Archivo de la etiqueta: administración

CALENDARIO DE DIAS INHABILES EN 2017 A EFECTOS DEL CÓMPUTO DE PLAZO

El 30 de Diciembre se ha publicado el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2017 a efectos del cómputo de plazos.

La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, que deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.

La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.

Ponemos a vuestra disposición el texto del BOE 315/2016, de 30 de diciembre de 2016, que puedes descargarte accediendo al siguiente ENLACE.

Para evitar confusiones nos parece interesante diferenciar entre la existencia de plazos en diversos ámbitos del Derecho para no equivocarse a la hora de realizar un cómputo y por cuanto a que es muy dispar la normativa que los regula:

– Ámbito de la Administración (LPAC): Estos son los que regula el texto a que hacemos referencia. En vía administrativa, el mes de agosto se considera mes hábil. Quedan a salvo los sábados, domingos y festivos, como el resto del año, tal y como establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que se consideran inhábiles. Los días hábiles suelen coincidir con el régimen de jornada y horarios de las Administraciones para la realización de gestiones, consultas, presentación de documentos en registro, etcétera, aunque no es preceptivo. Es importante tener en cuenta que a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015 (a partir del 2 de octubre de 2016) los sábados se consideran también días inhábiles a efectos del cómputo de plazos de carácter administrativo.

Cómputo: cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales se hará constar esta circunstancia expresamente en la norma o en las correspondientes notificaciones. Los plazos expresados en días meses o años se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Asimismo hay que tener en cuenta que para calcular el plazo para el pago de tasas e impuestos, como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos determinados (ITPYAJD), el impuesto de sucesiones y donaciones (ISD), el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) o plusvalía municipal, etcétera, los días del mes de agosto sí que se computan.

– Plazos a efectos civiles (CÓDIGO CIVIL).- Establecidos para el cumplimiento de obligaciones y contratos, también aplicable al ámbito mercantil y a la prescripción y caducidad de las acciones (pago, reclamación de cantidad, nulidad, etcétera).

En el cómputo civil de los plazos se tienen en cuenta los días naturales, siempre que no se establezca otra cosa, por lo que no se excluyen los días inhábiles. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.

– Plazos procesales o judiciales, con carácter general (LOPJ Y LEC).- A efectos de presentar escritos de oposición, recursos, contestación a diligencias, etcétera, en el orden civil y mercantil, Ley son inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma o localidad. Serán también inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales de ámbito civil, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones. Los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en la LEC y el Código Civil. En los señalados por días quedarán excluidos los inhábiles y si el último día de plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

En la jurisdicción Contencioso-administrativa, como norma general durante el mes de agosto tampoco correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro plazo de los previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, a excepción del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto para la instrucción de las causas criminales, ya que todos los días son hábiles (ver Ley de Enjuiciamiento Criminal) y ciertos procedimientos de jurisdicción social, es decir, conflictos de carácter laboral (ver Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social).

Según todo lo anterior son días inhábiles con carácter general en el ámbito de la Administración para el cómputo de plazos durante el 2017:

  1. a) En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no ha ejercido la facultad de sustitución.
  2. b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos.
  3. c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles.

Los días inhábiles de 2017 a que se refieren los puntos a) y b) que no coinciden con sábado o domingo se recogen, se especifican por meses y por Comunidades Autónomas, y se pueden consultar en el anexo adjunto.

ENERO.- Día 2: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Murcia, Ciudad de Melilla. Día 6: FESTIVO NACIONAL.

FEBRERO.- Día 28: Andalucía.

MARZO.- Día 1: Illes Balears. Día 20: Extremadura, Madrid.

ABRIL.- Día 13: Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla. Día 14: FESTIVO NACIONAL. Día 17: Illes Balears, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, La Rioja. Día 24: Aragón, Castilla y León.

MAYO.- Día 1: FESTIVO NACIONAL. Día 2: Madrid. Día 17: Galicia. Día 30: Canarias. Día 31: Castilla-La Mancha.

JUNIO.- Día 9: Murcia, La Rioja. Día 15: Castilla-La Mancha.

JULIO.- Día 25: Galicia, Navarra, País Vasco. Día 28: Cantabria.

AGOSTO.- Día 15: FESTIVO NACIONAL.

SEPTIEMBRE.- Día 1: Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla. Día 8: Asturias y Extremadura. Día 11: Cataluña. Día 15: Cantabria.

OCTUBRE.- Día 9: Comunidad Valenciana. Día 12: FESTIVO NACIONAL.

NOVIEMBRE.- Día 1: FESTIVO NACIONAL.

DICIEMBRE.- Día 6: FESTIVO NACIONAL. Día 8: FESTIVO NACIONAL. Día 25: FESTIVO NACIONAL. Día 26: Cataluña.

Para mayor claridad se puede acceder al anexo normativo con pinchando en el siguiente enlace al CALENDARIO DE LOS DIAS INHABILES en 2017 a efectos de ¡k cómputo de los plazos administrativos.

Si tienes alguna deuda que entiendes prescrita o algún derecho que puede prescribir si no lo demandas,  tienes créditos pendientes de pago y no acaban de abonarte, tienes alguna duda en relación a los plazos para contestar una demanda o presentar un recurso, consulta en materia de prescripción de obligaciones y deudas o cualquier otro tipo de cuestión jurídica en relación a los plazos civiles o procesales en www.abogadosquevedo.es podemos asesorarte. Pide cita en los teléfonos de referencia o a través de correo electrónico de nuestra página de contacto.

 

 

El plazo para declaración de bienes y derechos situados en el extranjero finaliza el 31 de marzo.

El plazo para la presentación del modelo 720 relativo a la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero finaliza el 31 de marzo.

A continuación le informamos de manera detallada sobre el contenido de esta obligación por si estuviera en alguno de los supuestos que conlleve la obligación de presentar el modelo 720.

Deberá suministrarse a la Administración Tributaria información sobre los siguientes activos:

Obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.

Establece la Ley la obligación de informar sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición.

La información se refiere a money-209090_640cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito y cualesquiera otras cuentas o depósitos dinerarios con independencia de la modalidad o denominación que adopten y de que exista o no retribución.

La información a suministrar a la Administración tributaria comprenderá:

  1.  La razón social o denominación completa de la entidad bancaria o de crédito así como su domicilio.
  2.  La identificación completa de las cuentas.
  3.  La fecha de apertura o cancelación, o, en su caso, las fechas de concesión y revocación de la autorización.
  4. Los saldos de las cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año.

Quedarán exceptuadas de la obligación de información las siguientes cuentas:

  • Aquéllas de las que sean titulares personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, establecimientos permanentes en España de no residentes, registradas en su contabilidad de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas.
  • Aquéllas de las que sean titulares las personas físicas residentes en territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, registradas en dicha documentación contable de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas.
  • Aquéllas de las que sean titulares personas físicas, jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, abiertas en establecimientos en el extranjero de entidades de crédito domiciliadas en España, que deban ser objeto de declaración por dichas entidades conforme a lo previsto en el artículo 37 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, siempre que hubieran podido ser declaradas conforme a la normativa del país donde esté situada la cuenta.
  • No hay obligación de informar sobre ninguna cuenta cuando los saldos a 31 de diciembre no superen, conjuntamente, los 50.000 euros, y la misma circunstancia concurra en relación con los saldos medios del cuarto trimestre. De superarse conjuntamente los límites anteriores hay que informar sobre todas las cuentas.

Obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero.

Se deberá informar sobre cualesquiera títulos, notario-917149_640activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero.

La información comprende los siguientes valores:

i) Los valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica.

ii) Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios.

iii) Los valores aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y “trusts” o masas patrimoniales que, no obstante carecer de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico.

(iv) Acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de IIC situadas en el extranjero de las que sean titulares o tengan la consideración de titular real).

(v) Seguros de vida o invalidez cuando la entidad aseguradora se encuentre situada en el extranjero.

(vi) Rentas temporales o vitalicias como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, de derechos de contenido económico o de bienes muebles o inmuebles, a entidades situadas en el extranjero.

La declaración informativa contendrá los siguientes datos:

a) Tratándose de valores:

(i) Razón social o denominación completa de la entidad jurídica, del tercero cesionario o identificación del instrumento o relación jurídica, según corresponda, así como su domicilio.

(ii) Saldo a 31 de diciembre de cada año, de los valores y derechos representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas.

La información comprenderá el número y clase de acciones y participaciones de las que se sea titular, así como su valor.

(iii) Saldo a 31 de diciembre de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios.

La información comprenderá el número y clase de valores de los que se sea titular, así como su valor.

(iv) Saldo a 31 de diciembre de los valores aportados al instrumento jurídico correspondiente.

La información comprenderá el número y clase de valores aportados, así como su valor.

b) Tratándose de las acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva:

  1. Razón social o denominación completa de la institución de inversión colectiva y su domicilio.
  2. El número y clase de acciones y participaciones y, en su caso, compartimiento al que pertenezcan.
  3. Su valor liquidativo a 31 de diciembre.

c) Tratándose de seguros de vida o invalidez:

  1. Entidad aseguradora, razón social o denominación y domicilio
  2. Valor de rescate a 31 de diciembre

d) Tratándose de rentas temporales money-515820_640o vitalicias de las que sean beneficiarios a 31 de diciembre, como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, de derechos de contenido económico o de bienes muebles o inmuebles a entidades situadas en el extranjero:

  1. 1. Entidad aseguradora, razón social o denominación y domicilio

2. Valor de capitalización a 31 de diciembre

Estarán excluidos de la obligación de información los siguientes casos:

  • Cuando sea una persona jurídica o entidad residente en territorio español o si es un establecimiento permanente en España de no residentes, que lleven de forma individualizada en su contabilidad los valores, derechos, seguros y rentas.
  • Si los valores, según proceda en cada caso, no superan, conjuntamente, 50.000 €. Si se superara dicha cantidad (límite conjunto) se deberá informarse sobre todos los títulos, activos, valores, derechos, seguros o rentas.

Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero.

La declaración informativa contendrá los siguientes datos:

  1. Identificación del inmueble con especificación, sucinta, de su tipología, según se determine en la correspondiente orden ministerial.
  2. Situación del inmueble: país o territorio en que se encuentre situado, localidad, calle y número.
  3. Fecha de adquisición.
  4. Valor de adquisición.

En caso de titularidad de derechoshome-589068_640 sobre bienes inmuebles situados en el extranjero adquiridos en virtud de contratos de multipropiedad, además de la información anterior, deberá indicarse la fecha de adquisición de dichos derechos y su valor a 31 de diciembre (según las reglas de valoración establecidas en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio).

En caso de titularidad de derechos reales de uso o disfrute y nuda propiedad sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, además de la información señalada en los apartados a) y b), deberá indicarse la fecha de adquisición de dicha titularidad y su valor a 31 de diciembre (según las reglas de valoración establecidas en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio).

Quedarán excluidos de la obligación de información:

  • Aquéllos de los que sean titulares personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, así como establecimientos permanentes en España de no residentes, registrados en su contabilidad de forma individualizada y suficientemente identificados.
  • Aquéllos de los que sean titulares las personas físicas residentes en territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, registrados en dicha documentación contable de forma individualizada y suficientemente identificados.
  • No existirá obligación de informar sobre ningún inmueble o derecho sobre bien inmueble cuando los valores a que se refieren los apartados 2.d), 3 y 4 no superasen, conjuntamente, los 50.000 euros. En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todos los inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles.

ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN

La obligación de suministrar20140919_160252 información se extiende tanto a quienes ostenten la titularidad jurídica de los bienes objeto de la misma, como a quienes tengan la consideración de titulares reales (de acuerdo con el apartado 2 del art. 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo). Según la LPBC:

“A los efectos de la presente Ley, se entenderá por titular real:

  1. a) La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones.
  2. b) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes.
  3. c) La persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 25 por ciento o más de los bienes de un instrumento o persona jurídicos que administre o distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la persona o instrumento jurídicos.”

Sujetos obligados a presentar la declaración informativa (RD 1558/2012, de 15 de noviembre):

  • Personas físicas y jurídicas residentes en territorio español.
  • Los titulares, representantes, autorizados, o beneficiarios de cuentas financieras situadas en el extranjero, o quienes hayan tenido poderes de disposición sobre las mismas, o quienes hayan sido titulares reales en cualquier momento del año al que hace referencia la declaración.
  • Los titulares o quienes hayan tenido la condición de titulares reales de valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos en el extranjero en cualquier momento del año al que hace referencia la declaración y que hayan perdido tal condición a 31 de diciembre de ese año.
  • Los titulares o quienes hayan tenido la condición de titulares reales de bienes inmuebles o derechos sobre los mismos en cualquier momento del año al que hace referencia la declaración y que haya perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año.

Si en el año 2015, 2014 o 2013 hubiera presentado el modelo 720 correspondiente al año 2014, 2013 o 2012, le recordamos que no existe obligación de presentación en 2016, respecto al año 2015, en los siguientes supuestos:

  • En caso de obligación de información sobre cuentas en entidades financieras en el extranjero, no existe obligación de presentación en años sucesivos excepto cuando cualquiera de los saldos conjuntos de 50.000 €, hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 € respecto de los que determinaron la presentación de la última declaración.
  • Tratándose de la Obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero, no existe obligación de presentación en años sucesivos excepto cuando el valor conjunto de 50.000 € se hubiese incrementado más de 20.000 € respecto del que determinó la presentación de la última declaración.
  • Respecto de la obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, no habrá obligación de presentar declaración en años sucesivos excepto cuando el valor conjunto de 50.000 € se hubiese incrementado más de 20.000 € respecto del que determinó la presentación de la última declaración.

En todo caso se mantendría la obligación de presentación en el supuesto de que habiéndose declarado en 2015, 2014 o 2013 la información relativa al 2014, 2013 o 2012 se hubiesen transmitido bienes o cancelado alguno de los bienes declarados.

Si estuviera interesado en recibir asesoramiento personalizado al respecto no tiene más que ponerse en contacto con nosotros.call-15924__180

Qué hacer tras sufrir un accidente de tráfico por colisión con un animal salvaje

Hace poco un cliente nos consultó cómo actuar en caso de sufrir un accidente con un animal salvaje, dado que circula periódicamente por una carretera secundaria y la última vez que lo hizo un jabalí invadió la calzada por donde circulaba a una velocidad considerable, cruzándose a su vehículo, por lo que a punto estuvo  de salirse de la carretera al tener que dar un volantazo. Ponemos en vuestro conocimiento nuestras recomendaciones por si pueden serviros de ayuda.

Uno de los graves peligros de las carreteras  nacionales y sobre todo de las comarcales es la irrupción de ciervos y jabalíes que invaden la calzada interponiéndose en la marcha de los vehículos, causando frecuentes accidentes que generan graves daños tanto materiales como físicos, percances que han acarreado incluso víctimas mortales.

Además del sobresalto y del consecuente disgusto por los daños sufridos, el conductor tendrá que asumir las consecuencias de este hecho que la Administración ha considerado como previsible, por lo que nos obliga en nuestro periplo por la carretera a adquirir extrema destreza en la conducción y mantener la máxima atención al volante, especialmente en las vías que puedan considerarse de especial peligrosidad.

La Ley 6/2014, de 7 de abril, introdujo entre una serie de reformas en el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la correspondiente a la responsabilidad por atropellos de especies cinegéticas, es decir, de animales como ciervos o jabalíes que se puedan escaparse de un coto privado de caza e irrumpir sorpresivamente en nuestras carreteras, provocando accidentes por colisión o al tratar de eludirlos, trasladando casi toda la responsabilidad al conductor del vehículo. La nueva regulación viene a limitar considerablemente la responsabilidad de la Administración y de los propietarios de los cotos privados de caza, para cargarla, casi por completo, al sufrido ciudadano y, en consecuencia, por repetición, a la aseguradora de su vehículo.

La norma dice lo siguiente: “Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas: En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que irrumpan en aquéllas. No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquél. También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos.”

En consecuencia la responsabilidad recae prácticamente sobre el conductor, que tendrá que responder de los daños que le cause el atropello normalmente de un ciervo o jabalí que invade la calzada, tanto personales como en el vehículo, pero también responderá su seguro de los que pueda causar en el resto de vehículos afectados y sus ocupantes, y en otros elementos como los de señalización (señales verticales) y protección de la calzada (vallas, guarda-railes, etcétera).

El seguro normalmente responderá frente wild-659500__180a terceros, pero si no es a todo riesgo o contempla la colisión con especies cinegéticas como extensión de póliza no responderá nunca de los daños propios, por lo que las primeras horas tras el accidente son importantes para recabar prueba. Por ello es importante saber qué hacer tras una colisión.

Debemos tener en cuenta que normalmente los cotos tendrán seguros concertados para los días de montería, y que la legislación obliga a la Administración a señalizar los tramos presuntamente peligrosos por la posible irrupción de animales salvajes en la calzada.

Así resulta del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, que establece en su art. 149 el objeto y tipo de señales, recogiendo en el apdo. 5 una señal específica para el supuesto que ahora nos ocupa: “P-24. Paso de animales en libertad. Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales en libertad“.

Y por su parte, la ORDEN FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras (BOE n.º 83, de 5 de abril de 2014), establece que ” La posible presencia de animales sueltos (al atravesar la carretera cotos, reservas, parques nacionales, etc.) se advertirá mediante la señal P-24, complementada, en su caso, por un panel indicativo de la longitud afectada (apartado 2.2.4) – 7.11.2 Presencia de animales sueltos.”.

Respecto al vallado, la reciente Sentencia de 24 de Marzo de 2015 de Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Soria  determinó que, la interpretación de la mención a la valla de cerramiento debe hacerse conforme a los criterios generales de interpretación de las normas jurídicas, contenidas en el art. 3.1 CC , esto es, gramatical, lógico, histórico y sistemático. Con arreglo a una interpretación sistemática, entiendo que habrá obligación de reparar cuando la carretera deba disponer de valla de cerramiento, y eso sólo ocurre en los casos de autopistas, autovías y vías para automóviles, pero no en los casos de las carreteras convencionales. Una interpretación según la cual el precepto exige para todas las carreteras la existencia de vallado entiendo que resulta excesiva, y que entraría en contradicción con el citado art. 5. Por lo tanto, sólo cuando deba existir un vallado, éste no esté en condiciones y el accidente sea consecuencia de esta circunstancia, se podrá declarar responsabilidad de la Administración.

Cómo actuar.

Una vez sufrido el accidente, lo primero es preservar la salud de las personas afectadas, que tendrán que ser evacuadas o atendidas debidamente por personal sanitario especializado. Habrá que llamar al 112 o a la guardia civil para advertir del accidente y la peligrosidad de animales sueltos en la zona. Es importante llamar a la Guardia Civil para poder luego también solicitar las actas del accidente. Será importante actuar en caliente para intentar obtener ciertas pruebas de cara a poder luego demandar al responsable del accidente, pruebas que luego vamos a indicar de forma detallada. En caso de accidente el tiempo es oro, sobre todo cuando hay deficiencias en la señalización o el vallado, puesto que tras el parte de las autoridades se intentarán subsanar las deficiencias, preferentemente para evitar más accidentes, pero también para borrar posibles pruebas incriminatorias contra la Administración.

Para poder derivar una responsabilidad al propietario del coto tendremos básicamente que poder demostrar lo siguiente: que ha tenido lugar una acción cinegética en las doce horas inmediatamente anteriores al accidente.

Hay que tener en cuenta que cada comunidad es diferentestreet-sign-594473__180 y su normativa en materia de colindancias, plazos y trámites son distintos, por lo que habrá que solicitar información de la Comunidad Autónoma correspondiente, normalmente a través de la Consejería de medio ambiente. Una vez publicadas las órdenes de veda, que son diferentes en cada autonomía, se solicitan los permisos administrativos para la fecha de la montería, por lo que la montería deberán constar en los ficheros de la Administración autonómica los cotos de caza mayor con sus Planes de Aprovechamiento Cinegético y correspondientes permisos administrativos (comunicación previa a una acción cinegética, solicitud de autorización de acción cinegética y parte de resultado).

Hay que tener también en cuenta que los animales salvajes objeto de caza mayor son los siguientes:

  • Cabra montés (Capra pyrenaica).
  • Ciervo (Cervus elaphus).
  • Corzo (Capreolus capreolus).
  • Gamo (Dama dama).
  • Jabalí (Sus scrofa).
  • Muflón (Ovis musimon).
  • Arruí (Ammotragus lervia)

Asimismo las distintas actuaciones colectivas de caza mayor serán normalmente algunas de las siguientes: montería, gancho, rececho, batida, espera y ronda.

Para poder derivar una responsabilidad a la Administración tendremos que actuar con mayor rapidez para poder luego demostrar lo siguiente:

a) Resultar que el accidente se produjo en un tramo con acta accidentalidad por colisión con animales cinegéticos.

b) La inexistencia de señales como la P-24 colocadas en la zona.fence-652502__180

c) La ausencia de otras señales que adviertan al conductor de que ese riesgo de invasión de la calzada por animales salvajes.

d) La ausencia de valla protectora o alambrada, o la rotura de la misma, que no ha evitado la salida de animales de los cotos, especialmente cuando se trate de carreteras nacionales, que tendrán además unas especiales características de altura y continuidad.

Por tanto será importante contar con las siguientes pruebas:

1) Testigos: Que puedan verificar la invasión del animal salvaje en la calzada o, al menos, su presencia en las inmediaciones del accidente. Es importante tomar los datos a todo aquel que pare en la calzada a prestar auxilio o pueda haber sido testigo del accidente o de la irrupción del animal salvaje para poder luego citarle en el juicio si hace falta.

También habrá que hablar con el dueño del coto y, en su caso, buscar a testigos en la zona que hayan participado o que conocieran la convocatoria de la montería.

2) Actas oficiales:

– Acta del accidente que detalle el punto kilométrico y si hay restos o indicios de la invasión de la calzada por parte de un animal salvaje.

– Acta de Guardia civil respecto a la alta siniestralidad del tramo y de la ausencia de señales que la adviertan, en su caso.

– Acta del servicio de limpieza y conservación de carreteras, que indiquen la retirada del animal o de sus restos, si es que hubo atropello.

3) Fotografías del lugar del accidente, cuanto más recientes mejor, especialmente de las zonas de deficiencia del vallado, frenado del vehículo y restos del animal.

4) Acta notarial, que verifique la existencia en la fecha del accidente de una valla de cerramiento caída, a pocos metros de distancia del lugar del siniestro, bien por apreciación de las fotografías exhibidas o a ser posible mediante la presencia física del Notario en el lugar del accidente.

5) Relación de daños causados (facturas de taller mecánico, factura de clínicas, pruebas o intervenciones médicas, partes médicos de daños y secuelas, etc).

Nuestros abogados pueden asesorarte para efectuar una reclamación o preparar la prueba necesaria para presentarla en su día con la demanda. Ponte en contacto con nosotros de la forma que más cómoda te resulte (teléfono, correo electrónico, etc) para concertar una cita. La primera será totalmente gratuita.