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Unificación de doctrina IRPF: La prestación por maternidad no se debe considerar como Renta exenta a efectos del IRPF

Unificación de doctrina: La prestación por maternidad de la seguridad social no se debe considerar como Renta exenta a efectos del IRPF

Una nueva Resolución, esta vez del TEAC, con fecha de 2 marzo 2017, en procedimiento para unificación de doctrina, establece que la prestación por maternidad no se considera como Renta exenta a efectos del IRPF, determinando que al tratarse de una exención tributaria, no deben tener cabida interpretaciones extensivas o analógicas que amplíen el ámbito de la exención más allá de lo previsto por el legislador.

El TEAC ha decidido actuar de oficio para poner fin al debate originado por la dispar doctrina de varios Tribunales Económico-Administrativo regionales, concretamente de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía, frente a la de Madrid, siendo esta última la que obtuvo gran repercusión en los medios de comunicación, que resolvieron de forma contradictoria la cuestión de si las prestaciones por maternidad percibidas de la Seguridad Social están o no exentas de cara al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Recientemente informamos en nuestro blog de que para el TSJ de Madrid, siendo el INSS un ente público, la prestación de maternidad satisfecha por el mismo estaría forzosamente incluida entre las exentas a efectos del IRPF.

Puedes acceder al artículo publicado: https://www.abogadosquevedo.es/jurisprudencia-y-doctrina-irpf-la-prestacion-por-maternidad-se-considera-como-renta-exenta/

No obstante esta resolución no sentaba jurisprudencia, e incluso hemos verificado que se han dictado pronunciamientos posteriores de otros órganos judiciales manteniendo la tesis contraria, refrendada particularmente en el ámbito de Andalucía por el Tribunal Superior de Justicia de dicha Comunidad autónoma.

La prestación de la Seguridad Social derivada de la baja por maternidad no está expresamente prevista en la normativa del IRPF como renta exenta del Impuesto, como tampoco se recogen como exentas las prestaciones derivadas del acogimiento, la incapacidad temporal por accidente o enfermedad o el riesgo durante el embarazo, por lo que la exención de las prestaciones de maternidad se limita a las concedidas por las Comunidades Autónomas y Entidades locales.

Son varios los Tribunales Económico-Administrativos Regionales han alcanzado la misma conclusión que se confirma con la reciente resolución del TEAC.

Por tanto tal y como dicta la resolución podemos confirmar que la prestación por maternidad pagada por la Seguridad Social no está prevista en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como renta exenta del Impuesto en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de Noviembre.

Si tiene dudas respecto a la tributación de los rendimientos de trabajo o actividad, las prestaciones y los ingresos que son objeto ganancia patrimonial, puede llamarnos e intentaremos resolverlas. Podemos también concertar una cita para efectuar un estudio detallado de su caso particular. contacte con nosotros a través de los datos facilitados en la página de contacto de nuestra web o pinchando en el siguiente enlace: www.abogadosquevedo.es

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Bankia, La Caixa y BBVA ya empiezan a negociar con sus clientes la devolución de cláusula suelo

Los medios de comunicación han destacado la puesta en funcionamiento durante esta semana de los sistemas de resolución de las reclamaciones presentadas por los clientes en algunas entidades bancarias como consecuencia del Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, que estableció las medidas urgentes aprobadas por el gobierno para la protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Salvo SANTANDER y BANKINTER, que no aplicaron cláusula suelo en sus préstamos, todas las demás entidades bancarias ya han puesto en funcionamiento o están creando un departamento especial de atención a las reclamaciones derivadas por causa de la nulidad de la cláusula suelo.

No obstante muchos profesionales y despachos estamos esperando un nuevo pronunciamiento de la Sala del Tribunal Supremo que a través de una nueva Sentencia clarifique la situación, dado que los bancos siguen teniendo la potestad de interpretar si realmente están o no dentro de los supuestos en los que sus cláusulas han sido declaradas nulas.

Se habla de 60.000 clientes afectados por la cláusula suelo en Bankia, entidad bancaria que ya ha empezado a admitir las solicitudes en las sucursales desde el pasado 3 de Febrero y a negociar con los afectados a través del servicio de atención especial creado al efecto. Sin duda aprovechando la obligación legal de establecer el sistema de reclamación Bankia está aplicando una estrategia de marketing para generar confianza en sus clientes, tan castigados por las pérdidas que generó la salida a bolsa de la entidad y la venta de las preferentes, invitando a acercase a las oficinas habituales o a las más cercanas al domicilio del afectado. Bankia es la entidad que más claramente se ha pronunciado sobre la intención de devolver lo cobrado de más, aunque habrá que estar al tanto del resultado de los procedimientos.

Puede obtener más información sobre el PROCESO DE RECLAMACION DE BANKIA pinchando en el siguiente ENLACE: http://www.bankia.com/es/clientes/proceso-devolucion-clausula-suelo/

Seguimos insistiendo en que debe acudir antes, durante y después de reclamar a un abogado para que prepare una estrategia de reclamación y revise o redacte los escritos, y no debe negociar por su cuenta, ya que se arriesga a que los bancos puedan utilizar lo manifestado en su escrito en un procedimiento judicial posterior, intentar pactar una cantidad inferior a la que le corresponda, la renuncia de otro tipo de acciones, o incluir alguna condición encubierta o no aceptable que le perjudique sin que vd. se dé cuenta.

BBVA por su parte anunció a través de su Presidente que habrá una devolución express, y que actuarán con diligencia en la devolución de las cantidades indebidamente cobradas, pero siempre en defensa de sus accionistas. Se reitera desde la entidad en que las cláusulas de BBVA eran legales si bien no existía un criterio de transparencia tan favorable al consumidor como actualmente, por lo que estudiarán presuntamente caso por caso.

Puede acceder al enlace del BBVA que facilita la información del procedimiento de reclamación: https://www.bbva.es/sistema/meta/informacion-clausula-suelo/index.jsp

Es por tanto importante que cuente con asesoramiento legal al respecto. Reiteramos en el sentido de que no todas las cláusulas suelo son nulas, sino que deben reunir unos requisitos de falta de transparencia, equidad, etcétera que deben ser puestos de manifiesto según lo que ha declarado el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Banco Sabadell, aun siendo la entidad que más ha provisionado, se ha mostrado en desacuerdo con la obligación general impuesta a las entidades bancarias de devolver los intereses generados por la cláusula suelo, y podemos prever que va a revisar las reclamaciones con lupa para denegar la devolución por cualquier causa que pueda esgrimir. En estos casos es especialmente obligado contar con asesoramiento legal.

Banco Popular es otra de las entidades que están haciendo frente al pago de los intereses pagados de más por la cláusula suelo, según hemos podido comprobar de mano de algunos de nuestros clientes que ya están recibiendo las cantidades reclamadas. Banco Popular por su parte exige una declaración de conformidad así como la forma de pago (ingreso en cuenta bancaria o amortización en el préstamo).

Al hilo de este asunto destacamos que respecto a la limitación temporal alcance de los efectos restitutorios de las cantidades indebidamente abonadas en virtud de la declaración de nulidad de una cláusula suelo abusiva alguna Audiencia Provincial ya ha declarado también la no conformidad de lo sentado por la jurisprudencia nacional con el Derecho de la Unión Europea, por lo que no procede circunscribir tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de la cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial que declaró el carácter abusivo.

Podemos ayudarle a calcular los importes que la entidad bancaria le ha cobrado indebidamente y en el procedimiento de reclamación. Si tiene que negociar con el banco póngase en contacto con nosotros y le podremos atender personalmente. Intentaremos ayudarle en este asunto y asesorarle en la tramitación de su reclamación. Podemos también actuar en su nombre. Antes de que se devengue cantidad alguna por cuenta de honorarios le presupuestaremos. Un último consejo: desconfíe de los enlaces y los despachos que ofrecen una reclamación gratuita de la cláusula suelo.

RECUERDE: YA PUEDE RECLAMAR A LOS BANCOS.

REVISAMOS SUS HIPOTECAS PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA O NO DE LA CLAÚSULA SUELO.

CALCULAMOS EL IMPORTE A RECLAMAR O QUE PUEDE SER ACEPTADO POR SU PARTE EN BASE A SU HIPOTECA.

RECLAMAMOS LA ACTUALIZACIÓN DEL PRINCIPAL DE SU HIPOTECA, ADEMÁS DE LOS INTERESES PAGADOS DE MÁS EN VIRTUD DE LA CLAÚSULA SUELO.

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Condena a una lavandería a indemnizar con 17.000 euros a un cliente por desteñir y encoger unas cortinas

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a una lavandería que deberá indemnizar con 17.000 euros a un cliente por los daños ocasionados en unos cortinajes y unos manteles que resultaron desteñidos, mermados y torcidos.

Según la Audiencia, que confirma una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Santander, la lavandería “no sólo debió ajustar su actuar a la ‘lex artis’ y no utilizar un sistema de limpieza en mojado”, sino que “en modo alguno advirtió de que la limpieza que efectuaba siempre era en mojado y no en seco”.

La sentencia, notificada recientemente y de la que ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), señala que “todas las periciales son coincidentes en que las telas entregadas para su limpieza eran de elevada calidad”, y que “la única causa de los daños que presentan es la limpieza en mojado y no en seco”.

“En consecuencia, tan solo la negligencia de la lavandería se revela como causa eficiente de los daños, justificándose así la responsabilidad indemnizatoria”, añade la Audiencia.

A la hora de valorar la indemnización que debe abonar al cliente, la juzgadora de instancia consideró la depreciación de las telas, al estar instaladas en unos amplios ventanales a los que da el sol.

También valoró que no sólo se debía indemnizar por las telas dañadas, sino también por el perjuicio estético ocasionado, ya que las cortinas y los manteles estaban colocados en una estancia con sofás tapizados a juego.

Así pues, frente a la petición de 23.500 euros que reclamaba el demandante y cliente, la juez fija una indemnización de 17.000 euros, de los que 1.500 euros los tendrá que abonar el seguro de la lavandería, indemnización máxima que la empresa había contratado con su aseguradora.

Info: Europa press – elderecho.com

Si te ha ocurrido algo parecido los profesionales de www.abogadosquevedo.es podemos asesorarte y reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados. No lo pienses más y pide una cita.

1 de Enero 2015: Fin de contratos de renta antigua en locales

Para casi todos es ya sabido que próximamente finaliza el plazo de los arrendamientos para uso distinto de vivienda celebrados bajo la vigencia de la LAU 1964 y los celebrados bajo el RDL2/1985 que fueron sometidos a la prórroga forzosa impuesta por las Disposiciones Transitorias LAU 1994. El día 1 de enero de 2015 se van a cumplir 20 años de la entrada en vigor de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, y esta fecha va a suponer la extinción automática de muchos contratos de arrendamiento en nuestro país, en especial, pequeños comercios de gran antigüedad y céntrica localización en nuestras ciudades. En efecto, será entonces cuando expire la moratoria que estableció la disposición transitoria tercera de dicha Ley para los contratos de arrendamiento de local de negocio otorgados antes del 9 de mayo de 1985, bajo el régimen legal de prórroga forzosa, y que siguen al día de hoy vigentes.

Esta situación obligará a los arrendatarios que quieran mantener sus negocios abiertos a actualizar sus acuerdos de alquiler antes del 31 de diciembre de 2014, y en la práctica, implicará la desaparición de los popularmente conocidos como contratos de alquiler de renta antigua en locales comerciales. Según lo dispuesto, cuando el arrendatario del local sea una persona física, el contrato de arrendamiento se extinguirá cuando el arrendatario se jubile o fallezca, a menos que su cónyuge continúe la misma actividad o que  quien suceda al arrendatario es su descendiente, entonces el contrato finalizará el día 1 de enero de 2015.

En los supuestos en que el arrendatario sea una persona jurídica, el contrato de arrendamiento se extinguirá el día 1 de enero de 2015, exceptuando los locales cuya superficie sea superior a 2.500 metros cuadrados o los que desarrollen actividades no comerciales.

Para facilitar la comprensión de los afectados detallamos a continuación los contratos que se extinguen el 31 de diciembre de 2014, teniendo en cuenta que los plazos vienen establecidos por la LAU 1994, es decir, que para los indefinidos se impusieron límites temporales de duración a contar desde el 1 de Enero de 1994:

  • Personas físicas a las que se hubiere subrogado un descendiente:

DURACION: 20 años (Disposición Transitoria Tercera.3 de la LAU).

  • Personas físicas con traspaso 10 años antes del 24 de noviembre de 2004:

DURACION: 20 años. Extinguido el 24 de noviembre de 2014 (Disposición Transitoria Tercera.3 de la LAU).

  • Personas jurídicas que desarrollen actividades comerciales, División 6.ª IAE):

DURACION: 20 años (Disposición Transitoria Tercera.4.1.ª de la antigua LAU).

  • Personas jurídicas que desarrollen otras actividades comerciales (no incluidas en la División 6.ª); antiguo IAE (–) 85.000 ptas.:

DURACION: 20 años (Disposición Transitoria Tercera.4.2.ª de la LAU).

  • Personas jurídicas que desarrollen otras actividades comerciales (no incluidas en la División 6.ª); antiguo IAE 85.001-130.000 ptas. y el arrendatario actualizó la renta de una vez o pagaba ya una superior a la actualizada:

DURACION: 15 + 5 años (Disposición Transitoria Tercera.4.2.ª de la LAU y Disposición Transitoria Tercera.7 de la LAU).

  • Personas jurídicas con traspaso anterior a la entrada en vigor de la LAU que desarrollen actividades (no incluidas en la División 6.ª) antiguo IAE 85.001-130.000 ptas.:

DURACION: 15 + 5 años (Disposición Transitoria Tercera.4.2.ª de la LAU)

  • Personas jurídicas que desarrollen otras actividades comerciales (no incluidas en la División 6.ª); antiguo IAE 130.001-190.000 ptas, cuyo arrendatario actualizó la renta de una vez o pagaban ya una superior a la actualizada y además efectuaron un traspaso 10 años antes de la entrada en vigor de la LAU:

DURACION: 10 años + 5 + 5 años (Disposición Transitoria Tercera.7 de la LAU y Disposición Transitoria Tercera.4 de la LAU).

En todo caso, hay que señalar que si hubo traspaso del contrato en los diez años anteriores al 1 de enero de 1995, fecha de entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el plazo de duración del contrato de renta antigua se podría alargar hasta el 1 de enero de 2020.

No obstante existen una serie de derechos a favor del arrendatarios que muchos desconocen, y es que el arrendatario tendrá derecho a una indemnización de una cuantía igual a dieciocho mensualidades de la renta vigente al tiempo de la extinción del arrendamiento cuando antes del transcurso de un año desde la extinción del mismo, cualquier persona comience a ejercer en el local la misma actividad o una actividad afín a la que aquél ejercitaba, considerándose afines las actividades típicamente aptas para beneficiarse, aunque sólo sea en parte, de la clientela captada por la actividad que ejerció el arrendatario.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que extinguido el contrato de arrendamiento, el arrendatario tendrá derecho preferente para continuar en el local arrendado si el arrendador pretendiese celebrar un nuevo contrato con distinto arrendatario antes de haber transcurrido un año a contar desde la extinción legal del arrendamiento. A tal efecto, el arrendador deberá notificar fehacientemente al arrendatario su propósito de celebrar un nuevo contrato de arrendamiento, la renta ofrecida, las condiciones esenciales del contrato y el nombre, domicilio y circunstancias del nuevo arrendatario. El derecho preferente a continuar en el local arrendado conforme a las condiciones ofrecidas deberá ejercitarse por el arrendatario en el plazo de treinta días naturales a contar desde el siguiente al de la notificación, procediendo en este plazo a la firma del contrato.

Este régimen es aplicable como señalamos al principio para arrendamientos sometidos a la LAU 1964, pero es que a raíz de una novedosa sentencia podemos también hacerlo extensivo a los firmados después de la entrada en vigor del RDL 2/1985, cuando el arrendatario es persona jurídica y se hubiere pactado la prórroga forzosa, debiéndose entender por contra que la alusión a la tácita reconducción está únicamente prevista para aquellos contratos de arrendamiento de local de negocio que se celebraron al amparo del RDL 2/1985 sin incluirse referencia alguna a una prórroga forzosa en cuanto a su duración.

Por cuanto supone dicha resolución, transcribimos un extracto de los fundamentos de la Sentencia Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 17 Nov. 2011, rec. 1635/2008 que nos parece de gran interés y que afirma que el análisis conjunto y sistemático de la disp. trans. Primera apartado 2 y de la disp. trans. Tercera LAU 1994 permite declarar  al TS que el régimen fijado por esta última para los contratos celebrados antes de la entrada en vigor del RDL 2/1985 (en el apartado 4 establece la duración de los arrendamientos de local de negocio celebrados al amparo de la LAU 1964, cuando el arrendatario es una persona jurídica) resulta igualmente aplicable a los contratos celebrados tras dicha entrada en vigor, cuando las partes hubieran establecido la prórroga forzosa, pues si el legislador previó un fin para los contratos de arrendamiento de local de negocio que legalmente debían estar sometidos a la prórroga forzosa, por razones de política legislativa, aún más debe estar previsto en los que se fijó convencionalmente, so pena de eliminar la esencia del arrendamiento.

Las sentencias de instancia desestimaron la demanda en la que el arrendatario ejercitaba acumuladamente acción de retracto y acción por la que solicitaba que se declarase que la arrendadora había incurrido en incumplimiento contractual al rescindir el arrendamiento sin justificación legal ni convencional. El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de casación.

“La entrada en vigor del RDL 2/1985, de 30 de abril, trajo consigo, como una de las novedades más trascendentes respecto de la legislación arrendaticia anterior, la supresión del régimen obligatorio de prórroga forzosa respecto de la duración de los  arrendamientos. Frente al sistema regulado en LAU 1964, se impuso, desde su entrada en vigor, el 9 de mayo de 1985, una plena libertad a la hora de fijar la duración de un contrato de arrendamiento urbano. Esta Sala, no obstante tiene declarado que la entrada en vigor del RDL 2/1985 no impide, en el ejercicio de libertad contractual, consagrada en el artículo 1255 del Código Civi, que las partes, si así lo estipulan, puedan someterse de manera expresa o implícita, que no tácita, al régimen de prórroga forzosa (SSTS 8 de abril de 2011 [RC n.º1656/2007 ], y de 7 de julio de 2010 [RC n.º 151/2007 ]). No resulta cuestionable, a través de este recurso, que las partes que intervinieron en el arrendamiento objeto de este pleito decidieron someterse al régimen de prórroga forzosa previsto en el artículo 57 de LAU 1964, pues así lo interpreta la Audiencia Provincial y no se discute por la parte que ahora recurre. De este modo el objeto del recurso se ciñe a declarar si en la resolución del conflicto planteado resulta aplicable, como así lo valora la sentencia recurrida, la Disposición Transitoria Tercera de LAU 1994.

La entrada en vigor de la LAU 1994, provocó que existieran contratos de arrendamientos urbanos sometidos a tres regímenes jurídicos distintos, por lo que el legislador con la finalidad de solventar, entre otros, los posibles problemas relativos a la duración de los contratos de arrendamiento de local de negocio, una vez desaparecida la prórroga legal forzosa, estableció un complejo sistema de Disposiciones Transitorias.

La DT Primera LAU 1994, en su apartado segundo dispone que «Los contratos de arrendamiento de local de negocio celebrados a partir del 9 de mayo de 1985, que subsistan en la fecha de entrada en vigor de esta Ley, continuarán rigiéndose por lo dispuesto en el art. 9 del Real Decreto Ley 2/1985, de 30 de abril y por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. En el caso de tácita reconducción conforme a lo dispuesto en el art. 1566 del Código Civil, el arrendamiento renovado se regirá por las normas de la presente Ley relativas a los arrendamientos para uso distinto al de vivienda.». El legislador, por tanto, remite con carácter general a la regulación anterior de estos contratos y prevé la aplicación de la tácita reconducción, a fin de determinar la duración de los arrendamientos para uso distinto de vivienda, en los casos, en los que, siguiendo los novedosos criterios expuestos por el RDL 2/1985, no existiera sometimiento a prórroga forzosa alguna. Pero junto a estos contratos, en otros, como el que es objeto del presente pleito, las partes decidieron voluntariamente el sometimiento a la prórroga forzosa.

El legislador de 1994, no olvidó la gran cantidad de arrendamientos de local de negocio que, en el momento de su entrada en vigor, estaban sometidos a un régimen de prórroga forzosa, por lo que dedicó la DT Tercera a establecer una normativa que permitiría en estos contratos fijar una fecha de finalización. Y es que, tal y como declaró la sentencia de pleno de esta Sala de 9 de septiembre de 2009 [RC n.º 1071/2005], al analizar un contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda celebrado bajo la vigencia de la LAU 1994 que incluía entre sus cláusulas un sometimiento al régimen de prórroga forzosa, «[h]a de afirmarse que una cosa es que el legislador pueda imponer, por razones de política legislativa, la prórroga forzosa para el arrendador, como efectivamente mantuvo para los arrendamientos urbanos desde el año 1920 hasta el año 1985, y otra muy distinta que las partes puedan hacerlo válidamente por la vía del artículo 4. º de la LAU 1994 y el 1255 del Código Civil, sin alterar por ello la propia esencia y naturaleza del contrato quede por sí ha de ser de duración determinada -o, al menos, determinable- y sin que deba aceptarse que una duración fijada de un año prorrogable indefinidamente a voluntad del arrendatario por años sucesivos, suponga realmente la fijación de una duración en la forma exigida por la ley.» En definitiva, no resulta aceptable que la mera voluntad de las partes permita eliminar la esencia del contrato de arrendamiento, una de cuyas características es la temporalidad.

El análisis conjunto y sistemático de la DT Primera, apartado 2 y de la DT Tercera de LAU 1994, permiten declarar que el régimen fijado por esta última resulta igualmente aplicable a los contratos celebrados tras la entrada en vigor del RDL 2/1985, cuando las partes hubieran establecido la prórroga forzosa, pues si el legislador previó un fin para los contratos de arrendamiento de local de negocio que legalmente debían estar sometidos a la prórroga forzosa, por razones de política  legislativa, aún más debe estar previsto en los que se fijó convencionalmente, so pena de eliminar la esencia del arrendamiento.

En definitiva, la DT Primera LAU 1994, remite expresamente al RDL 2/1985 y a la LAU 1964 para la regulación de los arrendamientos de local de negocio, por lo que se debe entender que la alusión a la tácita reconducción está únicamente prevista para aquellos contratos de arrendamiento de local de negocio que se celebraron al amparo del RDL 2/1985 sin incluirse referencia alguna a una prórroga forzosa en cuanto a su duración.

Para el resto, esto es, para los arrendamientos de locales de negocio respecto a los que sí se estableció de modo voluntario un sistema de prórroga forzosa, les resulta aplicable la LAU 1964, y consecuentemente en materia de finalización de la situación de prórroga, la DT Tercera LAU 1994.”

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