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PROBLEMAS PARA PAGAR LA RENTA DEL LOCAL DE NEGOCIO POR CAUSA DEL COVID-19

En el BOE del pasado 22 de Abril se publica el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, que incluyen algunas soluciones para los inquilinos de local de negocio que se están viendo tan afectados por la crisis del COVID-19, medidas muy demandadas en los últimas semanas por la falta de intervención en este sector del alquiler para uso distinto al de vivienda.

Puedes acceder al texto completo de la resolución publicada en el BOE de 22 de abril de 2020 pincnando en el siguiente enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

NECESIDAD DE AFRONTAR LA SITUACION QUE SE LES PLANTEA A LOS ARRENDATARIOS POR PARTE DE LOS ARRENDADORES

Hay que destacar el hecho que a estas alturas y sobre todo si hay o se prevee falta de liquidez quien más y quien menos ya se ha puesto en contacto con el propietario del local para intentar buscar de forma consensuada medidas atenuantes de la situación que se plantea para ambas partes. No obstante lo anteiror, si en un primer momento nos parececía que el inquilino iba a ser el principal perjudicado por el estado de alarma, por la limitación a la libre circulación de personas, el cierre provisional de algunas las actividades y de algunos locales de negocios, especialmente de los comerciales y los del sector de hostelería, y en concreto si estan situados a pie de calle, no nos cabe duda que el arrendador se verá también afectado por la falta de liquidez, por la falta de rentabilidad o incluso por una hipotética imposiblilidad de continuar con del negocio. Hay por tanto razones para que ambas partes busquen soluciones al problema de falta de pago que se plantea a corto plazo, pero también al de falta de equilibrio entre prestacones que se puede plantear a medio plazo.  Es planteable y así lo viene afirmando la última doctrina el hecho de que en el momento de la perfección del contrato no se ha podido prever la incursión de la pandemia ni el estado de alarma y sus consecuencias, y que por tanto las prestaciones incialmente equilibradas pueden haberse visto alteradas por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles acaecidos con posterioridad.

Asimismo, si se acude a la regulación del Código Civil referida a la fuerza mayor, podría justificarse la resolución contractual en los casos más graves y ante la falta de acuerdo se prevé, salvo que se apruebe una regulación específica en línea con la cláusula «rebus sic stantibus», de elaboración jurisprudencial, un aluvión de demandas en el sentido de pretender  el inquilino que se modulen o modifiquen judicialmente obligaciones contractuales cuando concurran los requisitos exigidos de imprevisibilidad e inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva onerosidad de la prestación debida y buena fe contractual.

PACTOS ENTRE ARRENDADOR  E INQUILINO

acuerdo

Los primeros pactos que hemos podido confirmar son acuerdos de aplazamiento parcial del pago de rentas, a compensar en futuras mensualidades , si bien en algunos casos también se han pactado rebajas de la renta durante equis meses (normalmente durante el estado de alarma) o incluso, los que menos, han acordado incluso la suspensión de la obligaicón del pago durante el estado de alarma. Todas estas medidas deben ser pactadas por escrito y supervisadas por profesional ya que pueden tener importantes efectos fisacales. Recordamos que hay doctrina muy reciente de la DGT que esta

blece que la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido se debe interpretar siempre desde la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su interpretación de la Directiva 2006/112/CEE, de 28 de noviembre, del Consejo (EDL 2006/310570) relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

Los Técnicos de Hacienda manifiestan que el IVA se seguirá devengando mientras la renta sea exigible por parte del propietario. Esto supone que el propietario que es quien debe repercutir el impuesto tiene la obligación de ingresarlo a hacienda en los plazos trimestrales que vienen reglados, haya o no recibido la totalidad o parte del pago de su inquilino, aunque en caso de impago existan luego procedimientos para recuperarlo. Conceptos equívocos pueden dar lugar a sanciones o en el mejor de los casos se planteará gran inseguridad jurídica por cuanto quedan a expensas del criterio del inspector o incluso.

De una u otra forma y entre tanto se acalaran las circunstancias, existe para el arrendador la opción de aplazar el pago hasta un máximo de seis meses, con exención de pago de intereses durante los tres primeros meses, por motivo de la medida, de carácter general establecida para todos los impuestos y contribuyentes, en el ámbito de competencias de la Administración tributaria, a través del Real Decreto-ley 8/2020, por el que se adopoptan medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Puedes examinar las medidas de aplazamiento de carácter general en el siguiente ENLACE con el que accederás a la página de Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 la Agencia tributaria.

INEXISTENCIA DE PACTO Y NUEVAS MEDIDAS APROBADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 15/2020

dinero

En caso de que por voluntad de las partes e iniciativa propia aún no se haya panteado el asunto entre inquilino y arrendador del local de negocio, y no existan por tanto acuerdos definitivos en el sentido ya expuesto, entra el juego el Real Decreto-ley 15/2020 que viene a establecer nuevas medidas dirigidas a facilitar aplazamientos y evitar conflictos, según el arrendador se trate de empresa o entidad pública de vivienda, o grandes tenedores  y sociedades patrimoniales (10 o más inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2) o no lo sean (lo que se conoce como el arrendador  común, que no es empresa ni profesional del sector inmobiliario).

Para grandes tenedores se podrá solicitar en el plazo de un mes desde la moratoria en el pago durante el periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, hasta un máximo de un total de cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses pero deberá abonarse  a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años.

Para otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda la solución que ofrece es disponer libremente las partes de la fianza para destinarse al pago total o parcial de alguna
o algunas mensualidades de la renta arrendaticia, sin perjuicio de su posterior reintegro por el arrendatario en el plazo de un año.

En ambos casos el arrendatario, en este caso autónomos y pymes, deben acreditar los requisitos y estar dentro del colectivo afectado (con suspensión de actividad o afectación en la facturación de al menos el 75% de ingresos). Para ver los requisitos os facilitamos el siguiente enlace al BOE de 22 de Abril. 

 

covid-19

Ampliación de medidas en el ámbito social y económico para hacer frente a la crisis del COVID-19.

Con fecha de 1 de abril  se ha publicado el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Puede acceder mediante el siguiente ENLACE al texto consolidad del Real Decreto-ley publicado en el «BOE» núm. 91, de 01 de abril de 2020.

A continuación hacemos un  síntesis de la exposición de motivos que recoge las principales motivaciones y un compendio las medidas adoptadas:

AYUDAS AL ALQUILER

En España, en el 85% de los arrendamientos de vivienda el propietario es una persona física, pequeño propietario. Esta particularidad del mercado del alquiler en España hace especialmente necesario que las medidas adoptadas faciliten los acuerdos entre las partes para permitir el pago de las rentas. Se establecen por ello propuestas en este ámbito dirigidas a la necesaria protección a los colectivos más vulnerables que puedan ver sensiblemente afectada su capacidad para hacer frente al alquiler, al tiempo que se garantiza un equilibrio entre las partes que impida que la vulnerabilidad de los arrendatarios sea trasladada a los arrendadores, especialmente a aquellos para los que los ingresos generados por la renta del alquiler pueden ser esenciales.

padre con bebé

En este contexto, las medidas adoptadas en este real decreto-ley están orientadas a un triple objetivo: Primero, responder a la situación de vulnerabilidad en que incurran los arrendatarios de vivienda habitual como consecuencia de circunstancias sobrevenidas debidas a la crisis sanitaria del COVID-19, especialmente aquellos que ya hacían un elevado esfuerzo para el pago de las rentas, pero también aquellos que, sin estar previamente en esa situación, se encuentren ahora en ella circunstancialmente. Segundo, diseñar medidas de equilibrio que impidan que, al resolver la situación de los arrendatarios, se traslade la vulnerabilidad a los pequeños propietarios. Y, tercero, movilizar recursos suficientes para conseguir los objetivos perseguidos y dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad.

Para saber si está en situación de especial vulnerabilidad y la documentación que tendrá que presentar puede acceder al sliguiente ENLACE.

SUSPENSION DE LANZAMIENTOS EN DESAHUCIOS Y PRÓRROGA DE CONTRATOS DE ALQUILER

Con estos objetivos, el real decreto-ley establece, entre otras medidas, la suspensión de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

Asimismo, se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica.

En este sentido, también se incorpora un nuevo programa de Ayudas al Alquiler y la creación,de una línea de avales del Estado específica (ICO) a la que podrán tener acceso todos aquellos hogares que puedan estar en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la expansión del COVID-19 y que no comportará ningún tipo de gastos o intereses para el solicitante.

AYUDAS AL DEUDOR HIPOTECARIO

En segundo lugar, se amplía el plazo de suspensión a 3 meses y se realizan ajustes técnicos para facilitar la aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual introducida por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

hipotecaConcretamente, se clarifica que las cuotas suspendidas no se deben liquidar una vez finalizada la suspensión, sino que todos los pagos futuros se deben posponer lo que haya durado la suspensión. Se clarifica asimismo el concepto de «gastos y suministros básicos» a efectos de la definición del umbral de vulnerabilidad, incluyendo en este concepto los gastos asociados a suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente y de los servicios de telecomunicación fija y móvil y se adapta la acreditación de vulnerabilidad a las dificultades derivadas del estado de alarma que pueda impedir la obtención de determinados documentos, mediante la presentación de una declaración responsable.

AYUDAS A AUTONOMOS, EMPRESARIOS Y PROFESIONALES

La moratoria de la deuda hipotecaria del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, inicialmente prevista para la vivienda habitual de las personas físicas se extiende ahora a dos nuevos colectivos: el de los autónomos, empresarios y profesionales respecto de los inmuebles afectos a su actividad económica, de un lado, y a las personas físicas que tengan arrendados inmuebles por los que no perciban la renta arrendaticia en aplicación de las medidas en favor de los arrendatarios como consecuencia del estado de alarma.

AYUDAS DE FINANCIACIÓN Y CREDITOS AL CONSUMO

Además, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos no queden excluidos del sistema financiero al no poder hacer frente temporalmente a sus obligaciones financieras como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, de forma paralela a financiación hipotecaria de la vivienda, este real decreto-ley amplía el alcance de la moratoria a los créditos y préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad económica, incluyendo los créditos al consumo.

Para compatibilizar esta nueva moratoria con la hipotecaria del Real Decreto-ley 8/2020 y la moratoria del alquiler de este real decreto-ley, se ajusta el régimen de acreditación de esta moratoria no hipotecaria con dos objetivos.

En primer lugar, se establece que no se tenga en cuenta la aplicación de una posible moratoria hipotecaria o de alquiler a efectos de calcular si se ha alcanzado o no el límite de la carga hipotecaria o la renta arrendaticia del 35% de los ingresos. Con ello se pretende garantizar el tratamiento equitativo de todos los acreedores y arrendadores.

Se pretende también abarcar la casuística de quienes no hagan frente a deudas hipotecarias o una renta arrendaticia deban hacer frente a uno o varios préstamos que le suponen más de un 35% de sus ingresos. El objetivo de la medida es extender a todo tipo de préstamo el alivio económico establecido por el Real Decreto-ley 8/2020 para las personas más necesitadas mediante la suspensión de los contratos de crédito o préstamo no hipotecario.

RESCATE DE PLANES DE PENSIONES

Para contribuir a aliviar las necesidades de liquidez de los hogares, se amplían las contingencias en las que se podrán hacer efectivos los derechos consolidados en los planes de pensiones recogiendo, con carácter excepcional, como supuestos en los que se podrá disponer del ahorro acumulado en planes de pensiones, la situaciones de desempleo consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo y el cese de actividad de trabajadores por cuenta propia o autónomos que se produzcan como consecuencia del COVID-19.

medidas aseguramiento suministro electricidadAYUDAS PARA CONSUMO ELECTRICO

En quinto lugar, se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social de electricidad, al que podrán acogerse, de manera excepcional y temporal, las personas físicas, en su vivienda habitual, con derecho a contratar el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, que tengan una renta igual o inferior a determinados umbrales referenciados al IPREM, y que acrediten ante la comercializadora de referencia, haber cesado en su actividad profesional como profesionales autónomos o haber visto su facturación reducida en un 75 por ciento en promedio respecto al semestre anterior.

GARANTIA DE SUMINISTROS

Las medidas de confinamiento y restricción de la movilidad traen aparejada la estancia ininterrumpida en el domicilio de la mayoría de los miembros del hogar. Adicionalmente, muchas actividades profesionales que, en circunstancias habituales se realizan fuera del hogar, se han trasladado a la vivienda. Por ello, los suministros energéticos (electricidad, gas natural, derivados del petróleo) y el suministro de agua adquieren, si cabe, una naturaleza aún más esencial.

En este contexto, en sexto lugar, se adopta un conjunto de medidas dirigidas a garantizar la continuidad del suministro energético y de agua para hogares mientras dure el estado de alarma. Para ello, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro a consumidores domésticos en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores.

Asimismo, el periodo de tiempo en que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los plazos de los procedimientos de suspensión del suministro iniciados con anterioridad a dicho periodo.

EMPLEAD@S DEL HOGAR

En séptimo lugar, se da respuesta al colectivo de las empleadas del hogar, especialmente vulnerables en las circunstancias actuales, dado que no disponen de derecho a la prestación por desempleo.

limpiezaPor ello, se crea un subsidio extraordinario temporal del que se podrán beneficiar ante la falta de actividad, la reducción de las horas trabajadas o la extinción del contrato como consecuencia del COVID-19. La cuantía del subsidio dependerá de la retribución percibida con anterioridad, así como de la reducción de actividad que se sufra, exigiéndose una prueba acreditativa de dicha reducción al empleador. Este subsidio es compatible con el mantenimiento de otras actividades y la cuantía máxima a recibir será el SMI sin pagas extraordinarias.

AYUDAS A PARADOS

La crisis sanitaria motivada por el COVID-19 ha desencadenado nuevas situaciones de necesidad vinculadas a la falta de empleo y ha agravado la situación en la que se encontraban personas desempleadas con anterioridad. Aunque el sistema estatal de subsidios de desempleo y también los sistemas asistenciales de las comunidades autónomas han servido para dar respuesta a algunas de estas situaciones, resulta necesario completar el ámbito de la cobertura a efectos de que queden incluidas las nuevas situaciones de necesidad por falta de empleo generadas por la actual crisis sanitaria. Un colectivo particularmente afectado por la actual situación y que puede no encontrarse entre los que dan lugar a alguna cobertura de la Seguridad Social o de cualquier otra Administración pública es el constituido por aquellas personas trabajadoras cuyo contrato temporal llega a su fin con posterioridad a la declaración del estado de alarma.

construccion

AYUDAS POR MOTIVO DE SUSPENSION DE CONTRATOS POR ERTE

Aunque en el Real Decreto-ley 9/2020 se establecieron medidas para que, en caso de suspensión de contratos, se interrumpa el cómputo de los contratos temporales, esta previsión no evita totalmente que existan finalizaciones de contratos temporales con posterioridad a la declaración del estado de alarma que no estén cubiertos por el sistema establecido para las personas desempleadas por haber estado afectadas por la suspensión o reducción de jornada establecida en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020. La situación en la que quedan estas personas debe ser atendida con medidas excepcionales dada la dificultad de acceso al empleo al menos mientras dura la situación de crisis sanitaria.

SUBSIDO PARA TRABAJADORES TEMPORALES

El subsidio por circunstancias excepcionales aplicable al colectivo de trabajadores temporales cuyo contrato se extingue porque llega a su fin se configura sin requisito de carencia precisamente para equiparar su situación en lo posible a la de las personas que sí han sido incluidas en un expediente de regulación temporal de empleo y que han podido acceder, aun sin cumplir la carencia establecida, a la correspondiente prestación de desempleo. El único requisito que se exige es la duración mínima establecida del contrato cuyo fin ha llegado, y que debe ser de al menos dos meses. Esta duración del contrato temporal permite identificar la existencia de una expectativa profesional y excluye por tanto las relaciones contractuales esporádicas.

Puede acceder al texto consolidad del Real Decreto-ley publicado en el «BOE» núm. 91, de 01 de abril de 2020 mediante el siguiente ENLACE.

Seguiremos informando según se aprueben nuevas medidas que pensemos puedan interesar a nuestros lectores o seguidores que sin duda se habrán visto afectados por la crisis del COVID-19.

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CORONAVIRUS

Primeras medidas urgentes en el ámbito económico y social por la crisis del COVID-19

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, establece las primeras medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

La pandemia de COVID-19 está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global. Tal y como declaró la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, el brote de COVID-19 se ha convertido en la última semana en una pandemia. Inicialmente localizado en la región china de Hubei, en las últimas semanas el brote de COVID-19 se ha propagado rápidamente por todo el mundo.

PRIMERAS MEDIDAS URGENTES

Este Real Decreto-ley 8/2020 viene a establecer las primera medidas urgentes da respuesta a las circunstancias económicas excepcionales señaladas, sumándose a las medidas adoptadas a nivel comunitario y completando las tomadas por el Gobierno en las últimas semanas.

El pasado 10 de marzo, el Gobierno adoptó un Real Decreto-ley para disponer que la situación de las personas forzadas a permanecer en su domicilio por razones sanitarias tendrá consideración de incapacidad temporal por accidente laboral.

El 12 de marzo se adoptó otro Real Decreto-Ley con medidas urgentes de refuerzo del sistema sanitario, apoyo a familias y a empresas directamente afectadas, que moviliza recursos por importe de más de 18.000 millones de euros, incluyendo un refuerzo del sector sanitario de aproximadamente 3.800 millones de euros y medidas de liquidez y reducción de costes de las empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas y autónomos y en el sector turístico. Asimismo, se reforzó la capacidad de la Administración de reaccionar ante situaciones extraordinarias, agilizando el procedimiento para la contratación de todo tipo de bienes y servicios que sean necesarios.

Este Real Derceto-Ley 8/2020 viene a establecer las primeras medidas concretas directamente aplicables y dirigidas a los sectores más afectados por la cirsis del coronavirus. Pueden acceder al contenido del texto consolidado donde vienen las medidas concretas pinchando el siguiente ENLACE al BOE.

balconesRESTRICCIONES A LA MOVILIDAD

La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, ha requerido la adopción del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que ha declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, incluyendo limitaciones a la libertad de circulación, requisas temporales y prestaciones personales obligatorias y medidas de contención en el ámbito educativo, laboral, comercial, recreativo, o en lugares de culto.

En el contexto actual, el real decreto-ley comentado amplía las medidas ya tomadas con un paquete económico y social de gran alcance y magnitud, con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, dando prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas más directamente afectadas.

En concreto, las medidas adoptadas en este real decreto-ley están orientadas a un triple objetivo. Primero, reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; segundo, apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo; y tercero, reforzar la lucha contra la enfermedad.

Resumimos el contenido del Real Decreto-Ley 8/2020 publicado en: «BOE» núm. 73, de 18/03/2020, que entró en vigor el 18/03/2020  (Referencia:BOE-A-2020-3824) ya que por su importancia y la cantidad de colectivos a los  que afecta entendemos resultará interesante para nuestros lectores, y que podrán analizar en toda su extensión pinchando el siguiente ENLACE al BOE.

MEDIDAS DE APOYO A FAMILIAS, TRABAJADORES Y COLECTIVOS VULNERABLES

familia

Así, se adoptan medidas para garantizar la asistencia a domicilio de las personas dependientes, para ampliar la protección en el ámbito energético y de suministro de agua, así como en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. También se refuerza la protección de los trabajadores autónomos y se dispone una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de los colectivos particularmente vulnerables.

TELETRABAJO

Con el fin de ejecutar las medidas de contención previstas por la normativa aplicable, garantizando al mismo tiempo la continuidad de la actividad empresarial y las relaciones laborales, se priorizarán los sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiéndose facilitar las medidas oportunas para hacerlo posible, en aquellos puestos en que resulta posible, por su capacidad potencial de reducir la probabilidad de exposición y contagio por COVID-19.

quedateencasaCONCILIACION LABORAL

Asimismo, en quinto lugar, se establecen medidas para favorecer la conciliación laboral, mediante el derecho de los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado a personas dependientes por las circunstancias excepcionales relacionadas con la prevención de la extensión del COVID-19 a acceder a la adaptación o reducción de su jornada, con la consiguiente disminución proporcional del salario. Resulta imprescindible evitar la aplicación de sanciones por falta de asistencia de la persona trabajadora al trabajo ante la necesidad de atender al cuidado de personas a su cargo, multiplicadas en la situación actual ante el cierre de diversos establecimientos públicos o concertados, como centros escolares, residencias de mayores o centros de día. El trabajador que lo requiera podrá solicitar preferentemente una adaptación de la jornada, que le permite mantener el trabajo y su retribución, o reducciones de intensidad baja a efectos de perder la mínima cuantía retributiva.

PROTECCION A DEUDORES HIPOTECARIOS – MORA HIPOTECARIA

El presente real decreto-ley adopta una medida de carácter urgente dirigida a asegurar la protección de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

AYUDA A AUTONOMOS

Asimismo se pone el acento en la casuística de los autónomos, particularmente afectados por la situación actual, creando una prestación extraordinaria por cese de actividad, que cubre la finalización de la actividad provocada por una situación en todo caso involuntaria.

GARANTIA DE LOS SUMINISTROS Y ACCESO A LAS TELECOMUNICACIONES

Se amplía la cobertura de colectivos vulnerables en el ámbito del suministro de servicios públicos esenciales, en particular en el ámbito del agua, el gas natural y la electricidad, y se congelan los precios correspondientes a los gases licuados del petróleo. El servicio de suministro domiciliario de agua potable para consumo humano es un servicio esencial que debe quedar garantizado, especialmente, en las actuales circunstancias.

Con este fin, se imposibilita el corte de suministro de agua por incumplimiento de contrato a los consumidores que tengan la condición de vulnerables, entendiendo por tales los que tienen esa condición conforme a la normativa en materia del sector eléctrico. Esta medida se aplica igualmente a los consumidores de gas natural. A los beneficiarios del bono social eléctrico se les prorrogará de forma automática el plazo de vigencia hasta el 15 de septiembre de 2020.

telefono movilTambién se establecen ciertas medidas también en materia de telecomunicaciones que, además de estar constituidas por redes y servicios que legalmente han sido calificadas de interés general, así como las comunicaciones electrónicas

Para garantizar que los ciudadanos, en las situaciones de contención y de movilidad reducida que ha supuesto la citada declaración del estado de alarma, puedan seguir accediendo a estos servicios y actividades es imprescindible asegurar el mantenimiento de la conectividad y que los servicios de comunicaciones electrónicas se sigan prestando por los operadores, al menos, en las mismas condiciones que en la actualidad, de forma que se deben mantener los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y no podrán suspenderse o interrumpirse, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de servicios suscritos entre operadores y consumidores. Asimismo, se establecen determinadas medidas para garantizar la prestación del servicio universal de telecomunicaciones. Por otra parte mientras esté en vigor el estado de alarma, se suspenderán todas las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil que no estén en curso, excepto en casos excepcionales de fuerza mayor.

SUSPENSION TEMPORAL DE CONTRATOS – ERTES

Se establecen asimismo medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos. Las medidas adoptadas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada (ERTEs) persiguen evitar que una situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo, dado que se priorizará el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos.

Por ello, en primer lugar, se especifica que las pérdidas de actividad consecuencia del COVID-19 tendrán la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada y se agiliza la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo, tanto por fuerza mayor, como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

calculadoraAsimismo, ante la extraordinaria situación de gravedad, en el presente real decreto ley se refuerza la cobertura a los trabajadores afectados por un ERTE, posibilitándoles que tengan acceso a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización necesario para tener acceso a ella y, adicionalmente, que el periodo de la suspensión del contrato o la reducción de la jornada durante el que estén percibiendo dicha prestación no les compute a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos.

Por su parte, con el objetivo de aligerar los costes en los que incurren las empresas, en los casos de fuerza mayor regulados en este real decreto-ley, otra de las novedades incorporadas, es la exoneración a las empresas del pago del 75 % de la aportación empresarial a la Seguridad Social alcanzando dicha exoneración el 100 % de la cuota cuando se trate de empresas de menos de 50 trabajadores, siempre que éstas se comprometan a mantener el empleo. incentiva el mantenimiento del capital humano ya formado.

MEDIDAS FINANCIERAS Y GARANTIA DE LIQUIEDEZ

Se establecen medidas de garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia de la situación generada por el COVID-19.

  • Línea de avales para las empresas y autónomos.
  • Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar los importes de las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos

AGILIZACION DE TRAMITES ADUANEROS

Se agilizan los trámites aduaneros de importación en el sector industrial.

SUSPENSION DE PLAZOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS

En atención a las dificultades que la situación excepcional generada por el COVID-19 puede entrañar para los obligados tributarios en orden a cumplir ciertas obligaciones tributarias y trámites en procedimientos de carácter tributario, fundamentalmente para atender requerimientos y formular alegaciones en plazo en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores tributarios y algunos de revisión en materia tributaria, resulta aconsejable flexibilizar los plazos con los que cuenta el contribuyente para favorecer su derecho a alegar y probar y facilitar el cumplimiento del deber de colaborar con la Administración Tributaria del Estado y de aportar los documentos, datos e información de trascendencia tributaria de que se trate.

A tal efecto, se ha tenido en cuenta lo dispuesto sobre suspensión de plazos administrativos para el ámbito de los procedimientos de entidades del sector público a que se refiere la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 20 de marzo, de declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, si bien con un ámbito especial y más concreto, el de ciertos procedimientos tributarios, y con un horizonte temporal a favor del obligado que puede superar el de vigencia inicial del estado de alarma. Por esta misma razón, en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias, se flexibilizan los plazos para el pago, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento (no se establecen sin embargo medidas de aplazamiento para la presentación o declaración de impuestos). 

excavadoraPROHIBICION DE RESOLUCION DE CONTRATOS SUSCRITOS CON ADMINIISTRACIONES PUBLICAS

En cuarto lugar, se establecen medidas para evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial derivados de la suspensión de contratos públicos, impidiendo la resolución de contratos públicos por parte de todas las entidades que integran el sector público y evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades autónomas o las entidades que integran la Administración local y todos sus organismos públicos y entidades de derecho público tengan un impacto estructural negativo sobre esta parte del tejido productivo. Para evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las CCAA o la Administración local para combatirlo puedan dar lugar a la resolución de contratos del sector público se prevé un régimen específico de suspensión de los mismos.

AYUDAS FINANCIERAS PARA LOS AGRICULTORES ENDEUDADOS

Por último, se incorpora en este capítulo una disposición que permita facilitar que, de manera voluntaria, los prestatarios de créditos financieros concedidos a titulares de explotaciones agrarias.

APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO – AYUDAS I+D

El capítulo IV establece medidas de apoyo a la investigación sobre el COVID-19.

REGIEMEN ESPECIAL APLICABLE A CONVENIOS DEL SECTOR PUBLICO

Finalmente, el capítulo V establece medidas adicionales para permitir una respuesta adecuada a la situación excepcional, entre las que destaca un régimen particular para la suscripción de convenios de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público relacionados en el ámbito de la gestión de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19.

MEDIDAS EN EL AMBITO MERCANTIL APLICABLE A LAS SOCIEDADES Y OTRAS ENTIDADES

  • Posibilidad de celebracion de sesiones de los órganos de gobierno y de administración de sociedades y asociaciones por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple.
  • Posibilidad de celebracion de las juntas o asambleas de asociados o de socios podrán celebrarse por video o por conferencia telefónica múltiple.
  • La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.
  • En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma o durante la vigencia del mismo, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, tanto si la auditoría fuera obligatoria como voluntaria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
  • La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.
  • Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria.
  • En relación con la propuesta de aplicación del resultado las sociedades podrán sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria por otra propuesta.
  • El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y levante acta de la reunión podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.
  • Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.
  • El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
  • En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado.
  • En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.
  • Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.

OTRAS MEDIDAS DE INDOLE MERCANTIL

  • Medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las Sociedades Anónimas Cotizadas.
  • Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del real decreto de declaración del estado de alarma.
  • Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso.

Pueden acceder al contenido del texto consolidado del Real Decreto-Ley 8/2020 pinchando el siguiente ENLACE al BOE.

Seguiremos informando de las principales disposiciones con relación a las medidas aprobadas para frenar la crisis del COVID-19.

¿Cómo tributa la devolución por parte de las entidades financieras de los intereses previamente satisfechos por los contribuyentes como consecuencia de las cláusulas suelo?

¿Cómo tributa la devolución por parte de las entidades financieras de los intereses previamente satisfechos por los contribuyentes como consecuencia de las cláusulas suelo?

La Agencia Tributaria ha publicado un comunicado en su página web en el que informa públicamente de la forma de tributación de las devoluciones recibidas por las entidades bancarias en reclamación de la nulidad de la cláusula suelo en las hipotecas.

Según la Agencia Tributaria, la disposición adicional cuadragésima quinta a la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, tiene como finalidad regular los efectos fiscales derivados de la devolución por parte de las entidades financieras, de los intereses previamente satisfechos por los contribuyentes como consecuencia de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos concertados con aquellas, tanto si la devolución de tales cantidades deriva de un acuerdo celebrado entre las partes como si es consecuencia de una sentencia judicial o de un laudo arbitral.

La disposición adicional establece en su apartado 1 que las cantidades devueltas derivadas de acuerdos celebrados con entidades financieras, bien en efectivo bien mediante la adopción de medidas equivalentes de compensación, previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos, no deben integrarse en la base imponible del impuesto. Tampoco se integrarán en la base imponible los intereses indemnizatorios relacionados con los mismos.

Por tanto, no procede incluir en la declaración del IRPF ni las cantidades percibidas como consecuencia de la devolución de los intereses pagados ni los intereses indemnizatorios reconocidos, por aplicación de cláusulas suelo de interés.

No obstante, establece unos supuestos de regularización, en los casos en que dichos intereses hubieran formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones establecidas por las Comunidades Autónomas, o hubieran tenido la consideración de gasto deducible.

A estos efectos el apartado 2 de la citada disposición regula ambos supuestos:

A. Cuando el contribuyente hubiera aplicado en su momento la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones autonómicas por las cantidades percibidas, perderá el derecho a su deducción. En este caso, deberá incluir los importes deducidos en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio en que se hubiera producido la sentencia, el laudo arbitral o el acuerdo con la entidad, en los términos previstos en el artículo 59 del Reglamento del IRPF, pero sin inclusión de intereses de demora.

A estos efectos, si la sentencia, el laudo o el acuerdo se hubiese producido en 2016, en la declaración de Renta 2016 (a presentar en abril, mayo, junio de 2017) estas cantidades se incluyen en las casillas 524 y 526, no siendo necesario completar las casillas 525 y 527, correspondientes a los intereses de demora.

Este tratamiento es el mismo que normalmente se utiliza en los supuestos de pérdida del derecho a deducción por vivienda habitual pero sin incluir intereses de demora.

No será de aplicación esta regularización respecto de las cantidades que se destinen directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo.

Es decir, si la entidad financiera, en lugar de devolver al contribuyente las cantidades pagadas lo que hace es reducir el principal del préstamo, no habrá que regularizar las deducciones practicadas anteriormente correspondientes a esos importes.

Por su parte, la reducción del principal del préstamo tampoco generará derecho a aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual.

B. En el supuesto de que el contribuyente hubiera incluido, en declaraciones de años anteriores, los importes ahora percibidos como gasto deducible, estos perderán tal consideración debiendo presentarse declaraciones complementarias de los correspondientes ejercicios, quitando dichos gastos, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno.

El plazo de presentación de las declaraciones complementarias será el comprendido entre la fecha de la sentencia, laudo o acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por este impuesto.

Otra cuestión regulada por la norma son los ejercicios a los que afectan estas regularizaciones, tanto de las deducciones de vivienda o autonómicas como de los gastos deducibles. En este sentido se establece que solo será de aplicación a los ejercicios respecto de los cuales no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria.

En función de si el contribuyente hubiera aplicado deducción de vivienda, o deducciones autonómicas, o deducción de gastos y del año en que se produzca el acuerdo, sentencia o laudo, la forma de regularizar y los ejercicios afectados varían. En concreto nos podemos encontrar con los siguientes supuestos:

1.- El contribuyente había aplicado la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones establecidas por las Comunidades autónomas, por las cantidades percibidas:

a. Sentencia, laudo o acuerdo del año 2016: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2016 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2017) y afectará, con carácter general, a las deducciones de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

En el caso que entre las cantidades devueltas haya intereses del año 2016, estos ya no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda dicho año.

b. Acuerdo con la entidad financiera, sentencia o laudo del año 2017: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2017 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2018) y afectará, con carácter general, a las deducciones del año 2013, 2014, 2015 y 2016.

No obstante, si la sentencia o acuerdo es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año 2016 no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda y, por tanto, la regularización no afectará a dicho ejercicio.

2.- El contribuyente había incluido las cantidades ahora percibidas como gasto deducible en ejercicios anteriores:

a. El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo, se ha producido desde el 6 de abril de 2016 hasta el 4 de abril de 2017. En este caso, deberá presentar declaraciones complementarias con carácter general de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en el plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (abril, mayo y junio de 2017).

Si entre las cantidades devueltas hubiera intereses abonados en el ejercicio 2016, el contribuyente ya no incluirá como gastos deducibles dichos importes en su declaración

b. El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo se ha producido después del 4 de abril de 2017. En este caso deberá presentar declaraciones complementarias, con carácter general, de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 en el plazo de presentación del IRPF del año 2017 (abril, mayo y junio de 2018).

No obstante, si el acuerdo o la sentencia es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF de 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año 2016 no se tendrán en cuenta como gasto deducible y, por tanto, no tendrá que presentar declaración complementaria de dicho ejercicio.

Por último, si el contribuyente ya hubiese regularizado dichas cantidades por tener una sentencia anterior podrá instar la rectificación de sus autoliquidaciones solicitando la devolución de los intereses de demora satisfechos y, en su caso, la modificación de los intereses indemnizatorios declarados como ganancia.

Puede acceder a la norma Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. (BOE, 21-enero-2017) BOE

Como ya hemos comunicado en otras entradas podemos ayudarle a calcular los importes que la entidad bancaria le ha cobrado indebidamente y en el procedimiento de reclamación.  Si tiene que negociar con el banco póngase en contacto con nosotros y le podremos atender personalmente. Intentaremos ayudarle en este asunto y asesorarle en la tramitación de su reclamación. Antes de que se devengue cantidad alguna por cuenta de nuestros honorarios le presupuestaremos.

También podemos atenderle y asesorarle en cuestiones relacionadas con las declaraciones de la renta, elementos a incluir como ganancia patrimonial, en la base general de IRPF, etcétera.

Puede pedirnos cita a través de la pestaña desplegable de la web https://www.abogadosquevedo.es , en la página de contacto o telefónicamente llamando al 914454631.

Estamos especializados en DECLARACIONES DE RENTA, RECLAMACIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS, RECLAMACIONES BANCARIAS, DEUDAS E IMPAGOS, RECOBRO DE DEUDAS A MOROSOS, REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, PLANTEAMIENTO DE CALENDARIO DE PAGOS Y ACUERDOS.

Modificación en el régimen del aplazamiento de las deudas tributarias

El pasado 3 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.

Entre otras medidas modifica el régimen de aplazamiento de las deudas tributarias con efectos desde el 1 de enero de 2017, por lo que la posibilidad de aplazar o fraccionar las deudas tributarias queda sometido a nuevas limitaciones. Se modifica el apartado 2 del artículo 65, que queda redactado de la siguiente forma:write-593333_1920

No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias:

a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.

c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.

d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado reguladas en el título VII de esta Ley.

e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.

f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.

g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión.

Para todos estos supuestos se establece un régimen transitorio de conformidad con el cual los aplazamientos o fraccionamientos cuyos procedimientos se hayan iniciado antes del 1 de enero de 2017 se regirán por la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusión.

window-1231894_1920Es necesario por tanto apresurarse en la solicitud de aplazamientos o fraccionamiento de deudas tributarias en los casos anteriores para que no se le aplique la nueva regulación fiscal.

También se suprime a partir del 1 de Enero la excepción prevista en la Ley General Tributaria que abría la posibilidad de aplazar o fraccionar las retenciones e ingresos a cuenta.

Con efectos desde 1 de enero de 2017 hay que señalar que podrá admitirse el pago en especie de la deuda tributaria en período voluntario o ejecutivo cuando una Ley lo disponga expresamente y en los términos y condiciones que se prevean reglamentariamente. No obstante, no podrá admitirse el pago en especie en aquellos supuestos en los que, de acuerdo con el artículo 65.2 de esta Ley, las deudas tributarias tengan la condición de inaplazables, que serán objeto de inadmisión.

Si tiene dudas respecto al aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias,  la tributación de los rendimientos de trabajo o actividad, las prestaciones y los ingresos que son objeto ganancia patrimonial, el procedimiento de recurso ante la Administración tributaria o cualquier otro asunto de carácter fiscal, puede llamarnos e intentaremos resolvérselas. Somos especialistas en el asesoramientos de empresarios y  Pymes.

Podemos concertar una cita para efectuar un estudiocall-15924__180 detallado de su caso particular. Contacte con nosotros a través de los datos facilitados en la página de contacto de nuestra web o pinchando en el siguiente enlace:  www.abogadosquevedo.es

Los rumores de un cambio de la regulación del impuesto de sucesiones desatan un aluvión de donaciones en la comunidad de Madrid

Como cada año por estas fechas los rumores de modificación del régimen fiscal de las donaciones y las sucesiones en Madrid dan lugar a un aluvión de consultas de clientes que acuden al despacho preocupados por si hay algo de cierto en ello o no.

Hay numeroso artículos en prensa que ya se están haciendo eco de la noticia, y que hablan de un aluvión de donaciones en Madrid por temor al fin del chollo fiscal, como por ejemplo el que publica el confidencial (adjuntamos un enlace del artículo citado).

http://www.elconfidencial.com/economia/2016-11-02/avalancha-donaciones-sucesiones-madrid-fin-chollo-fiscal-hacienda-cifuentes_1282652/

Desconocemos si finalmente va a haber finalmente o no cambio normativo en 2.017, pero lo cierto es que año tras año surgen los mismos rumores:

– La comunidad de Madrid va a suprimir las bonificaciones en las donaciones entre familiares directos: padres, hijos, cónyuges y parejas de hecho.

– La comunidad de Madrid va a suprimir las bonificaciones entre familiares directos, es decir, descendientes, ascendientes, cónyuge o pareja de hecho del causante o donante, integrados en los grupos I y II de parentesco del impuesto.

Es difícil prever una medida de este tipo, pero recordemos que por poner un ejemplo en la Comunidad valenciana en 2013 se modificó el ISD reduciendo las bonificaciones entre familiares del 99 al 75% y ahora vuelve a anunciar recortes para 2017 que están haciendo temblar a las familias que ven que con el fallecimiento de uno de sus miembros el patrimonio familiar quedará mermado sustancialmente.

También en 2.015 se modificó este impuesto en Aragón para recaudar unos 20 millones de euros anuales, eliminando desde 2.016 en donaciones la bonificación del 65% en patrimonios preexistentes superiores a los 402.000 euros y la reducción del 100% si el valor de los bienes que pasan de padres a hijos no supera los 300.000 euros, y en sucesiones, la bonificación del 65% para los patrimonios preexistentes de más de 402.000 euros, salvo que se trate de la vivienda familiar o planes de pensiones.

Ahora la Presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha dejado entrever en varias entrevistas que el gobierno ha estado planificando una modificación del impuesto de Sucesiones que se aprobará con carácter inmediato. Queda claro por tanto que vamos a sufrir cambios muy próximos y notaremos su repercusión cuando surja el hecho imponible que regula el impuesto (fallecimiento o transmisión con carácter gratuita).

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¿Qué beneficio existe en la Comunidad de Madrid para el supuesto de donaciones a favor a de un hijo?

Hasta ahora la Comunidad de Madrid ha impulsado la práctica eliminación del Impuesto sobre Donaciones para los supuestos de que quién recibe la donación (donatario) tuviese relación de parentesco directo con el donante.

El Grupo I incluye descendientes (hijos, nietos…) y adoptados menores de veintiún años, y el Grupo II descendientes (hijos, nietos…) y adoptados de veintiuno o más años, cónyuge, ascendiente (padres, abuelos…) y adoptantes. Los donatarios incluidos en cualquiera de estos grupos tendrán derecho a aplicarse una bonificación del 99 por 100 de la cuota del Impuesto sobre Donaciones, con efectos desde el 01/01/2006.

Esto supone que sólo tendrán que ingresar el 1 por 100 de la cuota tributaria. Muchos ciudadanos y profesionales desconocen que para aplicar de esta bonificación necesario que la donación se documente en documento público y además, cuando la donación sea en metálico, será necesario que el origen de los fondos donados esté debidamente justificado, por lo que es necesario un asesoramiento previo y la actuación de un profesional en derecho que supervise la operación.

Hay que tener en cuenta que a efectos de donaciones un inmueble ubicado en la Comunidad de Madrid cuyo valor real es de 200.000 euros puede liquidarse aplicándose la bonificación que tiene regulada la Comunidad de Madrid por unos 400 euros, por lo que el ahorro fiscal que se obtiene cumpliendo los trámites legales es significante.

purse-1359848_1920En caso de inmuebles habrá que tener en cuenta otros gastos e impuestos como el de la escrituración, la inscripción en Registro de la propiedad, plus-valía municipal, etcétera.

La web de la Comunidad de Madrid a través del portal del contribuyente responde a las primeras cuestiones con trascendencia fiscal que con más frecuencia se plantean por estos asuntos. Puedes acceder a la misma para ampliar información mediante el siguiente enlace.

¿Qué sentido tiene donar en vida si resides en Madrid?

Una donación en vida puede suponer adelantar el impacto fiscal de la transmisión, teniendo que realizar desembolsos a fecha de hoy que no son obligados ni corresponderían en principio tener que soportar ni al donante ni al donatario. Tendrá impacto en el IRPF y devengará plusvalía municipal la transmisión de inmuebles por lo que habrá que hacer un estudio concreto de cada caso, especialmente cuando todos o alguno de los donatarios tengan distinta residencia del donante.

Por el contrario las ventajas son innumerables:

– Nos estamos asegurando en primer lugar de poder aplicar las bonificaciones actuales en sede del impuesto de donaciones. En cualquier momento puede cambiar la política estatal o autonómica y suprimirse las bonificaciones actuales del 99%. Ganamos por tanto en seguridad jurídica y nos ahorramos muchas preocupaciones de carácter económico.

– También lograremos dejar ordenado en vida un legado que al fallecimiento puede ser causa de conflictos familiares entre los hijos, normalmente herederos, o incluso entre estos con la viuda. Hay que recordar que los herederos podrán adjudicar la herenciaman-863744_1920

– Es una oportunidad de librarse de ciertos gastos accesorios o inherentes al mantenimiento de los inmuebles (IBI, impuestos de basura, suministros, comunidad de propietarios, etcétera) que muchas ocasiones no son asumidos por el hijo que ocupa la vivienda como suya y que son un lastre para la economía de los padres. Es una oportunidad para que los hijos terminen de madurar y se hagan cargo de sus propias responsabilidades.

– No tendrás que renunciar a cambiar de residencia y podrás por fin irte a vivir a ese apartamento en la playa que tanto disfrutas o junto a la familia más allegada a esa segunda residencia que mantienes en el pueblo, sin el riesgo de los herederos de tener demostrar la residencia efectiva del causante al fallecimiento. El lugar donde resides es determinante en el Impuesto de sucesiones y donaciones (ISD) y al ser un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas el impacto fiscal si dejas Madrid puede ser execrable. De hecho el cambio de domicilio a la jubilación es uno de los motivos que más perjudica a los herederos cuando el fallecido no ha previsto una sucesión ordenada de los bienes ya que tiene graves consecuencias fiscales a la hora de hacer frente por parte de los primeros a los tributos de la herencia.

El tratamiento fiscal de la donación y la herencia varía considerablemente según la autonomía que nos vincula junto con otros elementos como el patrimonio preexistente del heredero/donatario y la vinculación entre fallecido/donante y heredero/donatario. Si establecen el punto de residencia habitual fuera de Madrid por pasar largas temporadas en otra autonomía tendrá graves efectos fiscales a la hora afrontar el reparto de la herencia.

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Las donaciones deben tratarse como un anticipo de la sucesión, por lo que deben estar supervisadas por un profesional.

Hacemos un pequeño inciso para exponer que hay que analizar si se hacen o no con cargo a la legítima de la herencia futura, evitando así que se puedan declarar inoficiosas y perjudicar al resto de los hijos que no la reciban, o por el contrario si no se les da el carácter de colacionable que consecuencias van a producirse. Normalmente las donaciones se suelen complementar con otras, es decir, que si hay varios hijos y a uno de ellos se le dona un inmueble, se suele prever la operación compensatoria, como puede ser la de donación en metálico a los otros hijos, por ejemplo. En otro caso habrá un perjuicio comparativo que originará problemas a la hora de partir la herencia.

hands-981400_1920También puede dejarse constancia de la donación en testamento y mejorar al reparto de la herencia a los herederos que no reciben donación alguna en vida, compensando así al fallecimiento la mejora anticipada al donatario.

El Código civil prevé que al tiempo de evaluarse los bienes hereditarios se traerán a colación los bienes donados, que habrán de ser valorados para efectuar correctamente la partición, por lo que la donación tendrá carácter colacionable, con cargo al tercio de legítima y en su caso de mejora, o carácter no colacionable, que se computará en el de tercio de libre disposición.

En cualquier caso no tiene por qué coincidir el cambio de año con las medidas fiscales acordadas por el organismo de hacienda estatal o de la comunidad de Madrid, por lo que es cuestión de plantear la consulta y realizar un estudio para ver si en el momento de la misma puede resultar idóneo y conviene transmitir los bienes por donación o por herencia.

Podemos ayudarle a planificar las operaciones sucesorias en función del lugar de tu residencia, o redactar el cuaderno particional para formalizar la efectiva adjudicación de los bienes. Realizamos todas las gestiones hasta la inscripción de los inmuebles transmitidos, incluyendo la presentación del impuesto de sucesiones, las plusvalías municipales e incluso las solicitudes a las compañías para que puedas cobrar un seguro de vida.

Sobre nosotros, ya sabe que somos profesionales en temas de herencias y testamentos. Nuestro despacho está en Madrid. Si tiene cualquier o consulta sobre herencias le recordamos que la primera consulta será personalizada y es totalmente gratuita.beautiful-15742_1920

Puedes pedirnos cita a través de los medios de contacto que te proporcionamos en esta web https://www.abogadosquevedo.es/herencias-y-testamentos-en-madrid/

 

 

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA DEL IRPF: La prestación por maternidad se considera como renta exenta

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA DEL IRPF: La prestación por maternidad se considera como renta exenta

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid mediante resolución con fecha de 6 de julio ha declarado exenta la prestación por maternidad abonada por concepto de maternidad por parte del Instituto Nacional de Seguridad Social.

mom-20666_1920La beneficiaria requirió el reconocimiento a la devolución a su favor de 3.135,11 euros más los correspondientes intereses de demora mediante una solicitud de rectificación de autoliquidación de IRPF. El acuerdo desestimatorio de la Administración de Ciudad Lineal de la AEAT a la solicitud de la actora de rectificación dio lugar al recurso contencioso-administrativo que fue presentado el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid. Tras la desestimación por parte del TEAR de Madrid se interpuso nuevo recurso económico-administrativo contra la Resolución desestimatoria ante el TSJ de Madrid, que finalmente ha estimado íntegramente las pretensiones de la contribuyente.

La resolución se basa en la redacción del art. 7 h) de la Ley 35/2006 IRPF, aplicable en el ejercicio 2009, que era la siguiente en cuanto a las exenciones aplicables:

“h) Las prestaciones familiares reguladas en el Capítulo IX del Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.

Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas en el párrafo anterior por la Seguridad Social para los profesionales integrados en dicho régimen especial.

La cuantía exenta tendrá como límite elcashbox-1642988_1920 importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.

Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad. También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales.”

Se añadió en ese texto legal un nuevo párrafo, el tercero, que se refiere, en general, al alcance de la exención de las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad, sin distinguir la procedencia de las prestaciones y solo es en el cuarto párrafo donde se aclara que estarán exentas también las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales.

El TSJM recuerda que el Instituto Nacional de la Seguridad Social es una entidad gestora de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la SESS, que tiene encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social,

De ahí que la prestación por maternidad percibida por la actora de ese ente público tiene que estar forzosamente incluida en el tercer párrafo del art. 7h) LIRPF , ya que ese precepto reconoce tal beneficio tributario, con carácter general, en su párrafo tercero y lo que hace en el párrafo cuarto es ampliar el beneficio fiscal a las prestaciones que tengan procedencia de otros entes públicos, ya sean locales o autonómicos. Por ello concluye que la interpretación que realiza la AEAT de la regulación legal no es acertada, ya que se queda en el párrafo cuarto para denegar la exención pretendida de la prestación por maternidad, sin tener en cuenta la redacción del tercer párrafo.

law-1063249_1920De ahí que la consecuencia deba ser la íntegra estimación del recurso y la anulación de la presunta Resolución del TEAR por no ser conforme a derecho, declarando al propio tiempo el derecho de la actora a la rectificación de su autoliquidación de IRPF del ejercicio 2009 en el sentido solicitado y el derecho a percibir la devolución de la cantidad de 3.135,11 €, con sus correspondientes intereses legales.

NOTA IMPORTANTE QUE AFECTA A LA RESOLUCION ANALIZADA: NUEVO ARTÍCULO EN LA WEB SOBRE UNIFICACION DE LA DOCTRINA. ACCEDE MEDIANTE EL SIGUIENTE ENLACE:

Unificación de doctrina IRPF: La prestación por maternidad no se debe considerar como Renta exenta a efectos del IRPF

Si tiene dudas respecto a la tributación de los rendimientos de trabajo o actividad, las prestaciones y los ingresos que son objeto ganancia patrimonial, puede llamarnos e intentaremos resolverlas. Podemos también concertar una cita para efectuar un estudio detallado de su caso particular. contacte con nosotros a través de los datos facilitados en la página de contacto de nuestra web o pinchando en el siguiente enlace:  www.abogadosquevedo.es

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Doctrina fiscal: ¿como tributan los dividendos de un plan de pensiones extranjero?

La Dirección General de Tributos le reconoce el derecho a un extranjero, residente en Gran Bretaña, de beneficiarse del procedimiento de devolución rápida para hacer efectiva la exclusión de retenciones de la fuente española de la renta proveniente de dividendos derivados de un plan de pensiones.

Según reciente Consulta vinculante que ha sido publicada por la DGT en el ejercicio de su competencia de interpretación de la normativa del régimen tributario general y de las figuras tributarias no atribuidas expresamente a otros órganos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha determinado que cuando el contribuyente cumple con los presupuestos de hecho que le permitirían acogerse a la exención de los dividendos tanto con arreglo a la normativa interna como por aplicación del Convenio entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hechos en Londres el 14 de marzo de 2013, teniendo en cuenta la prevalencia de este último sobre las disposiciones de la normativa interna, y dado que el contribuyente ha acreditado su derecho a acogerse al CDI mediante la presentación del certificado de residencia fiscal en Reino Unido, puede acogerse a la exención prevista en el CDI España-Reino Unido art.10.2.bii, y por aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, art.31.4.a, en relación con los dividendos obtenidos en España, este tiene derecho a beneficiarse del procedimiento de devolución rápida para hacer efectiva la exclusión de retenciones de fuente española.

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Consulte con nuestros expertos las dudas respecto a la tributación de los rendimientos de trabajo o actividad y los ingresos que son objeto ganancia patrimonial, conozca los Convenios para evitar la doble imposición y si puede exigir la devolución de las retenciones practicadas sobre sus dividendos.

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Delitos aplicables a la responsabilidad penal de las personas jurídicas

La responsabilidad penal es exigible a las personas jurídicas respecto de los delitos tasados que están expresamente declarados en las disposiciones del Libro II del Código Penal, que según la última reforma efectuada por la LO 1/2.015, de 30 de marzo son los siguientes:

  • delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos (art. 156 bis CP)
  • delito de trata de seres humanos (art. 177 bis CP)
  • delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores (arts. 187 a 189 CP)
  • delito de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 CP)
  • delitos de estafa (arts. 248 a 251 CP)
  • delitos de insolvencia punible (arts. 257 a 261 CP)
  • delito de daños informáticos (art. 264 CP)
  • delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (arts. 270 a 288 CP)
  • delito de blanqueo de capitales (art. 302 CP)
  • delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 CP)
  • delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (art. 318 bis CP)
  • delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319 CP)
  • delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 325 CP)
  • delito de establecimiento de depósitos o vertederos tóxicos (art. 328 CP)
  • delito relativo a las radiaciones ionizantes (art. 343 CP)
  • delito de estragos (art. 348 CP)
  • delitos de tráfico de drogas (arts. 368 y 369 CP)
  • delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP)
  • delitos de cohecho (arts. 419 a 427 CP)
  • delitos de tráfico de influencias (arts. 428 a 430 CP)
  • delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (art. 445 CP)
  • delito de captación de fondos para el terrorismo (art. 576 bis CP).

Los administradoresprison-142141_640 de hecho o de derecho responderán penalmente de los delitos societarios, delitos contra los derechos de los trabajadores y delitos contra la salud pública (en virtud de los artículos 294, 318, 368 y 369 bis del Código penal). El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.

La reforma llevó a cabo una mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del «debido control», cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal.

Con ello desesperadose aclararon las dudas interpretativas que había planteado la anterior regulación, que desde algunos sectores había sido interpretada como un régimen de responsabilidad vicarial, y se asumieron ciertas recomendaciones que en ese sentido habían sido realizadas por algunas organizaciones internacionales.

En todo caso, el alcance de las obligaciones que conlleva ese deber de control se condiciona, de modo general, a las dimensiones de la persona jurídica.

Asimismo con la reforma se extiende el régimen de responsabilidad penal a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

Puede consultar nuestros últimos artículos sobre este tema:

La responsabilidad penal de las personas jurídicas

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Responsabilidad entre herederos en el pago del IBI

Según reciente resolución de DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS se confirma que los herederos podrían solicitar la división del IBI al Ayuntamiento en función de sus respectivas cuotas, si bien mantendrán una responsabilidad solidaria con respecto al pago del importe total del mismo.

Los consultantes eran titulares de una herencia yacente y el recibo del IBI se giraba a nombre de una única persona. Ante dicha cuestión, presentaron en la DGT una consulta vinculante planteando si existe obligación de los ayuntamientos de dividir el recibo del IBI entre los titulares de la propiedad, así como en los distintos recibos que genere el ayuntamiento. El hecho imponible del impuesto lo constituye la titularidad sobre los inmuebles, tanto de un derecho real de usufructo como del derecho de propiedad por lo que cualquiera de los sujetos pasivos puede solicitar la división de la liquidación entre los distintos obligados tributarios, siempre que cumpla los requisitos exigidos en el citado artículo 35.7 de la LGT, es decir, siempre que se faciliten a la Administración los datos personales y domicilio de todos los obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho sobre el bien inmueble.

a pagarEl Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se regula en los artículos 60 a 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El artículo 61 del TRLRHL define el hecho imponible del impuesto, estableciendo en sus apartados 1 y 2:

“1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

e) La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble urbano o rústico a las restantes modalidades en el mismo previstas. En los inmuebles de características especiales se aplicará esta misma prelación, salvo cuando los derechos de concesión que puedan recaer sobre el inmueble no agoten su extensión superficial, supuesto en el que también se realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad sobre la parte del inmueble no afectada por una concesión”.

De acuerdo con el artículo 63 del TRLRHL,calculadora “Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.”.

En caso de concurrencia del derecho real de usufructo y del derecho de NUDA propiedad sobre un mismo bien inmueble urbano o rústico, sólo se realiza el hecho imponible del IBI por el derecho real de usufructo, no gravándose el derecho de NUDA propiedad, por lo que el sujeto pasivo será sólo el usufructuario.

Efecto de esta norma es que no estarán sujetos al impuesto los titulares del derecho de propiedad cuando exista un derecho de usufructo, aunque recaiga solo sobre parte del inmueble objeto de gravamen y el propietario disponga de todos los derechos de dominio sobre la parte restante del bien inmueble

Una vez determinado lo anterior, en el caso de que varias personas sean cotitulares del derecho constitutivo del hecho imponible del impuesto, todas ellas tendrán la condición de sujetos pasivos a título de contribuyentes del IBI.

Por su parte, el apartado 7 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone:

“7. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de solidaridad distintos del previsto en el párrafo anterior.

Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho transmitido.”.

Por ello, en el caso de que varias personas sean cotitulares del derecho de usufructo o, no existiendo éste, del derecho de propiedad sobre un inmueble, todos ellos son obligados tributarios del IBI y además todos quedan solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones.

vértice de númerosNos encontramos ante un supuesto de concurrencia de dos o más personas en la realización del hecho imponible, teniendo todos ellas la condición de contribuyente del IBI y quedando solidariamente obligadas al pago del tributo.

Respecto de la posible división de la deuda tributaria del IBI, el propio artículo 35.7 de la LGT, al regular la situación de concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación, y después de establecer el carácter de obligación solidaria de todos ellos frente a la Administración tributaria para el cumplimiento de todas las prestaciones; señala en su párrafo tercero que se podrá solicitar la división de la liquidación tributaria. A tal efecto, para que proceda la división de la liquidación tributaria es indispensable que se faciliten a la Administración los datos personales y el domicilio de todos los obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho sobre el bien.

Por tanto, en el caso planteado, cualquiera de los sujetos pasivos puede solicitar la división de la liquidación entre los distintos obligados tributarios, siempre que cumpla los requisitos exigidos en el citado artículo 35.7 de la LGT, es decir, siempre que se faciliten a la Administración los datos personales y domicilio de todos los obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho sobre el bien inmueble.

Ahora bien, en el supuesto de incumplimiento de alguno de los cotitulares de su obligación de ingresar su parte de la liquidación, una vez transcurrido el período voluntario, con independencia de que dicha liquidación pueda ser exigida al citado deudor a través del procedimiento de apremio regulado en los artículos 163 y siguientes de la LGT, la Administración también podrá exigir el importe de la liquidación impagada a cualquiera de los obligados tributarios, en virtud de la obligación solidaria de todos ellos establecida en el primer párrafo del artículo 35.7 de la LGT. En este sentido, es necesario precisar que el artículo 35.7 de la LGT regula, por una parte, la obligación solidaria de todos los obligados tributarios que concurren en un mismo presupuesto de una obligación tributaria y, por otra parte, en su párrafo tercero regula la posibilidad de que, a solicitud de los obligados tributarios, se proceda a la división de la deuda tributaria en proporción a la participación de cada uno de ellos en el dominio o derecho de que se trate. Pero dicha división de la liquidación tributaria no implica, en modo alguno, la extinción de la solidaridad de todos esos obligados tributarios al cumplimiento de todas las prestaciones de la obligación tributaria.

El tercer párrafo del artículo 35.7 de la LGT, que regula la división de la liquidación entre los obligados tributarios, no dispone que en este caso no resultará de aplicación la solidaridad establecida en el primer párrafo del mismo precepto legal. La división de la deuda entre los obligados al pago de la misma no es una excepción a la obligación solidaria de todos ellos.

Esta responsabilidad solidaria establecida en el primer párrafo del artículo 35.7 de la LGT para el caso de concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de la obligación, es una garantía del crédito tributario, que no puede ser desvirtuada por la simple voluntad de dichos obligados mediante la solicitud de la división de la liquidación.

Por tanto, aunque se haya procedido ayuntamientoa la división de la liquidación tributaria entre ambos obligados tributarios, si uno de ellos no satisface la parte de la liquidación que le corresponde, una vez transcurrido el período voluntario, ésta podrá exigirse al otro obligado tributario, con independencia de que también pueda exigirse al obligado incumplidor mediante el procedimiento de apremio.

Ahora bien, si esta deuda es satisfecha por el otro obligado tributario, éste tendrá derecho de reembolso frente al obligado incumplidor en los términos previstos en la legislación civil (artículo 41.6 LGT) (EDL 2003/149899).

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