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Aprobado el procedimiento para la reclamación a las entidades bancarias de los importes pagados en virtud de la cláusula suelo

Con fecha de 22 de enero de 2017 ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, que establece las medidas urgentes aprobadas por el gobierno para la protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, como consecuencia de la tan comentada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la que los bancos quedan sometidos a un procedimiento especial de reclamación extra-judicial.

El Real Decreto- ley tiene como objeto el establecimiento de medidas que faciliten la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito, en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una cláusula suelo cuyo prestatario sea un consumidor.

El procedimiento es voluntario y se establece con el objetivo de lograr una solución extrajudicial con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, sin coste adicional para el consumidor si bien tiene carácter imperativo para las entidades de crédito.

Las entidades de crédito deberán adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las previsiones contenidas en este real decreto-ley en el plazo de un mes y estarán obligadas a articular procedimientos ágiles que les permitan la rápida resolución de las reclamaciones. Según lo dispuesto en la referida norma las entidades de crédito deberán implantar en el plazo máximo de un mes un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales, que tendrá carácter gratuito y voluntario para el consumidor y cuyo objeto será atender a las peticiones que éstos formulen en el ámbito de este Real decreto-ley.

Las entidades de crédito deberán garantizar que ese sistema de reclamación es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula suelo en su préstamo hipotecario, por lo que se está preparando una campaña de notificación personalizada a los afectados por parte de las entidades bancarias.

En todo caso los consumidores deben efectuar una primera reclamación, y llegar en su caso a un pacto con la entidad de crédito respecto al monto que le corresponde por anulación de la cláusula suelo y la forma devolución, es decir, en efectivo, por compensación, etcétera.

Es por tanto que cada afectado conozca cual es el importe que le corresponde y  si el acuerdo propuesto por la entidad bancaria es o no acorde con dicha cantidad.

El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se ponga a disposición del primero la cantidad a devolver será de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación.

Durante los tres meses que puede durar el proceso quedará cualquier reclamación de tipo judicial hasta que se resuelva la reclamación previa. En virtud de ello las partes no podrán ejercitar contra la otra ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, con el ánimo de evitar prácticas de mala fe que solo persiguieran desde un primer momento entablar acciones judiciales.

La formalización de la escritura pública y la inscripción registral que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo entre la entidad financiera y el consumidor, devengará derechos arancelarios notariales y registrales reducidos.

Las devoluciones acordadas pueden generar obligaciones tributarias, entre otros motivos porque la información relativa a las devoluciones acordadas será comunicada por las entidades financieras a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Se regula por ello en la norma el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución que deriven de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales, que se someterán al tratamiento fiscal especial que podemos resumir en lo siguiente:

1.- Las cantidades devueltas no se integrarán con carácter general en la base imponible del IRPF del ejercicio siguiente.

2.- No obstante, las cantidades previamente satisfechas:

– Cuando hubieran formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma en ejercicios anteriores, se perderá el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, salvo que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo.

– Cuando hubieran tenido la consideración de gasto deducible en ejercicios anteriores serán objeto de autoliquidación complementaria correspondiente a tales ejercicios, sin sanción, ni intereses de demora, ni recargo alguno.

En fase judicial se establecen medidas especiales que afectan a las costas procesales y que incentivan el reconocimiento extrajudicial del derecho del consumidor, bien por la posibilidad de su no imposición y por las consecuencias del allanamiento por parte de las entidades de crédito.

De esta forma, frente al régimen general de las ostas procesales, solo se van a declarar las costas a favor del consumidor si obtuviese en sede judicial una sentencia más favorable que la oferta recibida de dicha entidad en el procedimiento extra-judicial previo, o en caso de que la entidad no se allane a las peticiones del consumidor previamente a la contestación a la demanda, cuando no se hubiese acudido antes al procedimiento extrajudicial. Respecto a los procedimientos judiciales en curso las partes se podrán someter de común acuerdo al procedimiento especial establecido solicitando la suspensión del proceso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

En suma, las medidas adoptadas persiguen que el consumidor vea restablecido su derecho en el plazo más breve posible evitándole tener que agotar un proceso judicial que se dilate en el tiempo.

Se puede acceder al texto normativo mediante el siguiente ENLACE AL BOE

Podemos ayudarle a calcular los importes que la entidad bancaria le ha cobrado indebidamente y en el procedimiento de reclamación.  Si tiene que negociar con el banco póngase en contacto con nosotros y le podremos atender personalmente. Intentaremos ayudarle en este asunto y asesorarle en la tramitación de su reclamación. Podemos también actuar en su nombre. Antes de que se devengue cantidad alguna por cuenta de honorarios le presupuestaremos.

YA PUEDE RECLAMAR A LOS BANCOS

Puede pedirnos cita a través de la pestaña desplegable en la página de contacto de la web https://www.abogadosquevedo.es o telefónicamente llamando al 914454631.

Estamos especializados en RECLAMACIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS, RECLAMACIONES BANCARIAS, DEUDAS E IMPAGOS, RECOBRO DE DEUDAS A MOROSOS, REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, PLANTEAMIENTO DE CALENDARIO DE PAGOS Y ACUERDOS.

El Tribunal de justicia de la Unión europea obliga a los bancos a devolver lo cobrado por las cláusulas suelo

 Diversos medios de prensa se han hecho eco de la noticia de que el Tribunal de justicia de la Unión europea ratifica la nulidad de las  cláusulas suelo, obligando a la banca a devolver a sus clientes lo cobrado indebidamente en virtud de la aplicación de lo establecido en las mismas. Puedes acceder a la resolución a través de la página web de la UE.

Puedes acceder a la resolución a través de la página web de la UE.

Accede a la noticia a través de los siguientes ENLACES A LOS MEDIOS: EL PAIS, EL MUNDOEXPANSION

Existen incluso calculadoras que se han puesto a disposición de los clientes de banca en distintas páginas web aplicaciones que te ayudarán a efectuar un primer cálculo del dinero que deberían devolverte. Te facilitamos el acceso a una de ellas  mediante el siguiente enlace: APLICACIÓN DE CALCULO DE DEVOLUCION DE LAS CANTIDADES ABONADAS POR LA CLAUSULA SUELO.

money-515820_640Las entidades bancarias afectadas va a establecer en los próximos días los protocolos de devolución de las cantidades cobradas indebidamente. Si tienes dudas o la entidad bancaria se niega a tramitar las devoluciones solicita una cita con nuestros profesionales para plantear las acciones correspondientes encaminadas a recuperar pacífica o judicialmente el importe que te corresponde.

Salvo que se tomen medidas de pago automático, lo que parece improbable, los afectados deberán presentar una reclamación al servicio de atención al cliente de la entidad bancaria haciendo uso de sus facultades como consumido de cara a la pronta iniciación de un expediente que deberá resolverse en el plazo de dos meses. En caso de negarse el banco nuestra opinión es que hay que actuar por vía judicial, ya que la posible resolución del Banco de España no será vinculante y habrá transcurrido al menos un año teniendo en cuenta el aluvión de reclamaciones que se van a presentar.

Consulta con tu abogado porque junto con la cláusula suelo podríamos solicitar de forma acumulativa en un procedimiento una serie de cláusulas que han sido declaradas nulas en sede judicial, como son:

Cláusulas sobre gastos de formalización de hipotecas law-1063249_1920

La cláusula de intereses moratorios

Cláusula de vencimiento anticipado

Cláusula de redondeo al alza

Pacto de liquidez

Renuncia a notificación en caso de cesión del préstamo.

Prohibición de transmitir la finca hipotecada.

Comisión por reclamación de posiciones deudoras.

Intereses de demora excesivos. 

Cláusula de imposición de gastos al prestatario. 

Cuenta con el debido asesoramiento en la reclamaciópay-621047_640n de las cantidades abonadas por  la aplicación de la cláusula suelo. Podemos preparar el requerimiento previo para que solicites la devolución a la entidad bancaria y que puedas actuar en defensa de tus intereses.

Ten en cuenta que puedes reclamar la devolución de las cantidades correspondientes incluso aunque el préstamo haya vencido, así como también si se pactó una dación en pago para cancelar la hipoteca. En caso de desahucios por falta de pago también habría que analizar si en la liquidación de intereses se aplicó o no la cláusula suelo. Es decir, que todo el dinero, desde la firma de los contratos en adelante, debe volver a las manos de los particulares. Un regalo anticipado de Navidad para los denunciantes.

Respecto a las cantidades recuperadas habrá que estar atentos de si finalmente serán o no objeto de tributación.

Contamos con abogados especialistas en reclamaciones civiles y mercantiles que podrán hacerte un presupuesto a tu medida en función del importe del préstamo, de la cantidad estimada de la devolución que proceda, pactar el plazo de pago en función de tu situación económica e incluso llegar a pactar un coste variable de la intervención en función de los resultados.

Puedes contar con nuestros profesionales call-15924__180para que actúen en tu nombre ante la a la entidad bancaria. Solicita a una cita con nuestros abogados mediante los datos de contacto que aparecen en nuestra web.

 

 

La DGT confirma la exención del pago de la plusvalía en el IRPF ante la dación en pago

Al hilo de nuestro anterior artículo “Exención del pago de la plusvalía derivada de la dación en pago o ejecuciones hipotecarias” os facilitamos extracto de una reciente consulta vinculante que confirma la exención del pago de la plusvalía en el IRPF ante la dación en pago a una filial de la entidad bancaria prestamista:

DGT, Consulta nº V1249/2015 de 24 abril 2015.

ANTECEDENTES DE HECHO: Ante la imposibilidad de efectuar la devolución de dos préstamos hipotecarios que gravan su vivienda habitual, el consultante y la entidad de crédito acreedora de ambos préstamos han acordado la dación en pago. En virtud de dicho acuerdo, el consultante transmitirá la vivienda de manera directa a una Sociedad Gestora de Activos, entidad distinta de la entidad de crédito acreedora y en la que ésta participa al cien por cien, y se cancelará uno de los préstamos hipotecarios subsistiendo el otro con garantía personal.

CUESTIÓN PLANTEADA: Si a la transmisión de la vivienda le resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 33.4.d) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, teniendo en cuenta que no dispone de otros bienes en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda.
RESPUESTA: La letra d) del apartado 4 del artículo 33 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre) -en adelante LIRPF-, ha sido introducida por el artículo 122. Uno del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE de 5 de julio) con efectos “desde 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no prescritos”. La misma modificación, y con los mismos efectos, es introducida por el apartado Uno del artículo 122 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. (B.O.E. de 17 de octubre)

home-589068_640La letra d) del apartado 4 del artículo 33, dispone lo siguiente:

“4. Estarán exentas del Impuesto las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto:

(…)

d) Con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor o garante del deudor, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo estarán exentas las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizada en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

En todo caso será necesario que el propietario de la vivienda habitual no disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.”

En el caso objeto de consulta es necesario analizar si la transmisión de la vivienda habitual del deudor hipotecario a favor, no de la entidad acreedora, sino de un tercero, puede considerarse a estos efectos dación en pago y, por ello, resultar beneficiaria de la referida exención en el IRPF.

Pues bien, puede sostenerse que la dación en pago no queda desnaturalizada ni muta su naturaleza por el hecho de que se haga a favor de un tercero, distinto del acreedor hipotecario, siempre que sea éste el que imponga tal condición para acceder a la dación y la acepte como extintiva de la obligación. Es éste precisamente el caso planteado: el acreedor hipotecario accede a la dación y obliga al deudor a transmitir el inmueble a un tercero por él designado, posibilidad admitida en el Código Civil para el pago de las obligaciones (artículos 1.162 y 1.163).

Por otra parte, la redacción literal de la exención permite sostener tal interpretación, porque no limita taxativamente a favor de quién ha de hacerse la dación, sino que exige tres requisitos que no obstarían a esa interpretación:

– Que la dación lo sea de la vivienda habitual del deudor o de su garante.

– Que la dación se realice para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la vivienda habitual.

– Que esas deudas hipotecarias se hayan contraído con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Como puede observarse, no se exige que money-515820_640la transmisión en que consiste la dación se haga a favor de esa misma entidad de crédito, por lo que no debe excluirse la posibilidad de que la misma acreedora admita o imponga, sin alterar el carácter extintivo de la dación, la transmisión a un tercero designado a su voluntad.

Para mayor abundamiento, en el artículo 33.4.d) de la LIRPF se señala que también opera la exención en las ejecuciones hipotecarias, en las que como consecuencia de las mismas se produce una transmisión a favor de un tercero que no será la entidad financiera acreedora en la mayor parte de los casos.

Por todo ello, no apreciándose impedimento en la previsión legal y siendo lo más acorde con la finalidad de la norma, se considera que esas transmisiones o daciones en pago a favor de un tercero autorizado e impuesto por la entidad acreedora deben ser objeto de la nueva exención prevista en el artículo 33.4.d) de la LIRPF, lógicamente siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos en dichos preceptos.

Además debe señalarse que la dación en pago puede suponer tanto la cancelación total como parcial de la deuda, en aquellos casos en que se pacte que la entrega de la vivienda sólo extingue parte de la deuda.

En conclusión, a la ganancia patrimonial que, en su caso, obtenga el consultante derivada de la transmisión de su vivienda habitual y que supondrá la cancelación parcial de la deuda, le resultará de aplicación la exención prevista en el artículo 33.4.d) de la LIRPF, siempre que no disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.

 Para consultas relacionadas con temas fiscales o daciones en pago puedes pedir cita a través de los datos de contacto que aparecen en nuestra página web.

¿Cómo tributa el préstamo concedido a un hijo?

Transcribimos parte del contenido de una reciente consulta vinculante a la Dirección General de Tributos Tributación en relación a la tributación de un préstamo concedido por el consultante, persona física, a su hijo, que resuelve lo siguiente:

– En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:

… De los preceptos expuestos se deriva que los préstamos constituidos por quien no tenga la consideración de empresario o profesional en el ejercicio de su actividad y, en cualquier caso, cuando no constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, como parece ser en el presente caso en el que se trata de un préstamo de carácter familiar concedido por un padre a su hijo, estará sujeto al concepto de transmisiones patrimoniales onerosas, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1.B) y 5 del TRLITPAJD, pero exento de dicha modalidad en virtud de la exención establecida en el artículo 45.I.B.15 del mismo texto legal.

No obstante lo anterior, esta exencióndocument-428335__180 no exime de la presentación de la declaración del impuesto, ya que el artículo 51.1 del citado texto refundido establece dicha obligación en general para todos los hechos imponibles, con independencia de que estén o no exentos del impuesto. Este precepto tiene su desarrollo reglamentario en el artículo 98 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo (BOE de 22 de junio), por el que se aprueba el reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuyo apartado 2 recoge diversas excepciones a la obligación de presentación de la declaración, sin que ninguna de ellas sea aplicable al supuesto planteado.

– En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

Para analizar la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que pudiera corresponder al consultante, prestamista en este caso, se hace preciso transcribir previamente los preceptos de la Ley del Impuesto (Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, BOE del día 29) que afectan al asunto consultado: artículos 6.5, 25.2 y 40.

Por lo tanto, la presunción money-733992_640de onerosidad que acompaña a las cesiones de bienes o derechos supone para los préstamos, una estimación de rendimientos que se cuantifica aplicando el tipo de interés legal del dinero en vigor el último día del período impositivo.

Ahora bien, como en reiteradas ocasiones ha señalado este Centro Directivo, ésta estimación de rendimientos no opera si se prueba la gratuidad del préstamo, lo que deberá realizarse conforme a los medios de prueba generalmente admitidos en Derecho, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 1227 del Código Civil, y que corresponderá valorar a los órganos de gestión e inspección de la Administración tributaria. De igual manera deberá acreditarse la conexión del préstamo, su destino y la justificación de su devolución. -Esto resultará especialmente importante para que no pueda ser calificada la operación como donación simulada y, por tanto, en fraude de ley.-

En definitiva, teniendo el préstamo carácter gratuito, este no tendrá repercusiones en el IRPF del consultante. En caso contrario, es decir si se hubieran pactado intereses, las cantidades devengadas por el prestamista en concepto de intereses tendrían la consideración de rendimientos del capital mobiliario debiendo imputarse, de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 14 de la LIRPF, al período impositivo en que sean exigibles.

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