTA DEL LOCAL DE NEGOCIO POR CAUSA DEL COVID-19

En el BOE del pasado 22 de Abril se publica el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, que incluyen algunas soluciones para los inquilinos de local de negocio que se están viendo tan afectados por la crisis del COVID-19, medidas muy demandadas en los últimas semanas por la falta de intervención en este sector del alquiler para uso distinto al de vivienda.

Puedes acceder al texto completo de la resolución publicada en el BOE de 22 de abril de 2020 pincnando en el siguiente enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

NECESIDAD DE AFRONTAR LA SITUACION QUE SE LES PLANTEA A LOS ARRENDATARIOS POR PARTE DE LOS ARRENDADORES

Hay que destacar el hecho que a estas alturas y sobre todo si hay o se prevee falta de liquidez quien más y quien menos ya se ha puesto en contacto con el propietario del local para intentar buscar de forma consensuada medidas atenuantes de la situación que se plantea para ambas partes. No obstante lo anteiror, si en un primer momento nos parececía que el inquilino iba a ser el principal perjudicado por el estado de alarma, por la limitación a la libre circulación de personas, el cierre provisional de algunas las actividades y de algunos locales de negocios, especialmente de los comerciales y los del sector de hostelería, y en concreto si estan situados a pie de calle, no nos cabe duda que el arrendador se verá también afectado por la falta de liquidez, por la falta de rentabilidad o incluso por una hipotética imposiblilidad de continuar con del negocio. Hay por tanto razones para que ambas partes busquen soluciones al problema de falta de pago que se plantea a corto plazo, pero también al de falta de equilibrio entre prestacones que se puede plantear a medio plazo.  Es planteable y así lo viene afirmando la última doctrina el hecho de que en el momento de la perfección del contrato no se ha podido prever la incursión de la pandemia ni el estado de alarma y sus consecuencias, y que por tanto las prestaciones incialmente equilibradas pueden haberse visto alteradas por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles acaecidos con posterioridad.

Asimismo, si se acude a la regulación del Código Civil referida a la fuerza mayor, podría justificarse la resolución contractual en los casos más graves y ante la falta de acuerdo se prevé, salvo que se apruebe una regulación específica en línea con la cláusula «rebus sic stantibus», de elaboración jurisprudencial, un aluvión de demandas en el sentido de pretender  el inquilino que se modulen o modifiquen judicialmente obligaciones contractuales cuando concurran los requisitos exigidos de imprevisibilidad e inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva onerosidad de la prestación debida y buena fe contractual.

PACTOS ENTRE ARRENDADOR  E INQUILINO

acuerdo

Los primeros pactos que hemos podido confirmar son acuerdos de aplazamiento parcial del pago de rentas, a compensar en futuras mensualidades , si bien en algunos casos también se han pactado rebajas de la renta durante equis meses (normalmente durante el estado de alarma) o incluso, los que menos, han acordado incluso la suspensión de la obligaicón del pago durante el estado de alarma. Todas estas medidas deben ser pactadas por escrito y supervisadas por profesional ya que pueden tener importantes efectos fisacales. Recordamos que hay doctrina muy reciente de la DGT que esta

blece que la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido se debe interpretar siempre desde la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su interpretación de la Directiva 2006/112/CEE, de 28 de noviembre, del Consejo (EDL 2006/310570) relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

Los Técnicos de Hacienda manifiestan que el IVA se seguirá devengando mientras la renta sea exigible por parte del propietario. Esto supone que el propietario que es quien debe repercutir el impuesto tiene la obligación de ingresarlo a hacienda en los plazos trimestrales que vienen reglados, haya o no recibido la totalidad o parte del pago de su inquilino, aunque en caso de impago existan luego procedimientos para recuperarlo. Conceptos equívocos pueden dar lugar a sanciones o en el mejor de los casos se planteará gran inseguridad jurídica por cuanto quedan a expensas del criterio del inspector o incluso.

De una u otra forma y entre tanto se acalaran las circunstancias, existe para el arrendador la opción de aplazar el pago hasta un máximo de seis meses, con exención de pago de intereses durante los tres primeros meses, por motivo de la medida, de carácter general establecida para todos los impuestos y contribuyentes, en el ámbito de competencias de la Administración tributaria, a través del Real Decreto-ley 8/2020, por el que se adopoptan medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Puedes examinar las medidas de aplazamiento de carácter general en el siguiente ENLACE con el que accederás a la página de Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 la Agencia tributaria.

INEXISTENCIA DE PACTO Y NUEVAS MEDIDAS APROBADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 15/2020

dinero

En caso de que por voluntad de las partes e iniciativa propia aún no se haya panteado el asunto entre inquilino y arrendador del local de negocio, y no existan por tanto acuerdos definitivos en el sentido ya expuesto, entra el juego el Real Decreto-ley 15/2020 que viene a establecer nuevas medidas dirigidas a facilitar aplazamientos y evitar conflictos, según el arrendador se trate de empresa o entidad pública de vivienda, o grandes tenedores  y sociedades patrimoniales (10 o más inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2) o no lo sean (lo que se conoce como el arrendador  común, que no es empresa ni profesional del sector inmobiliario).

Para grandes tenedores se podrá solicitar en el plazo de un mes desde la moratoria en el pago durante el periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, hasta un máximo de un total de cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses pero deberá abonarse  a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años.

Para otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda la solución que ofrece es disponer libremente las partes de la fianza para destinarse al pago total o parcial de alguna
o algunas mensualidades de la renta arrendaticia, sin perjuicio de su posterior reintegro por el arrendatario en el plazo de un año.

En ambos casos el arrendatario, en este caso autónomos y pymes, deben acreditar los requisitos y estar dentro del colectivo afectado (con suspensión de actividad o afectación en la facturación de al menos el 75% de ingresos). Para ver los requisitos os facilitamos el siguiente enlace al BOE de 22 de Abril. 

 

¿Cómo tributa la devolución por parte de las entidades financieras de los intereses previamente satisfechos por los contribuyentes como consecuencia de las cláusulas suelo?

¿Cómo tributa la devolución por parte de las entidades financieras de los intereses previamente satisfechos por los contribuyentes como consecuencia de las cláusulas suelo?

La Agencia Tributaria ha publicado un comunicado en su página web en el que informa públicamente de la forma de tributación de las devoluciones recibidas por las entidades bancarias en reclamación de la nulidad de la cláusula suelo en las hipotecas.

Según la Agencia Tributaria, la disposición adicional cuadragésima quinta a la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, tiene como finalidad regular los efectos fiscales derivados de la devolución por parte de las entidades financieras, de los intereses previamente satisfechos por los contribuyentes como consecuencia de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos concertados con aquellas, tanto si la devolución de tales cantidades deriva de un acuerdo celebrado entre las partes como si es consecuencia de una sentencia judicial o de un laudo arbitral.

La disposición adicional establece en su apartado 1 que las cantidades devueltas derivadas de acuerdos celebrados con entidades financieras, bien en efectivo bien mediante la adopción de medidas equivalentes de compensación, previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos, no deben integrarse en la base imponible del impuesto. Tampoco se integrarán en la base imponible los intereses indemnizatorios relacionados con los mismos.

Por tanto, no procede incluir en la declaración del IRPF ni las cantidades percibidas como consecuencia de la devolución de los intereses pagados ni los intereses indemnizatorios reconocidos, por aplicación de cláusulas suelo de interés.

No obstante, establece unos supuestos de regularización, en los casos en que dichos intereses hubieran formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones establecidas por las Comunidades Autónomas, o hubieran tenido la consideración de gasto deducible.

A estos efectos el apartado 2 de la citada disposición regula ambos supuestos:

A. Cuando el contribuyente hubiera aplicado en su momento la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones autonómicas por las cantidades percibidas, perderá el derecho a su deducción. En este caso, deberá incluir los importes deducidos en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio en que se hubiera producido la sentencia, el laudo arbitral o el acuerdo con la entidad, en los términos previstos en el artículo 59 del Reglamento del IRPF, pero sin inclusión de intereses de demora.

A estos efectos, si la sentencia, el laudo o el acuerdo se hubiese producido en 2016, en la declaración de Renta 2016 (a presentar en abril, mayo, junio de 2017) estas cantidades se incluyen en las casillas 524 y 526, no siendo necesario completar las casillas 525 y 527, correspondientes a los intereses de demora.

Este tratamiento es el mismo que normalmente se utiliza en los supuestos de pérdida del derecho a deducción por vivienda habitual pero sin incluir intereses de demora.

No será de aplicación esta regularización respecto de las cantidades que se destinen directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo.

Es decir, si la entidad financiera, en lugar de devolver al contribuyente las cantidades pagadas lo que hace es reducir el principal del préstamo, no habrá que regularizar las deducciones practicadas anteriormente correspondientes a esos importes.

Por su parte, la reducción del principal del préstamo tampoco generará derecho a aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual.

B. En el supuesto de que el contribuyente hubiera incluido, en declaraciones de años anteriores, los importes ahora percibidos como gasto deducible, estos perderán tal consideración debiendo presentarse declaraciones complementarias de los correspondientes ejercicios, quitando dichos gastos, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno.

El plazo de presentación de las declaraciones complementarias será el comprendido entre la fecha de la sentencia, laudo o acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por este impuesto.

Otra cuestión regulada por la norma son los ejercicios a los que afectan estas regularizaciones, tanto de las deducciones de vivienda o autonómicas como de los gastos deducibles. En este sentido se establece que solo será de aplicación a los ejercicios respecto de los cuales no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria.

En función de si el contribuyente hubiera aplicado deducción de vivienda, o deducciones autonómicas, o deducción de gastos y del año en que se produzca el acuerdo, sentencia o laudo, la forma de regularizar y los ejercicios afectados varían. En concreto nos podemos encontrar con los siguientes supuestos:

1.- El contribuyente había aplicado la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones establecidas por las Comunidades autónomas, por las cantidades percibidas:

a. Sentencia, laudo o acuerdo del año 2016: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2016 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2017) y afectará, con carácter general, a las deducciones de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

En el caso que entre las cantidades devueltas haya intereses del año 2016, estos ya no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda dicho año.

b. Acuerdo con la entidad financiera, sentencia o laudo del año 2017: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2017 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2018) y afectará, con carácter general, a las deducciones del año 2013, 2014, 2015 y 2016.

No obstante, si la sentencia o acuerdo es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año 2016 no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda y, por tanto, la regularización no afectará a dicho ejercicio.

2.- El contribuyente había incluido las cantidades ahora percibidas como gasto deducible en ejercicios anteriores:

a. El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo, se ha producido desde el 6 de abril de 2016 hasta el 4 de abril de 2017. En este caso, deberá presentar declaraciones complementarias con carácter general de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en el plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (abril, mayo y junio de 2017).

Si entre las cantidades devueltas hubiera intereses abonados en el ejercicio 2016, el contribuyente ya no incluirá como gastos deducibles dichos importes en su declaración

b. El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo se ha producido después del 4 de abril de 2017. En este caso deberá presentar declaraciones complementarias, con carácter general, de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 en el plazo de presentación del IRPF del año 2017 (abril, mayo y junio de 2018).

No obstante, si el acuerdo o la sentencia es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF de 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año 2016 no se tendrán en cuenta como gasto deducible y, por tanto, no tendrá que presentar declaración complementaria de dicho ejercicio.

Por último, si el contribuyente ya hubiese regularizado dichas cantidades por tener una sentencia anterior podrá instar la rectificación de sus autoliquidaciones solicitando la devolución de los intereses de demora satisfechos y, en su caso, la modificación de los intereses indemnizatorios declarados como ganancia.

Puede acceder a la norma Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. (BOE, 21-enero-2017) BOE

Como ya hemos comunicado en otras entradas podemos ayudarle a calcular los importes que la entidad bancaria le ha cobrado indebidamente y en el procedimiento de reclamación.  Si tiene que negociar con el banco póngase en contacto con nosotros y le podremos atender personalmente. Intentaremos ayudarle en este asunto y asesorarle en la tramitación de su reclamación. Antes de que se devengue cantidad alguna por cuenta de nuestros honorarios le presupuestaremos.

También podemos atenderle y asesorarle en cuestiones relacionadas con las declaraciones de la renta, elementos a incluir como ganancia patrimonial, en la base general de IRPF, etcétera.

Puede pedirnos cita a través de la pestaña desplegable de la web https://www.abogadosquevedo.es , en la página de contacto o telefónicamente llamando al 914454631.

Estamos especializados en DECLARACIONES DE RENTA, RECLAMACIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS, RECLAMACIONES BANCARIAS, DEUDAS E IMPAGOS, RECOBRO DE DEUDAS A MOROSOS, REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, PLANTEAMIENTO DE CALENDARIO DE PAGOS Y ACUERDOS.

Aprobado el procedimiento para la reclamación a las entidades bancarias de los importes pagados en virtud de la cláusula suelo

Con fecha de 22 de enero de 2017 ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, que establece las medidas urgentes aprobadas por el gobierno para la protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, como consecuencia de la tan comentada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la que los bancos quedan sometidos a un procedimiento especial de reclamación extra-judicial.

El Real Decreto- ley tiene como objeto el establecimiento de medidas que faciliten la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito, en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una cláusula suelo cuyo prestatario sea un consumidor.

El procedimiento es voluntario y se establece con el objetivo de lograr una solución extrajudicial con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, sin coste adicional para el consumidor si bien tiene carácter imperativo para las entidades de crédito.

Las entidades de crédito deberán adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las previsiones contenidas en este real decreto-ley en el plazo de un mes y estarán obligadas a articular procedimientos ágiles que les permitan la rápida resolución de las reclamaciones. Según lo dispuesto en la referida norma las entidades de crédito deberán implantar en el plazo máximo de un mes un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales, que tendrá carácter gratuito y voluntario para el consumidor y cuyo objeto será atender a las peticiones que éstos formulen en el ámbito de este Real decreto-ley.

Las entidades de crédito deberán garantizar que ese sistema de reclamación es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula suelo en su préstamo hipotecario, por lo que se está preparando una campaña de notificación personalizada a los afectados por parte de las entidades bancarias.

En todo caso los consumidores deben efectuar una primera reclamación, y llegar en su caso a un pacto con la entidad de crédito respecto al monto que le corresponde por anulación de la cláusula suelo y la forma devolución, es decir, en efectivo, por compensación, etcétera.

Es por tanto que cada afectado conozca cual es el importe que le corresponde y  si el acuerdo propuesto por la entidad bancaria es o no acorde con dicha cantidad.

El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se ponga a disposición del primero la cantidad a devolver será de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación.

Durante los tres meses que puede durar el proceso quedará cualquier reclamación de tipo judicial hasta que se resuelva la reclamación previa. En virtud de ello las partes no podrán ejercitar contra la otra ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, con el ánimo de evitar prácticas de mala fe que solo persiguieran desde un primer momento entablar acciones judiciales.

La formalización de la escritura pública y la inscripción registral que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo entre la entidad financiera y el consumidor, devengará derechos arancelarios notariales y registrales reducidos.

Las devoluciones acordadas pueden generar obligaciones tributarias, entre otros motivos porque la información relativa a las devoluciones acordadas será comunicada por las entidades financieras a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Se regula por ello en la norma el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución que deriven de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales, que se someterán al tratamiento fiscal especial que podemos resumir en lo siguiente:

1.- Las cantidades devueltas no se integrarán con carácter general en la base imponible del IRPF del ejercicio siguiente.

2.- No obstante, las cantidades previamente satisfechas:

– Cuando hubieran formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma en ejercicios anteriores, se perderá el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, salvo que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo.

– Cuando hubieran tenido la consideración de gasto deducible en ejercicios anteriores serán objeto de autoliquidación complementaria correspondiente a tales ejercicios, sin sanción, ni intereses de demora, ni recargo alguno.

En fase judicial se establecen medidas especiales que afectan a las costas procesales y que incentivan el reconocimiento extrajudicial del derecho del consumidor, bien por la posibilidad de su no imposición y por las consecuencias del allanamiento por parte de las entidades de crédito.

De esta forma, frente al régimen general de las ostas procesales, solo se van a declarar las costas a favor del consumidor si obtuviese en sede judicial una sentencia más favorable que la oferta recibida de dicha entidad en el procedimiento extra-judicial previo, o en caso de que la entidad no se allane a las peticiones del consumidor previamente a la contestación a la demanda, cuando no se hubiese acudido antes al procedimiento extrajudicial. Respecto a los procedimientos judiciales en curso las partes se podrán someter de común acuerdo al procedimiento especial establecido solicitando la suspensión del proceso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

En suma, las medidas adoptadas persiguen que el consumidor vea restablecido su derecho en el plazo más breve posible evitándole tener que agotar un proceso judicial que se dilate en el tiempo.

Se puede acceder al texto normativo mediante el siguiente ENLACE AL BOE

Podemos ayudarle a calcular los importes que la entidad bancaria le ha cobrado indebidamente y en el procedimiento de reclamación.  Si tiene que negociar con el banco póngase en contacto con nosotros y le podremos atender personalmente. Intentaremos ayudarle en este asunto y asesorarle en la tramitación de su reclamación. Podemos también actuar en su nombre. Antes de que se devengue cantidad alguna por cuenta de honorarios le presupuestaremos.

YA PUEDE RECLAMAR A LOS BANCOS

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Los rumores de un cambio de la regulación del impuesto de sucesiones desatan un aluvión de donaciones en la comunidad de Madrid

Como cada año por estas fechas los rumores de modificación del régimen fiscal de las donaciones y las sucesiones en Madrid dan lugar a un aluvión de consultas de clientes que acuden al despacho preocupados por si hay algo de cierto en ello o no.

Hay numeroso artículos en prensa que ya se están haciendo eco de la noticia, y que hablan de un aluvión de donaciones en Madrid por temor al fin del chollo fiscal, como por ejemplo el que publica el confidencial (adjuntamos un enlace del artículo citado).

http://www.elconfidencial.com/economia/2016-11-02/avalancha-donaciones-sucesiones-madrid-fin-chollo-fiscal-hacienda-cifuentes_1282652/

Desconocemos si finalmente va a haber finalmente o no cambio normativo en 2.017, pero lo cierto es que año tras año surgen los mismos rumores:

– La comunidad de Madrid va a suprimir las bonificaciones en las donaciones entre familiares directos: padres, hijos, cónyuges y parejas de hecho.

– La comunidad de Madrid va a suprimir las bonificaciones entre familiares directos, es decir, descendientes, ascendientes, cónyuge o pareja de hecho del causante o donante, integrados en los grupos I y II de parentesco del impuesto.

Es difícil prever una medida de este tipo, pero recordemos que por poner un ejemplo en la Comunidad valenciana en 2013 se modificó el ISD reduciendo las bonificaciones entre familiares del 99 al 75% y ahora vuelve a anunciar recortes para 2017 que están haciendo temblar a las familias que ven que con el fallecimiento de uno de sus miembros el patrimonio familiar quedará mermado sustancialmente.

También en 2.015 se modificó este impuesto en Aragón para recaudar unos 20 millones de euros anuales, eliminando desde 2.016 en donaciones la bonificación del 65% en patrimonios preexistentes superiores a los 402.000 euros y la reducción del 100% si el valor de los bienes que pasan de padres a hijos no supera los 300.000 euros, y en sucesiones, la bonificación del 65% para los patrimonios preexistentes de más de 402.000 euros, salvo que se trate de la vivienda familiar o planes de pensiones.

Ahora la Presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha dejado entrever en varias entrevistas que el gobierno ha estado planificando una modificación del impuesto de Sucesiones que se aprobará con carácter inmediato. Queda claro por tanto que vamos a sufrir cambios muy próximos y notaremos su repercusión cuando surja el hecho imponible que regula el impuesto (fallecimiento o transmisión con carácter gratuita).

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¿Qué beneficio existe en la Comunidad de Madrid para el supuesto de donaciones a favor a de un hijo?

Hasta ahora la Comunidad de Madrid ha impulsado la práctica eliminación del Impuesto sobre Donaciones para los supuestos de que quién recibe la donación (donatario) tuviese relación de parentesco directo con el donante.

El Grupo I incluye descendientes (hijos, nietos…) y adoptados menores de veintiún años, y el Grupo II descendientes (hijos, nietos…) y adoptados de veintiuno o más años, cónyuge, ascendiente (padres, abuelos…) y adoptantes. Los donatarios incluidos en cualquiera de estos grupos tendrán derecho a aplicarse una bonificación del 99 por 100 de la cuota del Impuesto sobre Donaciones, con efectos desde el 01/01/2006.

Esto supone que sólo tendrán que ingresar el 1 por 100 de la cuota tributaria. Muchos ciudadanos y profesionales desconocen que para aplicar de esta bonificación necesario que la donación se documente en documento público y además, cuando la donación sea en metálico, será necesario que el origen de los fondos donados esté debidamente justificado, por lo que es necesario un asesoramiento previo y la actuación de un profesional en derecho que supervise la operación.

Hay que tener en cuenta que a efectos de donaciones un inmueble ubicado en la Comunidad de Madrid cuyo valor real es de 200.000 euros puede liquidarse aplicándose la bonificación que tiene regulada la Comunidad de Madrid por unos 400 euros, por lo que el ahorro fiscal que se obtiene cumpliendo los trámites legales es significante.

purse-1359848_1920En caso de inmuebles habrá que tener en cuenta otros gastos e impuestos como el de la escrituración, la inscripción en Registro de la propiedad, plus-valía municipal, etcétera.

La web de la Comunidad de Madrid a través del portal del contribuyente responde a las primeras cuestiones con trascendencia fiscal que con más frecuencia se plantean por estos asuntos. Puedes acceder a la misma para ampliar información mediante el siguiente enlace.

¿Qué sentido tiene donar en vida si resides en Madrid?

Una donación en vida puede suponer adelantar el impacto fiscal de la transmisión, teniendo que realizar desembolsos a fecha de hoy que no son obligados ni corresponderían en principio tener que soportar ni al donante ni al donatario. Tendrá impacto en el IRPF y devengará plusvalía municipal la transmisión de inmuebles por lo que habrá que hacer un estudio concreto de cada caso, especialmente cuando todos o alguno de los donatarios tengan distinta residencia del donante.

Por el contrario las ventajas son innumerables:

– Nos estamos asegurando en primer lugar de poder aplicar las bonificaciones actuales en sede del impuesto de donaciones. En cualquier momento puede cambiar la política estatal o autonómica y suprimirse las bonificaciones actuales del 99%. Ganamos por tanto en seguridad jurídica y nos ahorramos muchas preocupaciones de carácter económico.

– También lograremos dejar ordenado en vida un legado que al fallecimiento puede ser causa de conflictos familiares entre los hijos, normalmente herederos, o incluso entre estos con la viuda. Hay que recordar que los herederos podrán adjudicar la herenciaman-863744_1920

– Es una oportunidad de librarse de ciertos gastos accesorios o inherentes al mantenimiento de los inmuebles (IBI, impuestos de basura, suministros, comunidad de propietarios, etcétera) que muchas ocasiones no son asumidos por el hijo que ocupa la vivienda como suya y que son un lastre para la economía de los padres. Es una oportunidad para que los hijos terminen de madurar y se hagan cargo de sus propias responsabilidades.

– No tendrás que renunciar a cambiar de residencia y podrás por fin irte a vivir a ese apartamento en la playa que tanto disfrutas o junto a la familia más allegada a esa segunda residencia que mantienes en el pueblo, sin el riesgo de los herederos de tener demostrar la residencia efectiva del causante al fallecimiento. El lugar donde resides es determinante en el Impuesto de sucesiones y donaciones (ISD) y al ser un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas el impacto fiscal si dejas Madrid puede ser execrable. De hecho el cambio de domicilio a la jubilación es uno de los motivos que más perjudica a los herederos cuando el fallecido no ha previsto una sucesión ordenada de los bienes ya que tiene graves consecuencias fiscales a la hora de hacer frente por parte de los primeros a los tributos de la herencia.

El tratamiento fiscal de la donación y la herencia varía considerablemente según la autonomía que nos vincula junto con otros elementos como el patrimonio preexistente del heredero/donatario y la vinculación entre fallecido/donante y heredero/donatario. Si establecen el punto de residencia habitual fuera de Madrid por pasar largas temporadas en otra autonomía tendrá graves efectos fiscales a la hora afrontar el reparto de la herencia.

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Las donaciones deben tratarse como un anticipo de la sucesión, por lo que deben estar supervisadas por un profesional.

Hacemos un pequeño inciso para exponer que hay que analizar si se hacen o no con cargo a la legítima de la herencia futura, evitando así que se puedan declarar inoficiosas y perjudicar al resto de los hijos que no la reciban, o por el contrario si no se les da el carácter de colacionable que consecuencias van a producirse. Normalmente las donaciones se suelen complementar con otras, es decir, que si hay varios hijos y a uno de ellos se le dona un inmueble, se suele prever la operación compensatoria, como puede ser la de donación en metálico a los otros hijos, por ejemplo. En otro caso habrá un perjuicio comparativo que originará problemas a la hora de partir la herencia.

hands-981400_1920También puede dejarse constancia de la donación en testamento y mejorar al reparto de la herencia a los herederos que no reciben donación alguna en vida, compensando así al fallecimiento la mejora anticipada al donatario.

El Código civil prevé que al tiempo de evaluarse los bienes hereditarios se traerán a colación los bienes donados, que habrán de ser valorados para efectuar correctamente la partición, por lo que la donación tendrá carácter colacionable, con cargo al tercio de legítima y en su caso de mejora, o carácter no colacionable, que se computará en el de tercio de libre disposición.

En cualquier caso no tiene por qué coincidir el cambio de año con las medidas fiscales acordadas por el organismo de hacienda estatal o de la comunidad de Madrid, por lo que es cuestión de plantear la consulta y realizar un estudio para ver si en el momento de la misma puede resultar idóneo y conviene transmitir los bienes por donación o por herencia.

Podemos ayudarle a planificar las operaciones sucesorias en función del lugar de tu residencia, o redactar el cuaderno particional para formalizar la efectiva adjudicación de los bienes. Realizamos todas las gestiones hasta la inscripción de los inmuebles transmitidos, incluyendo la presentación del impuesto de sucesiones, las plusvalías municipales e incluso las solicitudes a las compañías para que puedas cobrar un seguro de vida.

Sobre nosotros, ya sabe que somos profesionales en temas de herencias y testamentos. Nuestro despacho está en Madrid. Si tiene cualquier o consulta sobre herencias le recordamos que la primera consulta será personalizada y es totalmente gratuita.beautiful-15742_1920

Puedes pedirnos cita a través de los medios de contacto que te proporcionamos en esta web https://www.abogadosquevedo.es/herencias-y-testamentos-en-madrid/

 

 

Bonificaciones de plusvalía por transmisión mortis causa en Madrid

Bonificaciones de plusvalía por transmisión mortis causa en Madrid

Si quieres saber cuáles son las condiciones para aplicar las bonificaciones de plusvalía en la vivienda habitual del causante o local afecto a actividad económica ejercida por este en Madrid pude hacerlo pinchando en el siguiente enlace  o accediendo a través de la web http://www.consultasdeherencia.es/

Para más información al respecto o solicitar un estudio detallado de su caso particular, contacte con nosotros. Dispone de nuestros datos en la página de contacto de la web. También puede hacerlo pinchando en el siguiente enlace:  www.abogadosquevedo.es

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA DEL IRPF: La prestación por maternidad se considera como renta exenta

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA DEL IRPF: La prestación por maternidad se considera como renta exenta

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid mediante resolución con fecha de 6 de julio ha declarado exenta la prestación por maternidad abonada por concepto de maternidad por parte del Instituto Nacional de Seguridad Social.

mom-20666_1920La beneficiaria requirió el reconocimiento a la devolución a su favor de 3.135,11 euros más los correspondientes intereses de demora mediante una solicitud de rectificación de autoliquidación de IRPF. El acuerdo desestimatorio de la Administración de Ciudad Lineal de la AEAT a la solicitud de la actora de rectificación dio lugar al recurso contencioso-administrativo que fue presentado el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid. Tras la desestimación por parte del TEAR de Madrid se interpuso nuevo recurso económico-administrativo contra la Resolución desestimatoria ante el TSJ de Madrid, que finalmente ha estimado íntegramente las pretensiones de la contribuyente.

La resolución se basa en la redacción del art. 7 h) de la Ley 35/2006 IRPF, aplicable en el ejercicio 2009, que era la siguiente en cuanto a las exenciones aplicables:

“h) Las prestaciones familiares reguladas en el Capítulo IX del Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.

Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas en el párrafo anterior por la Seguridad Social para los profesionales integrados en dicho régimen especial.

La cuantía exenta tendrá como límite elcashbox-1642988_1920 importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.

Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad. También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales.”

Se añadió en ese texto legal un nuevo párrafo, el tercero, que se refiere, en general, al alcance de la exención de las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad, sin distinguir la procedencia de las prestaciones y solo es en el cuarto párrafo donde se aclara que estarán exentas también las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales.

El TSJM recuerda que el Instituto Nacional de la Seguridad Social es una entidad gestora de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la SESS, que tiene encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social,

De ahí que la prestación por maternidad percibida por la actora de ese ente público tiene que estar forzosamente incluida en el tercer párrafo del art. 7h) LIRPF , ya que ese precepto reconoce tal beneficio tributario, con carácter general, en su párrafo tercero y lo que hace en el párrafo cuarto es ampliar el beneficio fiscal a las prestaciones que tengan procedencia de otros entes públicos, ya sean locales o autonómicos. Por ello concluye que la interpretación que realiza la AEAT de la regulación legal no es acertada, ya que se queda en el párrafo cuarto para denegar la exención pretendida de la prestación por maternidad, sin tener en cuenta la redacción del tercer párrafo.

law-1063249_1920De ahí que la consecuencia deba ser la íntegra estimación del recurso y la anulación de la presunta Resolución del TEAR por no ser conforme a derecho, declarando al propio tiempo el derecho de la actora a la rectificación de su autoliquidación de IRPF del ejercicio 2009 en el sentido solicitado y el derecho a percibir la devolución de la cantidad de 3.135,11 €, con sus correspondientes intereses legales.

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Unificación de doctrina IRPF: La prestación por maternidad no se debe considerar como Renta exenta a efectos del IRPF

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Reducción en el ISD aplicable en la transmisión mortis causa de empresa individual

Mediante reciente resolución el TEAC cambia de criterio en relación con el ejercicio a computar  en la reducción en el ISD aplicable en la transmisión mortis causa de empresa individual.

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¿Es aplicable la reducción por parentesco al sobrino político en la liquidación del ISD ?

El Tribunal supremo equipara a efectos de la aplicación de la reducción por parentesco en la liquidación del ISD al sobrino político con los demás sobrinos con vínculo consanguíneo

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Doctrina fiscal: ¿como tributan los dividendos de un plan de pensiones extranjero?

La Dirección General de Tributos le reconoce el derecho a un extranjero, residente en Gran Bretaña, de beneficiarse del procedimiento de devolución rápida para hacer efectiva la exclusión de retenciones de la fuente española de la renta proveniente de dividendos derivados de un plan de pensiones.

Según reciente Consulta vinculante que ha sido publicada por la DGT en el ejercicio de su competencia de interpretación de la normativa del régimen tributario general y de las figuras tributarias no atribuidas expresamente a otros órganos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha determinado que cuando el contribuyente cumple con los presupuestos de hecho que le permitirían acogerse a la exención de los dividendos tanto con arreglo a la normativa interna como por aplicación del Convenio entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hechos en Londres el 14 de marzo de 2013, teniendo en cuenta la prevalencia de este último sobre las disposiciones de la normativa interna, y dado que el contribuyente ha acreditado su derecho a acogerse al CDI mediante la presentación del certificado de residencia fiscal en Reino Unido, puede acogerse a la exención prevista en el CDI España-Reino Unido art.10.2.bii, y por aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, art.31.4.a, en relación con los dividendos obtenidos en España, este tiene derecho a beneficiarse del procedimiento de devolución rápida para hacer efectiva la exclusión de retenciones de fuente española.

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La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Novedades en el régimen de responsabilidad penal de las empresas

Antecedentes:

La Ley 31/2014, de  3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, vigente desde el 1 de enero de 2015, amplió el régimen de responsabilidad en materia de gestión, control y prevención del cumplimiento del marco legal de las empresas y los posibles riesgos penales y fiscales de los Administradores, especialmente en cuanto a lo que se refiere a los Consejeros, ejecutivos y directivos.

20140703_183425La Ley Orgánica 1/2015,  en vigor desde el pasado 1 de julio de 2015 reformó el Código penal (LO 10/1995) en varias materias, destacando entre ellas el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducido por primera vez en España en diciembre de 2010.

Las novedades más destacables tras la promulgación de dicha norma fueron las siguientes:

– Se modifica el régimen general de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

– Se obliga en la práctica a las empresas a plantearse un estudio de las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos delitos, estableciendo un modelo de organización y gestión que incluya procedimientos de actuación y vigilancia para la prevención de delitos.

– Se extiende la responsabilidad penal personal, además de a los Administradores y Consejeros  nombrados, a los administradores de hecho (Directivos y apoderados).

– Se regulan las circunstancias atenuantes legal-1143114_1920y agravantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

– Se regulan los delitos aplicables a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En todo caso, el alcance de las obligaciones que conlleva el deber de vigilancia y control se condiciona, de modo general, a las dimensiones de la persona jurídica.

Las penas aplicables a las personas jurídicas pueden ser las siguientes: sanciones económicas, disolución de la persona jurídica, suspensión de sus actividades, clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años, prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social e incluso la intervención judicial.

La fiscalía general del Estado ya concretó en la circular detective-1424831_12801/2016 los procedimientos que habría que aplicar para valorar la eficacia de los planes de compliance en las empresas tras la reforma y que se configuran como una eximente de la responsabilidad penal.

Novedades:

Recientemente ha obtenido firmeza la primera condena por responsabilidad penal de personas jurídicas por parte del Tribunal Supremo, lo que nos ofrece por primera vez una interpretación judicial fiable sobre las pautas a seguir por empresas e instituciones en materia de cumplimiento normativo si quieren evitar ser condenadas y, básicamente, es que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos. Se consolidan según lo anterior los deberes de implantación, supervisión, vigilancia y control del plan de prevención de delitos por parte de los órganos de administración, que podrán delegar dichas obligaciones en un Compliance Officer, un responsable del cumplimiento del programa de prevención de delitos que se nombrará bien dentro de la barbed-wire-960248_1920estructura orgánica de la empresa o a través de la contratación de profesionales externos que se encarguen de desarrollar los planes para identificar, prevenir y mitigar los potenciales riesgos de la empresa. A raíz de lo anterior se está generalizando la implantación de planes de prevención de delitos y el nombramiento de responsables del cumplimiento legal por parte de un gran número de empresas.

A colación con lo anterior aprovechamos este correo para recordar la obligación que tienen las sociedades, asociaciones, fundaciones, empresarios y profesionales de cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, de 13 de diciembre (LOPD).usb-stick-147812_1280

Si precisa más información al respecto no dude en ponerse en contacto con nosotros.