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La DGT confirma la exención del pago de la plusvalía en el IRPF ante la dación en pago

Al hilo de nuestro anterior artículo “Exención del pago de la plusvalía derivada de la dación en pago o ejecuciones hipotecarias” os facilitamos extracto de una reciente consulta vinculante que confirma la exención del pago de la plusvalía en el IRPF ante la dación en pago a una filial de la entidad bancaria prestamista:

DGT, Consulta nº V1249/2015 de 24 abril 2015.

ANTECEDENTES DE HECHO: Ante la imposibilidad de efectuar la devolución de dos préstamos hipotecarios que gravan su vivienda habitual, el consultante y la entidad de crédito acreedora de ambos préstamos han acordado la dación en pago. En virtud de dicho acuerdo, el consultante transmitirá la vivienda de manera directa a una Sociedad Gestora de Activos, entidad distinta de la entidad de crédito acreedora y en la que ésta participa al cien por cien, y se cancelará uno de los préstamos hipotecarios subsistiendo el otro con garantía personal.

CUESTIÓN PLANTEADA: Si a la transmisión de la vivienda le resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 33.4.d) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, teniendo en cuenta que no dispone de otros bienes en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda.
RESPUESTA: La letra d) del apartado 4 del artículo 33 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre) -en adelante LIRPF-, ha sido introducida por el artículo 122. Uno del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE de 5 de julio) con efectos “desde 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no prescritos”. La misma modificación, y con los mismos efectos, es introducida por el apartado Uno del artículo 122 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. (B.O.E. de 17 de octubre)

home-589068_640La letra d) del apartado 4 del artículo 33, dispone lo siguiente:

“4. Estarán exentas del Impuesto las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto:

(…)

d) Con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor o garante del deudor, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo estarán exentas las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizada en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

En todo caso será necesario que el propietario de la vivienda habitual no disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.”

En el caso objeto de consulta es necesario analizar si la transmisión de la vivienda habitual del deudor hipotecario a favor, no de la entidad acreedora, sino de un tercero, puede considerarse a estos efectos dación en pago y, por ello, resultar beneficiaria de la referida exención en el IRPF.

Pues bien, puede sostenerse que la dación en pago no queda desnaturalizada ni muta su naturaleza por el hecho de que se haga a favor de un tercero, distinto del acreedor hipotecario, siempre que sea éste el que imponga tal condición para acceder a la dación y la acepte como extintiva de la obligación. Es éste precisamente el caso planteado: el acreedor hipotecario accede a la dación y obliga al deudor a transmitir el inmueble a un tercero por él designado, posibilidad admitida en el Código Civil para el pago de las obligaciones (artículos 1.162 y 1.163).

Por otra parte, la redacción literal de la exención permite sostener tal interpretación, porque no limita taxativamente a favor de quién ha de hacerse la dación, sino que exige tres requisitos que no obstarían a esa interpretación:

– Que la dación lo sea de la vivienda habitual del deudor o de su garante.

– Que la dación se realice para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la vivienda habitual.

– Que esas deudas hipotecarias se hayan contraído con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Como puede observarse, no se exige que money-515820_640la transmisión en que consiste la dación se haga a favor de esa misma entidad de crédito, por lo que no debe excluirse la posibilidad de que la misma acreedora admita o imponga, sin alterar el carácter extintivo de la dación, la transmisión a un tercero designado a su voluntad.

Para mayor abundamiento, en el artículo 33.4.d) de la LIRPF se señala que también opera la exención en las ejecuciones hipotecarias, en las que como consecuencia de las mismas se produce una transmisión a favor de un tercero que no será la entidad financiera acreedora en la mayor parte de los casos.

Por todo ello, no apreciándose impedimento en la previsión legal y siendo lo más acorde con la finalidad de la norma, se considera que esas transmisiones o daciones en pago a favor de un tercero autorizado e impuesto por la entidad acreedora deben ser objeto de la nueva exención prevista en el artículo 33.4.d) de la LIRPF, lógicamente siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos en dichos preceptos.

Además debe señalarse que la dación en pago puede suponer tanto la cancelación total como parcial de la deuda, en aquellos casos en que se pacte que la entrega de la vivienda sólo extingue parte de la deuda.

En conclusión, a la ganancia patrimonial que, en su caso, obtenga el consultante derivada de la transmisión de su vivienda habitual y que supondrá la cancelación parcial de la deuda, le resultará de aplicación la exención prevista en el artículo 33.4.d) de la LIRPF, siempre que no disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.

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¿Cómo tributa el préstamo concedido a un hijo?

Transcribimos parte del contenido de una reciente consulta vinculante a la Dirección General de Tributos Tributación en relación a la tributación de un préstamo concedido por el consultante, persona física, a su hijo, que resuelve lo siguiente:

– En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:

… De los preceptos expuestos se deriva que los préstamos constituidos por quien no tenga la consideración de empresario o profesional en el ejercicio de su actividad y, en cualquier caso, cuando no constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, como parece ser en el presente caso en el que se trata de un préstamo de carácter familiar concedido por un padre a su hijo, estará sujeto al concepto de transmisiones patrimoniales onerosas, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1.B) y 5 del TRLITPAJD, pero exento de dicha modalidad en virtud de la exención establecida en el artículo 45.I.B.15 del mismo texto legal.

No obstante lo anterior, esta exencióndocument-428335__180 no exime de la presentación de la declaración del impuesto, ya que el artículo 51.1 del citado texto refundido establece dicha obligación en general para todos los hechos imponibles, con independencia de que estén o no exentos del impuesto. Este precepto tiene su desarrollo reglamentario en el artículo 98 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo (BOE de 22 de junio), por el que se aprueba el reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuyo apartado 2 recoge diversas excepciones a la obligación de presentación de la declaración, sin que ninguna de ellas sea aplicable al supuesto planteado.

– En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

Para analizar la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que pudiera corresponder al consultante, prestamista en este caso, se hace preciso transcribir previamente los preceptos de la Ley del Impuesto (Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, BOE del día 29) que afectan al asunto consultado: artículos 6.5, 25.2 y 40.

Por lo tanto, la presunción money-733992_640de onerosidad que acompaña a las cesiones de bienes o derechos supone para los préstamos, una estimación de rendimientos que se cuantifica aplicando el tipo de interés legal del dinero en vigor el último día del período impositivo.

Ahora bien, como en reiteradas ocasiones ha señalado este Centro Directivo, ésta estimación de rendimientos no opera si se prueba la gratuidad del préstamo, lo que deberá realizarse conforme a los medios de prueba generalmente admitidos en Derecho, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 1227 del Código Civil, y que corresponderá valorar a los órganos de gestión e inspección de la Administración tributaria. De igual manera deberá acreditarse la conexión del préstamo, su destino y la justificación de su devolución. -Esto resultará especialmente importante para que no pueda ser calificada la operación como donación simulada y, por tanto, en fraude de ley.-

En definitiva, teniendo el préstamo carácter gratuito, este no tendrá repercusiones en el IRPF del consultante. En caso contrario, es decir si se hubieran pactado intereses, las cantidades devengadas por el prestamista en concepto de intereses tendrían la consideración de rendimientos del capital mobiliario debiendo imputarse, de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 14 de la LIRPF, al período impositivo en que sean exigibles.

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Satisfacción entre los abogados por la reciente supresión de las tasas judiciales a personas físicas

El colectivo de abogados, entre los que nos encontramos varios abogados colaboradores de la web, celebra la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias, según ha recogido el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social publicado en el BOE de 28 de Febrero de 2.015.

Desde que la Ley de Tasas Judiciales entrara en vigor hace más de dos años, el colectivo de abogados así como otros profesionales del derecho han venido expresando la necesidad de que fueran derogadas desde el convencimiento de que la Justicia es un servicio público en nuestro Estado social y democrático de Derecho, en pro de la igualdad y la defensa de la posibilidad del ejercicio de la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos.

Durante todo este tiempo, los efectos de la crisis junto con las medidas de austeridad y recaudación, como la implantación de las tasas judiciales, además de ahogar a la mayoría de la población de clase media han fomentado incluso la pérdida de oportunidad para emprender acciones judiciales en defensa de derechos básicos, ya que a los gastos de los profesionales y posibles riesgos de una condena en contra había que sumar el pago de una tasas judiciales que en algunos casos según la cuantía de los asuntos podía llegar a ser de varios miles de euros, por lo que un gran número de ciudadanos han visto mermada su capacidad litigante y por tanto la tutela judicial que se exigible de un Estado de Derecho.

No obstante, aunque el Gobierno ha optado finalmente por ceder y eximir del pago de las tasas judiciales a los particulares, el colectivo de abogados, representado entre otros por el Consejo General de la Abogacía, del que forma parte el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, mantiene su histórica reivindicación derogatoria también para las PYMES, al entender justo que éstas no deban soportar el mismo gravamen que las grandes empresas, tal como preveía la normativa anterior, y por ser este colectivo uno de los más sensibles en cuanto a las fluctuaciones del mercado, las políticas bancarias y la presión fiscal. El ICAM, a través de su Decana y en su condición de Vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía, participa en una Comisión Mixta con el Ministerio de Justicia y la abogacía española para tratar sobre la revisión de la ley de tasas judiciales y sobre las diversas reformas legislativas en curso, habiendo logrado una de las más importantes reivindicaciones que nuestra profesión le demandaba.

Esperemos que en breve tengamos nuevas y buenas noticias para las PYMES y las eximan también del pago de las tasas judiciales.

Si te hemos presupuestado recientemente alguna actuación judicial puedes solicitar un nuevo cálculo en el que excluiremos las tasas judiciales. Pide más información a través de nuestros datos de contacto de la web www.abogadosquevedo.es.