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CORONAVIRUS

Primeras medidas urgentes en el ámbito económico y social por la crisis del COVID-19

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, establece las primeras medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

La pandemia de COVID-19 está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global. Tal y como declaró la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, el brote de COVID-19 se ha convertido en la última semana en una pandemia. Inicialmente localizado en la región china de Hubei, en las últimas semanas el brote de COVID-19 se ha propagado rápidamente por todo el mundo.

PRIMERAS MEDIDAS URGENTES

Este Real Decreto-ley 8/2020 viene a establecer las primera medidas urgentes da respuesta a las circunstancias económicas excepcionales señaladas, sumándose a las medidas adoptadas a nivel comunitario y completando las tomadas por el Gobierno en las últimas semanas.

El pasado 10 de marzo, el Gobierno adoptó un Real Decreto-ley para disponer que la situación de las personas forzadas a permanecer en su domicilio por razones sanitarias tendrá consideración de incapacidad temporal por accidente laboral.

El 12 de marzo se adoptó otro Real Decreto-Ley con medidas urgentes de refuerzo del sistema sanitario, apoyo a familias y a empresas directamente afectadas, que moviliza recursos por importe de más de 18.000 millones de euros, incluyendo un refuerzo del sector sanitario de aproximadamente 3.800 millones de euros y medidas de liquidez y reducción de costes de las empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas y autónomos y en el sector turístico. Asimismo, se reforzó la capacidad de la Administración de reaccionar ante situaciones extraordinarias, agilizando el procedimiento para la contratación de todo tipo de bienes y servicios que sean necesarios.

Este Real Derceto-Ley 8/2020 viene a establecer las primeras medidas concretas directamente aplicables y dirigidas a los sectores más afectados por la cirsis del coronavirus. Pueden acceder al contenido del texto consolidado donde vienen las medidas concretas pinchando el siguiente ENLACE al BOE.

balconesRESTRICCIONES A LA MOVILIDAD

La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, ha requerido la adopción del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que ha declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, incluyendo limitaciones a la libertad de circulación, requisas temporales y prestaciones personales obligatorias y medidas de contención en el ámbito educativo, laboral, comercial, recreativo, o en lugares de culto.

En el contexto actual, el real decreto-ley comentado amplía las medidas ya tomadas con un paquete económico y social de gran alcance y magnitud, con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, dando prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas más directamente afectadas.

En concreto, las medidas adoptadas en este real decreto-ley están orientadas a un triple objetivo. Primero, reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; segundo, apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo; y tercero, reforzar la lucha contra la enfermedad.

Resumimos el contenido del Real Decreto-Ley 8/2020 publicado en: «BOE» núm. 73, de 18/03/2020, que entró en vigor el 18/03/2020  (Referencia:BOE-A-2020-3824) ya que por su importancia y la cantidad de colectivos a los  que afecta entendemos resultará interesante para nuestros lectores, y que podrán analizar en toda su extensión pinchando el siguiente ENLACE al BOE.

MEDIDAS DE APOYO A FAMILIAS, TRABAJADORES Y COLECTIVOS VULNERABLES

familia

Así, se adoptan medidas para garantizar la asistencia a domicilio de las personas dependientes, para ampliar la protección en el ámbito energético y de suministro de agua, así como en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. También se refuerza la protección de los trabajadores autónomos y se dispone una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de los colectivos particularmente vulnerables.

TELETRABAJO

Con el fin de ejecutar las medidas de contención previstas por la normativa aplicable, garantizando al mismo tiempo la continuidad de la actividad empresarial y las relaciones laborales, se priorizarán los sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiéndose facilitar las medidas oportunas para hacerlo posible, en aquellos puestos en que resulta posible, por su capacidad potencial de reducir la probabilidad de exposición y contagio por COVID-19.

quedateencasaCONCILIACION LABORAL

Asimismo, en quinto lugar, se establecen medidas para favorecer la conciliación laboral, mediante el derecho de los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado a personas dependientes por las circunstancias excepcionales relacionadas con la prevención de la extensión del COVID-19 a acceder a la adaptación o reducción de su jornada, con la consiguiente disminución proporcional del salario. Resulta imprescindible evitar la aplicación de sanciones por falta de asistencia de la persona trabajadora al trabajo ante la necesidad de atender al cuidado de personas a su cargo, multiplicadas en la situación actual ante el cierre de diversos establecimientos públicos o concertados, como centros escolares, residencias de mayores o centros de día. El trabajador que lo requiera podrá solicitar preferentemente una adaptación de la jornada, que le permite mantener el trabajo y su retribución, o reducciones de intensidad baja a efectos de perder la mínima cuantía retributiva.

PROTECCION A DEUDORES HIPOTECARIOS – MORA HIPOTECARIA

El presente real decreto-ley adopta una medida de carácter urgente dirigida a asegurar la protección de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

AYUDA A AUTONOMOS

Asimismo se pone el acento en la casuística de los autónomos, particularmente afectados por la situación actual, creando una prestación extraordinaria por cese de actividad, que cubre la finalización de la actividad provocada por una situación en todo caso involuntaria.

GARANTIA DE LOS SUMINISTROS Y ACCESO A LAS TELECOMUNICACIONES

Se amplía la cobertura de colectivos vulnerables en el ámbito del suministro de servicios públicos esenciales, en particular en el ámbito del agua, el gas natural y la electricidad, y se congelan los precios correspondientes a los gases licuados del petróleo. El servicio de suministro domiciliario de agua potable para consumo humano es un servicio esencial que debe quedar garantizado, especialmente, en las actuales circunstancias.

Con este fin, se imposibilita el corte de suministro de agua por incumplimiento de contrato a los consumidores que tengan la condición de vulnerables, entendiendo por tales los que tienen esa condición conforme a la normativa en materia del sector eléctrico. Esta medida se aplica igualmente a los consumidores de gas natural. A los beneficiarios del bono social eléctrico se les prorrogará de forma automática el plazo de vigencia hasta el 15 de septiembre de 2020.

telefono movilTambién se establecen ciertas medidas también en materia de telecomunicaciones que, además de estar constituidas por redes y servicios que legalmente han sido calificadas de interés general, así como las comunicaciones electrónicas

Para garantizar que los ciudadanos, en las situaciones de contención y de movilidad reducida que ha supuesto la citada declaración del estado de alarma, puedan seguir accediendo a estos servicios y actividades es imprescindible asegurar el mantenimiento de la conectividad y que los servicios de comunicaciones electrónicas se sigan prestando por los operadores, al menos, en las mismas condiciones que en la actualidad, de forma que se deben mantener los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y no podrán suspenderse o interrumpirse, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de servicios suscritos entre operadores y consumidores. Asimismo, se establecen determinadas medidas para garantizar la prestación del servicio universal de telecomunicaciones. Por otra parte mientras esté en vigor el estado de alarma, se suspenderán todas las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil que no estén en curso, excepto en casos excepcionales de fuerza mayor.

SUSPENSION TEMPORAL DE CONTRATOS – ERTES

Se establecen asimismo medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos. Las medidas adoptadas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada (ERTEs) persiguen evitar que una situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo, dado que se priorizará el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos.

Por ello, en primer lugar, se especifica que las pérdidas de actividad consecuencia del COVID-19 tendrán la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada y se agiliza la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo, tanto por fuerza mayor, como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

calculadoraAsimismo, ante la extraordinaria situación de gravedad, en el presente real decreto ley se refuerza la cobertura a los trabajadores afectados por un ERTE, posibilitándoles que tengan acceso a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización necesario para tener acceso a ella y, adicionalmente, que el periodo de la suspensión del contrato o la reducción de la jornada durante el que estén percibiendo dicha prestación no les compute a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos.

Por su parte, con el objetivo de aligerar los costes en los que incurren las empresas, en los casos de fuerza mayor regulados en este real decreto-ley, otra de las novedades incorporadas, es la exoneración a las empresas del pago del 75 % de la aportación empresarial a la Seguridad Social alcanzando dicha exoneración el 100 % de la cuota cuando se trate de empresas de menos de 50 trabajadores, siempre que éstas se comprometan a mantener el empleo. incentiva el mantenimiento del capital humano ya formado.

MEDIDAS FINANCIERAS Y GARANTIA DE LIQUIEDEZ

Se establecen medidas de garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia de la situación generada por el COVID-19.

  • Línea de avales para las empresas y autónomos.
  • Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar los importes de las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos

AGILIZACION DE TRAMITES ADUANEROS

Se agilizan los trámites aduaneros de importación en el sector industrial.

SUSPENSION DE PLAZOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS

En atención a las dificultades que la situación excepcional generada por el COVID-19 puede entrañar para los obligados tributarios en orden a cumplir ciertas obligaciones tributarias y trámites en procedimientos de carácter tributario, fundamentalmente para atender requerimientos y formular alegaciones en plazo en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores tributarios y algunos de revisión en materia tributaria, resulta aconsejable flexibilizar los plazos con los que cuenta el contribuyente para favorecer su derecho a alegar y probar y facilitar el cumplimiento del deber de colaborar con la Administración Tributaria del Estado y de aportar los documentos, datos e información de trascendencia tributaria de que se trate.

A tal efecto, se ha tenido en cuenta lo dispuesto sobre suspensión de plazos administrativos para el ámbito de los procedimientos de entidades del sector público a que se refiere la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 20 de marzo, de declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, si bien con un ámbito especial y más concreto, el de ciertos procedimientos tributarios, y con un horizonte temporal a favor del obligado que puede superar el de vigencia inicial del estado de alarma. Por esta misma razón, en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias, se flexibilizan los plazos para el pago, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento (no se establecen sin embargo medidas de aplazamiento para la presentación o declaración de impuestos). 

excavadoraPROHIBICION DE RESOLUCION DE CONTRATOS SUSCRITOS CON ADMINIISTRACIONES PUBLICAS

En cuarto lugar, se establecen medidas para evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial derivados de la suspensión de contratos públicos, impidiendo la resolución de contratos públicos por parte de todas las entidades que integran el sector público y evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades autónomas o las entidades que integran la Administración local y todos sus organismos públicos y entidades de derecho público tengan un impacto estructural negativo sobre esta parte del tejido productivo. Para evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las CCAA o la Administración local para combatirlo puedan dar lugar a la resolución de contratos del sector público se prevé un régimen específico de suspensión de los mismos.

AYUDAS FINANCIERAS PARA LOS AGRICULTORES ENDEUDADOS

Por último, se incorpora en este capítulo una disposición que permita facilitar que, de manera voluntaria, los prestatarios de créditos financieros concedidos a titulares de explotaciones agrarias.

APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO – AYUDAS I+D

El capítulo IV establece medidas de apoyo a la investigación sobre el COVID-19.

REGIEMEN ESPECIAL APLICABLE A CONVENIOS DEL SECTOR PUBLICO

Finalmente, el capítulo V establece medidas adicionales para permitir una respuesta adecuada a la situación excepcional, entre las que destaca un régimen particular para la suscripción de convenios de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público relacionados en el ámbito de la gestión de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19.

MEDIDAS EN EL AMBITO MERCANTIL APLICABLE A LAS SOCIEDADES Y OTRAS ENTIDADES

  • Posibilidad de celebracion de sesiones de los órganos de gobierno y de administración de sociedades y asociaciones por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple.
  • Posibilidad de celebracion de las juntas o asambleas de asociados o de socios podrán celebrarse por video o por conferencia telefónica múltiple.
  • La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.
  • En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma o durante la vigencia del mismo, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, tanto si la auditoría fuera obligatoria como voluntaria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
  • La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.
  • Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria.
  • En relación con la propuesta de aplicación del resultado las sociedades podrán sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria por otra propuesta.
  • El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y levante acta de la reunión podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.
  • Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.
  • El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
  • En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado.
  • En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.
  • Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.

OTRAS MEDIDAS DE INDOLE MERCANTIL

  • Medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las Sociedades Anónimas Cotizadas.
  • Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del real decreto de declaración del estado de alarma.
  • Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso.

Pueden acceder al contenido del texto consolidado del Real Decreto-Ley 8/2020 pinchando el siguiente ENLACE al BOE.

Seguiremos informando de las principales disposiciones con relación a las medidas aprobadas para frenar la crisis del COVID-19.

¿Cómo tributa la devolución por parte de las entidades financieras de los intereses previamente satisfechos por los contribuyentes como consecuencia de las cláusulas suelo?

¿Cómo tributa la devolución por parte de las entidades financieras de los intereses previamente satisfechos por los contribuyentes como consecuencia de las cláusulas suelo?

La Agencia Tributaria ha publicado un comunicado en su página web en el que informa públicamente de la forma de tributación de las devoluciones recibidas por las entidades bancarias en reclamación de la nulidad de la cláusula suelo en las hipotecas.

Según la Agencia Tributaria, la disposición adicional cuadragésima quinta a la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, tiene como finalidad regular los efectos fiscales derivados de la devolución por parte de las entidades financieras, de los intereses previamente satisfechos por los contribuyentes como consecuencia de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos concertados con aquellas, tanto si la devolución de tales cantidades deriva de un acuerdo celebrado entre las partes como si es consecuencia de una sentencia judicial o de un laudo arbitral.

La disposición adicional establece en su apartado 1 que las cantidades devueltas derivadas de acuerdos celebrados con entidades financieras, bien en efectivo bien mediante la adopción de medidas equivalentes de compensación, previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos, no deben integrarse en la base imponible del impuesto. Tampoco se integrarán en la base imponible los intereses indemnizatorios relacionados con los mismos.

Por tanto, no procede incluir en la declaración del IRPF ni las cantidades percibidas como consecuencia de la devolución de los intereses pagados ni los intereses indemnizatorios reconocidos, por aplicación de cláusulas suelo de interés.

No obstante, establece unos supuestos de regularización, en los casos en que dichos intereses hubieran formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones establecidas por las Comunidades Autónomas, o hubieran tenido la consideración de gasto deducible.

A estos efectos el apartado 2 de la citada disposición regula ambos supuestos:

A. Cuando el contribuyente hubiera aplicado en su momento la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones autonómicas por las cantidades percibidas, perderá el derecho a su deducción. En este caso, deberá incluir los importes deducidos en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio en que se hubiera producido la sentencia, el laudo arbitral o el acuerdo con la entidad, en los términos previstos en el artículo 59 del Reglamento del IRPF, pero sin inclusión de intereses de demora.

A estos efectos, si la sentencia, el laudo o el acuerdo se hubiese producido en 2016, en la declaración de Renta 2016 (a presentar en abril, mayo, junio de 2017) estas cantidades se incluyen en las casillas 524 y 526, no siendo necesario completar las casillas 525 y 527, correspondientes a los intereses de demora.

Este tratamiento es el mismo que normalmente se utiliza en los supuestos de pérdida del derecho a deducción por vivienda habitual pero sin incluir intereses de demora.

No será de aplicación esta regularización respecto de las cantidades que se destinen directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo.

Es decir, si la entidad financiera, en lugar de devolver al contribuyente las cantidades pagadas lo que hace es reducir el principal del préstamo, no habrá que regularizar las deducciones practicadas anteriormente correspondientes a esos importes.

Por su parte, la reducción del principal del préstamo tampoco generará derecho a aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual.

B. En el supuesto de que el contribuyente hubiera incluido, en declaraciones de años anteriores, los importes ahora percibidos como gasto deducible, estos perderán tal consideración debiendo presentarse declaraciones complementarias de los correspondientes ejercicios, quitando dichos gastos, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno.

El plazo de presentación de las declaraciones complementarias será el comprendido entre la fecha de la sentencia, laudo o acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por este impuesto.

Otra cuestión regulada por la norma son los ejercicios a los que afectan estas regularizaciones, tanto de las deducciones de vivienda o autonómicas como de los gastos deducibles. En este sentido se establece que solo será de aplicación a los ejercicios respecto de los cuales no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria.

En función de si el contribuyente hubiera aplicado deducción de vivienda, o deducciones autonómicas, o deducción de gastos y del año en que se produzca el acuerdo, sentencia o laudo, la forma de regularizar y los ejercicios afectados varían. En concreto nos podemos encontrar con los siguientes supuestos:

1.- El contribuyente había aplicado la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones establecidas por las Comunidades autónomas, por las cantidades percibidas:

a. Sentencia, laudo o acuerdo del año 2016: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2016 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2017) y afectará, con carácter general, a las deducciones de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

En el caso que entre las cantidades devueltas haya intereses del año 2016, estos ya no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda dicho año.

b. Acuerdo con la entidad financiera, sentencia o laudo del año 2017: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2017 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2018) y afectará, con carácter general, a las deducciones del año 2013, 2014, 2015 y 2016.

No obstante, si la sentencia o acuerdo es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año 2016 no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda y, por tanto, la regularización no afectará a dicho ejercicio.

2.- El contribuyente había incluido las cantidades ahora percibidas como gasto deducible en ejercicios anteriores:

a. El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo, se ha producido desde el 6 de abril de 2016 hasta el 4 de abril de 2017. En este caso, deberá presentar declaraciones complementarias con carácter general de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en el plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (abril, mayo y junio de 2017).

Si entre las cantidades devueltas hubiera intereses abonados en el ejercicio 2016, el contribuyente ya no incluirá como gastos deducibles dichos importes en su declaración

b. El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo se ha producido después del 4 de abril de 2017. En este caso deberá presentar declaraciones complementarias, con carácter general, de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 en el plazo de presentación del IRPF del año 2017 (abril, mayo y junio de 2018).

No obstante, si el acuerdo o la sentencia es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF de 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año 2016 no se tendrán en cuenta como gasto deducible y, por tanto, no tendrá que presentar declaración complementaria de dicho ejercicio.

Por último, si el contribuyente ya hubiese regularizado dichas cantidades por tener una sentencia anterior podrá instar la rectificación de sus autoliquidaciones solicitando la devolución de los intereses de demora satisfechos y, en su caso, la modificación de los intereses indemnizatorios declarados como ganancia.

Puede acceder a la norma Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. (BOE, 21-enero-2017) BOE

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Unificación de doctrina IRPF: La prestación por maternidad no se debe considerar como Renta exenta a efectos del IRPF

Unificación de doctrina: La prestación por maternidad de la seguridad social no se debe considerar como Renta exenta a efectos del IRPF

Una nueva Resolución, esta vez del TEAC, con fecha de 2 marzo 2017, en procedimiento para unificación de doctrina, establece que la prestación por maternidad no se considera como Renta exenta a efectos del IRPF, determinando que al tratarse de una exención tributaria, no deben tener cabida interpretaciones extensivas o analógicas que amplíen el ámbito de la exención más allá de lo previsto por el legislador.

El TEAC ha decidido actuar de oficio para poner fin al debate originado por la dispar doctrina de varios Tribunales Económico-Administrativo regionales, concretamente de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía, frente a la de Madrid, siendo esta última la que obtuvo gran repercusión en los medios de comunicación, que resolvieron de forma contradictoria la cuestión de si las prestaciones por maternidad percibidas de la Seguridad Social están o no exentas de cara al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Recientemente informamos en nuestro blog de que para el TSJ de Madrid, siendo el INSS un ente público, la prestación de maternidad satisfecha por el mismo estaría forzosamente incluida entre las exentas a efectos del IRPF.

Puedes acceder al artículo publicado: https://www.abogadosquevedo.es/jurisprudencia-y-doctrina-irpf-la-prestacion-por-maternidad-se-considera-como-renta-exenta/

No obstante esta resolución no sentaba jurisprudencia, e incluso hemos verificado que se han dictado pronunciamientos posteriores de otros órganos judiciales manteniendo la tesis contraria, refrendada particularmente en el ámbito de Andalucía por el Tribunal Superior de Justicia de dicha Comunidad autónoma.

La prestación de la Seguridad Social derivada de la baja por maternidad no está expresamente prevista en la normativa del IRPF como renta exenta del Impuesto, como tampoco se recogen como exentas las prestaciones derivadas del acogimiento, la incapacidad temporal por accidente o enfermedad o el riesgo durante el embarazo, por lo que la exención de las prestaciones de maternidad se limita a las concedidas por las Comunidades Autónomas y Entidades locales.

Son varios los Tribunales Económico-Administrativos Regionales han alcanzado la misma conclusión que se confirma con la reciente resolución del TEAC.

Por tanto tal y como dicta la resolución podemos confirmar que la prestación por maternidad pagada por la Seguridad Social no está prevista en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como renta exenta del Impuesto en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de Noviembre.

Si tiene dudas respecto a la tributación de los rendimientos de trabajo o actividad, las prestaciones y los ingresos que son objeto ganancia patrimonial, puede llamarnos e intentaremos resolverlas. Podemos también concertar una cita para efectuar un estudio detallado de su caso particular. contacte con nosotros a través de los datos facilitados en la página de contacto de nuestra web o pinchando en el siguiente enlace: www.abogadosquevedo.es

Para temas relacionados con la maternidad y los niños recordaros nuestra recomendación de la web amiga WWW.SOYPRIMERIZANOTONTA.COM.

Modificación en el régimen del aplazamiento de las deudas tributarias

El pasado 3 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.

Entre otras medidas modifica el régimen de aplazamiento de las deudas tributarias con efectos desde el 1 de enero de 2017, por lo que la posibilidad de aplazar o fraccionar las deudas tributarias queda sometido a nuevas limitaciones. Se modifica el apartado 2 del artículo 65, que queda redactado de la siguiente forma:write-593333_1920

No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias:

a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.

c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.

d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado reguladas en el título VII de esta Ley.

e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.

f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.

g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión.

Para todos estos supuestos se establece un régimen transitorio de conformidad con el cual los aplazamientos o fraccionamientos cuyos procedimientos se hayan iniciado antes del 1 de enero de 2017 se regirán por la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusión.

window-1231894_1920Es necesario por tanto apresurarse en la solicitud de aplazamientos o fraccionamiento de deudas tributarias en los casos anteriores para que no se le aplique la nueva regulación fiscal.

También se suprime a partir del 1 de Enero la excepción prevista en la Ley General Tributaria que abría la posibilidad de aplazar o fraccionar las retenciones e ingresos a cuenta.

Con efectos desde 1 de enero de 2017 hay que señalar que podrá admitirse el pago en especie de la deuda tributaria en período voluntario o ejecutivo cuando una Ley lo disponga expresamente y en los términos y condiciones que se prevean reglamentariamente. No obstante, no podrá admitirse el pago en especie en aquellos supuestos en los que, de acuerdo con el artículo 65.2 de esta Ley, las deudas tributarias tengan la condición de inaplazables, que serán objeto de inadmisión.

Si tiene dudas respecto al aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias,  la tributación de los rendimientos de trabajo o actividad, las prestaciones y los ingresos que son objeto ganancia patrimonial, el procedimiento de recurso ante la Administración tributaria o cualquier otro asunto de carácter fiscal, puede llamarnos e intentaremos resolvérselas. Somos especialistas en el asesoramientos de empresarios y  Pymes.

Podemos concertar una cita para efectuar un estudiocall-15924__180 detallado de su caso particular. Contacte con nosotros a través de los datos facilitados en la página de contacto de nuestra web o pinchando en el siguiente enlace:  www.abogadosquevedo.es

Los rumores de un cambio de la regulación del impuesto de sucesiones desatan un aluvión de donaciones en la comunidad de Madrid

Como cada año por estas fechas los rumores de modificación del régimen fiscal de las donaciones y las sucesiones en Madrid dan lugar a un aluvión de consultas de clientes que acuden al despacho preocupados por si hay algo de cierto en ello o no.

Hay numeroso artículos en prensa que ya se están haciendo eco de la noticia, y que hablan de un aluvión de donaciones en Madrid por temor al fin del chollo fiscal, como por ejemplo el que publica el confidencial (adjuntamos un enlace del artículo citado).

http://www.elconfidencial.com/economia/2016-11-02/avalancha-donaciones-sucesiones-madrid-fin-chollo-fiscal-hacienda-cifuentes_1282652/

Desconocemos si finalmente va a haber finalmente o no cambio normativo en 2.017, pero lo cierto es que año tras año surgen los mismos rumores:

– La comunidad de Madrid va a suprimir las bonificaciones en las donaciones entre familiares directos: padres, hijos, cónyuges y parejas de hecho.

– La comunidad de Madrid va a suprimir las bonificaciones entre familiares directos, es decir, descendientes, ascendientes, cónyuge o pareja de hecho del causante o donante, integrados en los grupos I y II de parentesco del impuesto.

Es difícil prever una medida de este tipo, pero recordemos que por poner un ejemplo en la Comunidad valenciana en 2013 se modificó el ISD reduciendo las bonificaciones entre familiares del 99 al 75% y ahora vuelve a anunciar recortes para 2017 que están haciendo temblar a las familias que ven que con el fallecimiento de uno de sus miembros el patrimonio familiar quedará mermado sustancialmente.

También en 2.015 se modificó este impuesto en Aragón para recaudar unos 20 millones de euros anuales, eliminando desde 2.016 en donaciones la bonificación del 65% en patrimonios preexistentes superiores a los 402.000 euros y la reducción del 100% si el valor de los bienes que pasan de padres a hijos no supera los 300.000 euros, y en sucesiones, la bonificación del 65% para los patrimonios preexistentes de más de 402.000 euros, salvo que se trate de la vivienda familiar o planes de pensiones.

Ahora la Presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha dejado entrever en varias entrevistas que el gobierno ha estado planificando una modificación del impuesto de Sucesiones que se aprobará con carácter inmediato. Queda claro por tanto que vamos a sufrir cambios muy próximos y notaremos su repercusión cuando surja el hecho imponible que regula el impuesto (fallecimiento o transmisión con carácter gratuita).

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¿Qué beneficio existe en la Comunidad de Madrid para el supuesto de donaciones a favor a de un hijo?

Hasta ahora la Comunidad de Madrid ha impulsado la práctica eliminación del Impuesto sobre Donaciones para los supuestos de que quién recibe la donación (donatario) tuviese relación de parentesco directo con el donante.

El Grupo I incluye descendientes (hijos, nietos…) y adoptados menores de veintiún años, y el Grupo II descendientes (hijos, nietos…) y adoptados de veintiuno o más años, cónyuge, ascendiente (padres, abuelos…) y adoptantes. Los donatarios incluidos en cualquiera de estos grupos tendrán derecho a aplicarse una bonificación del 99 por 100 de la cuota del Impuesto sobre Donaciones, con efectos desde el 01/01/2006.

Esto supone que sólo tendrán que ingresar el 1 por 100 de la cuota tributaria. Muchos ciudadanos y profesionales desconocen que para aplicar de esta bonificación necesario que la donación se documente en documento público y además, cuando la donación sea en metálico, será necesario que el origen de los fondos donados esté debidamente justificado, por lo que es necesario un asesoramiento previo y la actuación de un profesional en derecho que supervise la operación.

Hay que tener en cuenta que a efectos de donaciones un inmueble ubicado en la Comunidad de Madrid cuyo valor real es de 200.000 euros puede liquidarse aplicándose la bonificación que tiene regulada la Comunidad de Madrid por unos 400 euros, por lo que el ahorro fiscal que se obtiene cumpliendo los trámites legales es significante.

purse-1359848_1920En caso de inmuebles habrá que tener en cuenta otros gastos e impuestos como el de la escrituración, la inscripción en Registro de la propiedad, plus-valía municipal, etcétera.

La web de la Comunidad de Madrid a través del portal del contribuyente responde a las primeras cuestiones con trascendencia fiscal que con más frecuencia se plantean por estos asuntos. Puedes acceder a la misma para ampliar información mediante el siguiente enlace.

¿Qué sentido tiene donar en vida si resides en Madrid?

Una donación en vida puede suponer adelantar el impacto fiscal de la transmisión, teniendo que realizar desembolsos a fecha de hoy que no son obligados ni corresponderían en principio tener que soportar ni al donante ni al donatario. Tendrá impacto en el IRPF y devengará plusvalía municipal la transmisión de inmuebles por lo que habrá que hacer un estudio concreto de cada caso, especialmente cuando todos o alguno de los donatarios tengan distinta residencia del donante.

Por el contrario las ventajas son innumerables:

– Nos estamos asegurando en primer lugar de poder aplicar las bonificaciones actuales en sede del impuesto de donaciones. En cualquier momento puede cambiar la política estatal o autonómica y suprimirse las bonificaciones actuales del 99%. Ganamos por tanto en seguridad jurídica y nos ahorramos muchas preocupaciones de carácter económico.

– También lograremos dejar ordenado en vida un legado que al fallecimiento puede ser causa de conflictos familiares entre los hijos, normalmente herederos, o incluso entre estos con la viuda. Hay que recordar que los herederos podrán adjudicar la herenciaman-863744_1920

– Es una oportunidad de librarse de ciertos gastos accesorios o inherentes al mantenimiento de los inmuebles (IBI, impuestos de basura, suministros, comunidad de propietarios, etcétera) que muchas ocasiones no son asumidos por el hijo que ocupa la vivienda como suya y que son un lastre para la economía de los padres. Es una oportunidad para que los hijos terminen de madurar y se hagan cargo de sus propias responsabilidades.

– No tendrás que renunciar a cambiar de residencia y podrás por fin irte a vivir a ese apartamento en la playa que tanto disfrutas o junto a la familia más allegada a esa segunda residencia que mantienes en el pueblo, sin el riesgo de los herederos de tener demostrar la residencia efectiva del causante al fallecimiento. El lugar donde resides es determinante en el Impuesto de sucesiones y donaciones (ISD) y al ser un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas el impacto fiscal si dejas Madrid puede ser execrable. De hecho el cambio de domicilio a la jubilación es uno de los motivos que más perjudica a los herederos cuando el fallecido no ha previsto una sucesión ordenada de los bienes ya que tiene graves consecuencias fiscales a la hora de hacer frente por parte de los primeros a los tributos de la herencia.

El tratamiento fiscal de la donación y la herencia varía considerablemente según la autonomía que nos vincula junto con otros elementos como el patrimonio preexistente del heredero/donatario y la vinculación entre fallecido/donante y heredero/donatario. Si establecen el punto de residencia habitual fuera de Madrid por pasar largas temporadas en otra autonomía tendrá graves efectos fiscales a la hora afrontar el reparto de la herencia.

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Las donaciones deben tratarse como un anticipo de la sucesión, por lo que deben estar supervisadas por un profesional.

Hacemos un pequeño inciso para exponer que hay que analizar si se hacen o no con cargo a la legítima de la herencia futura, evitando así que se puedan declarar inoficiosas y perjudicar al resto de los hijos que no la reciban, o por el contrario si no se les da el carácter de colacionable que consecuencias van a producirse. Normalmente las donaciones se suelen complementar con otras, es decir, que si hay varios hijos y a uno de ellos se le dona un inmueble, se suele prever la operación compensatoria, como puede ser la de donación en metálico a los otros hijos, por ejemplo. En otro caso habrá un perjuicio comparativo que originará problemas a la hora de partir la herencia.

hands-981400_1920También puede dejarse constancia de la donación en testamento y mejorar al reparto de la herencia a los herederos que no reciben donación alguna en vida, compensando así al fallecimiento la mejora anticipada al donatario.

El Código civil prevé que al tiempo de evaluarse los bienes hereditarios se traerán a colación los bienes donados, que habrán de ser valorados para efectuar correctamente la partición, por lo que la donación tendrá carácter colacionable, con cargo al tercio de legítima y en su caso de mejora, o carácter no colacionable, que se computará en el de tercio de libre disposición.

En cualquier caso no tiene por qué coincidir el cambio de año con las medidas fiscales acordadas por el organismo de hacienda estatal o de la comunidad de Madrid, por lo que es cuestión de plantear la consulta y realizar un estudio para ver si en el momento de la misma puede resultar idóneo y conviene transmitir los bienes por donación o por herencia.

Podemos ayudarle a planificar las operaciones sucesorias en función del lugar de tu residencia, o redactar el cuaderno particional para formalizar la efectiva adjudicación de los bienes. Realizamos todas las gestiones hasta la inscripción de los inmuebles transmitidos, incluyendo la presentación del impuesto de sucesiones, las plusvalías municipales e incluso las solicitudes a las compañías para que puedas cobrar un seguro de vida.

Sobre nosotros, ya sabe que somos profesionales en temas de herencias y testamentos. Nuestro despacho está en Madrid. Si tiene cualquier o consulta sobre herencias le recordamos que la primera consulta será personalizada y es totalmente gratuita.beautiful-15742_1920

Puedes pedirnos cita a través de los medios de contacto que te proporcionamos en esta web https://www.abogadosquevedo.es/herencias-y-testamentos-en-madrid/

 

 

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA DEL IRPF: La prestación por maternidad se considera como renta exenta

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA DEL IRPF: La prestación por maternidad se considera como renta exenta

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid mediante resolución con fecha de 6 de julio ha declarado exenta la prestación por maternidad abonada por concepto de maternidad por parte del Instituto Nacional de Seguridad Social.

mom-20666_1920La beneficiaria requirió el reconocimiento a la devolución a su favor de 3.135,11 euros más los correspondientes intereses de demora mediante una solicitud de rectificación de autoliquidación de IRPF. El acuerdo desestimatorio de la Administración de Ciudad Lineal de la AEAT a la solicitud de la actora de rectificación dio lugar al recurso contencioso-administrativo que fue presentado el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid. Tras la desestimación por parte del TEAR de Madrid se interpuso nuevo recurso económico-administrativo contra la Resolución desestimatoria ante el TSJ de Madrid, que finalmente ha estimado íntegramente las pretensiones de la contribuyente.

La resolución se basa en la redacción del art. 7 h) de la Ley 35/2006 IRPF, aplicable en el ejercicio 2009, que era la siguiente en cuanto a las exenciones aplicables:

“h) Las prestaciones familiares reguladas en el Capítulo IX del Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.

Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas en el párrafo anterior por la Seguridad Social para los profesionales integrados en dicho régimen especial.

La cuantía exenta tendrá como límite elcashbox-1642988_1920 importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.

Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad. También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales.”

Se añadió en ese texto legal un nuevo párrafo, el tercero, que se refiere, en general, al alcance de la exención de las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad, sin distinguir la procedencia de las prestaciones y solo es en el cuarto párrafo donde se aclara que estarán exentas también las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales.

El TSJM recuerda que el Instituto Nacional de la Seguridad Social es una entidad gestora de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la SESS, que tiene encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social,

De ahí que la prestación por maternidad percibida por la actora de ese ente público tiene que estar forzosamente incluida en el tercer párrafo del art. 7h) LIRPF , ya que ese precepto reconoce tal beneficio tributario, con carácter general, en su párrafo tercero y lo que hace en el párrafo cuarto es ampliar el beneficio fiscal a las prestaciones que tengan procedencia de otros entes públicos, ya sean locales o autonómicos. Por ello concluye que la interpretación que realiza la AEAT de la regulación legal no es acertada, ya que se queda en el párrafo cuarto para denegar la exención pretendida de la prestación por maternidad, sin tener en cuenta la redacción del tercer párrafo.

law-1063249_1920De ahí que la consecuencia deba ser la íntegra estimación del recurso y la anulación de la presunta Resolución del TEAR por no ser conforme a derecho, declarando al propio tiempo el derecho de la actora a la rectificación de su autoliquidación de IRPF del ejercicio 2009 en el sentido solicitado y el derecho a percibir la devolución de la cantidad de 3.135,11 €, con sus correspondientes intereses legales.

NOTA IMPORTANTE QUE AFECTA A LA RESOLUCION ANALIZADA: NUEVO ARTÍCULO EN LA WEB SOBRE UNIFICACION DE LA DOCTRINA. ACCEDE MEDIANTE EL SIGUIENTE ENLACE:

Unificación de doctrina IRPF: La prestación por maternidad no se debe considerar como Renta exenta a efectos del IRPF

Si tiene dudas respecto a la tributación de los rendimientos de trabajo o actividad, las prestaciones y los ingresos que son objeto ganancia patrimonial, puede llamarnos e intentaremos resolverlas. Podemos también concertar una cita para efectuar un estudio detallado de su caso particular. contacte con nosotros a través de los datos facilitados en la página de contacto de nuestra web o pinchando en el siguiente enlace:  www.abogadosquevedo.es

Aprovechamos también para recomendaros la web amiga WWW.SOYPRIMERIZANO TONTA.COM para temas relacionados con la maternidad y los niños.

Próximo vencimiento del segundo pago IRPF

Les recordamos a todos los contribuyentes del IRPF que tengan pendiente de ingresar el abono parcial del importe a pagar resultante de la declaración efectuada, la proximidad del vencimiento del Segundo Plazo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al pasado año 2.015 que es el comprendido hasta el 7 de noviembre de 2016.

El cobro se realizará mediante cargo en la cuenta bancaria de la entidad donde pago el primer plazo, donde se domicilió el segundo, por lo que debe disponer del saldo necesario en la mencionada fecha.information-1027303_1920

Para  consultas relacionadas con el IRPF o cualquier otro impuesto pueden solicitar una cita con los asesores fiscales a través de los datos de contacto de la web. Deberán indicar el nombre de la web si quieren beneficiarse de una consulta gratuita y concertaremos una reunión.

Doctrina fiscal: ¿como tributan los dividendos de un plan de pensiones extranjero?

La Dirección General de Tributos le reconoce el derecho a un extranjero, residente en Gran Bretaña, de beneficiarse del procedimiento de devolución rápida para hacer efectiva la exclusión de retenciones de la fuente española de la renta proveniente de dividendos derivados de un plan de pensiones.

Según reciente Consulta vinculante que ha sido publicada por la DGT en el ejercicio de su competencia de interpretación de la normativa del régimen tributario general y de las figuras tributarias no atribuidas expresamente a otros órganos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha determinado que cuando el contribuyente cumple con los presupuestos de hecho que le permitirían acogerse a la exención de los dividendos tanto con arreglo a la normativa interna como por aplicación del Convenio entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hechos en Londres el 14 de marzo de 2013, teniendo en cuenta la prevalencia de este último sobre las disposiciones de la normativa interna, y dado que el contribuyente ha acreditado su derecho a acogerse al CDI mediante la presentación del certificado de residencia fiscal en Reino Unido, puede acogerse a la exención prevista en el CDI España-Reino Unido art.10.2.bii, y por aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, art.31.4.a, en relación con los dividendos obtenidos en España, este tiene derecho a beneficiarse del procedimiento de devolución rápida para hacer efectiva la exclusión de retenciones de fuente española.

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Consulte con nuestros expertos las dudas respecto a la tributación de los rendimientos de trabajo o actividad y los ingresos que son objeto ganancia patrimonial, conozca los Convenios para evitar la doble imposición y si puede exigir la devolución de las retenciones practicadas sobre sus dividendos.

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Régimen fiscal de las sociedades civiles con objeto mercantil a partir del 1 de enero de 2016

Las sociedades civiles cuyo objeto social mercantil y que tributaban hasta el 31-12-2015 como contribuyentes del IRPF a través del régimen de atribución de rentas, pasarán a ser sujetos pasivos del IS desde el 1 de enero de 2.016.

Un supuesto especialmente conflictivo en cuanto al régimen fiscal de sociedades era el de las sociedades civiles cuyo objeto social consiste en la realización de actos de comercio. El problema radicaba en si este tipo de sociedades deben tributar por el IS o por el IRPF, situación que ha sido aclarada por el legislador al haber determinado que desde el 1-1-2016, este tipo de sociedades pasan a tributar por IS.

Quedan fuera de dicha medida, en principio, las comunidades de bienes, así como las sociedades civiles que no tienen objeto mercantil como las actividades agrarias, forestales, mineras y las profesionales.

Y decimos “en principio” porque hasta esta nueva reforma, las S.C. y las C.B. tenían la misma consideración para Hacienda, y a la hora de constituirse no revisaba si estaban bien constituidas o encuadradas según la normativa civil. Según esto, existen en la actualidad comunidades de bienes que se crearon inicialmente, por ejemplo, para arrendar un bien en común, que posteriormente han ido desarrollando actividades mercantiles sin cambiar la forma jurídica, dado que ningún estamento ni normativa obligaba expresamente a tramitarlo. De esta forma las C.B. con objeto mercantil vienen operando en la práctica como si fueran una S.C., por lo que antes o después las obligaciones contables y fiscales de una y otra serán las mismas, evitando de esta forma el grave perjuicio comparativo que se está produciendo en este momento entre las ya declaradas y las nuevas, a las que se les está negando por parte de casi todas las delegaciones de la Agencia Tributaria el acceso al censo por cuestión de fondo, es decir, por subyacer en una forma jurídica incorrecta. Entendemos por tanto que la reforma fiscal puede también llegar a afectar igual a una comunidad de bienes que se utiliza para explotar un negocio, bien por vía de nueva disposición complementaria, que sería lo más normal, o por vía incluso de resolución vinculante, revisión o inspección de cada caso concreto. De esta forma, si tienes una comunidad de bienes, deberás estar alerta, ya que el cambio normativo ha podido o en su caso podría también afectar a tu actividad.

Por otra parte, si estabas pensando en crearnotario-917149_640 una comunidad de bienes en lugar de una sociedad civil para evitar la aplicación del IS nuestra opinión es que no se admitirá y, aunque en alguna Delegación pudieras incluso eludir este control, no es la mejor opción planteable, por cuanto en breve saldrá alguna norma expresa que solucionará la actual situación y equiparará ambas figuras.

La medida fiscal, aplicable en primer término a las sociedades civiles, requiere incorporar un régimen transitorio en el IRPF que regule la traslación de este tipo de entidades como contribuyentes del IRPF a contribuyentes del IS así como para las que acuerden su disolución y liquidación por esta causa.

 Así, desde el 1-1-2016, podrán acordar su disolución y liquidación las sociedades civiles en las que concurran unas circunstancias concretas y con el siguiente régimen fiscal beneficioso:

a) Exención del ITP y AJD.b) No se devengará el IIVTNU con ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza urbana de los que sea titular la entidad.

c) A efectos del IRPF, del IS o del IRNR respecto a los socios de la sociedad que se disuelve.

Hasta la finalización del proceso de extinción de la sociedad civil, siempre que la misma se realice dentro del plazo señalado en la norma, continuará aplicándose el régimen de atribución de rentas del IRPF, sin que la sociedad civil llegue a adquirir la consideración de contribuyente del IS.

En caso contrario, la sociedad civil tendrá la consideración de contribuyente del IS desde 1-1-2016 y no resultará de aplicación el citado régimen de atribución de rentas.

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No obstante lo anterior, a efectos fiscales, en el resto de sociedades civiles con objeto mercantil, se entenderá que, a 1-1-2016, la totalidad de sus fondos propios están formados por aportaciones de los socios, con el límite de la diferencia entre el valor del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias, reflejados en los correspondientes libros registros, y el pasivo exigible, salvo que se pruebe la existencia de otros elementos patrimoniales. Las participaciones en la sociedad civil adquiridas con anterioridad a dicha fecha, tendrán como valor de adquisición el que derive de lo dispuesto en el párrafo anterior. Los contribuyentes del IRPF podrán seguir aplicando las deducciones en actividades económicas que estuviesen pendientes de aplicación a 1-1-2016 en los términos de la LIRPF art.68.2 , siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la LIS.

Los contribuyentes del IRPF podrán seguir aplicando las deducciones en actividades económicas que estuviesen pendientes de aplicación a 1-1-2016 en los términos de la LIRPF art.68.2, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la LIS.

A partir del 1 de enero de 2016 se regula un régimen transitorio en cuanto a la integración de rentas devengadas, según la obligación de llevar o no la contabilidad ajustada al Código de Comercio, y en cuanto a las rentas obtenidas y en cuanto a las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en las sociedades civiles que se correspondan con reservas procedentes de beneficios no distribuidos obtenidos en ejercicios en los que haya sido de aplicación el régimen de atribución de rentas, cualquiera que sea la entidad cuyas participaciones se transmiten.

Respecto al régimen de transformación se aplica lo dispuesto en la Ley de modificaciones estructurales a aquellas sociedades civiles están aprovechando para transformarse en sociedades de responsabilidad limitada. No está contemplado ni vemos posibilidad de transformación de S.C. a C.B. debido a que un ente con personalidad jurídica no puede pasar a uno sin ella sino por vía de su disolución y extinción, con adjudicación de los correspondientes haberes.

Acude a nuestros especialistas paracall-15924__180 analizar y efectuar los trámites para disolver la sociedad civil, transformarla en sociedad limitada o ver las consecuencias fiscales del nuevo régimen del impuesto de sociedades aplicable a tu sociedad civil.

Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF para los ejercicios 2015 y 2016

Os proporcionamos en esta entrada lo que nos parece un enlace de gran utilidad: en la página web de la Agencia Tributaria puedes ver y descargarte un archivo PDF en el que a través de su esquema podemos fácilmente determinar las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF para los ejercicios 2015 y 2016 en sus diversas modalidades.

Si te interesa pincha en el siguiente enlace:  RETENCIONES IRPF 2015 Y 2016

Gentileza de www.abogadosquevedo.es