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Unificación de doctrina IRPF: La prestación por maternidad no se debe considerar como Renta exenta a efectos del IRPF

Unificación de doctrina: La prestación por maternidad de la seguridad social no se debe considerar como Renta exenta a efectos del IRPF

Una nueva Resolución, esta vez del TEAC, con fecha de 2 marzo 2017, en procedimiento para unificación de doctrina, establece que la prestación por maternidad no se considera como Renta exenta a efectos del IRPF, determinando que al tratarse de una exención tributaria, no deben tener cabida interpretaciones extensivas o analógicas que amplíen el ámbito de la exención más allá de lo previsto por el legislador.

El TEAC ha decidido actuar de oficio para poner fin al debate originado por la dispar doctrina de varios Tribunales Económico-Administrativo regionales, concretamente de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía, frente a la de Madrid, siendo esta última la que obtuvo gran repercusión en los medios de comunicación, que resolvieron de forma contradictoria la cuestión de si las prestaciones por maternidad percibidas de la Seguridad Social están o no exentas de cara al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Recientemente informamos en nuestro blog de que para el TSJ de Madrid, siendo el INSS un ente público, la prestación de maternidad satisfecha por el mismo estaría forzosamente incluida entre las exentas a efectos del IRPF.

Puedes acceder al artículo publicado: https://www.abogadosquevedo.es/jurisprudencia-y-doctrina-irpf-la-prestacion-por-maternidad-se-considera-como-renta-exenta/

No obstante esta resolución no sentaba jurisprudencia, e incluso hemos verificado que se han dictado pronunciamientos posteriores de otros órganos judiciales manteniendo la tesis contraria, refrendada particularmente en el ámbito de Andalucía por el Tribunal Superior de Justicia de dicha Comunidad autónoma.

La prestación de la Seguridad Social derivada de la baja por maternidad no está expresamente prevista en la normativa del IRPF como renta exenta del Impuesto, como tampoco se recogen como exentas las prestaciones derivadas del acogimiento, la incapacidad temporal por accidente o enfermedad o el riesgo durante el embarazo, por lo que la exención de las prestaciones de maternidad se limita a las concedidas por las Comunidades Autónomas y Entidades locales.

Son varios los Tribunales Económico-Administrativos Regionales han alcanzado la misma conclusión que se confirma con la reciente resolución del TEAC.

Por tanto tal y como dicta la resolución podemos confirmar que la prestación por maternidad pagada por la Seguridad Social no está prevista en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como renta exenta del Impuesto en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de Noviembre.

Si tiene dudas respecto a la tributación de los rendimientos de trabajo o actividad, las prestaciones y los ingresos que son objeto ganancia patrimonial, puede llamarnos e intentaremos resolverlas. Podemos también concertar una cita para efectuar un estudio detallado de su caso particular. contacte con nosotros a través de los datos facilitados en la página de contacto de nuestra web o pinchando en el siguiente enlace: www.abogadosquevedo.es

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CALENDARIO DE DIAS INHABILES EN 2017 A EFECTOS DEL CÓMPUTO DE PLAZO

El 30 de Diciembre se ha publicado el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2017 a efectos del cómputo de plazos.

La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, que deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.

La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.

Ponemos a vuestra disposición el texto del BOE 315/2016, de 30 de diciembre de 2016, que puedes descargarte accediendo al siguiente ENLACE.

Para evitar confusiones nos parece interesante diferenciar entre la existencia de plazos en diversos ámbitos del Derecho para no equivocarse a la hora de realizar un cómputo y por cuanto a que es muy dispar la normativa que los regula:

– Ámbito de la Administración (LPAC): Estos son los que regula el texto a que hacemos referencia. En vía administrativa, el mes de agosto se considera mes hábil. Quedan a salvo los sábados, domingos y festivos, como el resto del año, tal y como establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que se consideran inhábiles. Los días hábiles suelen coincidir con el régimen de jornada y horarios de las Administraciones para la realización de gestiones, consultas, presentación de documentos en registro, etcétera, aunque no es preceptivo. Es importante tener en cuenta que a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015 (a partir del 2 de octubre de 2016) los sábados se consideran también días inhábiles a efectos del cómputo de plazos de carácter administrativo.

Cómputo: cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales se hará constar esta circunstancia expresamente en la norma o en las correspondientes notificaciones. Los plazos expresados en días meses o años se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Asimismo hay que tener en cuenta que para calcular el plazo para el pago de tasas e impuestos, como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos determinados (ITPYAJD), el impuesto de sucesiones y donaciones (ISD), el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) o plusvalía municipal, etcétera, los días del mes de agosto sí que se computan.

– Plazos a efectos civiles (CÓDIGO CIVIL).- Establecidos para el cumplimiento de obligaciones y contratos, también aplicable al ámbito mercantil y a la prescripción y caducidad de las acciones (pago, reclamación de cantidad, nulidad, etcétera).

En el cómputo civil de los plazos se tienen en cuenta los días naturales, siempre que no se establezca otra cosa, por lo que no se excluyen los días inhábiles. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.

– Plazos procesales o judiciales, con carácter general (LOPJ Y LEC).- A efectos de presentar escritos de oposición, recursos, contestación a diligencias, etcétera, en el orden civil y mercantil, Ley son inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma o localidad. Serán también inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales de ámbito civil, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones. Los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en la LEC y el Código Civil. En los señalados por días quedarán excluidos los inhábiles y si el último día de plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

En la jurisdicción Contencioso-administrativa, como norma general durante el mes de agosto tampoco correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro plazo de los previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, a excepción del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto para la instrucción de las causas criminales, ya que todos los días son hábiles (ver Ley de Enjuiciamiento Criminal) y ciertos procedimientos de jurisdicción social, es decir, conflictos de carácter laboral (ver Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social).

Según todo lo anterior son días inhábiles con carácter general en el ámbito de la Administración para el cómputo de plazos durante el 2017:

  1. a) En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no ha ejercido la facultad de sustitución.
  2. b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos.
  3. c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles.

Los días inhábiles de 2017 a que se refieren los puntos a) y b) que no coinciden con sábado o domingo se recogen, se especifican por meses y por Comunidades Autónomas, y se pueden consultar en el anexo adjunto.

ENERO.- Día 2: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Murcia, Ciudad de Melilla. Día 6: FESTIVO NACIONAL.

FEBRERO.- Día 28: Andalucía.

MARZO.- Día 1: Illes Balears. Día 20: Extremadura, Madrid.

ABRIL.- Día 13: Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla. Día 14: FESTIVO NACIONAL. Día 17: Illes Balears, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, La Rioja. Día 24: Aragón, Castilla y León.

MAYO.- Día 1: FESTIVO NACIONAL. Día 2: Madrid. Día 17: Galicia. Día 30: Canarias. Día 31: Castilla-La Mancha.

JUNIO.- Día 9: Murcia, La Rioja. Día 15: Castilla-La Mancha.

JULIO.- Día 25: Galicia, Navarra, País Vasco. Día 28: Cantabria.

AGOSTO.- Día 15: FESTIVO NACIONAL.

SEPTIEMBRE.- Día 1: Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla. Día 8: Asturias y Extremadura. Día 11: Cataluña. Día 15: Cantabria.

OCTUBRE.- Día 9: Comunidad Valenciana. Día 12: FESTIVO NACIONAL.

NOVIEMBRE.- Día 1: FESTIVO NACIONAL.

DICIEMBRE.- Día 6: FESTIVO NACIONAL. Día 8: FESTIVO NACIONAL. Día 25: FESTIVO NACIONAL. Día 26: Cataluña.

Para mayor claridad se puede acceder al anexo normativo con pinchando en el siguiente enlace al CALENDARIO DE LOS DIAS INHABILES en 2017 a efectos de ¡k cómputo de los plazos administrativos.

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Modificaciones del Código Penal en el ámbito social

       

Modificaciones del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la seguridad social

La Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social establece las siguientes modificaciones con trascendencia en el ámbito social:

Responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31.bis 5 CP)

Se incluye a los partidos políticos y sindicatos dentro del régimen general de responsabilidad de las personas jurídicas. Tendrán responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrollas por su cuenta y en su beneficio, por sus representantes legales y administradores, o por los sometidos a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control adecuado sobre los mismos.

Delitos contra la Seguridad Social (art. 307 y 307 Bis CP)

Tipo básico (artículo 307 CP)

– Se considera delito la defraudación de una cantidad superior a 50.000 euros en 4 años naturales. Se disminuye considerablemente la cuantía típica que, hasta ahora, se situaba en 120.000 euros en un año natural.

Se añade como pena accesoria la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 3 a 6 años.

Subtipo agravado (artículo 307 bis CP)

Siempre que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

– Cuantía de la cuota defraudada superior de 120.000 euros;

– La defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.

– La utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.

En estos casos las penas son prisión de 2 a 6 años, multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada, y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayuda públicas o de disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante de 4 a 8 años.

El plazo de prescripción del delito es de 10 años.

Regularización

La regularización de la conducta de defraudación se produce cuando se haya procedido por el obligado frente a la Seguridad Social al completo reconocimiento y pago de la deuda antes de la notificación de las actuaciones inspectoras o en su caso de que se interponga querella o denuncia contra aquél.

La regularización impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.

Fraude de prestaciones de la Seguridad Social (artículo 307 ter CP)

Tipo básico

Se considera delito a quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública.

Subtipo agravado

Siempre que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

– El valor de las prestaciones fuera superior a 50.000 euros.

– La defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.

– La utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación de la identidad del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.

Se excluye la imposición de la pena de la si se restituye el importe de las prestaciones indebidamente percibidas, incrementado con el interés anual aumentado en dos puntos antes de conocer la iniciación de actuaciones inspectoras o del procedimiento penal.

Delito contra los derechos de los trabajadores (art. 311 CP)

Se castiga con penas de prisión de 6 meses a 6 años y multa de 6 a 12 meses a quienes den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de trabajadores de la empresa o mas de centro de trabajo afectados sea al menos de:

– Empresas o centros de trabajo de más de 100 trabajadores: 25%.

– Empresas o centros de trabajo de más de 10 y no más de 100 trabajadores: 50%.

– Empresas o centros de trabajo de más de 5 trabajadores y no más de 10: la totalidad de la plantilla.

Fuente: novedadesquantor- www.elderecho.com

 

Novedades en el ámbito social para 2.013

Novedades en el ámbito social para 2.013

El pasado 28 de diciembre se publicó en el BOE la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Las principales novedades en el ámbito social son las siguientes:

Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, FOGASA y Formación profesional

Régimen General

Las bases de cotización del RGSS estarán limitadas, para cada grupo de categorías profesionales, por las bases mínimas y máximas siguientes:

– Bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán, desde el 1 de enero de 2013 y respecto de las vigentes en31 de diciembre de 2012, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional.

– Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, durante el año 2013, serán de 3.425,70 euros mensuales o de 114,19 euros diarios.

RETA

La base máxima de cotización será de 3.425,70 euros mensuales y la base mínima de cotización será de 858,60 euros mensuales.

Revalorización de las pensiones públicas

Incremento de las pensiones públicas

De conformidad con lo dispuesto en el RD-Ley 28/2012 las pensiones abonadas tanto por el Sistema de la Seguridad Social, como para las de Clases Pasivas, un incremento en 2013 del:

– 1% con carácter general

– 2%, las que no superen los 1.000 euros mensuales (14.000 euros/año)

– Las pensiones cuya cuantía esté comprendida entre 1.000,01 euros mensuales (14.000,01 euros anuales) y 1.009,90 euros mensuales (14.138,60 euros anuales), se incrementarán en la cuantía necesaria para que la pensión resultante alcance el importe de 1.020,00 euros mensuales (14.280,00 euros anuales) (RDLey 29/2012, de 28 de diciembre).

Así la pensión máxima para 2013 quedará fijada en 35.673,68 euros anuales o 2.548,12 euros mensuales.

Permiso por paternidad (DFI 18.ª LPGE 2013)

Se aplaza la ampliación del permiso por paternidad a 4 semanas al 1 de enero de 2014.

Pensión de viudedad (disp. adic. 83.º LPGE 2013)

Se aplaza la aplicación de lo establecido en en la Disposición adicional 30.ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto que preveía una mejora de esta pensión, ampliando el porcentaje al 60% cuando concurriesen en el beneficiario determinados requisitos. No se establece nueva fecha.

Incapacidad temporal (Disp fin. 5.ª)

Se aclara que la competencia del INSS para emitir una nueva baja médica en la situación de IT tras el alta emitida por el INSS  cuando aquélla se produzca en un plazo de 180 días, añadiéndo la LPGE 2013 naturales, posteriores a la antes citada alta médica por la misma o similar patología.

Aplazamiento de pago (Disp fin. 5.ª LPGE 2013)

En los aplazamientos de pago, el principal de la deuda, y las costas del procedimiento pasarán a devengar el interés de demora vigente en cada momento durante la duración del aplazamiento. Con anterioridad se aplicaba el interés legal del dinero.

Trabajadores autónomos

Cobertura por AT/EP (disp. trans. 7.ª LPGE 2013)

Se aplaza por un año, hasta el 01/01/2014, la obligación, establecida por la disp. adic 58.ª LGSS, de que los  trabajadores que causen alta en el RETA se acojan con carácter obligatorio, a la cobertura de las contingencias de AT/EP.

Trabajo a tiempo parcial (disp. fin.25.ª LPGE 2013)

Se aplaza hasta el 1 de enero de 2014 la entrada en vigor de la modificación de la Ley del Estatuto del Trabajadores Autónomos por la Ley 27/2011, de 1 de agosto por la que se incluyen en el RETA a los trabajadores autónomos a tiempo parcial

Interés Legal del dinero

Para el año 2013, la DAD 39.ª de la LPGE 2013 se establece en el 4% hasta el 31 de diciembre del año 2013.

IPREM

La DAD 82.ª LPGE 2013 establece las siguientes cuantías para el año 2013:

– El IPREM diario, 17,75 euros.

– El IPREM mensual, 532,51 euros.

– El IPREM anual, 7.455,14 euros o 6.390,13 euros si expresamente se excluyen las pagas extras.

Fuente: novedadesquantor-www.elderecho.com