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Calendario de festivos 2017

En el BOE del pasado 8 de Octubre se ha publicado la Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2017.

En el BOE del pasado 8 de Octubre se ha publicado la Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2017.

El artículo 45.1 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, enumera las fiestas laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable, distinguiendo entre las señaladas en los apartados a), b) y c), que tienen el carácter de nacional no sustituibles por las Comunidades Autónomas, y las reflejadas en el apartado d), respecto de las cuales las Comunidades Autónomas pueden optar entre la celebración en su territorio de dichas fiestas o su sustitución por otras que, por tradición, les sean propias.

Entre las facultades reconocidas a las Comunidades Autónomas en el artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983, se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación a la relación de fiestas de la Comunidad Autónoma de otras que les sean tradicionales, así como la opción entre la celebración de la Fiesta de San José o la de Santiago Apóstol en su correspondiente territorio.

Asimismo, el apartado 2 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, faculta en su último párrafo a aquellas Comunidades Autónomas que no pudieran establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales para añadir, en el año que así ocurra, una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce.

Según lo anterior estas son las fiestas de ámbito nacional para el año 2.017:

  • 6 de enero (viernes), Epifanía del Señor.
  • 14 de abril, viernes Santo.
  • 1 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo.
  • 15 de agosto (martes), Asunción de la Virgen.
  • 12 de octubre (jueves), Fiesta Nacional de España (día de la hispanidad).
  • 1 de noviembre (miércoles), Todos los Santos.
  • 6 de diciembre (miércoles), Día de la Constitución Española.
  • 8 de diciembre (viernes), Día de la Inmaculada Concepción.
  • 25 de diciembre (lunes), Natividad del Señor.

Puedes acceder a la disposición mediante el siguiente enlace al BOE.

En la Comunidad de Madrid es fiesta también:

  • el 20 de marzo (lunes), por traslado de la festividad de San José que cae en domingo.
  • el 13 de abril, Jueves Santo, como viene siendo habitual.
  •  el 2 de mayo (martes), Fiesta de la Comunidad de Madrid.

A lo anterior hay que añadir dos fiestas de carácter local que fijan los respectivos ayuntamientos. En Madrid capital serán días festivos:

  • El 15 de Mayo – San Isidro
  • El 9 de Noviembre, Nuestra Sra. De la Almudena.

Si tiene alguna duda al respecto o alguna consulta jurídica que podamos evacuar puede contactar con nosotros a través del siguiente enlace: contacto.

 

 

Medidas de seguridad para guardar las réplicas o reproducciones de armas de fuego antiguas en domicilios particulares

La Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Guardia Civil, ha determinado las medidas de seguridad para guardar las réplicas o reproducciones de armas de fuego antiguas en domicilios particulares, al amparo de la disposición final segunda de la Orden INT/2202/2014, de 24 de noviembre, por la que se desarrolla el régimen aplicable a las reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas, que autoriza al Director General de la Guardia Civil a dictar cuantas disposiciones requieran el desarrollo y aplicación de la misma.

El artículo 12, de la citada Orden Ministerial dispone que las personas físicas o jurídicas que sean titulares de reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas, están obligadas a guardarlas en lugar seguro y adoptar las medidas necesarias que se determinen por resolución del Director General de la Guardia Civil, para evitar su pérdida, robo o sustracción.

En su virtud, se ha dispuesto lo siguiente:

Las réplicas o reproducciones de armas de fuego antiguas que se encuentren guiadas al amparo de la autorización especial para su uso, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas y al artículo 7 de la Orden INT/2202/2014, de 24 de noviembre, por la que se desarrolla el régimen aplicable a las reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas, se guardarán en los domicilios de sus titulares o en locales de empresas o entidades especializadas en la custodia de armas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83 y 144 del Reglamento de Armas.

  • En los domicilios particulares, las réplicas o reproducciones de armas de fuego antiguas que respondan a la definición de arma larga del artículo 2 del Reglamento de Armas, serán guardadas completas, o sus cierres o piezas fundamentales, en cajas fuertes, armarios o armeros, con al menos un grado de seguridad clase I establecido en la norma UNE EN 1143-1.
  • Las réplicas o reproducciones de armas de fuego antiguas que respondan a la definición de arma de fuego corta del artículo 2 del Reglamento de Armas, serán guardadas completas en cajas fuertes, armarios o armeros, con al menos un grado de seguridad clase III, de la norma UNE EN 1143-1.

Las réplicas o reproducciones de armas de fuego antiguas inscritas en el Libro-Registro previsto en el artículo 107 del Reglamento de Armas, que se expongan en el interior de los domicilios, deberán poseer alguna de las medidas de seguridad siguientes, que impidan su robo o sustracción:taquillas

a) Un sistema de anclaje adecuado al medio de exposición.

b) Una vitrina dotada con cerradura y cristal con categoría de resistencia P1A de la norma UNE 356.

2. Sin perjuicio de lo exigido en el apartado anterior, si el número de réplicas o reproducciones de armas de fuego antiguas inscritas en el Libro-Registro sobrepasa las cinco unidades, la puerta de la estancia o habitación donde se expongan estará dotada de cerradura con llave, y las ventanas o huecos estarán protegidos con persianas metálicas o con rejas.

La Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil podrá solicitar a los titulares de réplicas o reproducciones de armas de fuego antiguas la presentación de las mismas, tal y como establece el artículo 144 del Reglamento de Armas.

 Para efectuar consultas sobre legislación o jurisprudencia de cualquier tipo ponte en contacto con nosotros a través de los datos de contacto que aparecen en nuestra web

1 de Enero 2015: Fin de contratos de renta antigua en locales

Para casi todos es ya sabido que próximamente finaliza el plazo de los arrendamientos para uso distinto de vivienda celebrados bajo la vigencia de la LAU 1964 y los celebrados bajo el RDL2/1985 que fueron sometidos a la prórroga forzosa impuesta por las Disposiciones Transitorias LAU 1994. El día 1 de enero de 2015 se van a cumplir 20 años de la entrada en vigor de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, y esta fecha va a suponer la extinción automática de muchos contratos de arrendamiento en nuestro país, en especial, pequeños comercios de gran antigüedad y céntrica localización en nuestras ciudades. En efecto, será entonces cuando expire la moratoria que estableció la disposición transitoria tercera de dicha Ley para los contratos de arrendamiento de local de negocio otorgados antes del 9 de mayo de 1985, bajo el régimen legal de prórroga forzosa, y que siguen al día de hoy vigentes.

Esta situación obligará a los arrendatarios que quieran mantener sus negocios abiertos a actualizar sus acuerdos de alquiler antes del 31 de diciembre de 2014, y en la práctica, implicará la desaparición de los popularmente conocidos como contratos de alquiler de renta antigua en locales comerciales. Según lo dispuesto, cuando el arrendatario del local sea una persona física, el contrato de arrendamiento se extinguirá cuando el arrendatario se jubile o fallezca, a menos que su cónyuge continúe la misma actividad o que  quien suceda al arrendatario es su descendiente, entonces el contrato finalizará el día 1 de enero de 2015.

En los supuestos en que el arrendatario sea una persona jurídica, el contrato de arrendamiento se extinguirá el día 1 de enero de 2015, exceptuando los locales cuya superficie sea superior a 2.500 metros cuadrados o los que desarrollen actividades no comerciales.

Para facilitar la comprensión de los afectados detallamos a continuación los contratos que se extinguen el 31 de diciembre de 2014, teniendo en cuenta que los plazos vienen establecidos por la LAU 1994, es decir, que para los indefinidos se impusieron límites temporales de duración a contar desde el 1 de Enero de 1994:

  • Personas físicas a las que se hubiere subrogado un descendiente:

DURACION: 20 años (Disposición Transitoria Tercera.3 de la LAU).

  • Personas físicas con traspaso 10 años antes del 24 de noviembre de 2004:

DURACION: 20 años. Extinguido el 24 de noviembre de 2014 (Disposición Transitoria Tercera.3 de la LAU).

  • Personas jurídicas que desarrollen actividades comerciales, División 6.ª IAE):

DURACION: 20 años (Disposición Transitoria Tercera.4.1.ª de la antigua LAU).

  • Personas jurídicas que desarrollen otras actividades comerciales (no incluidas en la División 6.ª); antiguo IAE (–) 85.000 ptas.:

DURACION: 20 años (Disposición Transitoria Tercera.4.2.ª de la LAU).

  • Personas jurídicas que desarrollen otras actividades comerciales (no incluidas en la División 6.ª); antiguo IAE 85.001-130.000 ptas. y el arrendatario actualizó la renta de una vez o pagaba ya una superior a la actualizada:

DURACION: 15 + 5 años (Disposición Transitoria Tercera.4.2.ª de la LAU y Disposición Transitoria Tercera.7 de la LAU).

  • Personas jurídicas con traspaso anterior a la entrada en vigor de la LAU que desarrollen actividades (no incluidas en la División 6.ª) antiguo IAE 85.001-130.000 ptas.:

DURACION: 15 + 5 años (Disposición Transitoria Tercera.4.2.ª de la LAU)

  • Personas jurídicas que desarrollen otras actividades comerciales (no incluidas en la División 6.ª); antiguo IAE 130.001-190.000 ptas, cuyo arrendatario actualizó la renta de una vez o pagaban ya una superior a la actualizada y además efectuaron un traspaso 10 años antes de la entrada en vigor de la LAU:

DURACION: 10 años + 5 + 5 años (Disposición Transitoria Tercera.7 de la LAU y Disposición Transitoria Tercera.4 de la LAU).

En todo caso, hay que señalar que si hubo traspaso del contrato en los diez años anteriores al 1 de enero de 1995, fecha de entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el plazo de duración del contrato de renta antigua se podría alargar hasta el 1 de enero de 2020.

No obstante existen una serie de derechos a favor del arrendatarios que muchos desconocen, y es que el arrendatario tendrá derecho a una indemnización de una cuantía igual a dieciocho mensualidades de la renta vigente al tiempo de la extinción del arrendamiento cuando antes del transcurso de un año desde la extinción del mismo, cualquier persona comience a ejercer en el local la misma actividad o una actividad afín a la que aquél ejercitaba, considerándose afines las actividades típicamente aptas para beneficiarse, aunque sólo sea en parte, de la clientela captada por la actividad que ejerció el arrendatario.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que extinguido el contrato de arrendamiento, el arrendatario tendrá derecho preferente para continuar en el local arrendado si el arrendador pretendiese celebrar un nuevo contrato con distinto arrendatario antes de haber transcurrido un año a contar desde la extinción legal del arrendamiento. A tal efecto, el arrendador deberá notificar fehacientemente al arrendatario su propósito de celebrar un nuevo contrato de arrendamiento, la renta ofrecida, las condiciones esenciales del contrato y el nombre, domicilio y circunstancias del nuevo arrendatario. El derecho preferente a continuar en el local arrendado conforme a las condiciones ofrecidas deberá ejercitarse por el arrendatario en el plazo de treinta días naturales a contar desde el siguiente al de la notificación, procediendo en este plazo a la firma del contrato.

Este régimen es aplicable como señalamos al principio para arrendamientos sometidos a la LAU 1964, pero es que a raíz de una novedosa sentencia podemos también hacerlo extensivo a los firmados después de la entrada en vigor del RDL 2/1985, cuando el arrendatario es persona jurídica y se hubiere pactado la prórroga forzosa, debiéndose entender por contra que la alusión a la tácita reconducción está únicamente prevista para aquellos contratos de arrendamiento de local de negocio que se celebraron al amparo del RDL 2/1985 sin incluirse referencia alguna a una prórroga forzosa en cuanto a su duración.

Por cuanto supone dicha resolución, transcribimos un extracto de los fundamentos de la Sentencia Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 17 Nov. 2011, rec. 1635/2008 que nos parece de gran interés y que afirma que el análisis conjunto y sistemático de la disp. trans. Primera apartado 2 y de la disp. trans. Tercera LAU 1994 permite declarar  al TS que el régimen fijado por esta última para los contratos celebrados antes de la entrada en vigor del RDL 2/1985 (en el apartado 4 establece la duración de los arrendamientos de local de negocio celebrados al amparo de la LAU 1964, cuando el arrendatario es una persona jurídica) resulta igualmente aplicable a los contratos celebrados tras dicha entrada en vigor, cuando las partes hubieran establecido la prórroga forzosa, pues si el legislador previó un fin para los contratos de arrendamiento de local de negocio que legalmente debían estar sometidos a la prórroga forzosa, por razones de política legislativa, aún más debe estar previsto en los que se fijó convencionalmente, so pena de eliminar la esencia del arrendamiento.

Las sentencias de instancia desestimaron la demanda en la que el arrendatario ejercitaba acumuladamente acción de retracto y acción por la que solicitaba que se declarase que la arrendadora había incurrido en incumplimiento contractual al rescindir el arrendamiento sin justificación legal ni convencional. El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de casación.

“La entrada en vigor del RDL 2/1985, de 30 de abril, trajo consigo, como una de las novedades más trascendentes respecto de la legislación arrendaticia anterior, la supresión del régimen obligatorio de prórroga forzosa respecto de la duración de los  arrendamientos. Frente al sistema regulado en LAU 1964, se impuso, desde su entrada en vigor, el 9 de mayo de 1985, una plena libertad a la hora de fijar la duración de un contrato de arrendamiento urbano. Esta Sala, no obstante tiene declarado que la entrada en vigor del RDL 2/1985 no impide, en el ejercicio de libertad contractual, consagrada en el artículo 1255 del Código Civi, que las partes, si así lo estipulan, puedan someterse de manera expresa o implícita, que no tácita, al régimen de prórroga forzosa (SSTS 8 de abril de 2011 [RC n.º1656/2007 ], y de 7 de julio de 2010 [RC n.º 151/2007 ]). No resulta cuestionable, a través de este recurso, que las partes que intervinieron en el arrendamiento objeto de este pleito decidieron someterse al régimen de prórroga forzosa previsto en el artículo 57 de LAU 1964, pues así lo interpreta la Audiencia Provincial y no se discute por la parte que ahora recurre. De este modo el objeto del recurso se ciñe a declarar si en la resolución del conflicto planteado resulta aplicable, como así lo valora la sentencia recurrida, la Disposición Transitoria Tercera de LAU 1994.

La entrada en vigor de la LAU 1994, provocó que existieran contratos de arrendamientos urbanos sometidos a tres regímenes jurídicos distintos, por lo que el legislador con la finalidad de solventar, entre otros, los posibles problemas relativos a la duración de los contratos de arrendamiento de local de negocio, una vez desaparecida la prórroga legal forzosa, estableció un complejo sistema de Disposiciones Transitorias.

La DT Primera LAU 1994, en su apartado segundo dispone que «Los contratos de arrendamiento de local de negocio celebrados a partir del 9 de mayo de 1985, que subsistan en la fecha de entrada en vigor de esta Ley, continuarán rigiéndose por lo dispuesto en el art. 9 del Real Decreto Ley 2/1985, de 30 de abril y por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. En el caso de tácita reconducción conforme a lo dispuesto en el art. 1566 del Código Civil, el arrendamiento renovado se regirá por las normas de la presente Ley relativas a los arrendamientos para uso distinto al de vivienda.». El legislador, por tanto, remite con carácter general a la regulación anterior de estos contratos y prevé la aplicación de la tácita reconducción, a fin de determinar la duración de los arrendamientos para uso distinto de vivienda, en los casos, en los que, siguiendo los novedosos criterios expuestos por el RDL 2/1985, no existiera sometimiento a prórroga forzosa alguna. Pero junto a estos contratos, en otros, como el que es objeto del presente pleito, las partes decidieron voluntariamente el sometimiento a la prórroga forzosa.

El legislador de 1994, no olvidó la gran cantidad de arrendamientos de local de negocio que, en el momento de su entrada en vigor, estaban sometidos a un régimen de prórroga forzosa, por lo que dedicó la DT Tercera a establecer una normativa que permitiría en estos contratos fijar una fecha de finalización. Y es que, tal y como declaró la sentencia de pleno de esta Sala de 9 de septiembre de 2009 [RC n.º 1071/2005], al analizar un contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda celebrado bajo la vigencia de la LAU 1994 que incluía entre sus cláusulas un sometimiento al régimen de prórroga forzosa, «[h]a de afirmarse que una cosa es que el legislador pueda imponer, por razones de política legislativa, la prórroga forzosa para el arrendador, como efectivamente mantuvo para los arrendamientos urbanos desde el año 1920 hasta el año 1985, y otra muy distinta que las partes puedan hacerlo válidamente por la vía del artículo 4. º de la LAU 1994 y el 1255 del Código Civil, sin alterar por ello la propia esencia y naturaleza del contrato quede por sí ha de ser de duración determinada -o, al menos, determinable- y sin que deba aceptarse que una duración fijada de un año prorrogable indefinidamente a voluntad del arrendatario por años sucesivos, suponga realmente la fijación de una duración en la forma exigida por la ley.» En definitiva, no resulta aceptable que la mera voluntad de las partes permita eliminar la esencia del contrato de arrendamiento, una de cuyas características es la temporalidad.

El análisis conjunto y sistemático de la DT Primera, apartado 2 y de la DT Tercera de LAU 1994, permiten declarar que el régimen fijado por esta última resulta igualmente aplicable a los contratos celebrados tras la entrada en vigor del RDL 2/1985, cuando las partes hubieran establecido la prórroga forzosa, pues si el legislador previó un fin para los contratos de arrendamiento de local de negocio que legalmente debían estar sometidos a la prórroga forzosa, por razones de política  legislativa, aún más debe estar previsto en los que se fijó convencionalmente, so pena de eliminar la esencia del arrendamiento.

En definitiva, la DT Primera LAU 1994, remite expresamente al RDL 2/1985 y a la LAU 1964 para la regulación de los arrendamientos de local de negocio, por lo que se debe entender que la alusión a la tácita reconducción está únicamente prevista para aquellos contratos de arrendamiento de local de negocio que se celebraron al amparo del RDL 2/1985 sin incluirse referencia alguna a una prórroga forzosa en cuanto a su duración.

Para el resto, esto es, para los arrendamientos de locales de negocio respecto a los que sí se estableció de modo voluntario un sistema de prórroga forzosa, les resulta aplicable la LAU 1964, y consecuentemente en materia de finalización de la situación de prórroga, la DT Tercera LAU 1994.”

Para resolver el contrato de arrendamiento, solicitar un desahucio, reclamar una indemnización, reclamar en ejercicio del derecho de preferencia o cualquier otra gestión, actuación o asesoramiento con el que podamos resolver tus inquietudes o defender tus intereses, tanto si eres arrendador como si eres arrendatario, contacta con nosotros a través de los datos de contacto de la página web. La primera consulta es gratuita.

Expiración del plazo voluntario para efectuar la declaración de bienes y derechos en el extranjero

El plazo para la presentación del modelo 720 relativo a la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero finaliza el 31 de marzo.

Si en el año 2013 hubiera presentado el modelo 720 correspondiente al año 2012 le recordamos que no existe obligación de presentación en 2014, respecto al año 2013, en los siguientes supuestos:

  • En caso de obligación de información sobre cuentas en entidades financieras en el extranjero, no existe obligación de presentación en años sucesivos excepto cuando cualquiera de los saldos conjuntos de 50.000 €, hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 € respecto de los de la última declaración.
  • Tratándose de la Obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero, no existe obligación de presentación en años sucesivos excepto cuando el valor conjunto de 50.000 € se hubiese incrementado más de 20.000 € con respecto a la declaración del año anterior.
  • Respecto de la obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, no habrá obligación de presentar declaración en años sucesivos excepto cuando el valor conjunto de 50.000 € se hubiese incrementado más de 20.000 € con respecto a la declaración del año anterior.

En todo caso se mantendría la obligación de presentación en el supuesto de que habiéndose declarado en 2013 la información relativa al 2012 se hubiesen transmitido bienes o cancelado alguno de los bienes declarados.

Si estuviera interesado en recibir asesoramiento personalizado al respecto no tiene más que ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente enlace.

Le informaremos de manera detallada sobre el contenido de esta obligación.

SEPA POR QUE LE PIDEN EL NUMERO IBAN. ADAPTACION A LA ZONA UNICA DE PAGO EN EUROS

 

 SEPA: FINALIZA EL PLAZO DE ADAPTACIÓN A LA ZONA ÚNICA DE PAGOS EN EUROS.

 El Reglamento (CE) 260/2012, ya en vigor, estableció el 1 de febrero de 2014 como fecha final de migración a SEPA en los países de la zona del euro4 (SEPA responde a las siglas de “Single Euro Payments Area”,que significa Zona Única de Pagos en Euros). A partir de ese momento, todas las transferencias y domiciliaciones realizados en España serán idénticos a los realizados en cualquier país de la zona SEPA, con independencia de si la transacción es nacional o transfronteriza.

 El proyecto SEPA hace posible que los usuarios de transferencias bancarias, domiciliaciones y tarjetas de 32 países dispongan de un único conjunto de estándares y normas. La zona SEPA está integrada por los 27 países miembros de la Unión Europea, así como por Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza. SEPA ya es una realidad y usted puede utilizar dichos instrumentos para sus operaciones en España y con el resto de la zona SEPA. En consecuencia, todos los pagos —nacionales o transfronterizos entre los países de la zona SEPA— se habrán equiparado en términos de sencillez, seguridad y eficacia.

 Se trata fundamentalmente del empleo de nuevos formatos en los adeudos en cuentas denominado Norma 19 y también para las trasferencias a proveedores y empleados realizadas mediante los formatos de Norma 34.

 La zona única de pagos en euro se centra en tres instrumentos de pago fundamentales:

         Las transferencias SEPA, que sustituyen a las actuales transferencias nacionales.

        Los adeudos directos SEPA, en lugar de las actuales domiciliaciones de recibos españolas.

        Las actuales tarjetas bancarias de pago, que incorporan el sistema chip.

 Estos instrumentos de pago no diferencian entre el uso nacional y transfronterizo, cumplen estándares internacionales, están sometidos a un marco legal armonizado y permiten su proceso de forma totalmente automática. SEPA es una realidad ya hoy y la transición en marcha hacia la zona única constituye un proceso irreversible. Esta migración desde los instrumentos tradicionales hacia SEPA debe ser lo más rápida posible para alcanzar un mercado integrado de pagos en euros.

 Mecanismos: Se sustituye en código de cuenta corriente de 20 dígitos por el IBAN, de 24 dígitos en el caso de España. Los 20 últimos dígitos del IBAN coinciden con los del CCC, y los 4 primeros identifican el país. También se incorpora el control y edición del documento Orden de Domiciliación mediante el cual el deudor autoriza al acreedor para la domiciliación de los efectos de cobro. Las transferencias se realizarán conforme al código IBAN facilitado por usted, sin que sean exigibles verificaciones adicionales por parte de las entidades bancarias. La normativa de servicios de pago ha puesto especial énfasis en ampliar y mejorar la información sobre los pagos que realice y reciba. La zona SEPA y la aparición de nuevos proveedores de servicios de pago permitirán mayor competencia dentro del mercado de pagos minoristas, posibilitando más y mejores servicios.

 Novedades principales que incorpora el sistema:

           Las cuentas bancarias se identifican mediante el código internacional IBAN (que se construye a partir del tradicional Código Cuenta Cliente —CCC— usado en España), mientras que las entidades bancarias se identifican mediante el código internacional BIC. Ambos códigos vienen siendo facilitados tradicionalmente por su entidad de diferentes formas (extractos bancarios, aplicaciones de banca electrónica, talonarios, libretas, etc.). Además, debe saber que su entidad ejecutará las operaciones de pago basándose exclusivamente en estos códigos.

          La normativa sobre servicios de pago regula los plazos de ejecución, fecha valor y disponibilidad de los fondos de forma que favorece al usuario de servicios de pago.

          En las operaciones emitidas, la fecha valor no podrá ser anterior al momento de cargo en su cuenta.

          En las operaciones recibidas, la fecha valor no podrá ser posterior al día hábil de recepción de los fondos por su entidad y la disponibilidad de los fondos será inmediata después de dicha recepción.

          El plazo máximo de ejecución de las operaciones es de un día hábil.

          En caso de que la utilización de un determinado instrumento de pago lleve aparejados recargos o reducciones, el comercio deberá informarle sobre los mismos.

          En aras de una mayor transparencia, la normativa institucionaliza los gastos compartidos, estableciendo que el ordenante abonará los gastos cobrados por su entidad y el beneficiario, en caso de que los hubiera, pagará los gastos cobrados por la suya.

          Asimismo, las comisiones cobradas por su entidad en relación con pagos transfronterizos serán iguales a aquellas que le cobraría por operaciones nacionales equivalentes.

          Ante eventuales gastos asociados a la operación de pago, estos se liquidarán al margen del importe de la operación, lo que también redundará en una mayor transparencia.

          Usted cuenta con mayor seguridad. Sin perjuicio de la debida diligencia en la notificación de incidencias, el consumidor dispone de 13 meses para solicitar la rectificación de operaciones incorrectas o no autorizadas.

          Salvo fraude o negligencia grave, su responsabilidad por pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas resultantes de un instrumento de pago extraviado o sustraído (como, por ejemplo, una tarjeta) se limitará a un máximo de 150 euros.

          En cuanto a las tarjetas bancarias, se consolida el modelo de Chip EMV: su entidad de crédito le habrá renovado su tarjeta de débito o crédito incluyendo un chip en el nuevo modelo. Además, en los comercios, en vez de utilizar la banda magnética, se introduce la tarjeta en los dispositivos para leer el chip EMV. Con la llegada del chip, en lugar de la firma, en general le será requerido su número personal para autorizar la operación.

          En cuanto a los adeudos y órdenes de domiciliación, como hasta ahora, para que algún emisor de recibos pueda originar el cargo de un importe en su cuenta, debe contar con su autorización expresa. No obstante, nuestra Ley de Servicios de Pago y el Reglamento 260/2012 mantienen la validez de los consentimientos emitidos antes de su entrada en vigor, así como de aquellos que sigan emitiéndose durante el proceso transitorio (hasta el 1 de febrero de 2014) según el esquema de adeudo nacional actualmente existente. Aún así, en SEPA, es posible que los emisores de recibos le hagan llegar nuevos formatos para la orden de domiciliación en la que autoriza dicho cargo. Su entidad también podría requerirle adicionalmente el BIC para la realización de determinadas operaciones con anterioridad al 1 de febrero de 2016.

 Información proporcionada por www.abogadosquevedo.es

Hacienda obliga a identificar cuentas y bienes en el extranjero por valor de más de 50.000 euros.

Hacienda obliga a identificar cuentas y bienes en el extranjero por valor de más de 50.000 euros.

Los contribuyentes con cuentas, valores o bienes en el extranjero a 31 de diciembre de 2012 deberán identificarlos ante Hacienda hasta el próximo 30 de abril, de acuerdo con la nueva ley antifraude, que contempla sanciones de hasta el 150% del valor del bien no declarado.
Esta nueva obligación no supone ningún pago adicional de impuestos, sino que se trata de una mera declaración informativa, con el fin de estrechar el cerco sobre los contribuyentes que tienen bienes en el extranjero sin declarar. De esta forma, si la Agencia Tributaria descubre que un contribuyente no ha informado de una cuenta en el extranjero, imputará ese bien como ganancia patrimonial en el IRPF, con lo que tributará al tipo marginal en cuestión, que puede llegar al 52%.

Además, aunque esta cuenta se hubiera abierto en el año 2000 y, por tanto, el fraude fiscal se hubiera cometido en un ejercicio fiscal ya prescrito, no se considerará como tal y se girará la declaración y la sanción correspondiente al último periodo impositivo que no haya prescrito.

De acuerdo con la nueva obligación fiscal, quienes posean cualquier tipo de bien o derecho situado fuera de España deberán presentar, por medios telemáticos, el modelo 720 de ‘Declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero’, con la limitación de que el valor del bien en concreto supere los 50.000 euros. Así, deberán ser declarados todas las cuentas situadas en entidades financieras, como todo tipo de bienes inmuebles y derechos sobre inmuebles, así como valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el extranjero.

La información a suministrar incluirá, en el caso de cuentas abiertas en entidades financieras, los saldos de las mismas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año. Esta información se referirá a cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito y cualesquiera cuentas o depósitos dinerarios con independencia de la modalidad o denominación que adopten, aunque no exista retribución.

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS INMUEBLES.

En el caso de inmuebles, figurarán la fecha y el valor de adquisición, y la fecha de apertura o cancelación. Para los valores, derechos, seguros y rentas depositadas o gestionadas en el extranjero, el contribuyente tendrá que aportar el saldo a 31 de diciembre de cada año.

Los contribuyentes que incumplan con esta nueva obligación de información se someterán a una infracción por ocultación de bienes o derechos en el extranjero que contempla la sanción máxima, pudiendo llegar al 150% del valor del bien no declarado y, además, las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo de entre los no prescritos.

De esta forma, la tributación de las rentas descubiertas conllevará la aplicación a los contribuyentes de los tipos marginales en el IRPF, que serán en muchos casos superiores al 50% por el perfil de este tipo de declarantes con rentas y bienes en el extranjero, además de la liquidación de intereses de demora correspondientes a cuatro años y la exigibilidad de las sanciones tributarias correspondientes. Igualmente, en muchos casos la cuantía de la cuota defraudada conllevará que el incumplimiento sea constitutivo de delito fiscal.

A partir de este año y para los ejercicios sucesivos, la presentación de esta declaración informativa se realizará entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel a que se refiera la información a suministrar.

Si desea asesoramiento al respecto contacte con nosotros a través de los medios dispuestos en la página web www.abogadosquevedo.es

Fuente: www.otrosí.net  Información: Madrid, 1 Feb. (EUROPA PRESS). –

Como reclamar la factura de la luz

En alguna ocasión te habrá ocurido que no estas conforme con la factura de la luz y tras llamarles en varias ocasiones a la compañía has tenido finalmente que asumir unos costes injustificados por falta de tiempo, ganas y medios para seguir adelante con tu queja.

Por la cuantía de las reclamaciones, sobre todo en el ámbito doméstico, raramente se acude a un profesional para reclamar ante las compañías eléctricas, de forma que el particular se encuentra perdido, en gran medida por la falta de información, y sumido en la desesperanza e impotencia que ello generalmente le acarrea. En muchas de estas ocasiones dejamos de reclamar nuestros derechos, no sea que nos cueste más el collar que el galgo, y  por unas u otras causas las grandes compañías eléctricas acaban por embolsarse muchos millones de euros que no les corresponde a costa de millones de consumidores como tú y como yo, sometidos a todo tipo de trabas burocráticas.

Desde la web www.abogadosquevedo.es queremos compartir unos consejos que nos han parecido de gran utilidad y que pueden servirte al menos para conocer las distintas formas y vías ordinarias de reclamación de las facturas de la luz. Para reclmaciones de mayor entidad no dudes en ponerte en contacto con nosotros: estamos a tu entera disposición para hacer valer tus derechos.

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Al hilo de lo anterior, el portal www.consumer.es acaba de publicar el reportaje titulado “Error en la lectura del contador de la luz, ¿cómo reclamar?” con el siguiente contenido:

Cuando las compañías de electricidad no pueden obtener las cifras de lectura, necesitan hacer un cálculo aproximado del consumo. Realizan entonces una estimación basada en datos registrados en las mismas fechas del año anterior. Si se equivocan en una factura, lo habitual es corregirlo en la siguiente, que sí debería tener en cuenta el consumo real. Aun así, son numerosos los consumidores que no están de acuerdo con las lecturas del contador y deciden quejarse a la empresa suministradora. Este artículo repasa las principales claves que se deben tener en cuenta a la hora de presentar una queja, como revisar la factura o acudir a los canales de reclamación adecuados.

Disconformes con el recibo: revisar la factura

En primer lugar, si no se está conforme con el recibo de la luz, hay que revisar la factura en busca del nombre de la empresa que la firma para presentar una reclamación. Las asociaciones de consumidores aconsejan reclamar a la empresa comercializadora del servicio, si no se está de acuerdo con el consumo reflejado en el cargo. Si la compañía no da una respuesta satisfactoria, el afectado debe dirigirse a la distribuidora, que podría ser responsable de un error de lectura de contador o de haber realizado una estimación errónea.

La lectura se refiere a la cifra que marca el contador del suministro. Hay dos tipos:

  • La real: la primera indica la numeración que marca el contador en una fecha en concreto. Ese será su consumo.
  • La estimada: se usa en periodos en los que la empresa distribuidora, encargada de realizar las lecturas, no ha pasado para leer el contador o nadie le ha facilitado los datos.

Para comprobar si las lecturas que realizan las distribuidoras coinciden con las suyas, basta con contrastar de manera personal los datos.

Por lo general, para conocer la lectura de un mes, el usuario debe apuntar el número de cinco dígitos (correspondientes al total de kilovatios registrados) el mismo día cada mes, si puede ser a la misma hora mejor, y restarle la lectura del mes anterior. Obtendrá así la cantidad de kilovatios que ha gastado durante ese periodo.

En ocasiones, los contadores se encuentran dentro de la vivienda y la distribuidora no puede acceder de forma cómoda para leer el contador. Con el fin de evitar tener lecturas muy alejadas de la realidad, es aconsejable comunicar los datos de consumo a la compañía por teléfono o a través de su página web, facilitar el acceso al aparato medidor, si no está en el cuarto de contadores, o anotar los datos de lectura en las hojas que, a menudo, se dejan en la comunidad para ello.

No obstante, las asociaciones de consumidores recomiendan esperar al mes siguiente antes de formalizar una queja, cuando la lectura del contador no coincide con la suya. La razón es que podría tratarse de una estimación. La siguiente factura debería estar basada en la lectura real. Si el cálculo era erróneo, deberá corregirse de forma automática el importe cobrado de más.

Qué tener en cuenta antes de poner una reclamación

Aun así, si se considera que el consumo que se ha cobrado es demasiado elevado, la lectura sigue siendo incorrecta y no se corrige la cifra facturada, lo procedente es reclamar. Las compañías aconsejan llevar a cabo las siguientes acciones antes de formalizar una queja:

  • Verificar la lectura real que registra el contador para contrastarla con la lectura facturada. Si la última lectura del recibo es estimada, los consumos cobrados se regularizarán cuando se disponga de una lectura real.
  • Comprobar el histórico de consumo de kilovatios facturados en años anteriores.
  • Valorar si se han incorporado nuevos electrodomésticos al hogar que hayan podido aumentar el consumo.
  • Comprobar el correcto funcionamiento del contador. Para ello, algunas compañías recomiendan desconectar toda la instalación eléctrica de la casa y verificar si al cabo de diez minutos el contador ya no registra consumo alguno.
  • Solicitar a la compañía distribuidora una comprobación del funcionamiento del contador, si se considera que no funciona de manera correcta.

Los canales de reclamación

Por regla general, las compañías ponen a disposición de sus clientes diferentes canales de contacto para presentar reclamaciones. Si se desea manifestar disconformidad con la lectura del contador, hay diferentes opciones:

  • Oficina on line de la compañía eléctrica: algunas empresas facilitan un correo electrónico para proceder con la queja. Otras tienen formularios para reclamar y adjuntar copias de documentos que prueben el motivo de la reclamación.
  • Teléfonos de atención al cliente y fax: algunas compañías prestan este servicio todos los días del año, las 24 horas.
  • Oficinas comerciales de las compañías: allí se podrá formalizar la reclamación cumplimentando impresos preparados a tal efecto. Es importante presentar copias de toda la documentación que pueda reforzar la queja. Una vez registrada, las compañías facilitan un código que se podrá utilizar para conocer la evolución de la disconformidad presentada.
  • Escritos dirigidos al departamento de reclamaciones de la compañía cuando esta da una dirección concreta o apartado de correos.

Si la reclamación no se resuelve en un plazo aproximado de 30 días, se deberá comprobar si la compañía de la que se es cliente y la comunidad donde se reside se ha adherido al Sistema Arbitral de Consumo para la resolución de conflictos relativos a suministros. En el caso de que así sea, se podrá dirigir la queja a la Junta Arbitral Autonómica en cuestión.

El consumidor también puede tramitar la reclamación en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Tiene la posibilidad de hacerlo de forma presencial, por correo o Internet.

Además, cabe la opción de reclamar por vía judicial cuando el usuario no logra alcanzar un acuerdo con la empresa en un conflicto de consumo. Sin embargo, lo más recomendable es acudir a una asociación de consumidores que informará al afectado si el caso puede o no prosperar en los tribunales.

Forma de la reclamación

En las comunicaciones con la compañía, se deberá indicar la máxima información posible para que la empresa pueda tramitar y resolver la reclamación de forma eficaz. Se deberán referir los datos siguientes:

    • Datos personales de la persona que realiza la reclamación: nombre completo, NIF y teléfono de contacto.
    • Datos del contrato: nombre completo y NIF del titular del contrato (en caso de que no coincida con el reclamante) y dirección completa del punto de suministro del servicio. También se deberá incluir el número de póliza o de contrato y número de factura, si la queja está relacionada con un cobro. Estos datos figuran por lo general en las facturas.
    • Motivo de la reclamación: se deberá hacer una breve descripción de la disconformidad con la lectura del contador, aportando datos e incluso fechas de llamadas o nombres de personas con las que hubiera podido contactar, a fin de facilitar una resolución satisfactoria de la queja.

Fuente: Consumer Reportajes –

Vie, 18 ene 2013 12:41 CET

Más información en Consumer.es

Para efectuar reclamaciones a tu proveedor de luz, gas o agua no dudes en ponerte en contacto con nosotros: estamos a tu entera disposición para hacer valer tus derechos. Pincha en el siguiente enlace.

 

Novedades en el ámbito social para 2.013

Novedades en el ámbito social para 2.013

El pasado 28 de diciembre se publicó en el BOE la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Las principales novedades en el ámbito social son las siguientes:

Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, FOGASA y Formación profesional

Régimen General

Las bases de cotización del RGSS estarán limitadas, para cada grupo de categorías profesionales, por las bases mínimas y máximas siguientes:

– Bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán, desde el 1 de enero de 2013 y respecto de las vigentes en31 de diciembre de 2012, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional.

– Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, durante el año 2013, serán de 3.425,70 euros mensuales o de 114,19 euros diarios.

RETA

La base máxima de cotización será de 3.425,70 euros mensuales y la base mínima de cotización será de 858,60 euros mensuales.

Revalorización de las pensiones públicas

Incremento de las pensiones públicas

De conformidad con lo dispuesto en el RD-Ley 28/2012 las pensiones abonadas tanto por el Sistema de la Seguridad Social, como para las de Clases Pasivas, un incremento en 2013 del:

– 1% con carácter general

– 2%, las que no superen los 1.000 euros mensuales (14.000 euros/año)

– Las pensiones cuya cuantía esté comprendida entre 1.000,01 euros mensuales (14.000,01 euros anuales) y 1.009,90 euros mensuales (14.138,60 euros anuales), se incrementarán en la cuantía necesaria para que la pensión resultante alcance el importe de 1.020,00 euros mensuales (14.280,00 euros anuales) (RDLey 29/2012, de 28 de diciembre).

Así la pensión máxima para 2013 quedará fijada en 35.673,68 euros anuales o 2.548,12 euros mensuales.

Permiso por paternidad (DFI 18.ª LPGE 2013)

Se aplaza la ampliación del permiso por paternidad a 4 semanas al 1 de enero de 2014.

Pensión de viudedad (disp. adic. 83.º LPGE 2013)

Se aplaza la aplicación de lo establecido en en la Disposición adicional 30.ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto que preveía una mejora de esta pensión, ampliando el porcentaje al 60% cuando concurriesen en el beneficiario determinados requisitos. No se establece nueva fecha.

Incapacidad temporal (Disp fin. 5.ª)

Se aclara que la competencia del INSS para emitir una nueva baja médica en la situación de IT tras el alta emitida por el INSS  cuando aquélla se produzca en un plazo de 180 días, añadiéndo la LPGE 2013 naturales, posteriores a la antes citada alta médica por la misma o similar patología.

Aplazamiento de pago (Disp fin. 5.ª LPGE 2013)

En los aplazamientos de pago, el principal de la deuda, y las costas del procedimiento pasarán a devengar el interés de demora vigente en cada momento durante la duración del aplazamiento. Con anterioridad se aplicaba el interés legal del dinero.

Trabajadores autónomos

Cobertura por AT/EP (disp. trans. 7.ª LPGE 2013)

Se aplaza por un año, hasta el 01/01/2014, la obligación, establecida por la disp. adic 58.ª LGSS, de que los  trabajadores que causen alta en el RETA se acojan con carácter obligatorio, a la cobertura de las contingencias de AT/EP.

Trabajo a tiempo parcial (disp. fin.25.ª LPGE 2013)

Se aplaza hasta el 1 de enero de 2014 la entrada en vigor de la modificación de la Ley del Estatuto del Trabajadores Autónomos por la Ley 27/2011, de 1 de agosto por la que se incluyen en el RETA a los trabajadores autónomos a tiempo parcial

Interés Legal del dinero

Para el año 2013, la DAD 39.ª de la LPGE 2013 se establece en el 4% hasta el 31 de diciembre del año 2013.

IPREM

La DAD 82.ª LPGE 2013 establece las siguientes cuantías para el año 2013:

– El IPREM diario, 17,75 euros.

– El IPREM mensual, 532,51 euros.

– El IPREM anual, 7.455,14 euros o 6.390,13 euros si expresamente se excluyen las pagas extras.

Fuente: novedadesquantor-www.elderecho.com

Salario Mínimo Interprofesional, IPREM e intereses para el año 2013

Salario Mínimo Interprofesional, IPREM e intereses para el año 2013

Desde la web www.abogadosquevedo.com te informamos que recientemente se ha fijado el Salario Mínimo Interprofesional, IPREM y los intereses para el año 2013

Resumimos a continuación el contenido más importante de las dos normas recientemente aprobadas:

Por un lado, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (BOE de 28 de diciembre de 2012), que, en su Disposición Trigésima Novena, fija los tipos de interés legal, de demora tributaria y en materia de subvenciones:

1.º Legal del dinero: 4 %.

2.º Interés de demora a que se refiere al art. 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: 5 %.

3.º Interés de demora a que se refiere el art. 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 5 %.

Igualmente, se determina el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2013, que queda fijado en los mismos términos que para el ejercicio 2012:

a) Diario: 17,75 euros.

b) Mensual: 532,51 euros.

c) Anual: 6.390,13 euros.

d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.455,14 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.390,13 euros.

Por otro lado, el RD 1717/2012, de 28 de diciembre (BOE de 31 de diciembre de 2012), ha fijado el salario mínimo interprofesional para el año 2013, que queda fijado en 21,51 euros/día o 645,30 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses. Las nuevas cuantías, que representan un incremento del 0,6 % respecto de las vigentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, son el resultado de tomar en consideración de forma conjunta todos los factores contemplados en el art. 27.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Fiestas laborales en la Comunidad de Madrid para el año 2013

FIESTAS LABORALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PARA EL AÑO 2013

 — 1 de enero (martes), Año Nuevo.

— 7 de enero (lunes), traslado de la Epifanía del Señor.

— 18 de marzo (lunes), traslado de San José.

— 28 de marzo (jueves), Jueves Santo.

— 29 de marzo (viernes), Viernes Santo.

— 1 de mayo (miércoles), Fiesta del Trabajo.

— 2 de mayo (jueves), Fiesta de la Comunidad de Madrid.

— 15 de agosto (jueves), Asunción de la Virgen.

— 12 de octubre (sábado), Fiesta Nacional de España.

— 1 de noviembre (viernes), Todos los Santos.

— 6 de diciembre (viernes), Día de la Constitución Española.

— 25 de diciembre (miércoles), Natividad del Señor.

Además de las doce fiestas relacionadas se celebrarán en cada municipio dos fiestas locales.

 Fuente: Decreto 104/2012, de 20 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las fiestas laborales para el año 2013 en la Comunidad de Madrid