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Información importante para altos directivos: aumentan los casos del fraude del CEO

Toque de atención a los departamentos financieros y a los altos directivos: Aumentan los casos del fraude del CEO

El conocido como fraude del CEO consiste en un engaño dirigido a estafar a empresas mediante la suplantación de altos directivos para forzar transferencias urgentes desde el departamento financiero.

Según varias notas de prensa de la Policía Nacional los ciberdelincuentes envían mails, suplantando a un directivo y con la apariencia de un correo corporativo, dirigidos a los empleados que tenga la facultad de realizar transferencias y movimientos bancarios de la empresa.

En sus mensajes simula una situación de emergencia para la mercantil que supuestamente requiere una actuación rápida, confidencial y fuera de los cauces habituales.

La Policía Nacional aconseja implantar procedimientos seguros para realizar los pagos que requieran una doble verificación antes de ejecutar órdenes sensibles.

La Policía Nacional difunde por ello una serie de pautas seguras para evitar ser víctima de la estafa conocida como el fraude del CEO, que entendemos resultan de interés general para empresarios y altos directivos y que transcribimos a continuación. (Fuente: Gabinete de Prensa de la Dirección General de la Policía https://www.policia.es/prensa/20170429_1.html)

En nota de prensa de 29-abril-2017, la Policía Nacional difunde una serie de pautas seguras para evitar ser víctima de una estafa, conocida como el fraude del CEO, que está afectando a numerosas empresas en nuestro país y que consiste en suplantar la identidad de altos directivos para lograr que otros empleados realicen transacciones de dinero a los delincuentes.

El objetivo de esta acción de comunicación de la Policía es difundir unas pautas de seguridad para las empresas y sus empleados con la finalidad de evitar que sean víctimas de estas estafas. La cautela, el sistema de verificación en dos pasos, la actualización del software y la información son las principales reglas para evitar transferencias fraudulentas.

Un mail del “jefe” dirigido al departamento financiero.-

Los cibercriminales envían correos electrónicos, suplantando a alguno de los altos directivos de la empresa, en los que mediante engaños simulan una situación de emergencia para la mercantil y que requiere su actuación rápida, confidencial y fuera de los cauces habituales. En esos mails, el falso directivo da instrucciones al empleado responsable de la realización de transferencias y cuentas bancarias para que realice unos movimientos de dinero que serán ingresados, sin saberlo, en las cuentas controladas por los delincuentes o por mulas preparadas al efecto.

Para que este ataque a la empresa sea exitoso, los estafadores deben tener identificados a los empleados que tienen la potestad de realizar las transferencias y, además, confeccionar correos electrónicos mediante técnicas de phishing que aparenten provenir de la propia empresa y del directivo al que suplantan. Para elaborar estos mails, los ciberdelincuentes logran acceder a las cuentas de correo de la empresa para identificar a los empleados a los que intentarán engañar y para copiar la forma de redactar y firmar los mails.

Los correos fraudulentos son enviados desde la propia cuenta del directivo o bien a través de otra dirección de correo casi idéntica a la del jefe, tan sólo variando un carácter, por ejemplo, si la cuenta real del directivo es ceo@empresavictima.es, envían los correos desde la cuenta ceo@empresavictima.ru, controlada por los delincuentes.


Procedimientos seguros para evitar el fraude del CEO.-
Para evitar caer en este tipo de estafas, se han de implantar procedimientos seguros para realizar pagos, de manera que esté implicada más de una persona, es decir, que exijan doble verificación para asegurarse de la veracidad del mensaje.

Consejos previos:
– Establecer unos protocolos de actuación dentro de la propia empresa respecto a las transferencias de dinero
– Fijar un sistema de doble verificación antes de ejecutar órdenes sensibles
– Formar y dar directrices concretas a los empleados en función de su nivel de responsabilidad
– Estar informados: la Policía Nacional difunde a través de sus perfiles en redes sociales de las nuevas modalidades de estafas y fraudes y las pautas seguras para evitarlos
– Mantener reuniones con los Jefes de Seguridad y con los Directores de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) y asociaciones de empresarios
– Adoptar medidas de seguridad en las comunicaciones: cautela al abrir mails de desconocidos; valorar la información empresarial o corporativa que se publica en redes, actualizar el software de los equipos utilizados por el CEO y especial atención a las conexiones a través de WiFi abiertas.

En relación a lo anterior, como también difunde el Gabinete de prensa, la Policía Nacional ha detenido recientemente en la Región de Murcia a ocho miembros de una trama que presentaba ramificaciones a nivel internacional, lo que ha generado la solicitud de numerosas comisiones rogatorias por parte de las autoridades de diversos países en los que ha habido víctimas.

Los arrestados suplantaban la identidad del jefe de una empresa en numerosos correos electrónicos, haciendo creer al receptor, contable o persona con responsabilidad financiera de la compañía, la necesidad urgente de realizar una transferencia a una cuenta bancaria determinada.
Según nota de prensa de 08-septiembre-2017, Agentes de la Policía Nacional han detenido en la Región de Murcia a ocho personas pertenecientes a una organización especializada en la comisión de la “estafa del CEO”. Los arrestados suplantaban la identidad del jefe de una empresa en numerosos correos electrónicos, haciendo creer al contable o persona con responsabilidad financiera de la compañía, la necesidad urgente de realizar una transferencia a una cuenta bancaria determinada. Se han detectado movimientos fraudulentos de capitales por encima de los 12 millones de euros.

A mediados del pasado año se inició una investigación sobre una organización criminal, compuesta por ciudadanos de Nigeria y España, dedicada a la comisión de estafas de manera organizada y con ramificaciones a nivel internacional, detectándose movimientos fraudulentos de capitales por encima de los 12 millones de euros. (Fuente: Gabinete de Prensa de la Dirección General de la Policía https://www.policia.es/prensa/20170908_1.html ).


Desde www.abogadosquevedo.es queremos ayudar a los responsables de empresas y sociedades a prevenir este tipo de fraudes. Por eso difundimos una serie de medidas a adoptar durante las llamadas o transacciones y que aconsejan tomar desde los medios de difusión pública de la Policía Nacional (Fuente: Gabinete de Prensa de la Dirección General de la Policía https://www.policia.es/prensa/20170429_1.html ).

– Sospechar cuando les meten prisa (el defraudador suele aprovechar momentos de “guardia baja de la víctima”: vacaciones, fines de semana, horarios fuera de los habituales, etc)
– Fijarse en la redacción de algunos correos, dado que los mismos se traducen al idioma correspondiente, con traductores on-line, y suelen producirse incorrecciones
– Comprobación minuciosa de las direcciones de los correos electrónicos para verificar si son los auténticos de la empresa
– Sospechar de las solicitudes de transferencia sólo con intercambios de correo o si cambian cuentas habituales, verificar antes por otro medio fiable previamente establecido
– Sistemas de comprobación con protocolo doble check (correo + teléfono)
– Contacto directo con el CEO.
Si has sido víctima del fraude:
– Anotar correos y teléfonos
– Anotar las cuentas en las que se ha ingresado
– Recopilar toda la información
– Denuncia los hechos

En resumen: desconfía, informa a superior y comprueba
1.- Desconfiar de llamadas directas del CEO, o de otras personas fuera de tu rango de actuación, los cuales en condiciones normales te realizan las notificaciones pertinentes a través de tu superior inmediato.
2.- Informar a tu superior de la operación a realizar o, en última instancia, si estas totalmente convencido que la orden proviene directamente del CEO, no dudar a la hora de solicitar una entrevista con él o llamada, de forma que te de la confirmación de la misma en persona.
3.- Comprobar bien las direcciones de correo aportadas, puesto que suelen tener alguna variación, con respecto a los auténticos. Estamos tan acostumbrados a ver los correos con las direcciones auténticas que cuando recibimos un correo con una variación mínima no nos damos cuenta de la misma, puesto que no solemos comprobar la dirección completa, y nos solemos quedar en el principio y el final.

Toda esta información y el contenido íntegro de las notas de prensa están disponibles en la web de la Policía Nacional al que se puede acceder mediante el siguiente enlace a la página de la Dirección General de la Policía

Desde www.abogadosquevedo.es queremos ponerle en sobreaviso de estas prácticas fraudulentas dirigidas a las grandes empresas y a las pymes. Podemos ofrecerles también a través de nuestros colaboradores los servicios de ASESORÍA FISCAL LABORAL GESTIÓN CONTABLE AUDITORÍA DE CUENTAS OPERACIONES SOCIETARIAS y EXTRANJERÍA. Puede ver el detalle de dichos servicios en nuestra página https://www.abogadosquevedo.es/asesoramiento-integral-de-empresas/ Pídanos presupuesto sin compromiso del coste del servicio de ASESORAMIENTO INTEGRAL DE EMPRESAS.

Nuestros profesionales cuentan con amplia experiencia en: NEGOCIACIONES; MEDIACION; CONTENCIOSOS; RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS; INTERPOSICIÓN DE DEMANDAS Y OPOSICIONES; RECUPERACION DE DEUDAS; RECLAMACIONES JUDICIALES; DEMANDAS DE RECLAMACION POR VIA DE JUICIO MONITORIO Y JUICIO CAMBIARIO; RECLAMACIONES POR IMPAGO DE CHEQUE, LETRAS O PAGARÉS; RECLAMACION DE CREDITOS CONCURSALES Y CONCURSOS. Llámenos y estaremos encantados de concertar una reunión y darle un presupuesto sin compromiso.

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CALENDARIO DE DIAS INHABILES EN 2017 A EFECTOS DEL CÓMPUTO DE PLAZO

El 30 de Diciembre se ha publicado el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2017 a efectos del cómputo de plazos.

La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, que deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.

La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.

Ponemos a vuestra disposición el texto del BOE 315/2016, de 30 de diciembre de 2016, que puedes descargarte accediendo al siguiente ENLACE.

Para evitar confusiones nos parece interesante diferenciar entre la existencia de plazos en diversos ámbitos del Derecho para no equivocarse a la hora de realizar un cómputo y por cuanto a que es muy dispar la normativa que los regula:

– Ámbito de la Administración (LPAC): Estos son los que regula el texto a que hacemos referencia. En vía administrativa, el mes de agosto se considera mes hábil. Quedan a salvo los sábados, domingos y festivos, como el resto del año, tal y como establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que se consideran inhábiles. Los días hábiles suelen coincidir con el régimen de jornada y horarios de las Administraciones para la realización de gestiones, consultas, presentación de documentos en registro, etcétera, aunque no es preceptivo. Es importante tener en cuenta que a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015 (a partir del 2 de octubre de 2016) los sábados se consideran también días inhábiles a efectos del cómputo de plazos de carácter administrativo.

Cómputo: cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales se hará constar esta circunstancia expresamente en la norma o en las correspondientes notificaciones. Los plazos expresados en días meses o años se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Asimismo hay que tener en cuenta que para calcular el plazo para el pago de tasas e impuestos, como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos determinados (ITPYAJD), el impuesto de sucesiones y donaciones (ISD), el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) o plusvalía municipal, etcétera, los días del mes de agosto sí que se computan.

– Plazos a efectos civiles (CÓDIGO CIVIL).- Establecidos para el cumplimiento de obligaciones y contratos, también aplicable al ámbito mercantil y a la prescripción y caducidad de las acciones (pago, reclamación de cantidad, nulidad, etcétera).

En el cómputo civil de los plazos se tienen en cuenta los días naturales, siempre que no se establezca otra cosa, por lo que no se excluyen los días inhábiles. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.

– Plazos procesales o judiciales, con carácter general (LOPJ Y LEC).- A efectos de presentar escritos de oposición, recursos, contestación a diligencias, etcétera, en el orden civil y mercantil, Ley son inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma o localidad. Serán también inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales de ámbito civil, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones. Los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en la LEC y el Código Civil. En los señalados por días quedarán excluidos los inhábiles y si el último día de plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

En la jurisdicción Contencioso-administrativa, como norma general durante el mes de agosto tampoco correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro plazo de los previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, a excepción del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto para la instrucción de las causas criminales, ya que todos los días son hábiles (ver Ley de Enjuiciamiento Criminal) y ciertos procedimientos de jurisdicción social, es decir, conflictos de carácter laboral (ver Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social).

Según todo lo anterior son días inhábiles con carácter general en el ámbito de la Administración para el cómputo de plazos durante el 2017:

  1. a) En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no ha ejercido la facultad de sustitución.
  2. b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos.
  3. c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles.

Los días inhábiles de 2017 a que se refieren los puntos a) y b) que no coinciden con sábado o domingo se recogen, se especifican por meses y por Comunidades Autónomas, y se pueden consultar en el anexo adjunto.

ENERO.- Día 2: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Murcia, Ciudad de Melilla. Día 6: FESTIVO NACIONAL.

FEBRERO.- Día 28: Andalucía.

MARZO.- Día 1: Illes Balears. Día 20: Extremadura, Madrid.

ABRIL.- Día 13: Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla. Día 14: FESTIVO NACIONAL. Día 17: Illes Balears, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, La Rioja. Día 24: Aragón, Castilla y León.

MAYO.- Día 1: FESTIVO NACIONAL. Día 2: Madrid. Día 17: Galicia. Día 30: Canarias. Día 31: Castilla-La Mancha.

JUNIO.- Día 9: Murcia, La Rioja. Día 15: Castilla-La Mancha.

JULIO.- Día 25: Galicia, Navarra, País Vasco. Día 28: Cantabria.

AGOSTO.- Día 15: FESTIVO NACIONAL.

SEPTIEMBRE.- Día 1: Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla. Día 8: Asturias y Extremadura. Día 11: Cataluña. Día 15: Cantabria.

OCTUBRE.- Día 9: Comunidad Valenciana. Día 12: FESTIVO NACIONAL.

NOVIEMBRE.- Día 1: FESTIVO NACIONAL.

DICIEMBRE.- Día 6: FESTIVO NACIONAL. Día 8: FESTIVO NACIONAL. Día 25: FESTIVO NACIONAL. Día 26: Cataluña.

Para mayor claridad se puede acceder al anexo normativo con pinchando en el siguiente enlace al CALENDARIO DE LOS DIAS INHABILES en 2017 a efectos de ¡k cómputo de los plazos administrativos.

Si tienes alguna deuda que entiendes prescrita o algún derecho que puede prescribir si no lo demandas,  tienes créditos pendientes de pago y no acaban de abonarte, tienes alguna duda en relación a los plazos para contestar una demanda o presentar un recurso, consulta en materia de prescripción de obligaciones y deudas o cualquier otro tipo de cuestión jurídica en relación a los plazos civiles o procesales en www.abogadosquevedo.es podemos asesorarte. Pide cita en los teléfonos de referencia o a través de correo electrónico de nuestra página de contacto.

 

 

Tasas judiciales para las Pymes: El Tribunal Constitucional declara la inconstitucional de la Ley de tasas judiciales

El Tribunal Constitucional declara la inconstitucional parcial de la Ley de tasas judiciales.

En reciente Sentencia con fecha de 21 de julio de 2016 el TC ha declarado nulas la gran mayoría de las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Concretamente declara la inconstitucionalidad y nulidad en los distintos incisos que prevén, de manera separada, las cuotas fijas del art. 7, apartado 1 y se declara la nulidad de la cuota variable para las personas jurídicas recogida en el apartado 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.

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En la práctica esto supone lo siguiente:

– La desaparición total de las Tasas Judiciales en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y social, tanto en la instancia como para la interposición de los recursos.

– En el orden civil se mantiene a vigencia de la cuota fija de la Tasa Judicial en la instancia, es decir, para la iniciación de los Juicios Verbal, Cambiario, Ordinario, Monitorio, Demanda Incidental en proceso concursal, Ejecutivo extrajudicial, oposición al Ejecutivo Judicial y Concurso necesario. No obstante se deroga la cuota fija de la Tasa Judicial para los recursos de apelación, casación y extraordinario por infracción procesal.

– Se deroga totalmente la cuota variable (escalado) de la Tasa Judicial.

No obstante mantiene las tasas en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social a las personas jurídicas, por entender que no vulneran el principio de gratuidad.

Dicha sentencia supone en parte un triunfo para el conjunto de la abogacía que viene desde hace años denunciando que atenta contra los derechos fundamentales de justicia universal y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Realmente entendemos que la cuantía excesiva de las tasas producía diversas vulneraciones constitucionales, primordialmente la de los derechos fundamentales de acceso a la jurisdicción y al recurso (art. 24.1 CE), así como también la del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) y la de los principios tributarios de capacidad económica y progresividad en materia tributaria (art. 31 CE).

Lamentamos por ello profundamente que piggy-bank-1510525_1920tras la derogación de las tasas judiciales para los ciudadanos en febrero de 2015 y la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 10/2012 no se haya proceda a la devolución de las tasas cobradas, ya que el dinero recaudado -en contra de lo comprometido por el Gobierno en su momento- no se ha destinado a mejorar el servicio público de la Justicia Gratuita.

No procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso según el art. 244 Constitución Española de 1978, deviniendo con ello firme la liquidación del tributo. Sin prescindir del perjuicio que tal devolución reportaría a la hacienda pública, resulta relevante tener en cuenta a estos efectos que la tasa no se declara inconstitucional simplemente por su cuantía, tomada ésta en abstracto. Por el contrario, hemos apreciado que dichas tasas son contrarias al art.24.1 Constitución Española de 1978 porque lo elevado de esa cuantía acarrea, en concreto, un impedimento injustificado para el acceso a la Justicia en sus distintos niveles. Tal situación no puede predicarse de quienes han pagado la tasa logrando impetrar la potestad jurisdiccional que solicitaban, es decir, no se ha producido una lesión del derecho fundamental mencionado, que deba repararse mediante la devolución del importe pagado.

En relación a las tasas, a juicio de la Dirección General de Tributos, el Tribunal descarta la devolución de las cantidades ya pagadas por los sujetos pasivos, tanto en procedimientos finalizados por resolución firme como en procesos no finalizados en los que el abono de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no fue acompañado por su impugnación por los motivos que la Sentencia señala.

En consecuencia, entiende el Centro Directivo que en los procedimientos interpuestos antes de la fecha de publicación de la Sentencia en los que no se ha interpuesto aún la demanda -supuesto de devengo de la tasa conforme al artículo 5 de la Ley 10/2012- no procederá realizar su pago en los supuestos declarados nulos. En aquellos en que hubiera sido requerido el obligado tributario para dicho pago y estuviese pendiente su abono, no obstante haberse devengado la tasa, el actor no vendría obligado a su pago, en tanto en cuanto su exigibilidad para los concretos supuestos de nulidad ha quedado anulada por el Tribunal.

Podemos informarle sobre el importe de las tasas que va a costarle si piensa interponer una demanda o recurso. Podemos también asesorarle en el asunto y darle nuestra opinión para que decida si le conviene litigar. Puede solicitar una cita o contactar con nosotros a través de los datos facilitados en la página de contacto de nuestra web o pinchando en el siguiente enlace:  www.abogadosquevedo.es

Computo de los plazos durante el mes de agosto

A la hora de examinar si computan los días del mes de agosto para calcular los plazos administrativos y procesales  hay que atender a las normas establecidas según los distintos órdenes jurisdiccionales:

– Orden civil y mercantil: Serán inhábiles a efectos procesales los días del mes de agosto. También lo son los sábados y domingos, y los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad.

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No obstante lo anterior, de oficio o a instancia de parte, los Tribunales podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, cuya demora pueda causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia, o provocar la ineficacia de una resolución judicial. Durante el mes de AGOSTO también se registrarán, repartirán y remitirán a los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil de Madrid, aquellas  demandas, exhortos y escritos civiles y mercantiles respecto de los cuales la Ley Establezca expresamente que pueda practicarse alguna actuación judicial y aquellas otras en las que, justificadamente, se manifiesten las razones de urgencia que motiven su presentación en el mes de agosto, indicándolo claramente y en el encabezamiento de la demanda o escrito.

– Administrativo: En vía administrativa, el mes de agosto se considera mes hábil, salvo los domingos y festivos, tal y como establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo hay que tener en cuenta que para calcular el plazo para el pago de tasas e impuestos, como el ITPYAJD, el impuesto de sucesiones y donaciones, la plusvalía municipal, etcétera, los días del mes de agosto se computan.

En la Contencioso-administrativa, como norma general durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro plazo de los previstos en la referida Ley, a excepción del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil.

Asimismo en casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional que habilite los días inhábiles en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales o en el incidente de suspensión o de adopción de otras medidas cautelares. El Juez o Tribunal oirá a las demás partes y resolverá por auto en el plazo de tres días, acordando en todo caso la habilitación cuando su denegación pudiera causar perjuicios irreversibles.

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Los días del mes de agosto en la jurisdicción social serán inhábiles, a excepción de los siguientes procedimientos:

  • Modalidades procesales de despido.
  • Extinción del contrato de trabajo.
  • Movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
  • Suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
  • Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
  • Impugnación de altas médicas.
  • Vacaciones.
  • Materia electoral.
  • Conflictos colectivos.
  • Impugnación de convenios colectivos y tutela de derechos fundamentales y libertades públicas.
  • Adopción de actos preparatorios, medidas precautorias y medidas cautelares, en particular en materia de prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
  • Ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

En el orden Penal: Hay que diferenciar los plazos en función de la fase del procedimiento en que se esté:

handcuffs-921290_1920– Para la fase instrucción de las causas criminales, interposición y resolución de recursos relativos a sesta fase,  todos los días del año y todas las horas serán hábiles sin necesidad de habilitación especial. También en el ámbito penitenciario serán todos los días del año hábiles. – En los juicios rápidos y juicios por delitos leves (antiguas faltas) se celebrarán vistas en agosto durante el servicio de guarda, porque son hábiles todos los días y horas del año. En cambio, los señalamientos fuera del servicio de guardia deberán tener lugar en día y hora hábiles. El Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ha declarado que el mes de agosto es hábil a efectos de señalamiento de juicios rápidos ha sido confirmada por la STS, Sala 3.ª, de 12 de mayo de 2006, así como para la interposición del recurso de apelación contra una sentencia dictada en un juicio rápido.

En el resto de asuntos penales el mes de agosto se considerará inhábil, pero hay que interpretarlo con carácter restrictivo. heat-149937_1280

Para más información sobre los plazos puede consultar con nuestros profesionales a través de los datos de contacto de la web.

Delitos aplicables a la responsabilidad penal de las personas jurídicas

La responsabilidad penal es exigible a las personas jurídicas respecto de los delitos tasados que están expresamente declarados en las disposiciones del Libro II del Código Penal, que según la última reforma efectuada por la LO 1/2.015, de 30 de marzo son los siguientes:

  • delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos (art. 156 bis CP)
  • delito de trata de seres humanos (art. 177 bis CP)
  • delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores (arts. 187 a 189 CP)
  • delito de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 CP)
  • delitos de estafa (arts. 248 a 251 CP)
  • delitos de insolvencia punible (arts. 257 a 261 CP)
  • delito de daños informáticos (art. 264 CP)
  • delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (arts. 270 a 288 CP)
  • delito de blanqueo de capitales (art. 302 CP)
  • delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 CP)
  • delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (art. 318 bis CP)
  • delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319 CP)
  • delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 325 CP)
  • delito de establecimiento de depósitos o vertederos tóxicos (art. 328 CP)
  • delito relativo a las radiaciones ionizantes (art. 343 CP)
  • delito de estragos (art. 348 CP)
  • delitos de tráfico de drogas (arts. 368 y 369 CP)
  • delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP)
  • delitos de cohecho (arts. 419 a 427 CP)
  • delitos de tráfico de influencias (arts. 428 a 430 CP)
  • delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (art. 445 CP)
  • delito de captación de fondos para el terrorismo (art. 576 bis CP).

Los administradoresprison-142141_640 de hecho o de derecho responderán penalmente de los delitos societarios, delitos contra los derechos de los trabajadores y delitos contra la salud pública (en virtud de los artículos 294, 318, 368 y 369 bis del Código penal). El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.

La reforma llevó a cabo una mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del «debido control», cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal.

Con ello desesperadose aclararon las dudas interpretativas que había planteado la anterior regulación, que desde algunos sectores había sido interpretada como un régimen de responsabilidad vicarial, y se asumieron ciertas recomendaciones que en ese sentido habían sido realizadas por algunas organizaciones internacionales.

En todo caso, el alcance de las obligaciones que conlleva ese deber de control se condiciona, de modo general, a las dimensiones de la persona jurídica.

Asimismo con la reforma se extiende el régimen de responsabilidad penal a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

Puede consultar nuestros últimos artículos sobre este tema:

La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Si estuviera interesado en recibir asesoramiento personalizado al respecto no tiene más que ponerse en contacto con nosotros.information-1027303_1920

La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Novedades en el régimen de responsabilidad penal de las empresas

Antecedentes:

La Ley 31/2014, de  3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, vigente desde el 1 de enero de 2015, amplió el régimen de responsabilidad en materia de gestión, control y prevención del cumplimiento del marco legal de las empresas y los posibles riesgos penales y fiscales de los Administradores, especialmente en cuanto a lo que se refiere a los Consejeros, ejecutivos y directivos.

20140703_183425La Ley Orgánica 1/2015,  en vigor desde el pasado 1 de julio de 2015 reformó el Código penal (LO 10/1995) en varias materias, destacando entre ellas el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducido por primera vez en España en diciembre de 2010.

Las novedades más destacables tras la promulgación de dicha norma fueron las siguientes:

– Se modifica el régimen general de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

– Se obliga en la práctica a las empresas a plantearse un estudio de las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos delitos, estableciendo un modelo de organización y gestión que incluya procedimientos de actuación y vigilancia para la prevención de delitos.

– Se extiende la responsabilidad penal personal, además de a los Administradores y Consejeros  nombrados, a los administradores de hecho (Directivos y apoderados).

– Se regulan las circunstancias atenuantes legal-1143114_1920y agravantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

– Se regulan los delitos aplicables a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En todo caso, el alcance de las obligaciones que conlleva el deber de vigilancia y control se condiciona, de modo general, a las dimensiones de la persona jurídica.

Las penas aplicables a las personas jurídicas pueden ser las siguientes: sanciones económicas, disolución de la persona jurídica, suspensión de sus actividades, clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años, prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social e incluso la intervención judicial.

La fiscalía general del Estado ya concretó en la circular detective-1424831_12801/2016 los procedimientos que habría que aplicar para valorar la eficacia de los planes de compliance en las empresas tras la reforma y que se configuran como una eximente de la responsabilidad penal.

Novedades:

Recientemente ha obtenido firmeza la primera condena por responsabilidad penal de personas jurídicas por parte del Tribunal Supremo, lo que nos ofrece por primera vez una interpretación judicial fiable sobre las pautas a seguir por empresas e instituciones en materia de cumplimiento normativo si quieren evitar ser condenadas y, básicamente, es que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos. Se consolidan según lo anterior los deberes de implantación, supervisión, vigilancia y control del plan de prevención de delitos por parte de los órganos de administración, que podrán delegar dichas obligaciones en un Compliance Officer, un responsable del cumplimiento del programa de prevención de delitos que se nombrará bien dentro de la barbed-wire-960248_1920estructura orgánica de la empresa o a través de la contratación de profesionales externos que se encarguen de desarrollar los planes para identificar, prevenir y mitigar los potenciales riesgos de la empresa. A raíz de lo anterior se está generalizando la implantación de planes de prevención de delitos y el nombramiento de responsables del cumplimiento legal por parte de un gran número de empresas.

A colación con lo anterior aprovechamos este correo para recordar la obligación que tienen las sociedades, asociaciones, fundaciones, empresarios y profesionales de cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, de 13 de diciembre (LOPD).usb-stick-147812_1280

Si precisa más información al respecto no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Las conversaciones en redes sociales pueden constituir prueba judicial

Las redes sociales y los medios de comunicación que surgieron con internet son utilizados habitualmente desde hace años tanto por personas anónimas como por personajes públicos para dirigir mensajes tanto a nivel privado como púbico, con distintos fines de difusión.

En ocasiones esos mensajes pueden servir de prueba, cuando resulten presuntamente difamatorios, como se ha calificado recientemente a los recopilados de la cuenta del concejal del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata, llegando incluso a recibir una querella por ello. Pero también pueden hacerlo en el ámbito privado, si se envían correos electrónicos o se utilizan las redes sociales como tuenti, Facebook o twitter, por ejemplo, como medio para difamar, ofender, humillar, acosar, vejar, intimidar o insultar a la víctima. Recientemente unos mensajes privados a través de tuenti confesando tocamientos y abusos a un amigo también han servido como prueba para confirmar el testimonio posterior de una menor.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo (TS, Sala Segunda, de lo Penal, 300/2015, de 19 de mayo) resuelve una acusación de delito de abuso sexual continuado sobre una menor y otorga credibilidad a las manifestaciones que la víctima hace a un amigo a través de la plataforma tuenti, que vienen respaldadas por la intervención de la policía judicial para recabar dichas conversaciones y la puesta a disposición del Juzgado de la cuenta y las claves, además del testimonio de los implicados y otras pruebas

En suma, ninguna quiebra de los violenciaderechos a la tutela judicial efectiva o el derecho a la presunción de inocencia detecta la Sala y el Tribunal de instancia, con un esfuerzo argumental encomiable, sistematiza los elementos de cargo que militan, con absoluta suficiencia, para respaldar la versión de la víctima y aborda para neutralizar su significado los argumentos de descargo hechos valer por la defensa.

Dada la posibilidad de manipulación de la prueba obtenida por medios digitales, si se impugnase la prueba basada en una comunicación a través de las redes sociales, se desplazaría la carga de la prueba a quien quiere aprovechar su idoneidad y, en tal caso, sería indispensable la práctica de una prueba pericial. No obstante, en este caso, el Tribunal admite como prueba los “pantallazos” de la conversación mantenida en Tuenti, puesto que los hicieron los agentes desde la cuenta de la menor que la mantuvo y la contraseña estuvo a disposición del juez para que pudiese comprobar la autenticidad.

A través de www.abogadosquevedo.es pondremos a tu disposición a especialistas en derecho civil y penal que pueden asesorarte si tienes un caso de difamación o acoso a través de las redes sociales.

Satisfacción entre los abogados por la reciente supresión de las tasas judiciales a personas físicas

El colectivo de abogados, entre los que nos encontramos varios abogados colaboradores de la web, celebra la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias, según ha recogido el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social publicado en el BOE de 28 de Febrero de 2.015.

Desde que la Ley de Tasas Judiciales entrara en vigor hace más de dos años, el colectivo de abogados así como otros profesionales del derecho han venido expresando la necesidad de que fueran derogadas desde el convencimiento de que la Justicia es un servicio público en nuestro Estado social y democrático de Derecho, en pro de la igualdad y la defensa de la posibilidad del ejercicio de la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos.

Durante todo este tiempo, los efectos de la crisis junto con las medidas de austeridad y recaudación, como la implantación de las tasas judiciales, además de ahogar a la mayoría de la población de clase media han fomentado incluso la pérdida de oportunidad para emprender acciones judiciales en defensa de derechos básicos, ya que a los gastos de los profesionales y posibles riesgos de una condena en contra había que sumar el pago de una tasas judiciales que en algunos casos según la cuantía de los asuntos podía llegar a ser de varios miles de euros, por lo que un gran número de ciudadanos han visto mermada su capacidad litigante y por tanto la tutela judicial que se exigible de un Estado de Derecho.

No obstante, aunque el Gobierno ha optado finalmente por ceder y eximir del pago de las tasas judiciales a los particulares, el colectivo de abogados, representado entre otros por el Consejo General de la Abogacía, del que forma parte el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, mantiene su histórica reivindicación derogatoria también para las PYMES, al entender justo que éstas no deban soportar el mismo gravamen que las grandes empresas, tal como preveía la normativa anterior, y por ser este colectivo uno de los más sensibles en cuanto a las fluctuaciones del mercado, las políticas bancarias y la presión fiscal. El ICAM, a través de su Decana y en su condición de Vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía, participa en una Comisión Mixta con el Ministerio de Justicia y la abogacía española para tratar sobre la revisión de la ley de tasas judiciales y sobre las diversas reformas legislativas en curso, habiendo logrado una de las más importantes reivindicaciones que nuestra profesión le demandaba.

Esperemos que en breve tengamos nuevas y buenas noticias para las PYMES y las eximan también del pago de las tasas judiciales.

Si te hemos presupuestado recientemente alguna actuación judicial puedes solicitar un nuevo cálculo en el que excluiremos las tasas judiciales. Pide más información a través de nuestros datos de contacto de la web www.abogadosquevedo.es.

 

 

 

Efectos de la crisis económica en los contratos de arrendamiento y las pensiones

Resulta evidente que la crisis económica ha calado de tal forma en la sociedad, que está provocando una profunda modificación no sólo de los usos económicos, sino que marca y tiene influencia directa, incluso, en las relaciones personales y sociales.

El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia en la que vuelve a apoyarse en la crisis económica como circunstancia clave para permitir la modificación de ciertos contratos. En concreto, en su sentencia de 10 de octubre de 2014 -publicada el 22 de diciembre de 2.014- declara aplicable la cláusula rebus sic stantibus, es decir, aquella por la que se entiende que las estipulaciones establecidas en los contratos lo son habida cuenta de las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, y que las modificaciones de las circunstancias pueden dar lugar a la ruptura del sinalagma y del equilibrio entre las partes.

Recuerda el Supremo que el necesario ajuste de las instituciones a la realidad social ha producido un cambio progresivo de la concepción tradicional de esta figura “de modo que se ha ido abandonando la idea de su carácter sumamente restrictivo”, optándose por una aplicación normalizada en atención a que “la actual crisis económica, de efectos profundos y prolongados de recesión económica, puede ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias”.

Entiende el Alto Tribunal que el contexto económico del momento en el que se celebró el contrato formó parte de la base económica del negocio que informó la configuración del contrato de arrendamiento del hotel y que la crisis, que produjo la caída en este sector de un 42 % en el rendimiento por habitación, cierre de hoteles emblemáticos y renegociaciones de renta en contratos en vigor, por las circunstancias de su irrupción, de su especial impacto y trascendencia, se trató de un riesgo imprevisible, que no cabe imputar a la arrendataria, por lo que sería causa de modificación forzosa de las condiciones pactadas.

En este caso  el Tribunal Supremo ha ordenado la moderación de la renta inicialmente pactada entre dos empresas, una hotelera y su arrendadora en Valencia, en un 29% de reducción y con duración hasta el final del ejercicio 2015, y ello por haberse justificado “la significativa caída en el sector, la disminución de ventas e ingresos medios por habitación y el consiguiente registro de pérdidas de la empresa arrendataria”.

Este argumento abre la puerta por tanto como base jurídica para sostener un incumplimiento parcial de pago de rentas por parte de inquilinos o arrendatarios, o para pretender una modificación forzosa los contratos a medio plazo firmados entre particulares o empresas , cuando el sector o las ventas hayan disminuido de forma drástica e imprevisible, o incluso cuando la situación arrendaticia general haya cambiado en este caso hacia una caída de precios en época de crisis.

Puedes exponernos tu caso particular y los profesionales de www.abogadosquevedo.es te asesorarán en todo momento y podrás plantearte una modificación del contrato por causa de los efectos de la crisis económica.

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En el caso de los procedimientos de Familia la crisis ha afectado desde la forma de afrontarlos (por cuanto al pago de sus costes), hasta la determinación, cálculo y modificación de las pensiones alimenticias, pasando por las propias decisiones judiciales, que están ajustando más las cifras definitivas, e incluso pro cuanto a la actitud de las entidades bancarias con respecto a las hipotecas y las deudas comunes, que está resultando decisiva en este tipo de procedimientos de ruptura familiar, por lo que se están viendo afectados muchos aspectos derivados de los mismos como se ha dicho, atribución de la vivienda, liquidación de gananciales, establecimiento y modificación pensión compensatoria y pensiones alimenticias.

A groso modo, tres serían los efectos más llamativos de la crisis económica en los procesos de separación y divorcio, incluyendo entre ellos, naturalmente, los derivados de rupturas de parejas de hecho:

1º.- El aumento de los realizados de mutuo acuerdo sin necesidad de acudir a la vía contenciosa. Realidad que encierra el peligro de que se cierren acuerdos en falso, con el único propósito de conseguir un considerable ahorro económico, al margen del coste emocional que comporta un prolongado proceso contencioso.divorce-619195_640

2º.- El incremento de las reclamaciones  del pago de las pensiones en ejecución, y, junto con ellas, el de los procedimientos de modificación para conseguir su reducción o extinción de las mismas.

3º.- El problema es cuando en esa economía de subsistencia también se han de incluir las necesidades de unos hijos que  muchas veces vienen a ser cubiertas con los deshechos financieros de sus progenitores.

En relación con lo anterior, por parte del cónyuge obligado, habrán de cumplirse y demostrarse ciertos requisitos para que por parte del Juzgador se entienda que realmente se han producido los hechos que darían lugar a una modificación de medidas. Por su parte el cónyuge demandado, tratará de poner de manifiesto la contradicción entre las aseveraciones del progenitor obligado al pago y los signos externos de su nivel de vida, o  hacer hincapié en que el progenitor puede que obtenga la mayor parte de sus ganancias de bienes muebles o inmuebles.

Respecto al impago de pensiones, resulta usual, a la misma vez que absolutamente inútil, que en el trámite de oposición, se alegue la existencia de la situación de precariedad económica, laboral y personal por las que atraviesa el ejecutado y que le han impedido hacer frente a las pensiones que se le reclaman. No obstante la alegación y prueba de la situación de insolvencia y precariedad económica,  sí puede tener efectos y consecuencias en el caso de que se iniciara un procedimiento penal en el que al obligado al pago se le imputara un delito por impago de pensiones y abandono de familia, pues la imposibilidad de hacer frente a dicha obligación conlleva la absolución del acusado, al no concurrir el elemento subjetivo del injusto del dolo exigido y caracterizado en la voluntad consciente y deliberada de no cumplir pese a poder hacerlo por disponer de recursos y capacidad económica para ello.

Los profesionales de www.abogadosquevedo.es podrán asesorarte en esta materia y te proporcionarán los argumentos necesarios para que se modifiquen, en su caso, o por contra se mantengan, las pensiones existentes. Asimismo te asesoramos en la reclamación de cantidades por impago de pensiones y te defenderemos, en caso de que la crisis no te permita hacer frente al mismo.

Interés legal, interés de demora y cuantías del iprem para el 2.015

Interés legal del dinero durante 2015.

El tipo de interés legal del dinero se establece, durante el año 2015, en el 3,5%.

L 36/2014 disp.adic.32ª.Uno, BOE 30-12-14


Interés de demora durante 2015.

El tipo de interés de demora tributario (LGT art.26.6) se establece, durante el año 2015, en el 4,375%.
 
L 36/2014 disp.adic.32ª.Dos, BOE 30-12-14
 

Se aprueban las cuantías del indicador de renta de efectos múltiples para 2015, sin que las mismas se vean modificadas respecto a las aprobadas para 2014.

Durante 2015  el indicador de renta de efectos múltiples (IPREM) va a tener las siguientes cuantías:
a) El IPREM diario, 17,75 euros.
b) El IPREM mensual, 532,51 euros.
c) El IPREM anual, 6.390,13 euros.
En los supuestos en los que la referencia al salario mínimo interprofesional haya sido sustituida por la referencia al IPREM, la cuantía anual de este va a ser de 7.455,14 euros, cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual.
No obstante, si expresamente se excluyen las pagas extraordinarias la cuantía va a ser de 6.390,13 euros.
 
L 36/2014 disp.adic.84ª, BOE 30-12-14