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Abusos y fraude en el cálculo de las plusvalías municipales

 

En los últimos meses hemos podido apreciar como se reducían las bonificaciones aplicables a familiares en las plus-valías de Madrid, que junto con la abusiva y drástica actualización de los valores catastrales está dando lugar a verdaderos casos de abuso recaudatorio y de injusticia social.

Por otra parte, aunque aún no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, recientemente se ha aprobado una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que queremos hacer extensiva a todos nuestros clientes y lectores, y que entendemos resulta muy interesante como punto de partida para que todos los afectados se planteen si deberíamos empezar a solicitar devoluciones en el pago de este impuesto.

En dicha Sentencia se ratifica la primera instancia que condena al Ayuntamiento de Cuenca a la devolución de importantes cantidades con fundamente en un cálculo erróneo y partidario que hacen el consistorio basado en la interpretación de la Ley de Haciendas locales. Mucho me temo que no es el único que debe proceder de esta guisa, y parece ser que podríamos estar hablando de más de 2.000 millones de euros recaudados de esta forma.

En este sentido es el artículo publicado en ElPaís de Inmaculada de la Vega Madrid 20 DIC 2012 – 16:52 CET “Plusvalía municipal y justicia”, que transcribo a continuación:

El precio de la vivienda y del suelo viene bajando desde julio de 2007. A pesar de eso, la Ley de Haciendas Locales no se ha modificado y hay un impuesto que “está concebido sobre una falacia: que el valor de los terrenos sube siempre”. El nombre no deja lugar a dudas: es el impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía. Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), explica que si se vende, dona o hereda en 2008 un piso adquirido en 2000, se ha producido una revalorización, pero si se compró en 2006 y se vende hoy, el valor del terreno ha bajado y, sin embargo, el Ayuntamiento liquida la plusvalía municipal cumpliendo la norma que se basa en que el precio no baja.

Parece que la Ley de Haciendas Locales debería ser revisada. También sería revisable que cuando el ciudadano compra un inmueble paga en el IRPF a la Administración central, y por el incremento de valor experimentado por el terreno también lo hace al Ayuntamiento: “Cuando se transmite por 100 un bien que costó 80, el contribuyente habrá tributado por esos 20 de diferencia en el impuesto de la renta que paga a la Administración central y, además, por el supuesto incremento del valor del suelo pagará al Ayuntamiento por el impuesto municipal”.

Pero este tributo no ha sido noticia esta semana por esto, sino porque se ha publicado que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en Albacete, dio la razón el pasado abril al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca y se la quitó al Ayuntamiento de esta ciudad, que “no aportó ningún principio de prueba técnico que permita constatar su tesis”. Y le condena en costas.

No sienta jurisprudencia, pero sirve como referencia; eso sí, anima a que la gente recurra porque lo que el ciudadano —que empezó el proceso que termina para él con la sentencia firme y la devolución de 18.000 euros— sostiene es que los Ayuntamientos hacen mal el cálculo de la plusvalía y están cobrando un 40% más de lo que deben. Carlos Tobías, el abogado del bufete Álvarez-Ossorio, Miller que ha defendido la causa, explica que “no es algo interpretable, sino una cuestión mecánica: cuando calculan el valor de referencia, la fórmula que aplican los municipios, matemáticamente hablando, es incorrecta. No gravan la plusvalía que se obtiene en el momento de la venta, como dice la ley, sino la futura”.

La reclamación ante el Ayuntamiento y el Tribunal Económico Administrativo no tiene coste

La Federación Española de Municipios y Provincias sostiene que sus asociados se ajustan a la ley vigente. Transmite y asume que la sentencia del Juzgado de Cuenca señala que la plusvalía ha de calcularse sobre el valor inicial del terreno en el momento de la adquisición y no en el momento del devengo, como establece en la actualidad la Ley de Haciendas Locales, y cita la sentencia que dice: “Lo que se estaría calculando sería el incremento del suelo en años sucesivos y no en años pasados”. Así que considera la federación que será la ley lo que habrá que cambiar y le pasan así la pelota al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Fuentes del departamento la echan fuera. Sostienen que la ley no estipula ninguna fórmula matemática y que cada consistorio decide la forma de liquidar.

¿Qué apuntan los economistas asesores fiscales? Los Ayuntamientos aplican literalmente la Ley de Haciendas Locales. Esta fija que la base imponible sobre la que se cobra el impuesto es el valor catastral del suelo en el día de la transmisión, y dependiendo de los años transcurridos (hasta un máximo de 20) se multiplica por un coeficiente de hasta un máximo del 3%. “El recurrente emplea un cálculo actuarial, pero la ley dice lo que dice y no que el precio se incremente un 3% al año, en cuyo caso sí se estaría calculando la plusvalía de forma errónea”, explican los expertos.

Así las cosas, mientras Tobías sostiene que los Consistorios deberían tener en cuenta la sentencia, en el REAF recuerdan que la de un Tribunal Superior de Justicia no sienta jurisprudencia y que mientras el Tribunal Económico Administrativo Central o la Dirección General de Tributos no se manifiesten en el mismo sentido, los Consistorios tendrían que seguir igual: aplicando la ley.

¿Y qué hacemos los contribuyentes? Un experto contesta que recurrir por si acaso otro juez comparte interpretación con sus colegas de Castilla-La Mancha. Se empieza por solicitar la devolución de ingresos indebidos al Consistorio que no tiene coste para el recurrente (aunque no sea gratis para la sociedad). Y si en el municipio hay tribunal económico administrativo, como sucede en Madrid, se puede recurrir también ante este órgano. En los 12 meses que tarda en contestar, quizá otro juez se sume a las tesis de Castilla-La Mancha… El siguiente escalón, que es recurrir la negativa del Consistorio a devolver el dinero en la jurisdicción contencioso-administrativa, sí está gravado con la tasa judicial y además habrá que pagar al abogado y al procurador”. Y si pierde el Ayuntamiento paga/pagamos tasas.

Algunos bufetes preparan y esperan un gran número de reclamaciones.

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Para más información:

Pincha aquí para ver otro artículo relacionado con las plusvalía y las daciones en pago.

Pincha aquí para ver otro artículo relacionado con la plusvalía sin ganancia patrimonial.

 Fuente: www.abogadosquevedo.es

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Lucha contra el fraude y el empleo irregular

Lucha contra el fraude y el empleo irregular

El pasado 27 de diciembre se publicó en el BOE  la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad social. Dicha norma incorpora importantes novedades sociales, especialmete en el ámbito de la LISOS y de la actuación de la Inspección de trabajo y Seguridad social. Destacamos las siguientes:

Contratas y subcontratas

Se amplia de 1 a 3 años el plazo para exigir responsabilidad entre empresa principal y contratistas y subcontratistas, cuando la esta se corresponda con su propia actividad y únicamente en lo que respecta a las deudas en materia de Seguridad Social. Se mantiene el período de exigencia de un año con relación a las deudas salariales.

Reducción en las sanciones (art. 2.1 L. 13/2012)

Se modifica la LGSS para evitar situaciones en las que las actas de liquidación son de escasa cuantía, y que al haber sido atendidas por el sujeto responsable, se ha aplicado una rebaja importante en la cuantía de la sanción, de forma que no se cumplía con el principio de proporcionalidad del art. 131.2 de la Ley 30/1992, por lo que se establece que la reducción de la sanción solo será aplicable cuando la cuantía de la liquidación supere la de la sanción propuesta inicialmente

Infracciones y Sanciones en el Orden social (art. 4 L 13/2012)

Se modifican numerosos preceptos de la LISOS. Entre otras se destacan las siguientes modificaciones:

Infracciones

– Leves: se tipifica de forma expresa la comunicación fuera de plazo por el empresario a las entidades correspondientes de los datos, certificados y declaraciones que estén obligados a proporcionar (art. 21.4 y 5 LISOS)

– Graves:

* Se relacionan los supuestos en los que cabe la falta de ingreso de cuotas por concurso o fuerza mayor siempre previamente al inicio de la actuación inspectora (art. 22.3 LISOS)

* Se incluyen entre los supuestos objeto de sanción los incumplimientos relacionados con las empresas beneficiarias de reducciones por contribuir a disminuir la siniestralidad laboral. (art.

* Se extiende el deber de comprobación de los empresarios que contratan o subcontratan obras o servicios correspondientes a su propia actividad de la previa afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores ocupados.(art. 22.11 LISOS)

* Se tipifica como infracción grave el incumplimiento de la obligación de alta y cotización en los supuestos de salarios de tramitación y de vacaciones no disfrutadas antes de la finalización de la relación laboral.(art. 22.12 LISOS)

* Se considera infracción grave dar ocupación a solicitantes o beneficiarios de pensiones u otras prestaciones periódicas cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena. .(art. 22.14 LISOS)

* Se tipifica como infracción grave el incumplimiento de la obligación de comunicar a la entidad gestora las variaciones sobre el calendario inicial en los supuestos de suspensión o reducción de jornada.

– Muy graves:

* Se tipifican por separado las infracciones consistentes en no ingresar las cuotas correspondientes sin presentación de documentos y retener indebidamente la cuota obrera.(art. 23.1 b) y k) LISOS]

* Se considera infracción muy grave dar ocupación a los trabajadores afectados por suspensión o reducción en el periodo de aplicación de estas medidas. (art. 23. 1 j) LISOS)

Sanciones

– En los supuestos de fraude por falta de cotización se determinan criterios objetivos de graduación de sanciones en función de la cuantía no ingresada. La sanción será mayor cuando las cantidades sean más altas. (art. 39.2 LISOS)

–  Se incrementan las sanciones de forma proporcional al número de trabajadores afectados cuando las situaciones de economía irregular y fraude que afecten a un grupo de trabajadores.(art. 40.1 e) LISOS)

-Los empresarios que hayan cometido infracciones muy graves en materia de empleo y protección por desempleo, discriminación, acoso y acoso sexual perderán automáticamente, y de forma proporcional al número de trabajadores afectados por la infracción, las ayudas, bonificaciones y otros beneficios con efectos desde la fecha en que la resolución imponga la sanción. La pérdida de estas ayudas afectará a los de mayor cuantía, con preferencia sobre los que la tuviesen menor en el momento de de la infracción.

Podrán ser excluidos del acceso a estos beneficios por un período de 6 meses a dos años los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales. (art. 46 y 46.bis LISOS)

Inspección de trabajo (art. 3 L. 13/2012)

Se modifica la ley reguladora de la Inspección de trabajo y Seguridad Social, permitiendo a la inspección:

– Se facilita el acceso a índices y bases de datos de utilidad como el índice unificado del notariado.

– Se aumentar el plazo de duración de las actuaciones comprobatorias previas al procedimiento sancionador o liquidatorio.

– Se regula la obligación de colaborar con la ITSS por parte de las Mutualidades de previsión social, respecto de las funciones alternativas que realizan en el RETA.

– Agilización del procedimiento de notificación mediante anuncios en el Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. No obstante este no se pondrá en marcha hasta su desarrollo a través de la correspondiente Orden.

-Aumentar el plazo de duración de las actuaciones comprobatorias previas al procedimiento sancionador o liquidatorio.

Bonificaciones (Disp. Fin. 5.ª L. 13/2012)

Se modifica el Real Decreto Ley 20/2012, con efectos desde el 15 de julio de 2012, para añadir a las bonificaciones no afectadas por la supresión del derecho d la aplicación de las bonificaciones las contenidas en una serie de disposiciones.

Inscripción de empresas altas y bajas (disp. Fin 3.ª L 13/2005)

Se modifica el RD 84/1996, sobre inscripción de empresas, altas , bajas, y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social recogiendo de modo expreso la facultad de la TGSS de revisar de oficio las inscripciones de empresas ficticias. Esta revisión deja sin efectos la inscripción de modo que la inscripción indebida no produce ningún tipo de consecuencias jurídicas.

Fuente: novedadesquantor-www.elderecho.com

Intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude

El BOE del pasado martes día 30 de octubre ha publicado la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude

Esta ley regula, entre otras cuestiones, las limitaciones a los pagos en efectivo medida esta que entrará en vigor a los veinte días de dicha publicación y resultará de aplicación a todos los pagos efectuados desde esa fecha, aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.

Según establece esta norma no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.

A efectos del cálculo de las cuantías señaladas en el apartado anterior, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.

 

Se entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

 

A efectos de lo dispuesto en esta Ley, y respecto de las operaciones que no puedan pagarse en efectivo, los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo. Asimismo, están obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

 

Esta limitación no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.

La limitación a los pagos en efectivo se completa con un régimen sancionador específico constituyendo infracción administrativa el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo.

 

Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación establecida en el apartado uno anterior. Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos o contra ambos.

 

La infracción prevista en este artículo será grave y la base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 2.500 euros o 15.000 euros, o su contravalor en moneda extranjera.

 

La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción prevista en el número anterior.

 

El incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo no dará lugar a responsabilidad por infracción respecto de la parte que intervenga en la operación cuando denuncie ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago efectuado en incumplimiento de la limitación, la operación realizada, su importe y la identidad de la otra parte interviniente. La denuncia que pudiera presentar con posterioridad la otra parte interviniente se entenderá por no formulada y la presentación simultánea de denuncia por ambos intervinientes no exonerará de responsabilidad a ninguno de ellos.