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La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Novedades en el régimen de responsabilidad penal de las empresas

Antecedentes:

La Ley 31/2014, de  3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, vigente desde el 1 de enero de 2015, amplió el régimen de responsabilidad en materia de gestión, control y prevención del cumplimiento del marco legal de las empresas y los posibles riesgos penales y fiscales de los Administradores, especialmente en cuanto a lo que se refiere a los Consejeros, ejecutivos y directivos.

20140703_183425La Ley Orgánica 1/2015,  en vigor desde el pasado 1 de julio de 2015 reformó el Código penal (LO 10/1995) en varias materias, destacando entre ellas el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducido por primera vez en España en diciembre de 2010.

Las novedades más destacables tras la promulgación de dicha norma fueron las siguientes:

– Se modifica el régimen general de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

– Se obliga en la práctica a las empresas a plantearse un estudio de las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos delitos, estableciendo un modelo de organización y gestión que incluya procedimientos de actuación y vigilancia para la prevención de delitos.

– Se extiende la responsabilidad penal personal, además de a los Administradores y Consejeros  nombrados, a los administradores de hecho (Directivos y apoderados).

– Se regulan las circunstancias atenuantes legal-1143114_1920y agravantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

– Se regulan los delitos aplicables a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En todo caso, el alcance de las obligaciones que conlleva el deber de vigilancia y control se condiciona, de modo general, a las dimensiones de la persona jurídica.

Las penas aplicables a las personas jurídicas pueden ser las siguientes: sanciones económicas, disolución de la persona jurídica, suspensión de sus actividades, clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años, prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social e incluso la intervención judicial.

La fiscalía general del Estado ya concretó en la circular detective-1424831_12801/2016 los procedimientos que habría que aplicar para valorar la eficacia de los planes de compliance en las empresas tras la reforma y que se configuran como una eximente de la responsabilidad penal.

Novedades:

Recientemente ha obtenido firmeza la primera condena por responsabilidad penal de personas jurídicas por parte del Tribunal Supremo, lo que nos ofrece por primera vez una interpretación judicial fiable sobre las pautas a seguir por empresas e instituciones en materia de cumplimiento normativo si quieren evitar ser condenadas y, básicamente, es que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos. Se consolidan según lo anterior los deberes de implantación, supervisión, vigilancia y control del plan de prevención de delitos por parte de los órganos de administración, que podrán delegar dichas obligaciones en un Compliance Officer, un responsable del cumplimiento del programa de prevención de delitos que se nombrará bien dentro de la barbed-wire-960248_1920estructura orgánica de la empresa o a través de la contratación de profesionales externos que se encarguen de desarrollar los planes para identificar, prevenir y mitigar los potenciales riesgos de la empresa. A raíz de lo anterior se está generalizando la implantación de planes de prevención de delitos y el nombramiento de responsables del cumplimiento legal por parte de un gran número de empresas.

A colación con lo anterior aprovechamos este correo para recordar la obligación que tienen las sociedades, asociaciones, fundaciones, empresarios y profesionales de cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, de 13 de diciembre (LOPD).usb-stick-147812_1280

Si precisa más información al respecto no dude en ponerse en contacto con nosotros.

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Termina el plazo para aprovechar los beneficios fiscales por disolución de sociedad civil con objeto mercantil

El artículo 7 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, ha supuesto un cambio en la tributación de las sociedades civiles con personalidad jurídica y con objeto mercantil, que desde el 1 de enero de 2016 pasarán de tributar en régimen de atribución de rentas a ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, salvo en los supuestos de exención establecidos.

Con el título “CUESTIONES CENSALES EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN EN bookkeeping-615384_1920LA TRIBUTACIÓN DE LAS SOCIEDADES CIVILES CON OBJETO MERCANTIL” la AEAT publicó unas instrucciones de obligado cumplimiento por el cual el Departamento de Gestión Tributaria especifica las actuaciones a tomar por las sociedades civiles constituidas antes de 2.016, junto con las declaraciones censales que pueden presentar las sociedades civiles existentes.

Los socios o representantes de sociedades civiles con objeto mercantil (que deben tributar por el Impuesto sobre Sociedades) disponen de un plazo de 6 meses a partir del 1 de enero de 2016 para disolverse. Las comunidades de bienes no están afectadas por esta normativa.

Según entendemos en relación con lo anterior pueden adoptarse las siguientes decisiones:

  1. Sociedad civil con objeto mercantil que pasa a tributar por el Impuesto sobre Sociedades (si no presenta declaración alguna).
  2. Sociedad civil que se disuelve y liquida (podría continuar el negocio uno de los socios que seguirá sometido al régimen de atribución de rentas).
  3. Sociedad civil que se transforma en sociedad profesional.
  4. Sociedad civil que pretenda transformarse en comunidad de bienes o viceversa.
  5. Sociedad civil que se transforme en Sociedad de Responsabilidad Limitada.
  6. Sociedad civil profesional que no figura en el censo de la AEAT como tal y debería regularizarse.
  7. Sociedad civil que comunica el cambio de actividad económica.

En virtud de estas opciones la sociedad civil deberá presentar un Modelo 036 en el que indique la elección de su situación fiscal, junto con los documentos y requisitos incluidos en dichas instrucciones y que nuestros profesionales han examinado detenidamente.

A todas las entidades referidas se les iniciará un procedimiento de comprobación censal a partir del 1 de julio de 2016write-593333_1920 de acuerdo con los datos de que dispone la AEAT, por lo que si no se han manifestado en uno u otro sentido mediante la presentación del modelo 036 correspondiente se les aplicarán las medidas y normas propias de las sociedades sujetas al Impuesto sobre Sociedades.

Para evitar inspecciones que puedan dar lugar a la imposición de regímenes fiscales menos favorecedores o el florecimiento de datos no proporcionados por la SOCIEDAD CIVIL proponemos tomar de inmediato medidas para acomodarse a uno u otro régimen, en función de la situación concreta de su SOCIEDAD CIVIL.

Acuda a nuestros especialistas para analizar y efectuar los trámites para disolver la S.C. transformarla en S.L. y conocer las consecuencias fiscales del nuevo régimen del impuesto de sociedades aplicable a su sociedad civil.

Para más información o solicitar un estudio detallado de su caso particular, contacte con nosotros a través de los datos facilitados en nuestra web www.abogadosquevedo.es

Instrucciones de la AEAT que afecta a las sociedades civiles con objeto mercantil

Con el título “CUESTIONES CENSALES EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN EN LA TRIBUTACIÓN DE LAS SOCIEDADES CIVILES CON OBJETO MERCANTIL” la AEAT ha publicado unas instrucciones de obligado cumplimiento por el cual el Departamento de Gestión Tributaria especifica las actuaciones a tomar por las sociedades civiles constituidas antes de 2.016, junto con las declaraciones censales que pueden presentar las sociedades civiles existentes.

El artículo 7 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, ha supuesto un cambio en la tributación de las sociedades civiles con personalidad jurídica y con objeto mercantil, que desde el 1 de enero de 2016 pasarán de tributar en régimen de atribución de rentas a ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, salvo en los supuestos de exención establecidos.

Los socios o representantes de sociedades civiles con objeto mercantil (que deben tributar ahora por el Impuesto sobre Sociedades) disponen de un plazo de 6 meses a partir del 1 de enero de 2016 para disolverse. Las comunidades de bienes no están afectadas por esta normativa.

Se pueden presentar las siguientes situaciones:

  1. Sociedad civil que pase a tributar por el Impuesto sobre Sociedades.
  2. Sociedad civil que se disuelva y liquide.
  3. Sociedad civil que se transforma en sociedad profesional.
  4. Sociedad civil que pretenda transformarse en comunidad de bienes o viceversa.
  5. Sociedad civil que se transforme en sociedad limitada.
  6. Sociedad civil profesional que no figure en el censo de la AEAT como tal.
  7. Sociedad civil que comunica un cambio de actividad económica.

En virtud de las opciones la sociedad civil deberá presentar un Modelo 036 en el que indique la elección de su situación fiscal, junto con los documentos y requisitos incluidos en dichas instrucciones y que nuestros profesionales han examinado detenidamente.

A las entidades que no se hayan manifestado en uno u otro sentido mediante la presentación del modelo 036 correspondiente se les iniciará un procedimiento de comprobación censal a partir del 1 de julio de 2016 de acuerdo con los datos de que dispone la AEAT.

Para evitar inspecciones que puedan reunion de trabajodar lugar a la imposición de regímenes fiscales menos favorecedores o el florecimiento de datos no proporcionados por la S.C. proponemos tomar de inmediato medidas para acomodarse a uno u otro régimen, en función de la situación concreta de su S.C.

Acuda a nuestros especialistas para analizar y efectuar los trámites para disolver la sociedad civil, transformarla en sociedad limitada o ver las consecuencias fiscales del nuevo régimen del impuesto de sociedades aplicable a tu sociedad civil.

Para más información o solicitar un estudio detallado de su caso particular, contacte con nosotros a través de los datos facilitados en nuestra web www.abogadosquevedo.es

Régimen fiscal de las sociedades civiles con objeto mercantil a partir del 1 de enero de 2016

Las sociedades civiles cuyo objeto social mercantil y que tributaban hasta el 31-12-2015 como contribuyentes del IRPF a través del régimen de atribución de rentas, pasarán a ser sujetos pasivos del IS desde el 1 de enero de 2.016.

Un supuesto especialmente conflictivo en cuanto al régimen fiscal de sociedades era el de las sociedades civiles cuyo objeto social consiste en la realización de actos de comercio. El problema radicaba en si este tipo de sociedades deben tributar por el IS o por el IRPF, situación que ha sido aclarada por el legislador al haber determinado que desde el 1-1-2016, este tipo de sociedades pasan a tributar por IS.

Quedan fuera de dicha medida, en principio, las comunidades de bienes, así como las sociedades civiles que no tienen objeto mercantil como las actividades agrarias, forestales, mineras y las profesionales.

Y decimos “en principio” porque hasta esta nueva reforma, las S.C. y las C.B. tenían la misma consideración para Hacienda, y a la hora de constituirse no revisaba si estaban bien constituidas o encuadradas según la normativa civil. Según esto, existen en la actualidad comunidades de bienes que se crearon inicialmente, por ejemplo, para arrendar un bien en común, que posteriormente han ido desarrollando actividades mercantiles sin cambiar la forma jurídica, dado que ningún estamento ni normativa obligaba expresamente a tramitarlo. De esta forma las C.B. con objeto mercantil vienen operando en la práctica como si fueran una S.C., por lo que antes o después las obligaciones contables y fiscales de una y otra serán las mismas, evitando de esta forma el grave perjuicio comparativo que se está produciendo en este momento entre las ya declaradas y las nuevas, a las que se les está negando por parte de casi todas las delegaciones de la Agencia Tributaria el acceso al censo por cuestión de fondo, es decir, por subyacer en una forma jurídica incorrecta. Entendemos por tanto que la reforma fiscal puede también llegar a afectar igual a una comunidad de bienes que se utiliza para explotar un negocio, bien por vía de nueva disposición complementaria, que sería lo más normal, o por vía incluso de resolución vinculante, revisión o inspección de cada caso concreto. De esta forma, si tienes una comunidad de bienes, deberás estar alerta, ya que el cambio normativo ha podido o en su caso podría también afectar a tu actividad.

Por otra parte, si estabas pensando en crearnotario-917149_640 una comunidad de bienes en lugar de una sociedad civil para evitar la aplicación del IS nuestra opinión es que no se admitirá y, aunque en alguna Delegación pudieras incluso eludir este control, no es la mejor opción planteable, por cuanto en breve saldrá alguna norma expresa que solucionará la actual situación y equiparará ambas figuras.

La medida fiscal, aplicable en primer término a las sociedades civiles, requiere incorporar un régimen transitorio en el IRPF que regule la traslación de este tipo de entidades como contribuyentes del IRPF a contribuyentes del IS así como para las que acuerden su disolución y liquidación por esta causa.

 Así, desde el 1-1-2016, podrán acordar su disolución y liquidación las sociedades civiles en las que concurran unas circunstancias concretas y con el siguiente régimen fiscal beneficioso:

a) Exención del ITP y AJD.b) No se devengará el IIVTNU con ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza urbana de los que sea titular la entidad.

c) A efectos del IRPF, del IS o del IRNR respecto a los socios de la sociedad que se disuelve.

Hasta la finalización del proceso de extinción de la sociedad civil, siempre que la misma se realice dentro del plazo señalado en la norma, continuará aplicándose el régimen de atribución de rentas del IRPF, sin que la sociedad civil llegue a adquirir la consideración de contribuyente del IS.

En caso contrario, la sociedad civil tendrá la consideración de contribuyente del IS desde 1-1-2016 y no resultará de aplicación el citado régimen de atribución de rentas.

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No obstante lo anterior, a efectos fiscales, en el resto de sociedades civiles con objeto mercantil, se entenderá que, a 1-1-2016, la totalidad de sus fondos propios están formados por aportaciones de los socios, con el límite de la diferencia entre el valor del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias, reflejados en los correspondientes libros registros, y el pasivo exigible, salvo que se pruebe la existencia de otros elementos patrimoniales. Las participaciones en la sociedad civil adquiridas con anterioridad a dicha fecha, tendrán como valor de adquisición el que derive de lo dispuesto en el párrafo anterior. Los contribuyentes del IRPF podrán seguir aplicando las deducciones en actividades económicas que estuviesen pendientes de aplicación a 1-1-2016 en los términos de la LIRPF art.68.2 , siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la LIS.

Los contribuyentes del IRPF podrán seguir aplicando las deducciones en actividades económicas que estuviesen pendientes de aplicación a 1-1-2016 en los términos de la LIRPF art.68.2, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la LIS.

A partir del 1 de enero de 2016 se regula un régimen transitorio en cuanto a la integración de rentas devengadas, según la obligación de llevar o no la contabilidad ajustada al Código de Comercio, y en cuanto a las rentas obtenidas y en cuanto a las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en las sociedades civiles que se correspondan con reservas procedentes de beneficios no distribuidos obtenidos en ejercicios en los que haya sido de aplicación el régimen de atribución de rentas, cualquiera que sea la entidad cuyas participaciones se transmiten.

Respecto al régimen de transformación se aplica lo dispuesto en la Ley de modificaciones estructurales a aquellas sociedades civiles están aprovechando para transformarse en sociedades de responsabilidad limitada. No está contemplado ni vemos posibilidad de transformación de S.C. a C.B. debido a que un ente con personalidad jurídica no puede pasar a uno sin ella sino por vía de su disolución y extinción, con adjudicación de los correspondientes haberes.

Acude a nuestros especialistas paracall-15924__180 analizar y efectuar los trámites para disolver la sociedad civil, transformarla en sociedad limitada o ver las consecuencias fiscales del nuevo régimen del impuesto de sociedades aplicable a tu sociedad civil.

Retribución del Administrador con la última modificación de la Ley de sociedades de capital

La Ley 31/2014 de modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo surge con el objetivo de dotar de transparencia a la remuneración del gobierno corporativo de las sociedades de capital y evitar el conflicto de interés. Es cierto que la nueva Ley dota de autonomía a los Consejos para fijar la remuneración de consejeros delegados y ejecutivos, así como impone una serie de requisitos formales a la hora de remunerar dichos cargos ejecutivos, pero no ha servido para zanjar los temas más controvertidos respecto a la retribución de los Administradores.

La nueva Ley mantiene la general del cargo gratuito de los administradores si se establece así en Estatutos o no se establece expresamente que es remunerado y el sistema de remuneración, según las disposiciones que lo regulan.

checkbook-688352_640Como novedad se incluyen las dietas de asistencia como forma de remuneración (si las hay, el cargo debe ser retribuido), aunque no incluye las dietas por desplazamientos. La distribución de la remuneración entre consejeros se atribuye a la Junta general pero, si no lo determina, dicha función corresponderá a los propios administradores o al Consejo de Administración.

Respecto a los cargos de Consejero se establecen dos tipos de remuneraciones:

1. Las propias del cargo de consejero (funciones de control, supervisión, deliberación y vigilancia) o del administrador (además de las anteriores, incluiría la gestión), donde la remuneración precisa de reserva estatutaria y aprobación por la Junta.

 2. Las de los consejeros delegados o apoderados (con funciones ejecutivas o de gestión), cuya remuneración corresponde al Consejo. No tienen porqué venir contempladas en los Estatutos sino por vía de acuerdo de Consejo, aunque en las sociedades limitadas deben ser ratificadas por la Junta General. Sí deberán ser incluidas en un contrato (no dice la naturaleza), que incluirá salario, primas,… e incluso la indemnización por cese.

Teniendo en cuenta que ya se han debido de reunir las Juntas y los Consejos para la presentación y aprobación de cuentas anuales, deberían revisarse y ratificarse o modificar los regímenes de retribución de los Administradores.

Estas novedades chocan con la teoría del vínculo, que deberá ser de nuevo revisada por la jurisprudencia, de forma que el Administrador retribuido por su cargo, si en principio se ve por la vis atractiva de dicha retribución, puede seguir siendo retribuido por otros conceptos, pero sigue soportando la carga de probar ante la Administración que cualquier otra retribución no incluida en estatutos tiene carácter laboral por razón del trabajo que realiza como uno más de los trabajadores en la empresa.

reforma_concursalDe esta forma el administrador podrá percibir retribuciones por la realización de servicios o trabajos distintos de los inherentes a su condición de administrador, sea o no el cargo retribuido, pero deberá constar así en los Estatutos y poder demostrar la diferenciación del carácter de la retribución.

No obstante hay sentencias que establecen que al tratarse de un administrador, no puede concurrir con la condición de alta dirección y en consecuencia lo pactado como indemnizaciones para el caso de resolución del contrato de alta dirección (cláusulas de blindaje) puede considerarse nulo. El contrato de alta dirección puede además no aceptarse al considerase absorbido por el cargo de administrador, por lo que la la retribución percibida podría no ser deducible. A su vez, el encuadramiento del administrador en la Seguridad Social dependerá de si ostenta o no funciones de gerencia o dirección, y de si es socio o no de la sociedad y su porcentaje de participación en la misma, etcétera.

Como se puede apreciar la retribución de los administradores continúa siendo una cuestión jurídica compleja que no acaba de estar suficientemente clara, lo que genera una situación de inseguridad jurídica. Hay que estar a normativa aplicable y a la jurisprudencia de los Tribunales las resoluciones de la DGNR, resoluciones DGT y a la nueva LIS para cumplir con todos los requisitos legales, aplicar las oportunas retenciones y lograr la deducibilidad de las retribuciones existentes.

A través de nuestra web podrá contactar con un equipo de abogados expertos en derecho mercantil con gran experiencia que sabrán tratar cualquier asunto relacionado con las sociedades y los Administradores. Puede concertar una cita con uno de nuestros abogados en su despacho, donde le informará de todos las cuestiones a tener en cuenta a la hora de establecer una retribución.

En nuestro despacho profesional contamos con abogados expertos en sociedades. Póngase en contacto con nosotros porque podemos a ayudarle a planificar las operaciones societarias y efectuar todas las gestiones necesarias para que su empresa funcione de manera más económica y ordenada, respetando en todo momento la legalidad vigente. Pinche el siguiente enlace: contacto.

Nota: El contenido de esta página tiene carácter meramente informativo, por lo que en cualquier caso habrá que estar a lo dispuesto para cada caso concreto en la normativa vigente.