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El derecho de visita de los abuelos a sus nietos prevalece aún en caso de oposición de los padres

Según jurisprudencia reciente el TS considera que el derecho de visitas de los abuelos a sus nietos es un derecho que beneficia a los menores sin que los padres se puedan oponer, salvo que exista justa causa para ello

Debido a la oposición de los hijos en que los abuelos visitaran a sus nietos, la abuela de los menores presentó demanda contra su hija reclamando el derecho de visitas respecto de sus tres nietos, todo ello a raíz de la interrupción de la relación familiar desde el año 2010.

Los demandados se opusieron a dicha pretensión y el Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda por razón del profundo enfrentamiento entre las partes, la rotunda oposición de los padres a que se reanude la relación de las niñas con la abuela, la posibilidad de que la demandante siga creyendo que fueron ciertos los hechos de una antigua denuncia, así como que hace cuatro años que los menores no tenían relación con la abuela.

Por ello consideraba impensable que la reanudación de la relación entre la demandante y los tres menores pudiera llevarse a cabo sin que los niños se vieran involucrados en el conflicto latente entre las partes y pudieran ser afectados negativamente por él.

Se consideró por tanto que en el reconocimiento de este derecho a los abuelos debía primar siempre el bienestar de los menores atendiendo a la edad de los mismos, por el tiempo que llevaban sin relacionarse con la abuela y el frontal enfrentamiento entre la demandante y los padres de los menores, considerando en este caso que no sería beneficioso para ellos que se estableciera un régimen de visitas, lo que constituye justa causa para denegar los solicitado.

La demandante recurrió en apelación y la Audiencia Provincial dictó sentencia por la que estimó el recurso y reconoció el derecho de la abuela a visitar a los menores los primeros sábados de cada mes, durante dos horas, salvo que las partes acuerden otro régimen, en el Punto de Encuentro Familiar, solicitándose informe transcurridos seis meses sobre la conveniencia de continuar con dicho régimen.

El asunto llegó al Tribunal supremo, ante el que se formula recurso por un solo motivo, en el cual se alega que la sentencia impugnada se opone a lo dispuesto por el artículo 160.2 del Código civil, en relación con la jurisprudencia de dicha sala, con cita de varias sentencias en cuanto a la prevalencia del interés de los menores, concurriendo en este caso justa causa para impedir el derecho de visitas.

La Sala recuerda haber declarado en varias sentencias que «El artículo 160.2 CC, a contrario sensu, permite denegar las relaciones del nieto con sus abuelos cuando concurra justa causa, que no define y que debe examinarse en cada uno de los casos que se deban enjuiciar. Esta norma y la interpretación jurisprudencial derivan de lo establecido en el artículo 8.1 de la Convención de Nueva York sobre los Derechos del Niño, que establece que “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos (…) las relaciones familiares de conformidad con la ley (…)”.

Asimismo evoca el contenido de la Exposición de Motivos de la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, mediante la que se modifica el artículo 160 del CC, que dice lo siguiente: «Los abuelos desempeñan un papel fundamental de cohesión y transmisión de valores en la familia, que es el agente de solidaridad por excelencia de la sociedad civil. Los poderes públicos han de fomentar la protección integral del menor y la familia en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 39 de nuestra Carta Magna.

El interés del hijo, principio rector en nuestro derecho de familia, vertebra un conjunto de normas de protección, imprescindibles cuando las estructuras familiares manifiestan disfunciones, ya sea por situaciones de crisis matrimonial, ya sea por abandono de relaciones familiares no matrimoniales o por cumplimiento defectuoso de los deberes por parte de los progenitores. En este ámbito, la intervención de los poderes públicos debe tender a asegurar el mantenimiento de un espacio de socialización adecuado que favorezca la estabilidad afectiva y personal del menor, a tenor del mandato contemplado en el artículo 39 de la Constitución que asegura la protección social, económica y jurídica de la familia. En este sentido, las normas vigentes del Código Civil dispensan un tratamiento exiguo a un elemento de significativa importancia en el desarrollo personal de los menores, esto es, las relaciones de los nietos con sus abuelos. El legislador no puede olvidar que el ámbito familiar no se circunscribe únicamente a las relaciones paterno-filiales que, aunque prioritarias, no pueden aislarse del resto de relaciones familiares. Tampoco se puede considerar que la mención residual del actual artículo 160 del Código Civil ponga suficientemente de manifiesto la importancia de las relaciones de los abuelos con sus nietos.

En consecuencia con todo lo anterior el recurso se desestima finalmente pues en forma alguna cabe entender según criterio del Alto Tribunal que la reanudación de una mínima relación entre abuela y nietos -dos horas al mes en el punto de encuentro- pueda estimarse en principio perjudicial para los menores, sino más bien lo contrario según el informe técnico a que se ha hecho referencia, sin perjuicio del necesario control sobre la evolución de la nueva situación creada.

A través de www.abogadosquevedo.es podemos asesorarte sobre los pasos a tomar para solicitar un régimen de visitas a menores, efectuar una reclamación de la pensión de alimentos, de la pensión compensatoria en caso de divorcio, sobre el convenio regulador, la liquidación del régimen económico matrimonial, la guarda y custodia de los hijos menores, sobre el uso y disfrute de los bienes comunes, y cualquier otra materias relacionada con el derecho de familia o sucesiones.

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El TS se ratifica en la doctrina de que las desavenencias entre los progenitores no tienen trascendencia suficiente para impedir el régimen de guarda y custodia compartida.

Las desavenencias entre los progenitores sobre puntos concretos de la organización de la vida cotidiana de las menores, como es el tema del comedor escolar o actividades extra-escolares no tienen trascendencia suficiente para impedir el régimen de guarda y custodia compartida frente al claro beneficio que supone para los menores compartir la vida con su padre y su madre.

La sala del Tribunal Supremo viene reiterando la bondad objetiva del sistema de guarda y custodia compartida que se posiciona por ello como el más recurrido.

A partir de la bondad del sistema la cuestión a dilucidar en cada caso será si ha primado el interés del menor al decidir sobre su guarda y custodia. Este interés exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel.

No obstante la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura efectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad, pero ello no quiere decir a que puedan existir desencuentros, propios de la crisis matrimonial, que no autoricen per se este régimen de guarda y custodia, salvo que afecten de modo relevante a los menores en perjuicio de ellos.

Para que la tensa situación entre los progenitores aconseje no adoptar el régimen de guarda y custodia compartida, será necesario que sea de un nivel superior al propio de una situación de crisis matrimonial.

A este respecto el Tribunal Supremo fundamenta lo siguiente:

– El régimen de guarda y custodia compartida es beneficioso para los menores por tener estos buenas relaciones con sus progenitores y la respectivas parejas de estos, así como por tener unas condiciones de vida cómodas, estables y saludables, con total adaptación al sistema.

– Aunque el informe psicosocial ponga de manifiesto que las malas relaciones entre los progenitores influyen en los niños no es suficiente para denegar la guarda y custodia compartida; los hijos sufren con frecuencia las consecuencias de las crisis matrimoniales de sus padres, pero no debe ser relevante y grave tal influencia cuando el propio informe aconseja, pese a lo anterior, el mantenimiento de la guarda y custodia compartida que se acordó provisionalmente en las medidas cautelares.

– A pesar de no ser buenas las relaciones entre los progenitores, la inexistencia de incidentes relevantes relacionados con las menores, de modo directo o indirecto, es suficiente para mantener dicho régimen.

– No existe ningún dato en el procedimiento del que pueda inferirse una situación de peligro o riesgo para los menores si se acuerda el régimen de guarda y custodia compartida.

– La denuncia de malos tratos presentada por la recurrente contra el recurrido resultó sobreseída por resolución firme.

– Las diferencias o divergencias razonables no tienen entidad o relevancia como para influir en un régimen de guarda que les resulta beneficioso, según lo ya expuesto.

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¿Puedo demandar a los abuelos el pago de una pensión de alimentos para mi hijo?

El Tribunal Supremo ha ratificado en reciente Sentencia la obligación de los abuelos a abonar una pensión de alimentos para la manutención de los nietos, si no pueden hacerlo los padres.

Al igual que por parte de los abuelos se les puede exigir a los padres el cumplimiento de un régimen de visitas para estar los nietos, en interés del menor, según reciente fallo del Tribunal Supremo los abuelos también tienen obligación de afrontar los gastos que generen sus nietos, ante la insolvencia de los padres, en cumplimiento del deber de abonar una la pensión de alimentos. El Tribunal Supremo ratifica de esta forma la obligación de los abuelos de abonar una pensión de alimentos a la progenitora, titular de la atribución de la guarda y custodia de la menor, para destinarla a la manutención y gastos de la nieta, cuando no había podido conseguirla de su padre.

La madre, pensionista con incapacidad y bajos ingresos, en representación de su hija interpuso demanda contra los abuelos en reclamación de alimentos para la menor, tras haber quedado acreditada la absoluta insolvencia del padre, el cual carece de todo tipo de bienes con los que hacer frente a las necesidades de la hija, teniendo además una enfermedad que le impide incorporarse al mercado laboral.

Solicitaba que se declarase la obligación de los abuelos paternos y maternos de prestar alimentos a su nieta, condenado a los abuelos paternos a que abonen a su nieta una pensión de 345 euros mensualmente, con efectos desde la interposición de la demanda, así como al abono del 75% de los gastos extraordinarios que genere la menor, incluyendo en tal concepto los gastos relativos a clases de música y de apoyo, condenando a los abuelos maternos a que abonen a su nieta una pensión de 115 euros mensualmente, con efectos desde la interposición de la demanda, así como al abono del 25% de los gastos extraordinarios que genere la menor, incluyendo en tal concepto los gastos relativos a clases de música y de apoyo.

Los abuelos maternos demandados se manifestaron conformes con la petición de alimentos realizada por la actora, estimando no obstante que su contribución debe limitarse a 80 ó 90 euros mensuales atendidos sus medios económicos.

Los abuelos paternos demandados negaron la procedencia de la reclamación de alimentos aduciendo la falta de legitimación pasiva de los mismos para prestar alimentos al hallarse obligado preferentemente para prestarlos el padre de la menor, añadiendo que en cualquier caso carecen de los medios económicos para prestarlos al estar ya prestando alimentos a tres de sus hijos, dos de los cuales residen en su domicilio y la tercera en un piso de su propiedad acudiendo a recibir manutención diariamente, solicitando por ello la desestimación de la demanda.

La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda, y contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, de forma que la Audiencia condenó a los demandados a que abonen las pensiones fijadas en la sentencia recurrida desde la fecha de interposición de la demanda, confirmando la sentencia de primera instancia en cuanto a los demás extremos.

El Tribunal Supremo admite el recurso por interés casacional, admitiendo el interés del menor por encima de cualquier otra cuestión y ratifica la Sentencia de la Audiencia provincial, si bien manifiesta que en ocasiones procederán los gastos extraordinarios si tienen relación con los conceptos recogidos en el art. 142 del C. Civil, a los que antes hicimos referencia (sustento, habitación, vestido y asistencia médica) y sobre los gastos extraordinarios y su conceptuación.

La recurrente cita dentro de la jurisprudencia, sentencias que hacen referencia las relaciones padre hijos, y no a las de los abuelos, por lo que no puede mantenerse la existencia de interés casacional por infracción de doctrina jurisprudencial, indicando que la norma aplicable entre ascendientes (abuelos) y descendientes (nietos) es el art. 143 del Código Civil.

En conclusión, los abuelos tienen obligación de afrontar los gastos que generen sus nietos, ante la insolvencia de los padres, de acuerdo con lo establecido en el art. 142 del C. Civil y con respeto estricto del principio de proporcionalidad (arts. 145 y 146 C. Civil).

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Se amplían los supuestos, las medidas de protección y los plazos de desahucio de las familias más vulnerables en casos de ejecución de hipoteca

Se amplían las medidas de protección de los deudores hipotecarios, los supuestos para entender cuales son las familias más vulnerables y  los plazos, hasta el 2.020, para proceder al  desahucio en caso de ejecución de hipoteca.

A través de un nuevo Real Decreto-ley se amplían las medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, así como la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Muchas familias afectadas nos han consultado que cuando si van a proceder a ejecutar  su desahucio en este próximo mes de mayo. Existen miles de familias que siguen ocupando su vivienda aún tras sentencia de ejecución hipotecaria e incluso cuando ya han perdido la titularidad de la casas, esperando a que se ejecute el lanzamiento. Es preciso apuntar que según parte de la doctrina a la que nos sumamos no hay desahucio sino en el ámbito de la ocupación por arrendamiento o precario, denominándose realmente lanzamiento cuando se trata de la recuperación del uso tras la pérdida de la titularidad de la vivienda. Omitiendo tecnicismos, la preocupación era que el próximo 15 de mayo  vencían los plazos previstos por el Gobierno en protección de las familias más vulnerables afectadas por la crisis en este sentido, por lo que se esperaba alguna medida de ampliación de los plazos debido a que en España no acabamos de salir de esta situación económica desfavorable.

Desde el año 2012 se adoptaron medidas para hacer frente a la situación de vulnerabilidad que afectaba a numerosas familias españolas como consecuencia de factores sobrevenidos tras la crisis económica y financiera. La protección del deudor hipotecario ha sido una preocupación constante y la acción de los poderes públicos se ha centrado en aquellos deudores sin recursos que atravesaban situaciones de especial debilidad.

Así, una de las primeras medidas adoptadas en este terreno fue la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables establecida en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectaba a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudicase al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, el real decreto‑ley, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impedía que se procediera al lanzamiento que culminaría, en su caso, con el desalojo de las familias.

Este real decreto‑ley fue convalidado y tramitado como proyecto de ley, lo que dio lugar a la aprobación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que mantenía la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encontraran en una situación de especial riesgo de exclusión.

Como complemento a estas normas, el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, que establecía un Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.

Próximo a finalizar el plazo de dos años fijado por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, y dado que muchas familias aún se encontraban en situación de vulnerabilidad, se consideró oportuno ampliar el plazo de suspensión de los lanzamientos tres años más. Con tal motivo, el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, modificó la Ley 1/2013, ampliando el plazo de suspensión de lanzamientos hasta el 15 de mayo de 2017.

Llegados al momento presente y, a pesar de las importantes acciones conducentes a procurar la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, así como mecanismos de flexibilización de los procedimientos de ejecución hipotecaria, existen razones económicas y coyunturales que justifican la adopción de tres tipos de medidas.

En primer lugar, se amplía el colectivo de familias que puede beneficiarse de las medidas del Código de Buenas Prácticas, incluyendo a familias con hijos menores o en las que exista una víctima de violencia de género.

Se entiende por tanto que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad:

1.º La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

2.º La unidad familiar monoparental con hijos a cargo.

3.º La unidad familiar de la que forme parte un menor de edad.

4.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente, para realizar una actividad laboral.

5.º La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

6.º La unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género.

7.º El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar según lo previsto en el propio Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

Asimismo, se modifica en este artículo el Código de Buenas Prácticas para dar la posibilidad de que aquellos beneficiarios de la suspensión de lanzamientos a la que se refiere el artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que sean a su vez clientes de las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas puedan solicitar a la entidad que les sea arrendada su vivienda en condiciones preferenciales por un periodo de hasta cinco años y cinco años más si así se acuerda con la entidad. Esta solicitud deberá realizarse en el plazo de seis meses a contar, bien desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, bien desde que la suspensión les sea aplicable, si esta fuera posterior a dicha entrada en vigor.

 

Además se plantea la ampliación, por un plazo adicional de tres años, hasta mayo del año 2020, de la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013. Asimismo, se amplía el ámbito subjetivo de aplicación, en la misma línea que el Código de Buenas Prácticas. En este sentido, se ajusta la Ley 1/2013, de 14 de mayo, en lo relativo a la definición de los supuestos de especial vulnerabilidad y se posibilita así que un mayor número de familias pueden acogerse a la suspensión.

La disposición adicional primera prevé el procedimiento de adhesión de las entidades financieras a esta nueva versión del Código de Buenas Prácticas con un ámbito de aplicación más inclusivo y con el derecho al alquiler para los beneficiarios de la suspensión de lanzamientos cuya entidad esté adherida a dicho Código.

Por último, la disposición adicional segunda insta al Gobierno a proponer en el plazo de ocho meses medidas destinadas a facilitar la recuperación de la propiedad por los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de su vivienda habitual, cuando esta hubiera sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Estas medidas tendrán en cuenta el precio de adjudicación de la vivienda y la posibilidad de que se descuenten determinadas cantidades del mismo para determinar el precio de venta al deudor.

En la presente regulación concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artículo 86 de la Constitución Española para la aprobación de los reales decretos-leyes. En el momento actual sigue siendo necesario hacer frente a la situación de aquellas familias que continúan sufriendo la adversidad económica, lo que justifica que se amplíe el ámbito subjetivo del Código de Buenas Prácticas. La ampliación del plazo de suspensión de lanzamientos, cuya finalización es inminente, se hace igualmente necesaria. El plazo previsto finalizará el 15 de mayo de 2017 por lo que recurrir al real decreto-ley como vehículo normativo para ampliar este plazo por otros tres años, está totalmente justificado. Es por ello por lo que la adopción de tales medidas exige acudir al procedimiento del real decreto-ley.

Se puede acceder al texto normativo mediante el siguiente ENLACE AL BOE

Podemos ayudarle solicitar la suspensión del procedimiento de desahucio.

El banco deberá acogerse a las medidas propuestas por el Gobierno y evitar el lanzamiento.

Puede pactar un arrendamiento asequible en su vivienda para los próximos 10 años.

Si tiene que negociar con el banco póngase en contacto con nosotros y le podremos atender personalmente. Intentaremos ayudarle en este asunto y  asesorarle en la tramitación de su reclamación. Podemos también actuar en su nombre.

Aunque se haya declarado el desahucio puede evitar que procedan al lanzamiento de su familia en la ocupación de su vivienda.

Puede pedirnos cita a través de la pestaña desplegable en la página de contacto de la web https://www.abogadosquevedo.es o telefónicamente llamando al 914454631. Antes de que se devengue cantidad alguna por cuenta de nuestros honorarios le presupuestaremos nuestra intervención.

Estamos especializados en ARRENDAMIENTOS Y DESAHUCIOS, RECLAMACIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS, RECLAMACIONES BANCARIAS, DEUDAS E IMPAGOS, RECOBRO DE DEUDAS A MOROSOS, REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, PLANTEAMIENTO DE CALENDARIO DE PAGOS Y ACUERDOS.

El divorcio tras la vuelta de las vacaciones

En espera de las estadísticas de 2.015 que saldrán publicadas en breve, dado que este fenómeno se repite año tras año, y por encontrarnos en época estival, trataremos el tema del divorcio a la vuelta de las vacaciones, y nos hacemos eco de  un artículo publicado por Carolina García el 25 de Julio de 2014 en la web WWW.ELPAIS.COM bajo el título “Pautas para que el verano no acabe en divorcio”, cuyo contenido analizamos en esta entrada.

Según este artículo no muchas relaciones superan la convivencia de la pareja durante las 24 horas del día, motivo por el que a la vuelta de vacaciones se produce un repunte en el número de consultas y planteamientos de divorcios, hecho que podemos corroborar según nuestra experiencia profesional.

De hecho en época estival es cuando se registran más rupturas –el 28% del total, según datos de septiembre de 2013, del Instituto Nacional de Estadística (INE)–, superando incluso los índices de divorcios producidos tras la Navidad y la Semana Santa.

El mayor número de divorcios tuvo lugar entre parejas con edades comprendidas entre los 40 y 49 años, habiendo aumentado los índices de ruptura conyugal durante el año 2014 en un 5,6%, llegando a sobre pasar los 100.000 divorcios en ese año.

justice-626461__180El divorcio se legalizó en España en 1981 y somos el tercer país con más separaciones legales de la Unión Europea; Aunque también es verdad que somos los que más tiempo permanecemos casados antes de dicha separación, más de 15 años de media, según el INE.

Pero para comprender el fenómeno del divorcio postvacacional debemos tener presente que las vacaciones significan dejar de lado las costumbres del día a día, la rutina, y nos obliga a pasar más tiempo en pareja y con los hijos.  Si durante el invierno las parejas llevan vidas rutinarias y generalmente por separado, al llegar el verano y las vacaciones pasan más tiempo juntos, por lo que las fricciones, las discusiones y los conflictos se disparan. Tenemos que reaprender a vivir juntos y, a veces, el roce no hace precisamente el cariño.

pair-707506_1920Además hay que añadir el hándicap de las nuevas obligaciones y la tensión generada por el cuidado de los hijos, ya que estos también están de vacaciones, a lo que se puede adicionar la estancia con la familia política, con la que generalmente se coincide en una segunda residencia familiar. El aumento de la tensión en la pareja y los desencuentros genera un nuevo período de estrés tras el cual la balanza puede inclinarse hacia la decisión de divorciarse.

Las pautas para que el amor sobreviva al verano, según el artículo mencionado, son las siguientes:

  1. La planificación. Tener claro lo que vamos a hacer durante las vacaciones es una buena herramienta de control. Sobre todo para evitar discusiones tan comunes como a qué hora levantarse, qué comer o cuándo ir a la playa.
  2. Reparto de tareas. Es la mejor forma de saber qué tiene que hacer quién y evitar el conflicto.
  3. Generosidad. Comunicación positiva a la hora de ceder. Entender los gustos de cada uno e intentar complacerse mutuamente. Por ejemplo: “Un trato: hoy vamos a ver el fútbol al irlandés y mañana con los niños a la playa”.
  4. Dedicarse tiempo. Aunque se viaje con hijos. Es importante sentir que aún se es parte de un todo. “Lo mejor es hacer actividades juntos y alternarlas con tiempos para cada uno”, propone Martínez. Por ejemplo, hacer una escapada juntos o reservarse un rato al día pueden ser buenos métodos. Propóngase hacer estas actividades vivas e intensas.
  5. Diálogo. Crear entornos de afecto, de escucha activa y en los que se puede hablar sin prejuicios.
  6. Disfrutar de las vacaciones. Sobre todo hay que recordar que el verano está para descansar y no para discutir.

Esperamos que toméis nota y sepáis de ahora en adelante aprovechar el período vacacional para descansar y disfrutar de la pareja.

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En otro caso podemos asesorarte sobre los pasos a tomar para plantear el divorcio, desde el cese de la convivencia, hasta la extinción del matrimonio incluso con liquidación del régimen económico matrimonial, incluyendo cuestiones relacionadas con el domicilio, guarda y custodia de los hijos menores a cargo del padre o de la madre, reclamación de la pensión compensatoria o de alimentos, uso y disfrute de los bienes comunes, etcétera.

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