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Información importante para PYMES: Si su empresa tiene suscritas inversiones financieras necesita obtener el código LEI

Si su empresa tiene suscritas u opera con inversiones financieras necesita obtener el código LEI antes del 3 de enero de 2.018.

Qué es el código LEI.- El Identificador de Entidad Jurídica (LEI, por sus siglas en inglés) es un código global y único basado en el estándar ISO 17442, que se utiliza para identificar a las personas jurídicas que son parte en las transacciones financieras y para cumplir con los requisitos de información en los mercados financieros.

Para qué sirve el código LEI.-
De acuerdo con la normativa europea, el código LEI debe ser empleado para identificar a las partes contratantes en las transacciones financieras en todo el mundo y hacer más fácil para los reguladores conocer los posibles riesgos sistémicos en las primeras fases. El objetivo final es mejorar la gestión de los riesgos financieros.

Cómo surge el código LEI.- Tal y como informa el Banco de España “El identificador de entidad jurídica (LEI, por sus siglas en inglés) es un sistema de identificación universal y unívoco de entidades legales, concebido en particular para aquellas organizaciones que son parte de un contrato financiero. Ante las dificultades evidenciadas durante la crisis de Lehman Brothers para conocer y evaluar adecuadamente las interdependencias existentes en los mercados financieros globales, el G20 puso en marcha el proyecto LEI con el fin de dotar a estos mercados de una mayor transparencia.”

La CNMV publicó una nota de prensa alertando de la necesidad de obtener el Código LEI y  nos consta que las entidades financieras han elaborado campañas informativas si bien un muy elevado número de clientes, en su mayoría PYMES no han efectuado aún ningún trámite al respecto.

Objetivo del código LEI.- El objetivo último es mejorar la evaluación y gestión del riesgo sistémico, al ofrecer una visión más precisa y completa de los riesgos asumidos por cada participante. Asimismo, el LEI contribuirá a mejorar la gestión del riesgo por parte de las propias entidades y a facilitar los procesos de resolución de las mismas.

En qué consiste el código LEI.- El LEI está basado en las especificaciones del estándar ISO 17442, que determina la estructura del identificador (código alfanumérico de 20 posiciones), así como la información básica que debe recoger (nombre oficial de la entidad, dirección de la matriz, fecha de asignación del LEI…). Esta información básica ha ido ampliándose a medida que se ha avanzado en el diseño del sistema. Adicionalmente, desde mayo de 2017 se ha empezado a incorporar de manera gradual información adicional, relativa a las relaciones de propiedad entre entidades. Dado que uno de los rasgos fundamentales del LEI es su vocación de bien público, tanto el código como la información que no está sujeta a restricciones de confidencialidad son de acceso libre.

La iniciativa ha supuesto no sólo crear el elemento identificador, sino también un sistema de gestión en torno al mismo a fin de proteger los objetivos de política pública y al tiempo fomentar la participación activa del sector privado.

Quién asigna el código LEI.- En el caso de España, los identificadores internos son emitidos y gestionados exclusivamente por el Registro Mercantil. Se puede consultar un extracto del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, en el que se acuerda la designación del Registro mercantil, en el siguiente ENLACE al RDL

Coste de obtención del LEI.- Dado que el código LEI no se asigna directamente sino que es necesaria la intervención del Registrador mercantil se han aprobado unos aranceles fijos por la asignación del código identificador de entidad jurídica de 100 euros sin que devengue honorarios adicionales la inscripción que, en su caso, se practique de dicha asignación en la hoja de la entidad. La validación anual del Código Identificador se efectuará mediante la expedición de una certificación que devengará aranceles por importe de 50 euros.

Ciertamente hubiera sido preferible implantar un sistema parecido al SEPA, automático y gratuito, donde se asignaron unos códigos alfanuméricos a las cuentas bancarias existentes, que bien se podrían haber implantado de igual forma al NIF de las personas jurídicas, y especialmente a las sociedades ya inscritas. Además la gran mayoría de sociedades tendrán que recurrir a gestorías o autorizar a profesionales para realizar estos trámites.

Desde www.abogadosquevedo.es facilitamos la gestión de solicitud del LEI.

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Cuál es el plazo de obtención del código LEI.- Una vez recibida la solicitud y el justificante de pago de las tasas, el Registrador debe verificar la validez de los datos de referencia basado en la información disponible en diferentes fuentes públicas. También se asegura que no exista ya un código LEI activo y que no haya otras solicitudes en curso para la misma entidad. El proceso de calificación tiene un plazo máximo de 15 días hábiles, aunque lo habitual es que el plazo aproximado de calificación sea de una semana.

Necesidad de obtener el LEI.- Con anterioridad al 3 de enero de 2018, todas aquellas personas jurídicas, incluidas las fundaciones, que den órdenes a intermediarios financieros para realizar transacciones sobre instrucciones admitidos a negociación tendrán que realizar todos los trámites necesarios para obtener un LEI.

Entidades como Santander y BBVA ya están recordando a sus clientes que sin el LEI no podrán operar en el mercado financiero.

Bankinter informa a través de su web que “Todas las personas jurídicas que participan en los mercados financieros deberán facilitar su LEI a las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito que ejecuten transacciones sobre instrumentos financieros para que éstas puedan identificarles antes de ejecutar las operaciones. Si el cliente no facilita su LEI, no se podrán ejecutar las operaciones instruidas”.

En este momento, todas las empresas que participan en el comercio de derivados necesitan un LEI, pero en cualquier caso si dispone de inversiones financieras deberá obtenerlo antes del próximo 3 de enero para contribuir al objetivo es mejorar la gestión de los riesgos financieros.

Esta obligación afecta por tanto a todas las personas jurídicas que operan en los siguientes productos: valores negociables (acciones y bonos), pagarés, letras del tesoro, certificados de depósito, fondos cotizados y derivados, compraventas de divisa a plazo, permutas financieras, caps, floors, etcétera.

Consulte con su agente o asesor de la entidad financiera si dispone de alguno de estos productos ya que en ese caso deberá obtener el código LEI.

Medios especializados se están ya haciendo eco de las dificultades que pueden surgir por la masiva tramitación de los códigos que van a ser necesarios habilitar en los próximos meses, llegando a pronosticar alguno de ellos, como el periódico EXPANSIÓN, un probable colapso del organismo competente en concederlos.

Las personas jurídicas que operen directamente en Derivados o Seguros de cambios, ya sean negociados en un mercado organizado u OTC necesariamente tendrán que disponer de su código LEI antes del 1 de noviembre de 2017, resultando que a partir del 3 de enero de 2018 se extiende la obligatoriedad para las operativas en todo instrumento cotizado de Renta Variable y Renta Fija no pudiendo realizar operaciones en dichos productos sin el código LEI informado a partir de esa fecha.

Puede solicitar los servicios de los miembros y colaboradores de la web www.abogadosquevedo.es para iniciar los trámites de solicitud del código LEI. También intervenimos en la renovación, declaración de cambios en los datos de sociedad o portabilidad del código. Podemos ofrecerle información sobre cualesquiera trámites y procedimientos que podamos tramitar ante el Registro Mercantil. Contacte con nuestros profesionales a través de nuestros datos de contacto. Contamos también con abogados mercantilistas y especialistas en derecho societario.

Desde www.abogadosquevedo.es facilitamos la obtención del Código LEI.

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El factoring como instrumento de financiación de las Pymes

Muchos directivos y empresarios no se han planteado el Factoring como el instrumento idóneo para la financiación de sus PYMES.

Las operaciones de Factoring pueden ser contratadas con entidades de financiación o con entidades de crédito, como los bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito y suponen en muchas ocasiones el instrumento idóneo para la financiación de las PYMES.

Indicado para aquellas pequeñas y medianas empresa cuya situación no les permita soportar una línea de crédito, también es óptimo para empresas preocupadas por sus riesgos comerciales, que valoran incurrir en un coste para asegurarlos, para empresas que se plantean una gestión externa del cobro de clientes y las que buscan una gestión especializada, y para empresas que quieren financiarse -sin endeudarse según criterios de CIRBE-, o que necesitan presentar un balance mejorando sus ratios de liquidez o de tesorería.

Algunas entidades bbvaofrecen a las PYMES gestión de cobro de los créditos cedidos e información sobre sus ventas y cobros, anticipo de cobros de los créditos cedidos y reducción del endeudamiento bancario de cara al sistema financiero (riesgo CIRBE), clasificación de la solvencia de tus clientes y cobertura del 100% del riesgo de insolvencia de tus deudores, a través del Factoring sin recurso, anticipo de cobro de los créditos cedidos, reducción del endeudamiento bancario de cara al sistema financiero (riesgo CIRBE), reducción de saldos de clientes, mejorando por esta vía los ratios del balance, cobertura del riesgo de insolvencias hasta el 100% de las ventas (Factoring sin recurso) y clasificación de la solvencia de sus clientes (deudores del contrato de Factoring).

En nuestro ordenamiento está regulado por la normativa bancaria y por el Código de comercio entre otras normas, que lo define en los siguientes artículos:

El art. 347 establece que los créditos mercantiles no endosables ni al portador, se podrán transferir por el acreedor sin necesidad del consentimiento del deudor, bastando poner en su conocimiento la transferencia. El deudor quedará obligado para con el nuevo acreedor en virtud de la notificación, y desde que tenga lugar no se reputará pago legítimo sino el que se hiciere a éste.

El art. 348 dispone que el cedente responderá de la legitimidad del crédito y de la personalidad con que hizo la cesión; pero no de la solvencia del deudor, a no mediar pacto expreso que así lo declare.

banco de factoringEl coste del factoring es financiero, por un lado, mediante el cobro de un tipo de interés, y también a través de comisiones, en función de los servicios contratados, que pueden ser la clasificación de los deudores por parte del factor, la cobertura de insolvencia, la gestión de cobro y la carga administrativa que conlleva la gestión de la cartera de clientes.

Algunas entidades bancarias que ofrecen este servicio son BANCO SANTANDERBNP PARIBAS, BBVA o LA CAIXA, entre otras.

No obstante en el mercado existen varios tipos de Factoring:

  • El Factoring sin garantía o sin recurso, que implica la compraventa de facturas por el 100% del valor de las mismas menos un porcentaje o diferencia de precio, sin requerir la firma de avales o garantías de ningún tipo. En este caso la empresa de Factoring asume totalmente el riesgo de incobrabilidad del deudor. En España el 85 %, aproximadamente, del factoring es “sin recurso”.
  • El Factoring con garantía o con recurso, que implica la compraventa de facturas, recibiendo el cliente un anticipo financiero por una parte del valor de dichas facturas. Las empresas que desarrollan esta modalidad de Factoring no asumen el riesgo de incobrabilidad del deudor y, por ello, solicitan al cliente la firma de un vale, de un aval o de una fianza como garantía del adelanto recibido. El Factoring con recurso se asemeja a lo que comúnmente se conoce como cesión de crédito en garantía
  • Factoring doméstico, realizado con documentos de crédito representativos de compraventas dentro de un país.
  • Factoring de exportación, que corresponde a la compra de documentos de crédito que documentan ventas al exterior. La compañía que realiza el Factoring normalmente se asegura la cobrabilidad mediante un seguro de crédito con una compañía aseguradora o con otra compañía de Factoring del país del importador.
  • Factoring de importación, que consiste en el aseguramiento de créditos que exportadores de un país otorgaron a importadores de otro país. Como complemento al Factoring de importación suele incluirse los servicios de gestión de cobranza y transferencia de los fondos al país del exportador.
  • Factoring corporativo es la cesión global de las cuentas a cobrar de una empresa. La compañía de Factoring suele encargarse de realizar adelantos financieros a los proveedores, así como el pago de cuentas a cobrar o salarios.
  • El Factoring de créditos por ventas ya realizadas es la forma más habitual de Factoring. Los créditos adquiridos corresponden a mercadería o servicios ya recibidos por el comprador.
  • Factoring electrónico: crecimiento empresarialLas entidades bancarias están ofreciendo de forma generalizada a las PYMES el Factoring Electrónico a empresas, donde a través de la banca por internet para empresas, pueden adelantar el pago de las facturas pendientes de abonar a los proveedores.
  • El Factoring de créditos por ventas futuras, que consiste en ceder créditos a cobrar de ventas a realizar. Esta modalidad suele ser habitual cuando existen flujos a compradores habituales o créditos a cobrar a tarjetas de crédito.
  • El Factoring al vencimiento o maturity factoring. Conocido como Factoring de “precio madurez”, que constituye una operación de servicio completo pero sin financiamiento. El factor hará el análisis de los deudores y determinará el monto del crédito aprobado, que se comprometerá a pagar si el deudor no lo hace.
  • Factoring sin notificación o Factoring secreto, donde el cliente no comunica a sus compradores que ha cedido sus créditos a favor del financista o favor. Se emplea principalmente en aquellos casos en que los compradores no mirarían con buenos ojos la cesión de sus acreencias a favor de una firma extraña a la relación habitual con su proveedor.
  • El Factoring por intermedio o agency factoring, una variedad del Factoring de exportación que se describe como acuerdo en virtud del cual otra entidad diferente del factor efectúa las cobranzas (usualmente el mismo vendedor). Esta modalidad constituye un acuerdo de servicio completo, pero no incluye la actividad de las cobranzas y solo algunas veces asume el riesgo crediticio y el seguimiento y control del mayor de ventas.
  • Factoring “no revelado”, en virtud del cual se ofrece un monto limitado de crédito (como por ejemplo el 80% del total cedido) con la finalidad de incentivar al cliente para que cumpla con eficiencia las funciones de administración y control del crédito que otorga.

Según lo anterior con el Factoring puede asegurarse el anticipo del cobro de sus ventas y servicios prestados, de forma que no tenga que estar pendiente de la gestión del cobro y presentar además un balance mejorando sus ratios de liquidez o de tesorería. llamando a www.abogadosquevedo.es

Negociamos y hacemos análisis del factoring que pueda resultar más interesante con el banco o las entidades financieras del mercado. Ponte en contacto con nosotros a través de los datos de contacto de la web www.abogadosquevedo.es

Modificaciones del Código Penal en el ámbito social

       

Modificaciones del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la seguridad social

La Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social establece las siguientes modificaciones con trascendencia en el ámbito social:

Responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31.bis 5 CP)

Se incluye a los partidos políticos y sindicatos dentro del régimen general de responsabilidad de las personas jurídicas. Tendrán responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrollas por su cuenta y en su beneficio, por sus representantes legales y administradores, o por los sometidos a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control adecuado sobre los mismos.

Delitos contra la Seguridad Social (art. 307 y 307 Bis CP)

Tipo básico (artículo 307 CP)

– Se considera delito la defraudación de una cantidad superior a 50.000 euros en 4 años naturales. Se disminuye considerablemente la cuantía típica que, hasta ahora, se situaba en 120.000 euros en un año natural.

Se añade como pena accesoria la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 3 a 6 años.

Subtipo agravado (artículo 307 bis CP)

Siempre que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

– Cuantía de la cuota defraudada superior de 120.000 euros;

– La defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.

– La utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.

En estos casos las penas son prisión de 2 a 6 años, multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada, y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayuda públicas o de disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante de 4 a 8 años.

El plazo de prescripción del delito es de 10 años.

Regularización

La regularización de la conducta de defraudación se produce cuando se haya procedido por el obligado frente a la Seguridad Social al completo reconocimiento y pago de la deuda antes de la notificación de las actuaciones inspectoras o en su caso de que se interponga querella o denuncia contra aquél.

La regularización impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.

Fraude de prestaciones de la Seguridad Social (artículo 307 ter CP)

Tipo básico

Se considera delito a quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública.

Subtipo agravado

Siempre que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

– El valor de las prestaciones fuera superior a 50.000 euros.

– La defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.

– La utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación de la identidad del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.

Se excluye la imposición de la pena de la si se restituye el importe de las prestaciones indebidamente percibidas, incrementado con el interés anual aumentado en dos puntos antes de conocer la iniciación de actuaciones inspectoras o del procedimiento penal.

Delito contra los derechos de los trabajadores (art. 311 CP)

Se castiga con penas de prisión de 6 meses a 6 años y multa de 6 a 12 meses a quienes den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de trabajadores de la empresa o mas de centro de trabajo afectados sea al menos de:

– Empresas o centros de trabajo de más de 100 trabajadores: 25%.

– Empresas o centros de trabajo de más de 10 y no más de 100 trabajadores: 50%.

– Empresas o centros de trabajo de más de 5 trabajadores y no más de 10: la totalidad de la plantilla.

Fuente: novedadesquantor- www.elderecho.com