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El TS reconoce el derecho al cese en la difusión de imágenes de una modelo desnuda

Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo estima el recurso de una modelo que solicitó el cese del uso de su imagen desnuda en medios de contenido erótico, tras declarar nulas varias cláusulas del contrato de cesión de los derechos de imagen firmados con una página web de contenido erótico no apta para menores de 18 años.

En un proceso sobre tutela judicial civil de derechos fundamentales que ha versado sobre el posible uso no consentido de la imagen de una persona con fines comerciales, la demandante, modelo de profesión, recurrió en casación para hacer valer sus pretensiones fundadas en la intromisión ilegítima en los derechos de la demandante al honor y a la propia imagen, en la nulidad por error y dolo del contrato «de arrendamiento de servicios y cesión de derechos» celebrado con la demandada, para que se declarase por ello el deber de la empresa demandada de cesar en la difusión de la imagen de la demandante.

El contencioso surgió después de que la demandante, que contaba con alguna experiencia en trabajos de género del erotismo por haber participado en actividades relacionadas con líneas eróticas y en videos eróticos emitidos a través de Internet, contactó con la demandada para ofrecerle su imagen como modelo y manifestarle su deseo de realizar un reportaje para que su imagen saliera publicada en la página web, con pleno conocimiento que la empresa se dedicaba al desarrollo y comercialización de diversos contenidos eróticos para su divulgación a través de prensa, revistas, sitios web, televisión y telefonía móvil).woman-506120_1920

En el juicio quedó demostrado que la demandada advirtió que no abonaría remuneración alguna a cambio del reportaje fotográfico, sino tan solo el compromiso de promocionar su imagen, y de que previamente al reportaje, en Barcelona, se firmaría un contrato de arrendamiento de servicios y cesión de derechos de imagen. Tras el cruce pertinente de correos electrónicos compartiendo información ambas partes se reunieron en Barcelona para la realización del reportaje. Tras la sesión fotográfica y del video se hizo una pequeña entrevista de unos diez minutos de duración en la que la demandada, de forma tranquila, manifestó su plena conformidad y satisfacción con el trabajo realizado, sin que en ningún momento se percibiera por su conducta y modo de contestar que hubiera sido sometida a intimidación, coacción o engaño. Seguidamente se le entregó el contrato de arrendamiento de servicios y cesión de derechos, que leyó detenidamente y firmó. Transcurrido un año desde la firma del contrato, la demandante, dentro del plazo acordado entre los contratantes, comunicó a la demandada la voluntad de rescindir el contrato, desprendiéndose de sus términos no habían realizado ninguna labor de promoción a la que se comprometieron en virtud del referido contrato, alegando por tanto incumplimiento contractual de la cesionaria, desautorizando en el documento remitido a la empresa a utilizar en adelante su imagen para ninguna campaña publicitaria o cualquier otra finalidad a través de los medios escritos, internet, televisión, telefonía móvil o cualquier otro análogo de difusión.

Con posterioridad al anuncio de mobile-phone-1419274_1920resolución contractual la demandada firmó con otras mercantiles varios contratos de prestación de contenido y de cesión de derechos para su difusión en televisión en los que actuando como cedente de los derechos de imagen de la demandante, autorizaba su difusión a través de terminales de telefonía móvil y televisión (en este caso, vinculada dicha difusión a un servicio de chat-SMS). Asimismo se emitieron imágenes de la demandante (cuatro fotografías, reproducidas reiteradamente a lo largo de las tres horas del programa, y videos de duración aproximada de dos minutos) en horario de madrugada con fines publicitarios (para publicitar una línea erótica) y se acompañaron de textos en los que se incluían expresiones como «Directo al orgasmo» y «Sexo en directo». Durante la emisión de dichos contenidos en televisión se mencionaban las webs de la demandada.

Tras contactar con el canal de televisión para denunciar los hechos y reiterar la voluntad resolutoria solicitando la eliminación de todas las fotografías y videos suyos de la web, el cese de su emisión por cualquier canal de televisión, el cese en el uso de su imagen sin su consentimiento y la entrega de todo el material existente sobre su persona en poder de las citadas mercantiles, la demandante decide denunciar tanto al cedente como al cesionario por difundir su imagen sin consentimiento.

judge-146626_1280En relación con el derecho fundamental de la recurrente a la propia imagen fundado el motivo en infracción del art. 18 de la Constitución, el Tribunal Supremo determina que el consentimiento “será revocable en cualquier momento, pero habrán de indemnizarse en su caso los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas”.

Al venir delimitado el ámbito protegido en la ley por el consentimiento del titular del derecho debe entenderse que la revocación del consentimiento también incide en el derecho a la propia imagen como derecho fundamental, es decir, no exclusivamente en su aspecto o dimensión puramente patrimonial, pues así resulta tanto del carácter esencial atribuido por la propia LEY al consentimiento como por la jurisprudencia, centrada en la relevancia del consentimiento y de su revocación para el derecho a la propia imagen en su dimensión de derecho fundamental. Por ello resuelve que la sentencia recurrida, al no apreciar intromisión ilegítima en el derecho fundamental de la demandante- recurrente a la propia imagen, infringió el art. 18 de la Constitución en relación con el art. 2.3 de la Ley Orgánica 1/1982, pues prescindió de tomar en consideración no ya la resolución del contrato por la hoy recurrente ateniéndose rigurosamente a lo pactado sino incluso la doble revocación de su consentimiento por ella misma, que al haberse ajustado a lo expresamente pactado en el digital-storage-media-1443484_1920contrato celebrado con la demandada no podía generar a favor de esta ningún derecho a ser indemnizada ni tampoco quedar supeditada, como parece alegar la demandada cuando se opone al recurso, a una previa indemnización de daños y perjuicios ni aun cuando la facultad de revocación se hubiera ejercitado antes de lo previsto contractualmente, porque, como establece la LO 1/1982 y declara el Tribunal Constitucional, el consentimiento «será revocable en cualquier momento» aunque, en su caso pero no como condición previa, hayan de indemnizarse los daños y perjuicios causados.

En consecuencia, conforme al art. 487.2 LEC, el Tribunal Supremo casa en parte la sentencia recurrida, confirmando el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia declarativo de intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen y la condena a depositar el material fotográfico y videográfico de la demandante en cualquier tipo de soporte sin posibilidad de volver a difundirlo ni comerciar con él.

Recientemente el Tribunal Supremo también ha confirmado mediante Sentencia de casación que por el mero hecho de entrar en un programa de televisión, en este caso un “reality”, los concursantes no pierden la protección constitucional de su dignidad personal. Desde el momento en que se resuelve el contrato celebrado con la productora no existe prestación alguna a cargo de la demandante ni dejación de tales derechos por la interesada a efectos de que se pueda utilizar su nombre y su imagen captada en la entrada en el programa. En este asunto estuvieron involucrados Telecinco, hoy Mediaset TV y la productora Zeppelin TV, ya que se trababa de el programa la noria y un concursante de gran hermano. La sentencia condena a la demandada Mediaset España Comunicación S.A. a indemnizar a la demandante en la cantidad de TREINTA MIL EUROS, además de hacer público el contenido del fallo judicial en programa de máxima audiencia.

Por otra parte, si no has cedido tus derechos de imagen debes saber que tienes derecho a solicitar la eliminación de fotos o vídeos publicados en internet. Tu imagen, tanto una foto como un vídeo en el que apareces, es un dato personal. La difusión de imágenes o vídeos publicados en diferentes servicios de internet sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellos, sobre todo en redes sociales, puede evitarse. Todas las personas disfrutamos del derecho a que los datos beautiful-15742_1920personales inadecuados o excesivos se supriman cuando así lo solicitemos ante los organismos públicos competentes. Comentaremos en futuros artículos más detalladamente el derecho a la eliminación de imágenes, vídeos y de datos personales, así como el derecho al olvido.

Por todo ellos, si crees que están difundiendo imágenes registradas o en las que apareces sin tu consentimiento, que están vulnerando tu derecho al honor, la intimidad o la propia imagen,  si de alguna forma se están aprovechando de tu imagen o si quieres reclamar una indemnización por daños y perjuicios, contacta con nuestros profesionales a través de los datos de contacto que aparecen en la web y te asesorarán al respecto.

Importante sentencia del Tribunal Supremo condena al Fogasa en caso de silencio administrativo

Nos hacemos eco de la reciente Sentencia del Tribunal supremo que unifica doctrina y obligará al Fondo de Garantía salarial (Fogasa) a pagar todas las solicitudes cuya tramitación dure más de tres meses, aplicando la teoría del silencio administrativo. De esta forma el Fogasa vendrá obligada a responder en plazo las solicitudes, dado que si transcurre dicho plazo de tres meses sin resolver, incluso cuando el expediente no cumpla los requisitos legales, estará obligada a pagar sin posibilidad de demorar el expediente ni de éxito en su recurso.

El Fogasa es un Organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Ministerio de empleo y seguridad social con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines establecidos en el art. 33 del Estatuto de los trabajadores. Goza, por tanto, de autonomía de gestión, patrimonio y tesorería propia, personalidad jurídica pública y diferenciada, sin que ello suponga la quiebra del principio de la personalidad jurídica ÚNICA de la Administración General del Estado, con sometimiento al principio de legalidad (Art. 103.1 de la Constitución Española ) y al Derecho Administrativo y cuyo ámbito de actuación geográfica es todo el territorio nacional.

En cuanto a sus fines y su actuación, estánteamwork-606818__180 determinados en el artículo 33 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, y en el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial.

El Fogasa se enmarca dentro de la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Su finalidad básica, para la que fue creado mediante el artículo 31 de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, es la de Institución de garantía de los créditos salariales ante la insolvencia del empleador. Hoy tiene atribuido el abono a los/las trabajadores/as de los salarios e indemnizaciones que las empresas para las que trabajan no han podido satisfacer por encontrarse en situación legal insolvencia o por haber sido declaradas en situación de concurso. Abonadas las prestaciones el Fondo de Garantía Salarial se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los/las trabajadores/as para proceder en reclamación y repetición frente a los/las empleadores/as que los/las adeudan.

Entre sus finalidades complementarias destaca el apoyo o protección a las empresas en situación de crisis, dado que fomenta el mantenimiento del empleo y la continuidad empresarial, mediante el abono de ciertas prestaciones sin obligación de restitución (“a fondo perdido”), el pago de prestaciones sin necesidad de declaración de insolvencia empresarial (la llamada “insolvencia técnica” o en casos de fuerza mayor), y la posible suscripción convenios de devolución aplazada o fraccionada de las cantidades abonadas por el Organismo.

La cuestión debatida en el Recurso de casación era determinar si debía entenderse estimada por silencio positivo la solicitud al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) de abono del 40% de la indemnización correspondiente a un trabajador cuyo contrato se había extinguido, por aplicación del art. 33.8 del Estatuto de los Trabajadores , cuando la resolución expresa de dicho organismo, se dicta en plazo superior a los tres meses a que se refiere el Real Decreto 505/1985, de organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial; y si esta resolución tardía, desestimatoria de la pretensión, carece o no de eficacia para enervar el derecho del administrado ganado anteriormente por silencio positivo.

ipremSe alega por parte del demandante que la resolución denegatoria es contraria a derecho por haberse dictado la misma una vez transcurrido el plazo de tres meses desde la solicitud de la prestación conforme establece el art. 28.7 RD 505/1985, de 6 de marzo.

Ante la existencia de jurisprudencia contradictoria, entre dos resoluciones del TS que son invocadas ante el propio órgano supremo, se aprecia por parte de la Sala que existe identidad en cuanto a los hechos, por cuanto en ambos supuestos se solicita al FOGASA que abone el 40% de la indemnización derivada de la extinción de la relación laboral, dictándose resolución en ambos casos transcurrido en exceso el plazo de 3 meses, pero habiendo finalizado con fallos contradictorios. Es decir, aunque las pretensiones son las mismas, puesto que lo que se pretende en ambos casos es que se deje sin efecto la resolución expresa denegatoria del FOGASA por haberse dictado superado el plazo de tres meses previsto en el art. 28.7 RD 505/1985 de 6 de marzo , en relación con el art. 43.1 y 2 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ambas Sentencias difieren en cuanto a lo que debe suponer en ese caso el silencio administrativo.

El Alto tribunal monument-172774__180recuerda que la ley dispone que “el plazo máximo para que el Fogasa dicte resolución será de tres meses, contados a partir de la presentación en forma de la solicitud. Dicha disposición no establece ninguna excepción, por lo que se aplica a la totalidad de los expedientes cuya tramitación corresponde al Fondo”.

La Sala de lo Social del Alto Tribunal recuerda que “el silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un instituto jurídico formal, sino la garantía que impida que los derechos de particulares se vacíen de contenido cuando Administración no atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado. Esta garantía, exponente de una Administración en la que de primar la eficacia sobre el formalismo, solo cederá cuando exista un interés general prevalente o, cuando realmente, el derecho cuyo reconocimiento se postula no exista. Así, la sentencia de la Sala Tercera de 2-2-2012 precisa que el silencio administrativo pueda tener lugar ante cualquier clase de solicitud, siempre que su contenido sea real y posible desde el punto de vista material y jurídico,” acogiendo por tanto esta línea jurisprudencial.

Respecto al fondo del asunto el Alto Tribunal acaba razonando que “en el caso examinado, sobre rechazo del FOGASA al abono del 40% de la indemnización derivada de la extinción del contrato, podemos traer a colación nuestra sentencia de 26-12-2013, expresiva de que la responsabilidad del FOGASA por el 40% de la indemnización legal de despido ex art. 33.8 del Estatuto de los Trabajadores es una responsabilidad directa, que constituye un beneficio legal a favor de las empresas que cuentan con una plantilla inferior a 25 trabajadores independientemente de la situación económica empresarial. En su argumentación recuerda que son nulos de pleno derecho los actos presuntos “contrarios” al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, no es menos cierto que para revisar y dejar sin efecto un acto presunto (nulo) o anulable la Administración debe seguir los procedimientos de revisión establecidos por el art. 102, o instar la declaración de lesividad, por lo que finalmente declara que procede la estimación del recurso interpuesto.

Proporcionamos el enlace al contenido de la sentencia (archivo facilitado por el CGPJ a través de la página web http://www.poderjudicial.es) TS Social 16 marzo 2015

La subrogación del alquiler de una vivienda tras la muerte del titular exige la comunicación formal al arrendador en plazo

Arrendamientos Urbanos.

Doctrina jurisprudencial.

05-10-2012

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2012. Recurso nº 1978/2012.

El Tribunal Supremo no considera un consentimiento tácito el que el arrendador conozca el fallecimiento del titular de la vivienda o que esta sea ocupada por un familiar, para que se produzca la subrogación del art. 16 de la LAU.

Se acoge la acción de resolución de un contrato de arrendamiento de vivienda suscrito en 1966, con fundamento en haberse producido el fallecimiento de su titular y no cumplirse los requisitos formales necesarios para que pudiera operar la subrogación, fijando al respecto como doctrina jurisprudencial que “en los arrendamientos de vivienda celebrados bajo la vigencia de la LAU 1964, producido el fallecimiento de su titular, para que se produzca la subrogación, es imprescindible que se cumplan  los requisitos exigidos en el art. 16 LAU, por remisión de lo prescrito en la DT 2ª LAU 1994”.
 
“Esta Sala ha indicado en su sentencia de 29 de enero de 2009 (RC 4132/2001), que en los arrendamientos para uso distinto de la vivienda celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la LAU 1994, la DT Tercera no ha establecido ninguna novedad respecto al procedimiento a seguir para la válida subrogación en la persona del arrendatario en caso de fallecimiento, por lo que aplicando el artículo 58 LAU 1964, la falta de notificación expresa del fallecimiento del arrendatario, no impide una válida subrogación. Esta sentencia, ya adelantaba que, si para los contratos de arrendamiento distintos de vivienda la LAU 1994, no había introducido ninguna novedad procedimental, cosa diferente ocurría para el caso de los arrendamientos para uso de vivienda, para los que la DT Segunda LAU 1994 introducía, no solo un nuevo régimen subrogatorio, sino la forma de hacerlo efectivo, a través del artículo 16.3 LAU 1994.
 
En aplicación de este artículo 16.3 LAU 1994 en relación a contratos de arrendamiento de vivienda celebrados bajo la vigencia de la LAU 1964, la STS de 3 de abril de 2009 [RC 1200/2004] argumentó, para resolver sobre la naturaleza común o privativa de los arrendamientos de vivienda suscritos bajo la vigencia LAU 1964, constante la sociedad de gananciales, la necesidad de cumplir los requerimientos formales previstos en el artículo 16.3, LAU 1964. Así declara «[p]ara que se produzca la subrogación, es imprescindible que se cumplan los requisitos exigidos en el artículo 16 LAU, por remisión de lo prescrito en la DT 2ª LAU, B». Posteriormente la sentencia de esta Sala de 22 de noviembre de 2011, hizo suyos estos argumentos y declaró la extinción de un contrato de arrendamiento celebrado en el año 1954, porque, al no formar parte del haber ganancial, resultó que fallecido el esposo, titular del contrato, no se había notificado expresamente al arrendador su muerte y la persona que, estando legitimada, ejercía su derecho a subrogarse, sino transcurridos los tres primeros meses desde el fallecimiento del titular del arrendamiento. En definitiva, una válida subrogación exige la comunicación formal, en el plazo de 3 meses desde el fallecimiento del arrendatario, del hecho mismo de su muerte y de la persona que desea subrogarse, pues es muy posible que sean varias las personas que puedan ejercer este derecho de subrogación y que de hecho lo ejerciten, circunstancia por la que el artículo 16 LAU 1994, no solo fija un plazo sino también las personas que están legitimadas para subrogarse y su orden de prelación. Esta conclusión, impide que pueda considerarse que el conocimiento del fallecimiento del arrendador y de que la vivienda está siendo ocupada por un familiar con derecho a ejercer la subrogación, pueda ser considerado como un consentimiento tácito a la continuación del contrato arrendaticio”.

Fuente: otrosí.net