El colectivo de abogados, entre los que nos encontramos varios abogados colaboradores de la web, celebra la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias, según ha recogido el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social publicado en el BOE de 28 de Febrero de 2.015.
Desde que la Ley de Tasas Judiciales entrara en vigor hace más de dos años, el colectivo de abogados así como otros profesionales del derecho han venido expresando la necesidad de que fueran derogadas desde el convencimiento de que la Justicia es un servicio público en nuestro Estado social y democrático de Derecho, en pro de la igualdad y la defensa de la posibilidad del ejercicio de la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos.
Durante todo este tiempo, los efectos de la crisis junto con las medidas de austeridad y recaudación, como la implantación de las tasas judiciales, además de ahogar a la mayoría de la población de clase media han fomentado incluso la pérdida de oportunidad para emprender acciones judiciales en defensa de derechos básicos, ya que a los gastos de los profesionales y posibles riesgos de una condena en contra había que sumar el pago de una tasas judiciales que en algunos casos según la cuantía de los asuntos podía llegar a ser de varios miles de euros, por lo que un gran número de ciudadanos han visto mermada su capacidad litigante y por tanto la tutela judicial que se exigible de un Estado de Derecho.
No obstante, aunque el Gobierno ha optado finalmente por ceder y eximir del pago de las tasas judiciales a los particulares, el colectivo de abogados, representado entre otros por el Consejo General de la Abogacía, del que forma parte el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, mantiene su histórica reivindicación derogatoria también para las PYMES, al entender justo que éstas no deban soportar el mismo gravamen que las grandes empresas, tal como preveía la normativa anterior, y por ser este colectivo uno de los más sensibles en cuanto a las fluctuaciones del mercado, las políticas bancarias y la presión fiscal. El ICAM, a través de su Decana y en su condición de Vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía, participa en una Comisión Mixta con el Ministerio de Justicia y la abogacía española para tratar sobre la revisión de la ley de tasas judiciales y sobre las diversas reformas legislativas en curso, habiendo logrado una de las más importantes reivindicaciones que nuestra profesión le demandaba.
Esperemos que en breve tengamos nuevas y buenas noticias para las PYMES y las eximan también del pago de las tasas judiciales.
Si te hemos presupuestado recientemente alguna actuación judicial puedes solicitar un nuevo cálculo en el que excluiremos las tasas judiciales. Pide más información a través de nuestros datos de contacto de la web www.abogadosquevedo.es.