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NOVEDADES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER. CONFUSIÓN ANTE LA ULTIMA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS

Poco más de un mes estuvieron vigentes las últimas modificaciones de la LAU aprobadas a finales de 2.018, ya que no fueron ratificadas por parte del Congreso de los Diputados. 

Con fecha de 19 de Diciembre de 2.018 entraron en vigor las nuevas medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, en virtud del REAL DECRETO LEY 21/2018, de 14 de Diciembre, publicado en el BOE del pasado día 18 de Diciembre, si bien al no ser ratificada la norma se creó una situación de transitoriedad que junto con la desinformación al respecto no hicieron más que acrecentar un clima de inseguridad jurídica.

El mencionado Real Decreto-Ley de 2.018 adoptaba una serie de medidas urgentes con objeto de mejorar el marco normativo para dotar al arrendatario de una vivienda que utiliza como residencia habitual de una posición digna y superar la actual, que no responde a las condiciones mínimas de estabilidad y seguridad con las que se debe dotar al inquilino de una vivienda en posesión de justo título.

No obstante se ha creado un clima de inseguridad jurídica con la Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, fruto de la falta de apoyos de un gobierno en minorías y de la necesidad de forzar la modificación de textos esenciales sin contar con el consenso y la rotundidad que se precisa para ello. PINCHA AQUI PARA ACCEDER AL ENLACE BOE

Esta norma era de importancia significativa ya que modificaba también aspectos de la Ley Reguladora de Haciendas locales, de la Ley de enjuiciamiento civil, de la Ley de arrendamientos urbanos y de la Ley de Propiedad Horizontal, así como diversa normativa de índole fiscal pero como hemos señalado quedó derogada.

Respecto a la situación transitoria la explican bastante bien en la web del idealista a la que me remito, y el siguiente ENLACE A LA WEB IDEALISTA, para que puedan observar el grado de confusión a que se puede llegar entre especialmente los no profesionales y por ello no tan duchos en la materia.

No obstante con fecha de 1 de Marzo de 2.019  se aprobó el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Un segundo intento de aplicar las modificaciones no ratificadas mediante la aprobación de un texto similar, que esperamos esta vez si se ratifique por la diputación permanente después de tal desaguisado.

El nuevo Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (BOE DE 5 de marzo de 2019), establece que los contratos de arrendamiento sometidos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de este último Real decreto-ley, continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era de aplicación. Sin perjuicio de ello, cuando las partes lo acuerden y no resulte contrario a las previsiones legales, los contratos preexistentes podrán adaptarse al régimen jurídico establecido en el último real decreto-ley citado.

No obstante la derogación mencionada, en cuanto a las  modificaciones esenciales en materia de arrendamientos, que era principal objeto de análisis en este artículo, los arrendamientos de vivienda se siguen rigiendo por los pactos, cláusulas y condiciones determinados por la voluntad de las partes, en el marco de lo establecido en el título II de la LAU y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil. Se mantiene la exclusión  de arrendamientos de vivienda de gran superficie o valor del imperativo legal ya que estos arrendamientos se regirán por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el Título II de la LAU y, supletoriamente, por las disposiciones del Código Civil.

Respecto a la duración del contrato se establecía como novedad la vuelta al mínimo de cinco años potestativo para el arrendatario, o de siete años si el arrendador fuese persona jurídica, lo que se también mantiene. Según lo anterior llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años, o de siete años si el arrendador fuese persona jurídica, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo, con posibilidad de prórroga por plazos anuales hasta un máximo de tres años más si no hay denuncia previa.

Durante la vigencia del contrato, ahora la revisión de la renta solo podrá ser actualizada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, en los términos pactados por las partes. En defecto de pacto expreso, no se aplicará actualización de rentas a los contratos.

La realización por el arrendador de obras de mejora, transcurridos cinco años de duración del contrato, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica, le dará derecho, salvo pacto en contrario, a elevar la renta anual en la cuantía que resulte de aplicar al capital invertido en la mejora, el tipo de interés legal del dinero en el momento de la terminación de las obras incrementado en tres puntos, sin que pueda exceder el aumento del veinte por ciento de la renta vigente en aquel momento.

En cuanto a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, las partes podrán pactar que junto con los servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario.

Por último se mantiene como obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda, llamada fianza legal, con total libertad para las partes respecto a la exigencia y prestación de cualquier fianza voluntaria que puedan acordar, de forma que podrán pactar libremente y sin restricciones cualquier tipo de garantía del cumplimiento por el arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico.

Hay que estar por tanto a la fecha de celebración del contrato para ver que normativa resulta aplicable.

Podemos asesorarte como arrendador o arrendatario de una vivienda.  Conozca sus derechos antes de alquilar su vivienda. Como inquilino debes también conocer las novedades que modifican la Ley de arrendamientos urbanos.

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El Supremo rechaza revisar sentencias sobre nulidad de cláusulas suelo anteriores a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE

En reciente Sentencia el Tribunal Supremo rechaza revisar las sentencias firmes anteriores a la doctrina del TJUE de 21-12-16 sobre cláusulas suelo.

La decisión de la Sala se basa, entre otros motivos, en la importancia del principio de cosa juzgada según la jurisprudencia del TJUE y en una serie de razones que destacamos por las que la demanda de revisión no ha sido admitida a trámite.

La sentencia de esta sala de 9 de mayo de 2013 determinó que la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo controvertidas no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada y que, por consiguiente, en virtud del principio de seguridad jurídica, los efectos derivados de tal declaración (especialmente el derecho del consumidor a la restitución) no podían ser aplicados a aquellos casos en que se hubiera dictado sentencia firme que no reconociera ese derecho al consumidor.
El TJUE ha considerado que este pronunciamiento no es contrario al ordenamiento de la Unión Europea. La sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15, caso Gutiérrez Naranjo, declaró sobre esta cuestión: «68. A este respecto, es verdad que el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que la protección del consumidor no es absoluta. En este sentido ha declarado, en particular, que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU: C:2009:615, apartado 37). De ello se deduce que el Tribunal Supremo podía declarar legítimamente, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, que esta última no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales anteriores con fuerza de cosa juzgada.»
En la posterior sentencia de 26 de enero de 2017, asunto C-421/14, caso Banco Primus, el TJUE declaró: «46. Procede recordar en primer lugar la importancia que tiene, tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, el principio de cosa juzgada. Así, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o haber expirado los plazos previstos para el ejercicio de tales recursos (véase, en particular, la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C 40/08, EU:C:2009:615, apartados 35 y 36).
Asimismo, el Tribunal de Justicia ya ha admitido que la protección del consumidor no es absoluta. En particular, ha declarado que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar la infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13 (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C 40/08, EU:C:2009:615, apartado 37, y de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C 154/15, C 307/15 y C 308/15, EU:C:2016:980, apartado 68), salvo que el Derecho nacional confiera a tal tribunal esa facultad en caso de vulneración de normas nacionales de orden público (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C 40/08, EU:C:2009:615, apartado 53)».
De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, no es posible obtener la revisión de una sentencia firme por el hecho de que una sentencia posterior establezca una jurisprudencia que sea incompatible con los argumentos que fundamentan el fallo de la sentencia anterior. Esa sentencia posterior no es un «documento» a efectos de lo previsto en el art. 510.1.1.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Nuestro ordenamiento jurídico preserva la firmeza de las sentencias frente a modificaciones posteriores de la jurisprudencia, adoptadas por propia iniciativa del Tribunal Supremo o impuestas por la doctrina sentada en las resoluciones del Tribunal Constitucional. Solo es posible la revisión de una sentencia civil firme en ciertos casos excepcionales cuando una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declare que dicha sentencia ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el CEDH, por preverlo expresamente el art. 510.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La jurisprudencia del TJUE ha reconocido la importancia del principio de cosa juzgada tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, pues garantiza tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia.
El TJUE ha declarado que la posibilidad de revisar una sentencia firme dictada por un tribunal nacional de un Estado miembro como consecuencia que se haya dictado una sentencia del propio TJUE que siente una doctrina incompatible con la que sustenta esa sentencia firme del tribunal nacional, se rige por los principios de efectividad y equivalencia.
El principio de efectividad impide que se salvaguarde la seguridad jurídica en un grado tan elevado que impida o dificulte gravemente la eficacia del Derecho de la Unión, por ejemplo, porque permita proyectar hacia el futuro los efectos de la cosa juzgada y extenderlos a situaciones sobre las que no haya recaído resolución judicial definitiva con posterioridad a la sentencia del TJUE que contradiga lo afirmado en la sentencia del tribunal nacional, como se declaró en la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2009, asunto C-2/08, caso Olimpic club.
No es ese el caso objeto de este proceso de revisión, en que se pretende proyectar la jurisprudencia del TJUE hacia el pasado para lograr la rescisión de una sentencia firme y que se dicte una nueva sentencia que se acomode a la jurisprudencia del TJUE en un proceso que había finalizado por sentencia firme antes de que se dictara la sentencia del TJUE.
En aplicación de lo declarado en la sentencia del TJUE de 18 de febrero de 2016, asunto C-49/14, caso Finanmadrid, y las que en ella se citan, teniendo en cuenta los principios en los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, tales como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento, la exclusión de la rescisión de sentencias firmes por contradecir lo declarado posteriormente en una sentencia del TJUE no puede considerarse contrario al principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea.
El principio de equivalencia impone la revisión de una sentencia firme dictada por un tribunal nacional, con base en una sentencia posterior del TJUE que sea incompatible con la jurisprudencia nacional, si el ordenamiento interno establece que cuando se dicte una sentencia que modifique la jurisprudencia procederá la revisión de sentencias firmes de fecha anterior que sean incompatibles con la nueva jurisprudencia. Como hemos explicado, ese no es el caso de España, cuyo ordenamiento interno no permite que un cambio en la jurisprudencia permita revisar las sentencias firmes anteriores que no se ajusten a la nueva jurisprudencia. Por tanto, el principio de equivalencia no impone que, con base en una sentencia del TJUE cuya doctrina sea incompatible con sentencias firmes dictadas con anterioridad por los tribunales nacionales, se admita la revisión de tales sentencias firmes.
Podemos ayudarle a calcular los importes que la entidad bancaria le ha cobrado indebidamente y en el procedimiento de reclamación. Si tiene que negociar con el banco póngase en contacto con nosotros y le podremos atender personalmente. Intentaremos ayudarle en este asunto y asesorarle en la tramitación de su reclamación. Podemos también actuar en su nombre. Antes de que se devengue cantidad alguna por cuenta de honorarios le presupuestaremos. Un último consejo: desconfíe de los enlaces y los despachos que ofrecen una reclamación gratuita de la cláusula suelo.
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La convivencia con otra pareja puede ser causa de extinción de la pensión compensatoria

Según reciente sentencia del Tribunal Supremo la convivencia con una nueva pareja puede suponer extinción de la pensión compensatoria.

Según el alto tribunal, dado el carácter dispositivo de la pensión compensatoria y que el convenio regulador es un negocio jurídico que, de acuerdo con la autonomía de la voluntad de los afectados, puede contener tanto pactos típicos como atípicos, al no quedar excluida la extinción de la pensión compensatoria en el supuesto de nuevo matrimonio o convivencia marital procede su extinción acreditado el hecho.

En el Recurso ante el Alto Tribunal se recurre el pronunciamiento de la sentencia de apelación que extingue la pensión compensatoria que acordaron los esposos en convenio regulador de separación matrimonial aprobado en sentencia de 21 de septiembre de 2011.

La extinción se produce en el posterior juicio de divorcio instado por don Rodrigo contra doña Noemi, beneficiaria de la pensión, en el que se imputaba a la esposa la convivencia con otra persona.

Lo acordó la sentencia que ahora se recurre, revocando la del juzgado, que no había considerado «plenamente probada a través de la prueba practicada» la convivencia de la demandada con una tercera persona.

Es hecho probado de la sentencia de la Audiencia que «desde el mes de junio de 2014 hasta la actualidad» la Sra. Noemi mantuvo una convivencia con una tercera persona que tiene carácter de “vida marital” a los efectos de la extinción de la pensión compensatoria, de acuerdo con lo establecido en el Art. 101 CC.

Y ello aun cuando se califique los encuentros como esporádicos, porque, se reconoce que, por lo menos los fines de semana viven juntos, se reconocen como novios, actúan socialmente con la apariencia de un matrimonio, sus encuentros se producen también de manera pública, en su vehículo, en la vía pública y en los establecimientos públicos de su residencia».

También señaló la Sentencia como fundamento del fallo que “en ningún caso quedaron excluidos en el convenio regulador para modificar o extinguir la pensión compensatoria, como ocurre en el caso contemplado en la sentencia 134/2014, de 25 de marzo, en el que las partes convinieron una pensión “vitalicia”, salvo nuevo matrimonio o convivencia marital, desechando como posible alteración de las circunstancias el posible crecimiento económico de la esposa, al no venir contemplado en el mismo, teniendo en cuenta el carácter dispositivo de la pensión compensatoria y que el convenio regulador es un negocio jurídico de derecho de familia que, de acuerdo con la autonomía de la voluntad de los afectados, puede contener tanto pactos típicos, como atípicos.

Los profesionales de https://www.abogadosquevedo.es/ podemos asesorarle sobre los pasos a tomar para reclamar la extinción de la pensión compensatoria en caso de divorcio, una pensión de alimentos, negociar el convenio regulador, conseguir la liquidación del régimen económico matrimonial, la guarda y custodia de los hijos menores, las dudas sobre el uso y disfrute de la vivienda habitual, los bienes comunes, y otras materias relacionadas con el derecho de familia.

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Existen diversas opiniones sobre quien debe correr con los gastos e impuestos derivados del arrendamiento de vivienda, si el inquilino o el propietario.

EL PAIS publica en la sección de ECONOMIA un artículo basado en la entrevista realizada recientemente al letrado D. JOSE LUIS MUÑOZ, coordinador de la página web y miembro del equipo de profesionales de ABOGADOS QUEVEDO, en la que se debate sobre diversos aspectos relacionados con los gastos e impuestos derivados de este tipo de arrendamientos.

Este tema como pueden observar es complejo y admite distintas opiniones, por lo que recomendamos que cualquier duda en relación con los arrendamientos se consulte a profesionales. Las consultas jurídicas deben ser evacuadas en función de la norma aplicable, el contenido del contrato, las líneas doctrinales y la más reciente jurisprudencia.

Por poder resultar de interés el contenido del artículo publicado por el  prestigioso medio del Grupo Prisa copiamos el enlace a la página web: ARTICULO DE EL PAIS.

Somos especialistas en arrendamientos y desahucios (redacción y revisión de todo tipo de contratos de arrendamiento, ya sea de vivienda o de local, sometidos o no a la LAU), ejecución de lanzamientos, desahucios, reclamación de rentas, y negociación con propietarios e inquilinos. Para confección de recibos y facturas, o notificaciones a inquilinos o arrendadores, cuenta con nuestros profesionales de www.abogadosquevedo.es

 

Los rumores de un cambio de la regulación del impuesto de sucesiones desatan un aluvión de donaciones en la comunidad de Madrid

Como cada año por estas fechas los rumores de modificación del régimen fiscal de las donaciones y las sucesiones en Madrid dan lugar a un aluvión de consultas de clientes que acuden al despacho preocupados por si hay algo de cierto en ello o no.

Hay numeroso artículos en prensa que ya se están haciendo eco de la noticia, y que hablan de un aluvión de donaciones en Madrid por temor al fin del chollo fiscal, como por ejemplo el que publica el confidencial (adjuntamos un enlace del artículo citado).

http://www.elconfidencial.com/economia/2016-11-02/avalancha-donaciones-sucesiones-madrid-fin-chollo-fiscal-hacienda-cifuentes_1282652/

Desconocemos si finalmente va a haber finalmente o no cambio normativo en 2.017, pero lo cierto es que año tras año surgen los mismos rumores:

– La comunidad de Madrid va a suprimir las bonificaciones en las donaciones entre familiares directos: padres, hijos, cónyuges y parejas de hecho.

– La comunidad de Madrid va a suprimir las bonificaciones entre familiares directos, es decir, descendientes, ascendientes, cónyuge o pareja de hecho del causante o donante, integrados en los grupos I y II de parentesco del impuesto.

Es difícil prever una medida de este tipo, pero recordemos que por poner un ejemplo en la Comunidad valenciana en 2013 se modificó el ISD reduciendo las bonificaciones entre familiares del 99 al 75% y ahora vuelve a anunciar recortes para 2017 que están haciendo temblar a las familias que ven que con el fallecimiento de uno de sus miembros el patrimonio familiar quedará mermado sustancialmente.

También en 2.015 se modificó este impuesto en Aragón para recaudar unos 20 millones de euros anuales, eliminando desde 2.016 en donaciones la bonificación del 65% en patrimonios preexistentes superiores a los 402.000 euros y la reducción del 100% si el valor de los bienes que pasan de padres a hijos no supera los 300.000 euros, y en sucesiones, la bonificación del 65% para los patrimonios preexistentes de más de 402.000 euros, salvo que se trate de la vivienda familiar o planes de pensiones.

Ahora la Presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha dejado entrever en varias entrevistas que el gobierno ha estado planificando una modificación del impuesto de Sucesiones que se aprobará con carácter inmediato. Queda claro por tanto que vamos a sufrir cambios muy próximos y notaremos su repercusión cuando surja el hecho imponible que regula el impuesto (fallecimiento o transmisión con carácter gratuita).

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¿Qué beneficio existe en la Comunidad de Madrid para el supuesto de donaciones a favor a de un hijo?

Hasta ahora la Comunidad de Madrid ha impulsado la práctica eliminación del Impuesto sobre Donaciones para los supuestos de que quién recibe la donación (donatario) tuviese relación de parentesco directo con el donante.

El Grupo I incluye descendientes (hijos, nietos…) y adoptados menores de veintiún años, y el Grupo II descendientes (hijos, nietos…) y adoptados de veintiuno o más años, cónyuge, ascendiente (padres, abuelos…) y adoptantes. Los donatarios incluidos en cualquiera de estos grupos tendrán derecho a aplicarse una bonificación del 99 por 100 de la cuota del Impuesto sobre Donaciones, con efectos desde el 01/01/2006.

Esto supone que sólo tendrán que ingresar el 1 por 100 de la cuota tributaria. Muchos ciudadanos y profesionales desconocen que para aplicar de esta bonificación necesario que la donación se documente en documento público y además, cuando la donación sea en metálico, será necesario que el origen de los fondos donados esté debidamente justificado, por lo que es necesario un asesoramiento previo y la actuación de un profesional en derecho que supervise la operación.

Hay que tener en cuenta que a efectos de donaciones un inmueble ubicado en la Comunidad de Madrid cuyo valor real es de 200.000 euros puede liquidarse aplicándose la bonificación que tiene regulada la Comunidad de Madrid por unos 400 euros, por lo que el ahorro fiscal que se obtiene cumpliendo los trámites legales es significante.

purse-1359848_1920En caso de inmuebles habrá que tener en cuenta otros gastos e impuestos como el de la escrituración, la inscripción en Registro de la propiedad, plus-valía municipal, etcétera.

La web de la Comunidad de Madrid a través del portal del contribuyente responde a las primeras cuestiones con trascendencia fiscal que con más frecuencia se plantean por estos asuntos. Puedes acceder a la misma para ampliar información mediante el siguiente enlace.

¿Qué sentido tiene donar en vida si resides en Madrid?

Una donación en vida puede suponer adelantar el impacto fiscal de la transmisión, teniendo que realizar desembolsos a fecha de hoy que no son obligados ni corresponderían en principio tener que soportar ni al donante ni al donatario. Tendrá impacto en el IRPF y devengará plusvalía municipal la transmisión de inmuebles por lo que habrá que hacer un estudio concreto de cada caso, especialmente cuando todos o alguno de los donatarios tengan distinta residencia del donante.

Por el contrario las ventajas son innumerables:

– Nos estamos asegurando en primer lugar de poder aplicar las bonificaciones actuales en sede del impuesto de donaciones. En cualquier momento puede cambiar la política estatal o autonómica y suprimirse las bonificaciones actuales del 99%. Ganamos por tanto en seguridad jurídica y nos ahorramos muchas preocupaciones de carácter económico.

– También lograremos dejar ordenado en vida un legado que al fallecimiento puede ser causa de conflictos familiares entre los hijos, normalmente herederos, o incluso entre estos con la viuda. Hay que recordar que los herederos podrán adjudicar la herenciaman-863744_1920

– Es una oportunidad de librarse de ciertos gastos accesorios o inherentes al mantenimiento de los inmuebles (IBI, impuestos de basura, suministros, comunidad de propietarios, etcétera) que muchas ocasiones no son asumidos por el hijo que ocupa la vivienda como suya y que son un lastre para la economía de los padres. Es una oportunidad para que los hijos terminen de madurar y se hagan cargo de sus propias responsabilidades.

– No tendrás que renunciar a cambiar de residencia y podrás por fin irte a vivir a ese apartamento en la playa que tanto disfrutas o junto a la familia más allegada a esa segunda residencia que mantienes en el pueblo, sin el riesgo de los herederos de tener demostrar la residencia efectiva del causante al fallecimiento. El lugar donde resides es determinante en el Impuesto de sucesiones y donaciones (ISD) y al ser un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas el impacto fiscal si dejas Madrid puede ser execrable. De hecho el cambio de domicilio a la jubilación es uno de los motivos que más perjudica a los herederos cuando el fallecido no ha previsto una sucesión ordenada de los bienes ya que tiene graves consecuencias fiscales a la hora de hacer frente por parte de los primeros a los tributos de la herencia.

El tratamiento fiscal de la donación y la herencia varía considerablemente según la autonomía que nos vincula junto con otros elementos como el patrimonio preexistente del heredero/donatario y la vinculación entre fallecido/donante y heredero/donatario. Si establecen el punto de residencia habitual fuera de Madrid por pasar largas temporadas en otra autonomía tendrá graves efectos fiscales a la hora afrontar el reparto de la herencia.

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Las donaciones deben tratarse como un anticipo de la sucesión, por lo que deben estar supervisadas por un profesional.

Hacemos un pequeño inciso para exponer que hay que analizar si se hacen o no con cargo a la legítima de la herencia futura, evitando así que se puedan declarar inoficiosas y perjudicar al resto de los hijos que no la reciban, o por el contrario si no se les da el carácter de colacionable que consecuencias van a producirse. Normalmente las donaciones se suelen complementar con otras, es decir, que si hay varios hijos y a uno de ellos se le dona un inmueble, se suele prever la operación compensatoria, como puede ser la de donación en metálico a los otros hijos, por ejemplo. En otro caso habrá un perjuicio comparativo que originará problemas a la hora de partir la herencia.

hands-981400_1920También puede dejarse constancia de la donación en testamento y mejorar al reparto de la herencia a los herederos que no reciben donación alguna en vida, compensando así al fallecimiento la mejora anticipada al donatario.

El Código civil prevé que al tiempo de evaluarse los bienes hereditarios se traerán a colación los bienes donados, que habrán de ser valorados para efectuar correctamente la partición, por lo que la donación tendrá carácter colacionable, con cargo al tercio de legítima y en su caso de mejora, o carácter no colacionable, que se computará en el de tercio de libre disposición.

En cualquier caso no tiene por qué coincidir el cambio de año con las medidas fiscales acordadas por el organismo de hacienda estatal o de la comunidad de Madrid, por lo que es cuestión de plantear la consulta y realizar un estudio para ver si en el momento de la misma puede resultar idóneo y conviene transmitir los bienes por donación o por herencia.

Podemos ayudarle a planificar las operaciones sucesorias en función del lugar de tu residencia, o redactar el cuaderno particional para formalizar la efectiva adjudicación de los bienes. Realizamos todas las gestiones hasta la inscripción de los inmuebles transmitidos, incluyendo la presentación del impuesto de sucesiones, las plusvalías municipales e incluso las solicitudes a las compañías para que puedas cobrar un seguro de vida.

Sobre nosotros, ya sabe que somos profesionales en temas de herencias y testamentos. Nuestro despacho está en Madrid. Si tiene cualquier o consulta sobre herencias le recordamos que la primera consulta será personalizada y es totalmente gratuita.beautiful-15742_1920

Puedes pedirnos cita a través de los medios de contacto que te proporcionamos en esta web https://www.abogadosquevedo.es/herencias-y-testamentos-en-madrid/

 

 

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA DEL IRPF: La prestación por maternidad se considera como renta exenta

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA DEL IRPF: La prestación por maternidad se considera como renta exenta

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid mediante resolución con fecha de 6 de julio ha declarado exenta la prestación por maternidad abonada por concepto de maternidad por parte del Instituto Nacional de Seguridad Social.

mom-20666_1920La beneficiaria requirió el reconocimiento a la devolución a su favor de 3.135,11 euros más los correspondientes intereses de demora mediante una solicitud de rectificación de autoliquidación de IRPF. El acuerdo desestimatorio de la Administración de Ciudad Lineal de la AEAT a la solicitud de la actora de rectificación dio lugar al recurso contencioso-administrativo que fue presentado el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid. Tras la desestimación por parte del TEAR de Madrid se interpuso nuevo recurso económico-administrativo contra la Resolución desestimatoria ante el TSJ de Madrid, que finalmente ha estimado íntegramente las pretensiones de la contribuyente.

La resolución se basa en la redacción del art. 7 h) de la Ley 35/2006 IRPF, aplicable en el ejercicio 2009, que era la siguiente en cuanto a las exenciones aplicables:

“h) Las prestaciones familiares reguladas en el Capítulo IX del Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.

Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas en el párrafo anterior por la Seguridad Social para los profesionales integrados en dicho régimen especial.

La cuantía exenta tendrá como límite elcashbox-1642988_1920 importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.

Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad. También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales.”

Se añadió en ese texto legal un nuevo párrafo, el tercero, que se refiere, en general, al alcance de la exención de las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad, sin distinguir la procedencia de las prestaciones y solo es en el cuarto párrafo donde se aclara que estarán exentas también las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales.

El TSJM recuerda que el Instituto Nacional de la Seguridad Social es una entidad gestora de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la SESS, que tiene encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social,

De ahí que la prestación por maternidad percibida por la actora de ese ente público tiene que estar forzosamente incluida en el tercer párrafo del art. 7h) LIRPF , ya que ese precepto reconoce tal beneficio tributario, con carácter general, en su párrafo tercero y lo que hace en el párrafo cuarto es ampliar el beneficio fiscal a las prestaciones que tengan procedencia de otros entes públicos, ya sean locales o autonómicos. Por ello concluye que la interpretación que realiza la AEAT de la regulación legal no es acertada, ya que se queda en el párrafo cuarto para denegar la exención pretendida de la prestación por maternidad, sin tener en cuenta la redacción del tercer párrafo.

law-1063249_1920De ahí que la consecuencia deba ser la íntegra estimación del recurso y la anulación de la presunta Resolución del TEAR por no ser conforme a derecho, declarando al propio tiempo el derecho de la actora a la rectificación de su autoliquidación de IRPF del ejercicio 2009 en el sentido solicitado y el derecho a percibir la devolución de la cantidad de 3.135,11 €, con sus correspondientes intereses legales.

NOTA IMPORTANTE QUE AFECTA A LA RESOLUCION ANALIZADA: NUEVO ARTÍCULO EN LA WEB SOBRE UNIFICACION DE LA DOCTRINA. ACCEDE MEDIANTE EL SIGUIENTE ENLACE:

Unificación de doctrina IRPF: La prestación por maternidad no se debe considerar como Renta exenta a efectos del IRPF

Si tiene dudas respecto a la tributación de los rendimientos de trabajo o actividad, las prestaciones y los ingresos que son objeto ganancia patrimonial, puede llamarnos e intentaremos resolverlas. Podemos también concertar una cita para efectuar un estudio detallado de su caso particular. contacte con nosotros a través de los datos facilitados en la página de contacto de nuestra web o pinchando en el siguiente enlace:  www.abogadosquevedo.es

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Calendario de festivos 2017

En el BOE del pasado 8 de Octubre se ha publicado la Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2017.

En el BOE del pasado 8 de Octubre se ha publicado la Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2017.

El artículo 45.1 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, enumera las fiestas laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable, distinguiendo entre las señaladas en los apartados a), b) y c), que tienen el carácter de nacional no sustituibles por las Comunidades Autónomas, y las reflejadas en el apartado d), respecto de las cuales las Comunidades Autónomas pueden optar entre la celebración en su territorio de dichas fiestas o su sustitución por otras que, por tradición, les sean propias.

Entre las facultades reconocidas a las Comunidades Autónomas en el artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983, se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación a la relación de fiestas de la Comunidad Autónoma de otras que les sean tradicionales, así como la opción entre la celebración de la Fiesta de San José o la de Santiago Apóstol en su correspondiente territorio.

Asimismo, el apartado 2 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, faculta en su último párrafo a aquellas Comunidades Autónomas que no pudieran establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales para añadir, en el año que así ocurra, una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce.

Según lo anterior estas son las fiestas de ámbito nacional para el año 2.017:

  • 6 de enero (viernes), Epifanía del Señor.
  • 14 de abril, viernes Santo.
  • 1 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo.
  • 15 de agosto (martes), Asunción de la Virgen.
  • 12 de octubre (jueves), Fiesta Nacional de España (día de la hispanidad).
  • 1 de noviembre (miércoles), Todos los Santos.
  • 6 de diciembre (miércoles), Día de la Constitución Española.
  • 8 de diciembre (viernes), Día de la Inmaculada Concepción.
  • 25 de diciembre (lunes), Natividad del Señor.

Puedes acceder a la disposición mediante el siguiente enlace al BOE.

En la Comunidad de Madrid es fiesta también:

  • el 20 de marzo (lunes), por traslado de la festividad de San José que cae en domingo.
  • el 13 de abril, Jueves Santo, como viene siendo habitual.
  •  el 2 de mayo (martes), Fiesta de la Comunidad de Madrid.

A lo anterior hay que añadir dos fiestas de carácter local que fijan los respectivos ayuntamientos. En Madrid capital serán días festivos:

  • El 15 de Mayo – San Isidro
  • El 9 de Noviembre, Nuestra Sra. De la Almudena.

Si tiene alguna duda al respecto o alguna consulta jurídica que podamos evacuar puede contactar con nosotros a través del siguiente enlace: contacto.

 

 

Reducción en el ISD aplicable en la transmisión mortis causa de empresa individual

Mediante reciente resolución el TEAC cambia de criterio en relación con el ejercicio a computar  en la reducción en el ISD aplicable en la transmisión mortis causa de empresa individual.

Accede en el siguiente enlace al business-18965_1920nuevo artículo de la web http://www.consultasdeherencia.es/

Para más información o solicitar un estudio detallado de su caso particular, contacte con nosotros a través de los datos facilitados en la página de contacto de nuestra web o pinchando en el siguiente enlace:  www.abogadosquevedo.es

 

 

 

 

Computo de los plazos durante el mes de agosto

A la hora de examinar si computan los días del mes de agosto para calcular los plazos administrativos y procesales  hay que atender a las normas establecidas según los distintos órdenes jurisdiccionales:

– Orden civil y mercantil: Serán inhábiles a efectos procesales los días del mes de agosto. También lo son los sábados y domingos, y los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad.

justicia

No obstante lo anterior, de oficio o a instancia de parte, los Tribunales podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, cuya demora pueda causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia, o provocar la ineficacia de una resolución judicial. Durante el mes de AGOSTO también se registrarán, repartirán y remitirán a los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil de Madrid, aquellas  demandas, exhortos y escritos civiles y mercantiles respecto de los cuales la Ley Establezca expresamente que pueda practicarse alguna actuación judicial y aquellas otras en las que, justificadamente, se manifiesten las razones de urgencia que motiven su presentación en el mes de agosto, indicándolo claramente y en el encabezamiento de la demanda o escrito.

– Administrativo: En vía administrativa, el mes de agosto se considera mes hábil, salvo los domingos y festivos, tal y como establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo hay que tener en cuenta que para calcular el plazo para el pago de tasas e impuestos, como el ITPYAJD, el impuesto de sucesiones y donaciones, la plusvalía municipal, etcétera, los días del mes de agosto se computan.

En la Contencioso-administrativa, como norma general durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro plazo de los previstos en la referida Ley, a excepción del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil.

Asimismo en casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional que habilite los días inhábiles en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales o en el incidente de suspensión o de adopción de otras medidas cautelares. El Juez o Tribunal oirá a las demás partes y resolverá por auto en el plazo de tres días, acordando en todo caso la habilitación cuando su denegación pudiera causar perjuicios irreversibles.

– Orden social:judge-146626_1280

Los días del mes de agosto en la jurisdicción social serán inhábiles, a excepción de los siguientes procedimientos:

  • Modalidades procesales de despido.
  • Extinción del contrato de trabajo.
  • Movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
  • Suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
  • Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
  • Impugnación de altas médicas.
  • Vacaciones.
  • Materia electoral.
  • Conflictos colectivos.
  • Impugnación de convenios colectivos y tutela de derechos fundamentales y libertades públicas.
  • Adopción de actos preparatorios, medidas precautorias y medidas cautelares, en particular en materia de prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
  • Ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

En el orden Penal: Hay que diferenciar los plazos en función de la fase del procedimiento en que se esté:

handcuffs-921290_1920– Para la fase instrucción de las causas criminales, interposición y resolución de recursos relativos a sesta fase,  todos los días del año y todas las horas serán hábiles sin necesidad de habilitación especial. También en el ámbito penitenciario serán todos los días del año hábiles. – En los juicios rápidos y juicios por delitos leves (antiguas faltas) se celebrarán vistas en agosto durante el servicio de guarda, porque son hábiles todos los días y horas del año. En cambio, los señalamientos fuera del servicio de guardia deberán tener lugar en día y hora hábiles. El Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ha declarado que el mes de agosto es hábil a efectos de señalamiento de juicios rápidos ha sido confirmada por la STS, Sala 3.ª, de 12 de mayo de 2006, así como para la interposición del recurso de apelación contra una sentencia dictada en un juicio rápido.

En el resto de asuntos penales el mes de agosto se considerará inhábil, pero hay que interpretarlo con carácter restrictivo. heat-149937_1280

Para más información sobre los plazos puede consultar con nuestros profesionales a través de los datos de contacto de la web.

El TS reconoce el derecho al cese en la difusión de imágenes de una modelo desnuda

Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo estima el recurso de una modelo que solicitó el cese del uso de su imagen desnuda en medios de contenido erótico, tras declarar nulas varias cláusulas del contrato de cesión de los derechos de imagen firmados con una página web de contenido erótico no apta para menores de 18 años.

En un proceso sobre tutela judicial civil de derechos fundamentales que ha versado sobre el posible uso no consentido de la imagen de una persona con fines comerciales, la demandante, modelo de profesión, recurrió en casación para hacer valer sus pretensiones fundadas en la intromisión ilegítima en los derechos de la demandante al honor y a la propia imagen, en la nulidad por error y dolo del contrato «de arrendamiento de servicios y cesión de derechos» celebrado con la demandada, para que se declarase por ello el deber de la empresa demandada de cesar en la difusión de la imagen de la demandante.

El contencioso surgió después de que la demandante, que contaba con alguna experiencia en trabajos de género del erotismo por haber participado en actividades relacionadas con líneas eróticas y en videos eróticos emitidos a través de Internet, contactó con la demandada para ofrecerle su imagen como modelo y manifestarle su deseo de realizar un reportaje para que su imagen saliera publicada en la página web, con pleno conocimiento que la empresa se dedicaba al desarrollo y comercialización de diversos contenidos eróticos para su divulgación a través de prensa, revistas, sitios web, televisión y telefonía móvil).woman-506120_1920

En el juicio quedó demostrado que la demandada advirtió que no abonaría remuneración alguna a cambio del reportaje fotográfico, sino tan solo el compromiso de promocionar su imagen, y de que previamente al reportaje, en Barcelona, se firmaría un contrato de arrendamiento de servicios y cesión de derechos de imagen. Tras el cruce pertinente de correos electrónicos compartiendo información ambas partes se reunieron en Barcelona para la realización del reportaje. Tras la sesión fotográfica y del video se hizo una pequeña entrevista de unos diez minutos de duración en la que la demandada, de forma tranquila, manifestó su plena conformidad y satisfacción con el trabajo realizado, sin que en ningún momento se percibiera por su conducta y modo de contestar que hubiera sido sometida a intimidación, coacción o engaño. Seguidamente se le entregó el contrato de arrendamiento de servicios y cesión de derechos, que leyó detenidamente y firmó. Transcurrido un año desde la firma del contrato, la demandante, dentro del plazo acordado entre los contratantes, comunicó a la demandada la voluntad de rescindir el contrato, desprendiéndose de sus términos no habían realizado ninguna labor de promoción a la que se comprometieron en virtud del referido contrato, alegando por tanto incumplimiento contractual de la cesionaria, desautorizando en el documento remitido a la empresa a utilizar en adelante su imagen para ninguna campaña publicitaria o cualquier otra finalidad a través de los medios escritos, internet, televisión, telefonía móvil o cualquier otro análogo de difusión.

Con posterioridad al anuncio de mobile-phone-1419274_1920resolución contractual la demandada firmó con otras mercantiles varios contratos de prestación de contenido y de cesión de derechos para su difusión en televisión en los que actuando como cedente de los derechos de imagen de la demandante, autorizaba su difusión a través de terminales de telefonía móvil y televisión (en este caso, vinculada dicha difusión a un servicio de chat-SMS). Asimismo se emitieron imágenes de la demandante (cuatro fotografías, reproducidas reiteradamente a lo largo de las tres horas del programa, y videos de duración aproximada de dos minutos) en horario de madrugada con fines publicitarios (para publicitar una línea erótica) y se acompañaron de textos en los que se incluían expresiones como «Directo al orgasmo» y «Sexo en directo». Durante la emisión de dichos contenidos en televisión se mencionaban las webs de la demandada.

Tras contactar con el canal de televisión para denunciar los hechos y reiterar la voluntad resolutoria solicitando la eliminación de todas las fotografías y videos suyos de la web, el cese de su emisión por cualquier canal de televisión, el cese en el uso de su imagen sin su consentimiento y la entrega de todo el material existente sobre su persona en poder de las citadas mercantiles, la demandante decide denunciar tanto al cedente como al cesionario por difundir su imagen sin consentimiento.

judge-146626_1280En relación con el derecho fundamental de la recurrente a la propia imagen fundado el motivo en infracción del art. 18 de la Constitución, el Tribunal Supremo determina que el consentimiento “será revocable en cualquier momento, pero habrán de indemnizarse en su caso los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas”.

Al venir delimitado el ámbito protegido en la ley por el consentimiento del titular del derecho debe entenderse que la revocación del consentimiento también incide en el derecho a la propia imagen como derecho fundamental, es decir, no exclusivamente en su aspecto o dimensión puramente patrimonial, pues así resulta tanto del carácter esencial atribuido por la propia LEY al consentimiento como por la jurisprudencia, centrada en la relevancia del consentimiento y de su revocación para el derecho a la propia imagen en su dimensión de derecho fundamental. Por ello resuelve que la sentencia recurrida, al no apreciar intromisión ilegítima en el derecho fundamental de la demandante- recurrente a la propia imagen, infringió el art. 18 de la Constitución en relación con el art. 2.3 de la Ley Orgánica 1/1982, pues prescindió de tomar en consideración no ya la resolución del contrato por la hoy recurrente ateniéndose rigurosamente a lo pactado sino incluso la doble revocación de su consentimiento por ella misma, que al haberse ajustado a lo expresamente pactado en el digital-storage-media-1443484_1920contrato celebrado con la demandada no podía generar a favor de esta ningún derecho a ser indemnizada ni tampoco quedar supeditada, como parece alegar la demandada cuando se opone al recurso, a una previa indemnización de daños y perjuicios ni aun cuando la facultad de revocación se hubiera ejercitado antes de lo previsto contractualmente, porque, como establece la LO 1/1982 y declara el Tribunal Constitucional, el consentimiento «será revocable en cualquier momento» aunque, en su caso pero no como condición previa, hayan de indemnizarse los daños y perjuicios causados.

En consecuencia, conforme al art. 487.2 LEC, el Tribunal Supremo casa en parte la sentencia recurrida, confirmando el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia declarativo de intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen y la condena a depositar el material fotográfico y videográfico de la demandante en cualquier tipo de soporte sin posibilidad de volver a difundirlo ni comerciar con él.

Recientemente el Tribunal Supremo también ha confirmado mediante Sentencia de casación que por el mero hecho de entrar en un programa de televisión, en este caso un “reality”, los concursantes no pierden la protección constitucional de su dignidad personal. Desde el momento en que se resuelve el contrato celebrado con la productora no existe prestación alguna a cargo de la demandante ni dejación de tales derechos por la interesada a efectos de que se pueda utilizar su nombre y su imagen captada en la entrada en el programa. En este asunto estuvieron involucrados Telecinco, hoy Mediaset TV y la productora Zeppelin TV, ya que se trababa de el programa la noria y un concursante de gran hermano. La sentencia condena a la demandada Mediaset España Comunicación S.A. a indemnizar a la demandante en la cantidad de TREINTA MIL EUROS, además de hacer público el contenido del fallo judicial en programa de máxima audiencia.

Por otra parte, si no has cedido tus derechos de imagen debes saber que tienes derecho a solicitar la eliminación de fotos o vídeos publicados en internet. Tu imagen, tanto una foto como un vídeo en el que apareces, es un dato personal. La difusión de imágenes o vídeos publicados en diferentes servicios de internet sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellos, sobre todo en redes sociales, puede evitarse. Todas las personas disfrutamos del derecho a que los datos beautiful-15742_1920personales inadecuados o excesivos se supriman cuando así lo solicitemos ante los organismos públicos competentes. Comentaremos en futuros artículos más detalladamente el derecho a la eliminación de imágenes, vídeos y de datos personales, así como el derecho al olvido.

Por todo ellos, si crees que están difundiendo imágenes registradas o en las que apareces sin tu consentimiento, que están vulnerando tu derecho al honor, la intimidad o la propia imagen,  si de alguna forma se están aprovechando de tu imagen o si quieres reclamar una indemnización por daños y perjuicios, contacta con nuestros profesionales a través de los datos de contacto que aparecen en la web y te asesorarán al respecto.