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¿Puedo demandar a los abuelos el pago de una pensión de alimentos para mi hijo?

El Tribunal Supremo ha ratificado en reciente Sentencia la obligación de los abuelos a abonar una pensión de alimentos para la manutención de los nietos, si no pueden hacerlo los padres.

Al igual que por parte de los abuelos se les puede exigir a los padres el cumplimiento de un régimen de visitas para estar los nietos, en interés del menor, según reciente fallo del Tribunal Supremo los abuelos también tienen obligación de afrontar los gastos que generen sus nietos, ante la insolvencia de los padres, en cumplimiento del deber de abonar una la pensión de alimentos. El Tribunal Supremo ratifica de esta forma la obligación de los abuelos de abonar una pensión de alimentos a la progenitora, titular de la atribución de la guarda y custodia de la menor, para destinarla a la manutención y gastos de la nieta, cuando no había podido conseguirla de su padre.

La madre, pensionista con incapacidad y bajos ingresos, en representación de su hija interpuso demanda contra los abuelos en reclamación de alimentos para la menor, tras haber quedado acreditada la absoluta insolvencia del padre, el cual carece de todo tipo de bienes con los que hacer frente a las necesidades de la hija, teniendo además una enfermedad que le impide incorporarse al mercado laboral.

Solicitaba que se declarase la obligación de los abuelos paternos y maternos de prestar alimentos a su nieta, condenado a los abuelos paternos a que abonen a su nieta una pensión de 345 euros mensualmente, con efectos desde la interposición de la demanda, así como al abono del 75% de los gastos extraordinarios que genere la menor, incluyendo en tal concepto los gastos relativos a clases de música y de apoyo, condenando a los abuelos maternos a que abonen a su nieta una pensión de 115 euros mensualmente, con efectos desde la interposición de la demanda, así como al abono del 25% de los gastos extraordinarios que genere la menor, incluyendo en tal concepto los gastos relativos a clases de música y de apoyo.

Los abuelos maternos demandados se manifestaron conformes con la petición de alimentos realizada por la actora, estimando no obstante que su contribución debe limitarse a 80 ó 90 euros mensuales atendidos sus medios económicos.

Los abuelos paternos demandados negaron la procedencia de la reclamación de alimentos aduciendo la falta de legitimación pasiva de los mismos para prestar alimentos al hallarse obligado preferentemente para prestarlos el padre de la menor, añadiendo que en cualquier caso carecen de los medios económicos para prestarlos al estar ya prestando alimentos a tres de sus hijos, dos de los cuales residen en su domicilio y la tercera en un piso de su propiedad acudiendo a recibir manutención diariamente, solicitando por ello la desestimación de la demanda.

La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda, y contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, de forma que la Audiencia condenó a los demandados a que abonen las pensiones fijadas en la sentencia recurrida desde la fecha de interposición de la demanda, confirmando la sentencia de primera instancia en cuanto a los demás extremos.

El Tribunal Supremo admite el recurso por interés casacional, admitiendo el interés del menor por encima de cualquier otra cuestión y ratifica la Sentencia de la Audiencia provincial, si bien manifiesta que en ocasiones procederán los gastos extraordinarios si tienen relación con los conceptos recogidos en el art. 142 del C. Civil, a los que antes hicimos referencia (sustento, habitación, vestido y asistencia médica) y sobre los gastos extraordinarios y su conceptuación.

La recurrente cita dentro de la jurisprudencia, sentencias que hacen referencia las relaciones padre hijos, y no a las de los abuelos, por lo que no puede mantenerse la existencia de interés casacional por infracción de doctrina jurisprudencial, indicando que la norma aplicable entre ascendientes (abuelos) y descendientes (nietos) es el art. 143 del Código Civil.

En conclusión, los abuelos tienen obligación de afrontar los gastos que generen sus nietos, ante la insolvencia de los padres, de acuerdo con lo establecido en el art. 142 del C. Civil y con respeto estricto del principio de proporcionalidad (arts. 145 y 146 C. Civil).

Los profesionales de www.abogadosquevedo.es podemos asesorarte sobre los pasos a tomar para reclamación la pensión de alimentos, la pensión compensatoria en caso de divorcio, el convenio regulador, la liquidación del régimen económico matrimonial, la guarda y custodia de los hijos menores, sobre el uso y disfrute de los bienes comunes, y otras materias relacionadas con el derecho de familia.

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Efectos de la crisis económica en los contratos de arrendamiento y las pensiones

Resulta evidente que la crisis económica ha calado de tal forma en la sociedad, que está provocando una profunda modificación no sólo de los usos económicos, sino que marca y tiene influencia directa, incluso, en las relaciones personales y sociales.

El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia en la que vuelve a apoyarse en la crisis económica como circunstancia clave para permitir la modificación de ciertos contratos. En concreto, en su sentencia de 10 de octubre de 2014 -publicada el 22 de diciembre de 2.014- declara aplicable la cláusula rebus sic stantibus, es decir, aquella por la que se entiende que las estipulaciones establecidas en los contratos lo son habida cuenta de las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, y que las modificaciones de las circunstancias pueden dar lugar a la ruptura del sinalagma y del equilibrio entre las partes.

Recuerda el Supremo que el necesario ajuste de las instituciones a la realidad social ha producido un cambio progresivo de la concepción tradicional de esta figura “de modo que se ha ido abandonando la idea de su carácter sumamente restrictivo”, optándose por una aplicación normalizada en atención a que “la actual crisis económica, de efectos profundos y prolongados de recesión económica, puede ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias”.

Entiende el Alto Tribunal que el contexto económico del momento en el que se celebró el contrato formó parte de la base económica del negocio que informó la configuración del contrato de arrendamiento del hotel y que la crisis, que produjo la caída en este sector de un 42 % en el rendimiento por habitación, cierre de hoteles emblemáticos y renegociaciones de renta en contratos en vigor, por las circunstancias de su irrupción, de su especial impacto y trascendencia, se trató de un riesgo imprevisible, que no cabe imputar a la arrendataria, por lo que sería causa de modificación forzosa de las condiciones pactadas.

En este caso  el Tribunal Supremo ha ordenado la moderación de la renta inicialmente pactada entre dos empresas, una hotelera y su arrendadora en Valencia, en un 29% de reducción y con duración hasta el final del ejercicio 2015, y ello por haberse justificado “la significativa caída en el sector, la disminución de ventas e ingresos medios por habitación y el consiguiente registro de pérdidas de la empresa arrendataria”.

Este argumento abre la puerta por tanto como base jurídica para sostener un incumplimiento parcial de pago de rentas por parte de inquilinos o arrendatarios, o para pretender una modificación forzosa los contratos a medio plazo firmados entre particulares o empresas , cuando el sector o las ventas hayan disminuido de forma drástica e imprevisible, o incluso cuando la situación arrendaticia general haya cambiado en este caso hacia una caída de precios en época de crisis.

Puedes exponernos tu caso particular y los profesionales de www.abogadosquevedo.es te asesorarán en todo momento y podrás plantearte una modificación del contrato por causa de los efectos de la crisis económica.

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En el caso de los procedimientos de Familia la crisis ha afectado desde la forma de afrontarlos (por cuanto al pago de sus costes), hasta la determinación, cálculo y modificación de las pensiones alimenticias, pasando por las propias decisiones judiciales, que están ajustando más las cifras definitivas, e incluso pro cuanto a la actitud de las entidades bancarias con respecto a las hipotecas y las deudas comunes, que está resultando decisiva en este tipo de procedimientos de ruptura familiar, por lo que se están viendo afectados muchos aspectos derivados de los mismos como se ha dicho, atribución de la vivienda, liquidación de gananciales, establecimiento y modificación pensión compensatoria y pensiones alimenticias.

A groso modo, tres serían los efectos más llamativos de la crisis económica en los procesos de separación y divorcio, incluyendo entre ellos, naturalmente, los derivados de rupturas de parejas de hecho:

1º.- El aumento de los realizados de mutuo acuerdo sin necesidad de acudir a la vía contenciosa. Realidad que encierra el peligro de que se cierren acuerdos en falso, con el único propósito de conseguir un considerable ahorro económico, al margen del coste emocional que comporta un prolongado proceso contencioso.divorce-619195_640

2º.- El incremento de las reclamaciones  del pago de las pensiones en ejecución, y, junto con ellas, el de los procedimientos de modificación para conseguir su reducción o extinción de las mismas.

3º.- El problema es cuando en esa economía de subsistencia también se han de incluir las necesidades de unos hijos que  muchas veces vienen a ser cubiertas con los deshechos financieros de sus progenitores.

En relación con lo anterior, por parte del cónyuge obligado, habrán de cumplirse y demostrarse ciertos requisitos para que por parte del Juzgador se entienda que realmente se han producido los hechos que darían lugar a una modificación de medidas. Por su parte el cónyuge demandado, tratará de poner de manifiesto la contradicción entre las aseveraciones del progenitor obligado al pago y los signos externos de su nivel de vida, o  hacer hincapié en que el progenitor puede que obtenga la mayor parte de sus ganancias de bienes muebles o inmuebles.

Respecto al impago de pensiones, resulta usual, a la misma vez que absolutamente inútil, que en el trámite de oposición, se alegue la existencia de la situación de precariedad económica, laboral y personal por las que atraviesa el ejecutado y que le han impedido hacer frente a las pensiones que se le reclaman. No obstante la alegación y prueba de la situación de insolvencia y precariedad económica,  sí puede tener efectos y consecuencias en el caso de que se iniciara un procedimiento penal en el que al obligado al pago se le imputara un delito por impago de pensiones y abandono de familia, pues la imposibilidad de hacer frente a dicha obligación conlleva la absolución del acusado, al no concurrir el elemento subjetivo del injusto del dolo exigido y caracterizado en la voluntad consciente y deliberada de no cumplir pese a poder hacerlo por disponer de recursos y capacidad económica para ello.

Los profesionales de www.abogadosquevedo.es podrán asesorarte en esta materia y te proporcionarán los argumentos necesarios para que se modifiquen, en su caso, o por contra se mantengan, las pensiones existentes. Asimismo te asesoramos en la reclamación de cantidades por impago de pensiones y te defenderemos, en caso de que la crisis no te permita hacer frente al mismo.