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Información importante para PYMES: Si su empresa tiene suscritas inversiones financieras necesita obtener el código LEI

Si su empresa tiene suscritas u opera con inversiones financieras necesita obtener el código LEI antes del 3 de enero de 2.018.

Qué es el código LEI.- El Identificador de Entidad Jurídica (LEI, por sus siglas en inglés) es un código global y único basado en el estándar ISO 17442, que se utiliza para identificar a las personas jurídicas que son parte en las transacciones financieras y para cumplir con los requisitos de información en los mercados financieros.

Para qué sirve el código LEI.-
De acuerdo con la normativa europea, el código LEI debe ser empleado para identificar a las partes contratantes en las transacciones financieras en todo el mundo y hacer más fácil para los reguladores conocer los posibles riesgos sistémicos en las primeras fases. El objetivo final es mejorar la gestión de los riesgos financieros.

Cómo surge el código LEI.- Tal y como informa el Banco de España “El identificador de entidad jurídica (LEI, por sus siglas en inglés) es un sistema de identificación universal y unívoco de entidades legales, concebido en particular para aquellas organizaciones que son parte de un contrato financiero. Ante las dificultades evidenciadas durante la crisis de Lehman Brothers para conocer y evaluar adecuadamente las interdependencias existentes en los mercados financieros globales, el G20 puso en marcha el proyecto LEI con el fin de dotar a estos mercados de una mayor transparencia.”

La CNMV publicó una nota de prensa alertando de la necesidad de obtener el Código LEI y  nos consta que las entidades financieras han elaborado campañas informativas si bien un muy elevado número de clientes, en su mayoría PYMES no han efectuado aún ningún trámite al respecto.

Objetivo del código LEI.- El objetivo último es mejorar la evaluación y gestión del riesgo sistémico, al ofrecer una visión más precisa y completa de los riesgos asumidos por cada participante. Asimismo, el LEI contribuirá a mejorar la gestión del riesgo por parte de las propias entidades y a facilitar los procesos de resolución de las mismas.

En qué consiste el código LEI.- El LEI está basado en las especificaciones del estándar ISO 17442, que determina la estructura del identificador (código alfanumérico de 20 posiciones), así como la información básica que debe recoger (nombre oficial de la entidad, dirección de la matriz, fecha de asignación del LEI…). Esta información básica ha ido ampliándose a medida que se ha avanzado en el diseño del sistema. Adicionalmente, desde mayo de 2017 se ha empezado a incorporar de manera gradual información adicional, relativa a las relaciones de propiedad entre entidades. Dado que uno de los rasgos fundamentales del LEI es su vocación de bien público, tanto el código como la información que no está sujeta a restricciones de confidencialidad son de acceso libre.

La iniciativa ha supuesto no sólo crear el elemento identificador, sino también un sistema de gestión en torno al mismo a fin de proteger los objetivos de política pública y al tiempo fomentar la participación activa del sector privado.

Quién asigna el código LEI.- En el caso de España, los identificadores internos son emitidos y gestionados exclusivamente por el Registro Mercantil. Se puede consultar un extracto del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, en el que se acuerda la designación del Registro mercantil, en el siguiente ENLACE al RDL

Coste de obtención del LEI.- Dado que el código LEI no se asigna directamente sino que es necesaria la intervención del Registrador mercantil se han aprobado unos aranceles fijos por la asignación del código identificador de entidad jurídica de 100 euros sin que devengue honorarios adicionales la inscripción que, en su caso, se practique de dicha asignación en la hoja de la entidad. La validación anual del Código Identificador se efectuará mediante la expedición de una certificación que devengará aranceles por importe de 50 euros.

Ciertamente hubiera sido preferible implantar un sistema parecido al SEPA, automático y gratuito, donde se asignaron unos códigos alfanuméricos a las cuentas bancarias existentes, que bien se podrían haber implantado de igual forma al NIF de las personas jurídicas, y especialmente a las sociedades ya inscritas. Además la gran mayoría de sociedades tendrán que recurrir a gestorías o autorizar a profesionales para realizar estos trámites.

Desde www.abogadosquevedo.es facilitamos la gestión de solicitud del LEI.

Pídanos presupuesto sin compromiso.

Cuál es el plazo de obtención del código LEI.- Una vez recibida la solicitud y el justificante de pago de las tasas, el Registrador debe verificar la validez de los datos de referencia basado en la información disponible en diferentes fuentes públicas. También se asegura que no exista ya un código LEI activo y que no haya otras solicitudes en curso para la misma entidad. El proceso de calificación tiene un plazo máximo de 15 días hábiles, aunque lo habitual es que el plazo aproximado de calificación sea de una semana.

Necesidad de obtener el LEI.- Con anterioridad al 3 de enero de 2018, todas aquellas personas jurídicas, incluidas las fundaciones, que den órdenes a intermediarios financieros para realizar transacciones sobre instrucciones admitidos a negociación tendrán que realizar todos los trámites necesarios para obtener un LEI.

Entidades como Santander y BBVA ya están recordando a sus clientes que sin el LEI no podrán operar en el mercado financiero.

Bankinter informa a través de su web que “Todas las personas jurídicas que participan en los mercados financieros deberán facilitar su LEI a las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito que ejecuten transacciones sobre instrumentos financieros para que éstas puedan identificarles antes de ejecutar las operaciones. Si el cliente no facilita su LEI, no se podrán ejecutar las operaciones instruidas”.

En este momento, todas las empresas que participan en el comercio de derivados necesitan un LEI, pero en cualquier caso si dispone de inversiones financieras deberá obtenerlo antes del próximo 3 de enero para contribuir al objetivo es mejorar la gestión de los riesgos financieros.

Esta obligación afecta por tanto a todas las personas jurídicas que operan en los siguientes productos: valores negociables (acciones y bonos), pagarés, letras del tesoro, certificados de depósito, fondos cotizados y derivados, compraventas de divisa a plazo, permutas financieras, caps, floors, etcétera.

Consulte con su agente o asesor de la entidad financiera si dispone de alguno de estos productos ya que en ese caso deberá obtener el código LEI.

Medios especializados se están ya haciendo eco de las dificultades que pueden surgir por la masiva tramitación de los códigos que van a ser necesarios habilitar en los próximos meses, llegando a pronosticar alguno de ellos, como el periódico EXPANSIÓN, un probable colapso del organismo competente en concederlos.

Las personas jurídicas que operen directamente en Derivados o Seguros de cambios, ya sean negociados en un mercado organizado u OTC necesariamente tendrán que disponer de su código LEI antes del 1 de noviembre de 2017, resultando que a partir del 3 de enero de 2018 se extiende la obligatoriedad para las operativas en todo instrumento cotizado de Renta Variable y Renta Fija no pudiendo realizar operaciones en dichos productos sin el código LEI informado a partir de esa fecha.

Puede solicitar los servicios de los miembros y colaboradores de la web www.abogadosquevedo.es para iniciar los trámites de solicitud del código LEI. También intervenimos en la renovación, declaración de cambios en los datos de sociedad o portabilidad del código. Podemos ofrecerle información sobre cualesquiera trámites y procedimientos que podamos tramitar ante el Registro Mercantil. Contacte con nuestros profesionales a través de nuestros datos de contacto. Contamos también con abogados mercantilistas y especialistas en derecho societario.

Desde www.abogadosquevedo.es facilitamos la obtención del Código LEI.

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El Supremo rechaza revisar sentencias sobre nulidad de cláusulas suelo anteriores a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE

En reciente Sentencia el Tribunal Supremo rechaza revisar las sentencias firmes anteriores a la doctrina del TJUE de 21-12-16 sobre cláusulas suelo.

La decisión de la Sala se basa, entre otros motivos, en la importancia del principio de cosa juzgada según la jurisprudencia del TJUE y en una serie de razones que destacamos por las que la demanda de revisión no ha sido admitida a trámite.

La sentencia de esta sala de 9 de mayo de 2013 determinó que la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo controvertidas no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada y que, por consiguiente, en virtud del principio de seguridad jurídica, los efectos derivados de tal declaración (especialmente el derecho del consumidor a la restitución) no podían ser aplicados a aquellos casos en que se hubiera dictado sentencia firme que no reconociera ese derecho al consumidor.
El TJUE ha considerado que este pronunciamiento no es contrario al ordenamiento de la Unión Europea. La sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15, caso Gutiérrez Naranjo, declaró sobre esta cuestión: «68. A este respecto, es verdad que el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que la protección del consumidor no es absoluta. En este sentido ha declarado, en particular, que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU: C:2009:615, apartado 37). De ello se deduce que el Tribunal Supremo podía declarar legítimamente, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, que esta última no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales anteriores con fuerza de cosa juzgada.»
En la posterior sentencia de 26 de enero de 2017, asunto C-421/14, caso Banco Primus, el TJUE declaró: «46. Procede recordar en primer lugar la importancia que tiene, tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, el principio de cosa juzgada. Así, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o haber expirado los plazos previstos para el ejercicio de tales recursos (véase, en particular, la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C 40/08, EU:C:2009:615, apartados 35 y 36).
Asimismo, el Tribunal de Justicia ya ha admitido que la protección del consumidor no es absoluta. En particular, ha declarado que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar la infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13 (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C 40/08, EU:C:2009:615, apartado 37, y de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C 154/15, C 307/15 y C 308/15, EU:C:2016:980, apartado 68), salvo que el Derecho nacional confiera a tal tribunal esa facultad en caso de vulneración de normas nacionales de orden público (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C 40/08, EU:C:2009:615, apartado 53)».
De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, no es posible obtener la revisión de una sentencia firme por el hecho de que una sentencia posterior establezca una jurisprudencia que sea incompatible con los argumentos que fundamentan el fallo de la sentencia anterior. Esa sentencia posterior no es un «documento» a efectos de lo previsto en el art. 510.1.1.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Nuestro ordenamiento jurídico preserva la firmeza de las sentencias frente a modificaciones posteriores de la jurisprudencia, adoptadas por propia iniciativa del Tribunal Supremo o impuestas por la doctrina sentada en las resoluciones del Tribunal Constitucional. Solo es posible la revisión de una sentencia civil firme en ciertos casos excepcionales cuando una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declare que dicha sentencia ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el CEDH, por preverlo expresamente el art. 510.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La jurisprudencia del TJUE ha reconocido la importancia del principio de cosa juzgada tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, pues garantiza tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia.
El TJUE ha declarado que la posibilidad de revisar una sentencia firme dictada por un tribunal nacional de un Estado miembro como consecuencia que se haya dictado una sentencia del propio TJUE que siente una doctrina incompatible con la que sustenta esa sentencia firme del tribunal nacional, se rige por los principios de efectividad y equivalencia.
El principio de efectividad impide que se salvaguarde la seguridad jurídica en un grado tan elevado que impida o dificulte gravemente la eficacia del Derecho de la Unión, por ejemplo, porque permita proyectar hacia el futuro los efectos de la cosa juzgada y extenderlos a situaciones sobre las que no haya recaído resolución judicial definitiva con posterioridad a la sentencia del TJUE que contradiga lo afirmado en la sentencia del tribunal nacional, como se declaró en la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2009, asunto C-2/08, caso Olimpic club.
No es ese el caso objeto de este proceso de revisión, en que se pretende proyectar la jurisprudencia del TJUE hacia el pasado para lograr la rescisión de una sentencia firme y que se dicte una nueva sentencia que se acomode a la jurisprudencia del TJUE en un proceso que había finalizado por sentencia firme antes de que se dictara la sentencia del TJUE.
En aplicación de lo declarado en la sentencia del TJUE de 18 de febrero de 2016, asunto C-49/14, caso Finanmadrid, y las que en ella se citan, teniendo en cuenta los principios en los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, tales como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento, la exclusión de la rescisión de sentencias firmes por contradecir lo declarado posteriormente en una sentencia del TJUE no puede considerarse contrario al principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea.
El principio de equivalencia impone la revisión de una sentencia firme dictada por un tribunal nacional, con base en una sentencia posterior del TJUE que sea incompatible con la jurisprudencia nacional, si el ordenamiento interno establece que cuando se dicte una sentencia que modifique la jurisprudencia procederá la revisión de sentencias firmes de fecha anterior que sean incompatibles con la nueva jurisprudencia. Como hemos explicado, ese no es el caso de España, cuyo ordenamiento interno no permite que un cambio en la jurisprudencia permita revisar las sentencias firmes anteriores que no se ajusten a la nueva jurisprudencia. Por tanto, el principio de equivalencia no impone que, con base en una sentencia del TJUE cuya doctrina sea incompatible con sentencias firmes dictadas con anterioridad por los tribunales nacionales, se admita la revisión de tales sentencias firmes.
Podemos ayudarle a calcular los importes que la entidad bancaria le ha cobrado indebidamente y en el procedimiento de reclamación. Si tiene que negociar con el banco póngase en contacto con nosotros y le podremos atender personalmente. Intentaremos ayudarle en este asunto y asesorarle en la tramitación de su reclamación. Podemos también actuar en su nombre. Antes de que se devengue cantidad alguna por cuenta de honorarios le presupuestaremos. Un último consejo: desconfíe de los enlaces y los despachos que ofrecen una reclamación gratuita de la cláusula suelo.
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Acción de nulidad del testamento por falta de capacidad

Nuevo artículo de interés en el blog de nuestra página http://www.consultasdeherencia.es/

Acción de nulidad del testamento por falta de capacidad. Motivos y causas de la posible nulidad de las disposiciones testamentarias. Como impugnar un testamento.

Accede al artículo pinchando aquí: ENLACE.

 

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Se amplían los supuestos, las medidas de protección y los plazos de desahucio de las familias más vulnerables en casos de ejecución de hipoteca

Se amplían las medidas de protección de los deudores hipotecarios, los supuestos para entender cuales son las familias más vulnerables y  los plazos, hasta el 2.020, para proceder al  desahucio en caso de ejecución de hipoteca.

A través de un nuevo Real Decreto-ley se amplían las medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, así como la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Muchas familias afectadas nos han consultado que cuando si van a proceder a ejecutar  su desahucio en este próximo mes de mayo. Existen miles de familias que siguen ocupando su vivienda aún tras sentencia de ejecución hipotecaria e incluso cuando ya han perdido la titularidad de la casas, esperando a que se ejecute el lanzamiento. Es preciso apuntar que según parte de la doctrina a la que nos sumamos no hay desahucio sino en el ámbito de la ocupación por arrendamiento o precario, denominándose realmente lanzamiento cuando se trata de la recuperación del uso tras la pérdida de la titularidad de la vivienda. Omitiendo tecnicismos, la preocupación era que el próximo 15 de mayo  vencían los plazos previstos por el Gobierno en protección de las familias más vulnerables afectadas por la crisis en este sentido, por lo que se esperaba alguna medida de ampliación de los plazos debido a que en España no acabamos de salir de esta situación económica desfavorable.

Desde el año 2012 se adoptaron medidas para hacer frente a la situación de vulnerabilidad que afectaba a numerosas familias españolas como consecuencia de factores sobrevenidos tras la crisis económica y financiera. La protección del deudor hipotecario ha sido una preocupación constante y la acción de los poderes públicos se ha centrado en aquellos deudores sin recursos que atravesaban situaciones de especial debilidad.

Así, una de las primeras medidas adoptadas en este terreno fue la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables establecida en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectaba a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudicase al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, el real decreto‑ley, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impedía que se procediera al lanzamiento que culminaría, en su caso, con el desalojo de las familias.

Este real decreto‑ley fue convalidado y tramitado como proyecto de ley, lo que dio lugar a la aprobación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que mantenía la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encontraran en una situación de especial riesgo de exclusión.

Como complemento a estas normas, el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, que establecía un Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.

Próximo a finalizar el plazo de dos años fijado por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, y dado que muchas familias aún se encontraban en situación de vulnerabilidad, se consideró oportuno ampliar el plazo de suspensión de los lanzamientos tres años más. Con tal motivo, el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, modificó la Ley 1/2013, ampliando el plazo de suspensión de lanzamientos hasta el 15 de mayo de 2017.

Llegados al momento presente y, a pesar de las importantes acciones conducentes a procurar la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, así como mecanismos de flexibilización de los procedimientos de ejecución hipotecaria, existen razones económicas y coyunturales que justifican la adopción de tres tipos de medidas.

En primer lugar, se amplía el colectivo de familias que puede beneficiarse de las medidas del Código de Buenas Prácticas, incluyendo a familias con hijos menores o en las que exista una víctima de violencia de género.

Se entiende por tanto que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad:

1.º La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

2.º La unidad familiar monoparental con hijos a cargo.

3.º La unidad familiar de la que forme parte un menor de edad.

4.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente, para realizar una actividad laboral.

5.º La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

6.º La unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género.

7.º El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar según lo previsto en el propio Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

Asimismo, se modifica en este artículo el Código de Buenas Prácticas para dar la posibilidad de que aquellos beneficiarios de la suspensión de lanzamientos a la que se refiere el artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que sean a su vez clientes de las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas puedan solicitar a la entidad que les sea arrendada su vivienda en condiciones preferenciales por un periodo de hasta cinco años y cinco años más si así se acuerda con la entidad. Esta solicitud deberá realizarse en el plazo de seis meses a contar, bien desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, bien desde que la suspensión les sea aplicable, si esta fuera posterior a dicha entrada en vigor.

 

Además se plantea la ampliación, por un plazo adicional de tres años, hasta mayo del año 2020, de la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013. Asimismo, se amplía el ámbito subjetivo de aplicación, en la misma línea que el Código de Buenas Prácticas. En este sentido, se ajusta la Ley 1/2013, de 14 de mayo, en lo relativo a la definición de los supuestos de especial vulnerabilidad y se posibilita así que un mayor número de familias pueden acogerse a la suspensión.

La disposición adicional primera prevé el procedimiento de adhesión de las entidades financieras a esta nueva versión del Código de Buenas Prácticas con un ámbito de aplicación más inclusivo y con el derecho al alquiler para los beneficiarios de la suspensión de lanzamientos cuya entidad esté adherida a dicho Código.

Por último, la disposición adicional segunda insta al Gobierno a proponer en el plazo de ocho meses medidas destinadas a facilitar la recuperación de la propiedad por los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de su vivienda habitual, cuando esta hubiera sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Estas medidas tendrán en cuenta el precio de adjudicación de la vivienda y la posibilidad de que se descuenten determinadas cantidades del mismo para determinar el precio de venta al deudor.

En la presente regulación concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artículo 86 de la Constitución Española para la aprobación de los reales decretos-leyes. En el momento actual sigue siendo necesario hacer frente a la situación de aquellas familias que continúan sufriendo la adversidad económica, lo que justifica que se amplíe el ámbito subjetivo del Código de Buenas Prácticas. La ampliación del plazo de suspensión de lanzamientos, cuya finalización es inminente, se hace igualmente necesaria. El plazo previsto finalizará el 15 de mayo de 2017 por lo que recurrir al real decreto-ley como vehículo normativo para ampliar este plazo por otros tres años, está totalmente justificado. Es por ello por lo que la adopción de tales medidas exige acudir al procedimiento del real decreto-ley.

Se puede acceder al texto normativo mediante el siguiente ENLACE AL BOE

Podemos ayudarle solicitar la suspensión del procedimiento de desahucio.

El banco deberá acogerse a las medidas propuestas por el Gobierno y evitar el lanzamiento.

Puede pactar un arrendamiento asequible en su vivienda para los próximos 10 años.

Si tiene que negociar con el banco póngase en contacto con nosotros y le podremos atender personalmente. Intentaremos ayudarle en este asunto y  asesorarle en la tramitación de su reclamación. Podemos también actuar en su nombre.

Aunque se haya declarado el desahucio puede evitar que procedan al lanzamiento de su familia en la ocupación de su vivienda.

Puede pedirnos cita a través de la pestaña desplegable en la página de contacto de la web https://www.abogadosquevedo.es o telefónicamente llamando al 914454631. Antes de que se devengue cantidad alguna por cuenta de nuestros honorarios le presupuestaremos nuestra intervención.

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El Tribunal de justicia de la Unión europea obliga a los bancos a devolver lo cobrado por las cláusulas suelo

 Diversos medios de prensa se han hecho eco de la noticia de que el Tribunal de justicia de la Unión europea ratifica la nulidad de las  cláusulas suelo, obligando a la banca a devolver a sus clientes lo cobrado indebidamente en virtud de la aplicación de lo establecido en las mismas. Puedes acceder a la resolución a través de la página web de la UE.

Puedes acceder a la resolución a través de la página web de la UE.

Accede a la noticia a través de los siguientes ENLACES A LOS MEDIOS: EL PAIS, EL MUNDOEXPANSION

Existen incluso calculadoras que se han puesto a disposición de los clientes de banca en distintas páginas web aplicaciones que te ayudarán a efectuar un primer cálculo del dinero que deberían devolverte. Te facilitamos el acceso a una de ellas  mediante el siguiente enlace: APLICACIÓN DE CALCULO DE DEVOLUCION DE LAS CANTIDADES ABONADAS POR LA CLAUSULA SUELO.

money-515820_640Las entidades bancarias afectadas va a establecer en los próximos días los protocolos de devolución de las cantidades cobradas indebidamente. Si tienes dudas o la entidad bancaria se niega a tramitar las devoluciones solicita una cita con nuestros profesionales para plantear las acciones correspondientes encaminadas a recuperar pacífica o judicialmente el importe que te corresponde.

Salvo que se tomen medidas de pago automático, lo que parece improbable, los afectados deberán presentar una reclamación al servicio de atención al cliente de la entidad bancaria haciendo uso de sus facultades como consumido de cara a la pronta iniciación de un expediente que deberá resolverse en el plazo de dos meses. En caso de negarse el banco nuestra opinión es que hay que actuar por vía judicial, ya que la posible resolución del Banco de España no será vinculante y habrá transcurrido al menos un año teniendo en cuenta el aluvión de reclamaciones que se van a presentar.

Consulta con tu abogado porque junto con la cláusula suelo podríamos solicitar de forma acumulativa en un procedimiento una serie de cláusulas que han sido declaradas nulas en sede judicial, como son:

Cláusulas sobre gastos de formalización de hipotecas law-1063249_1920

La cláusula de intereses moratorios

Cláusula de vencimiento anticipado

Cláusula de redondeo al alza

Pacto de liquidez

Renuncia a notificación en caso de cesión del préstamo.

Prohibición de transmitir la finca hipotecada.

Comisión por reclamación de posiciones deudoras.

Intereses de demora excesivos. 

Cláusula de imposición de gastos al prestatario. 

Cuenta con el debido asesoramiento en la reclamaciópay-621047_640n de las cantidades abonadas por  la aplicación de la cláusula suelo. Podemos preparar el requerimiento previo para que solicites la devolución a la entidad bancaria y que puedas actuar en defensa de tus intereses.

Ten en cuenta que puedes reclamar la devolución de las cantidades correspondientes incluso aunque el préstamo haya vencido, así como también si se pactó una dación en pago para cancelar la hipoteca. En caso de desahucios por falta de pago también habría que analizar si en la liquidación de intereses se aplicó o no la cláusula suelo. Es decir, que todo el dinero, desde la firma de los contratos en adelante, debe volver a las manos de los particulares. Un regalo anticipado de Navidad para los denunciantes.

Respecto a las cantidades recuperadas habrá que estar atentos de si finalmente serán o no objeto de tributación.

Contamos con abogados especialistas en reclamaciones civiles y mercantiles que podrán hacerte un presupuesto a tu medida en función del importe del préstamo, de la cantidad estimada de la devolución que proceda, pactar el plazo de pago en función de tu situación económica e incluso llegar a pactar un coste variable de la intervención en función de los resultados.

Puedes contar con nuestros profesionales call-15924__180para que actúen en tu nombre ante la a la entidad bancaria. Solicita a una cita con nuestros abogados mediante los datos de contacto que aparecen en nuestra web.

 

 

ALERTA ANTIVIRUS: el virus de la presunta factura de ENDESA.

Desde www.abogadosquevedo.es recomendamos no abrir el vínculo asociado en el correo electrónico conocido como el “virus de ENDESA”.

Recientemente CincoDias informaba de la siguiente noticia: “El Brexit y la Eurocopa 2016 disparan el envío de spam con virus informáticos”. Según dicho medio “los piratas informáticos tienen un único objetivo, intentar colar en los ordenadores de los usuarios su software malicioso con la idea de robar datos o, simplemente, controlar el dispositivo a distancia para acometer otras fechorías. Y es por ello que desde que empezaron a aparecer, más que sus conocimientos técnicos han usado lo que se llaman “técnicas de ingeniería social”.

Nosotros nos hacemos también eco de un correo infectado que hemos recibido en nuestro propio equipo, un  correo en el que nos comunica la emisión de una presunta factura electrónica de ENDESA por importe de 965 euros.

Si recibe una Factura electrónica de ENDESA, ENDESA ENERGÍA o ENDESA ENERGÍA XXI no acceda a consultar la factura sin antes verificar que no se trate de un virus o en otro caso tendrás grande probabilidades de que su equipo quede infectado.

imagen virus endesa  

Si recibe un correo de estas características le recomendamos que se ponga en contacto con su proveedor del suministro de energía, ENDESA, UNION FENOSA, IBERDROLA o el que corresponda en su caso para verificar que la factura es real y no se trata de un correo infectado.

Si la factura es real, ya publicamos un artículo titulado como reclamar la factura de la luz, en el que explicábamos que  las compañías realizan en ocasiones una estimación de consumo se equivocan en una factura y repasamos las principales claves que se deben tener en cuenta a la hora de presentar una queja, como por ejemplo revisar la factura o acudir a los canales de reclamación adecuados.

En caso de que la factura sea desmescall-15924__180urada o indebida nuestros profesionales pueden ayudarle para plantear una reclamación por vía prejudicial o contenciosa. Estudiaremos su caso para plantearle todas las alternativas al pago improcedente de su factura. Pida cita a través de los medios de contacto que ponemos a su disposición.