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¿Cómo tributa la devolución por parte de las entidades financieras de los intereses previamente satisfechos por los contribuyentes como consecuencia de las cláusulas suelo?

¿Cómo tributa la devolución por parte de las entidades financieras de los intereses previamente satisfechos por los contribuyentes como consecuencia de las cláusulas suelo?

La Agencia Tributaria ha publicado un comunicado en su página web en el que informa públicamente de la forma de tributación de las devoluciones recibidas por las entidades bancarias en reclamación de la nulidad de la cláusula suelo en las hipotecas.

Según la Agencia Tributaria, la disposición adicional cuadragésima quinta a la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, tiene como finalidad regular los efectos fiscales derivados de la devolución por parte de las entidades financieras, de los intereses previamente satisfechos por los contribuyentes como consecuencia de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos concertados con aquellas, tanto si la devolución de tales cantidades deriva de un acuerdo celebrado entre las partes como si es consecuencia de una sentencia judicial o de un laudo arbitral.

La disposición adicional establece en su apartado 1 que las cantidades devueltas derivadas de acuerdos celebrados con entidades financieras, bien en efectivo bien mediante la adopción de medidas equivalentes de compensación, previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos, no deben integrarse en la base imponible del impuesto. Tampoco se integrarán en la base imponible los intereses indemnizatorios relacionados con los mismos.

Por tanto, no procede incluir en la declaración del IRPF ni las cantidades percibidas como consecuencia de la devolución de los intereses pagados ni los intereses indemnizatorios reconocidos, por aplicación de cláusulas suelo de interés.

No obstante, establece unos supuestos de regularización, en los casos en que dichos intereses hubieran formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones establecidas por las Comunidades Autónomas, o hubieran tenido la consideración de gasto deducible.

A estos efectos el apartado 2 de la citada disposición regula ambos supuestos:

A. Cuando el contribuyente hubiera aplicado en su momento la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones autonómicas por las cantidades percibidas, perderá el derecho a su deducción. En este caso, deberá incluir los importes deducidos en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio en que se hubiera producido la sentencia, el laudo arbitral o el acuerdo con la entidad, en los términos previstos en el artículo 59 del Reglamento del IRPF, pero sin inclusión de intereses de demora.

A estos efectos, si la sentencia, el laudo o el acuerdo se hubiese producido en 2016, en la declaración de Renta 2016 (a presentar en abril, mayo, junio de 2017) estas cantidades se incluyen en las casillas 524 y 526, no siendo necesario completar las casillas 525 y 527, correspondientes a los intereses de demora.

Este tratamiento es el mismo que normalmente se utiliza en los supuestos de pérdida del derecho a deducción por vivienda habitual pero sin incluir intereses de demora.

No será de aplicación esta regularización respecto de las cantidades que se destinen directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo.

Es decir, si la entidad financiera, en lugar de devolver al contribuyente las cantidades pagadas lo que hace es reducir el principal del préstamo, no habrá que regularizar las deducciones practicadas anteriormente correspondientes a esos importes.

Por su parte, la reducción del principal del préstamo tampoco generará derecho a aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual.

B. En el supuesto de que el contribuyente hubiera incluido, en declaraciones de años anteriores, los importes ahora percibidos como gasto deducible, estos perderán tal consideración debiendo presentarse declaraciones complementarias de los correspondientes ejercicios, quitando dichos gastos, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno.

El plazo de presentación de las declaraciones complementarias será el comprendido entre la fecha de la sentencia, laudo o acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por este impuesto.

Otra cuestión regulada por la norma son los ejercicios a los que afectan estas regularizaciones, tanto de las deducciones de vivienda o autonómicas como de los gastos deducibles. En este sentido se establece que solo será de aplicación a los ejercicios respecto de los cuales no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria.

En función de si el contribuyente hubiera aplicado deducción de vivienda, o deducciones autonómicas, o deducción de gastos y del año en que se produzca el acuerdo, sentencia o laudo, la forma de regularizar y los ejercicios afectados varían. En concreto nos podemos encontrar con los siguientes supuestos:

1.- El contribuyente había aplicado la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones establecidas por las Comunidades autónomas, por las cantidades percibidas:

a. Sentencia, laudo o acuerdo del año 2016: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2016 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2017) y afectará, con carácter general, a las deducciones de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

En el caso que entre las cantidades devueltas haya intereses del año 2016, estos ya no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda dicho año.

b. Acuerdo con la entidad financiera, sentencia o laudo del año 2017: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2017 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2018) y afectará, con carácter general, a las deducciones del año 2013, 2014, 2015 y 2016.

No obstante, si la sentencia o acuerdo es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año 2016 no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda y, por tanto, la regularización no afectará a dicho ejercicio.

2.- El contribuyente había incluido las cantidades ahora percibidas como gasto deducible en ejercicios anteriores:

a. El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo, se ha producido desde el 6 de abril de 2016 hasta el 4 de abril de 2017. En este caso, deberá presentar declaraciones complementarias con carácter general de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en el plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (abril, mayo y junio de 2017).

Si entre las cantidades devueltas hubiera intereses abonados en el ejercicio 2016, el contribuyente ya no incluirá como gastos deducibles dichos importes en su declaración

b. El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo se ha producido después del 4 de abril de 2017. En este caso deberá presentar declaraciones complementarias, con carácter general, de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 en el plazo de presentación del IRPF del año 2017 (abril, mayo y junio de 2018).

No obstante, si el acuerdo o la sentencia es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF de 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año 2016 no se tendrán en cuenta como gasto deducible y, por tanto, no tendrá que presentar declaración complementaria de dicho ejercicio.

Por último, si el contribuyente ya hubiese regularizado dichas cantidades por tener una sentencia anterior podrá instar la rectificación de sus autoliquidaciones solicitando la devolución de los intereses de demora satisfechos y, en su caso, la modificación de los intereses indemnizatorios declarados como ganancia.

Puede acceder a la norma Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. (BOE, 21-enero-2017) BOE

Como ya hemos comunicado en otras entradas podemos ayudarle a calcular los importes que la entidad bancaria le ha cobrado indebidamente y en el procedimiento de reclamación.  Si tiene que negociar con el banco póngase en contacto con nosotros y le podremos atender personalmente. Intentaremos ayudarle en este asunto y asesorarle en la tramitación de su reclamación. Antes de que se devengue cantidad alguna por cuenta de nuestros honorarios le presupuestaremos.

También podemos atenderle y asesorarle en cuestiones relacionadas con las declaraciones de la renta, elementos a incluir como ganancia patrimonial, en la base general de IRPF, etcétera.

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Campaña de Hacienda en la Comunidad de Madrid en requerimiento del pago del ITP a los arrendatarios

El alquiler de vivienda está sujeto en todo el territorio nacional al IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES (ITP). No obstante dicho impuesto no es objeto de control  exhaustivo por parte de las Administraciones autonómicas, lo que ha generalizado en muchas de ellas su  impago, como ocurría hasta ahora en la Comunidad de Madrid. Debido a esto, la Consejería de Hacienda de  la Comunidad de Madrid está remitiendo de forma masiva requerimientos de pago por cuenta del ITP aplicable a los arrendamientos, según información contrastada con varias fuentes especializadas en derecho inmobiliario. home-589068_640

Podemos afirmar por ello que la Comunidad de Madrid ha iniciado una campaña de regularización del IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES  en alquileres de inmuebles, por lo que si eres inquilino de una vivienda y no has sido requerido lo más seguro es que recibas en breve una comunicación oficial en reclamación del pago de dicho impuesto.

Numerosos agentes y repartidores de correos han confirmado que se está efectuando  una campaña masiva de requerimiento a los arrendatarios, mediante el envío de comunicaciones del organismo autonómico en las que advierte de la obligatoriedad del pago de este tributo e invita al contribuyente a efectuar el preceptivo ingreso en el plazo de diez días. También sabemos que las comunicaciones se están dirigiendo a los arrendadores, obligados  del pago con carácter subsidiario.

Aunque la norma que regula el ITP entró en vigor el 21 de Octubre de 1993, y ya en ese momento contemplaba la obligación del pago de dicho impuesto a los inquilinos de los inmuebles arrendados, bien es cierto que ya en los noventa debido a las reducidas cuantías y a la falta de control de los arrendamientos por parte de las comunidades autónomas, que en rara ocasión reclamaban el pago de dicho impuesto, se generalizó su incumplimiento.

Según información de los afectados esta primera comunicación es para advertir a los pago del ITPinquilinos de la obligatoriedad del pago del impuesto, advirtiendo que en caso de ser requeridos de nuevo además se exigirán los intereses de demora por no haber abonado el impuesto en el plazo legalmente dispuesto, que son los 30 días hábiles posteriores a la firma del contrato de arrendamiento.

A partir del momento en el que se recibe la carta hay un periodo de 10 días hábiles para formular alegaciones, si bien no encontramos justificación alguna más que las causas de exención al pago: el caso en el que el ITP del alquiler no se paga es cuando el inquilino es una empresa o un profesional, es decir cuando se trata del alquiler de un local de negocios o de una vivienda usada como oficina o despacho. En el caso de que se trate de un alquiler con distinto uso al de vivienda, se aplica el IVA, que es incompatible con el ITP y que lo paga el propietario pero lo repercute sobre el inquilino.

Tanto los afectados por la reclamación del ITP como quienes vayan a firmar un nuevo contrato de alquiler deben saber que se trata de un impuesto que solo se paga una vez, en el momento de constituir el arrendamiento, y que el importe medio ronda entre los 60 y los 90 euros, aunque puede variar en función de la renta y el período del arrendamiento acordado. El fundamento de la imposición consiste en que resulta imponible el hecho de transmitir el derecho de uso de un inmueble con carácter oneroso; no estará por tanto sujeta la cesión temporal y gratuita del uso de inmuebles, siempre que no se realice mediante la constitución de usufructo (derecho real), que sí está gravado.

El pago del impuesto puede realizarse mediante la adquisición de papel timbrado en estancos o servicios-online-1presentando modelo 600 de la  Comunidad de Madrid, en el período voluntario. El plazo para exigir dicho pago es el de cuatro años a contar desde el último día en el que es obligatorio el pago de dicho impuesto, es decir, durante cuatro años y mes y medio aproximadamente.

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Régimen fiscal de las sociedades civiles con objeto mercantil a partir del 1 de enero de 2016

Las sociedades civiles cuyo objeto social mercantil y que tributaban hasta el 31-12-2015 como contribuyentes del IRPF a través del régimen de atribución de rentas, pasarán a ser sujetos pasivos del IS desde el 1 de enero de 2.016.

Un supuesto especialmente conflictivo en cuanto al régimen fiscal de sociedades era el de las sociedades civiles cuyo objeto social consiste en la realización de actos de comercio. El problema radicaba en si este tipo de sociedades deben tributar por el IS o por el IRPF, situación que ha sido aclarada por el legislador al haber determinado que desde el 1-1-2016, este tipo de sociedades pasan a tributar por IS.

Quedan fuera de dicha medida, en principio, las comunidades de bienes, así como las sociedades civiles que no tienen objeto mercantil como las actividades agrarias, forestales, mineras y las profesionales.

Y decimos “en principio” porque hasta esta nueva reforma, las S.C. y las C.B. tenían la misma consideración para Hacienda, y a la hora de constituirse no revisaba si estaban bien constituidas o encuadradas según la normativa civil. Según esto, existen en la actualidad comunidades de bienes que se crearon inicialmente, por ejemplo, para arrendar un bien en común, que posteriormente han ido desarrollando actividades mercantiles sin cambiar la forma jurídica, dado que ningún estamento ni normativa obligaba expresamente a tramitarlo. De esta forma las C.B. con objeto mercantil vienen operando en la práctica como si fueran una S.C., por lo que antes o después las obligaciones contables y fiscales de una y otra serán las mismas, evitando de esta forma el grave perjuicio comparativo que se está produciendo en este momento entre las ya declaradas y las nuevas, a las que se les está negando por parte de casi todas las delegaciones de la Agencia Tributaria el acceso al censo por cuestión de fondo, es decir, por subyacer en una forma jurídica incorrecta. Entendemos por tanto que la reforma fiscal puede también llegar a afectar igual a una comunidad de bienes que se utiliza para explotar un negocio, bien por vía de nueva disposición complementaria, que sería lo más normal, o por vía incluso de resolución vinculante, revisión o inspección de cada caso concreto. De esta forma, si tienes una comunidad de bienes, deberás estar alerta, ya que el cambio normativo ha podido o en su caso podría también afectar a tu actividad.

Por otra parte, si estabas pensando en crearnotario-917149_640 una comunidad de bienes en lugar de una sociedad civil para evitar la aplicación del IS nuestra opinión es que no se admitirá y, aunque en alguna Delegación pudieras incluso eludir este control, no es la mejor opción planteable, por cuanto en breve saldrá alguna norma expresa que solucionará la actual situación y equiparará ambas figuras.

La medida fiscal, aplicable en primer término a las sociedades civiles, requiere incorporar un régimen transitorio en el IRPF que regule la traslación de este tipo de entidades como contribuyentes del IRPF a contribuyentes del IS así como para las que acuerden su disolución y liquidación por esta causa.

 Así, desde el 1-1-2016, podrán acordar su disolución y liquidación las sociedades civiles en las que concurran unas circunstancias concretas y con el siguiente régimen fiscal beneficioso:

a) Exención del ITP y AJD.b) No se devengará el IIVTNU con ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza urbana de los que sea titular la entidad.

c) A efectos del IRPF, del IS o del IRNR respecto a los socios de la sociedad que se disuelve.

Hasta la finalización del proceso de extinción de la sociedad civil, siempre que la misma se realice dentro del plazo señalado en la norma, continuará aplicándose el régimen de atribución de rentas del IRPF, sin que la sociedad civil llegue a adquirir la consideración de contribuyente del IS.

En caso contrario, la sociedad civil tendrá la consideración de contribuyente del IS desde 1-1-2016 y no resultará de aplicación el citado régimen de atribución de rentas.

libros

No obstante lo anterior, a efectos fiscales, en el resto de sociedades civiles con objeto mercantil, se entenderá que, a 1-1-2016, la totalidad de sus fondos propios están formados por aportaciones de los socios, con el límite de la diferencia entre el valor del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias, reflejados en los correspondientes libros registros, y el pasivo exigible, salvo que se pruebe la existencia de otros elementos patrimoniales. Las participaciones en la sociedad civil adquiridas con anterioridad a dicha fecha, tendrán como valor de adquisición el que derive de lo dispuesto en el párrafo anterior. Los contribuyentes del IRPF podrán seguir aplicando las deducciones en actividades económicas que estuviesen pendientes de aplicación a 1-1-2016 en los términos de la LIRPF art.68.2 , siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la LIS.

Los contribuyentes del IRPF podrán seguir aplicando las deducciones en actividades económicas que estuviesen pendientes de aplicación a 1-1-2016 en los términos de la LIRPF art.68.2, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la LIS.

A partir del 1 de enero de 2016 se regula un régimen transitorio en cuanto a la integración de rentas devengadas, según la obligación de llevar o no la contabilidad ajustada al Código de Comercio, y en cuanto a las rentas obtenidas y en cuanto a las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en las sociedades civiles que se correspondan con reservas procedentes de beneficios no distribuidos obtenidos en ejercicios en los que haya sido de aplicación el régimen de atribución de rentas, cualquiera que sea la entidad cuyas participaciones se transmiten.

Respecto al régimen de transformación se aplica lo dispuesto en la Ley de modificaciones estructurales a aquellas sociedades civiles están aprovechando para transformarse en sociedades de responsabilidad limitada. No está contemplado ni vemos posibilidad de transformación de S.C. a C.B. debido a que un ente con personalidad jurídica no puede pasar a uno sin ella sino por vía de su disolución y extinción, con adjudicación de los correspondientes haberes.

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La DGT confirma la exención del pago de la plusvalía en el IRPF ante la dación en pago

Al hilo de nuestro anterior artículo “Exención del pago de la plusvalía derivada de la dación en pago o ejecuciones hipotecarias” os facilitamos extracto de una reciente consulta vinculante que confirma la exención del pago de la plusvalía en el IRPF ante la dación en pago a una filial de la entidad bancaria prestamista:

DGT, Consulta nº V1249/2015 de 24 abril 2015.

ANTECEDENTES DE HECHO: Ante la imposibilidad de efectuar la devolución de dos préstamos hipotecarios que gravan su vivienda habitual, el consultante y la entidad de crédito acreedora de ambos préstamos han acordado la dación en pago. En virtud de dicho acuerdo, el consultante transmitirá la vivienda de manera directa a una Sociedad Gestora de Activos, entidad distinta de la entidad de crédito acreedora y en la que ésta participa al cien por cien, y se cancelará uno de los préstamos hipotecarios subsistiendo el otro con garantía personal.

CUESTIÓN PLANTEADA: Si a la transmisión de la vivienda le resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 33.4.d) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, teniendo en cuenta que no dispone de otros bienes en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda.
RESPUESTA: La letra d) del apartado 4 del artículo 33 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre) -en adelante LIRPF-, ha sido introducida por el artículo 122. Uno del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE de 5 de julio) con efectos “desde 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no prescritos”. La misma modificación, y con los mismos efectos, es introducida por el apartado Uno del artículo 122 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. (B.O.E. de 17 de octubre)

home-589068_640La letra d) del apartado 4 del artículo 33, dispone lo siguiente:

“4. Estarán exentas del Impuesto las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto:

(…)

d) Con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor o garante del deudor, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo estarán exentas las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizada en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

En todo caso será necesario que el propietario de la vivienda habitual no disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.”

En el caso objeto de consulta es necesario analizar si la transmisión de la vivienda habitual del deudor hipotecario a favor, no de la entidad acreedora, sino de un tercero, puede considerarse a estos efectos dación en pago y, por ello, resultar beneficiaria de la referida exención en el IRPF.

Pues bien, puede sostenerse que la dación en pago no queda desnaturalizada ni muta su naturaleza por el hecho de que se haga a favor de un tercero, distinto del acreedor hipotecario, siempre que sea éste el que imponga tal condición para acceder a la dación y la acepte como extintiva de la obligación. Es éste precisamente el caso planteado: el acreedor hipotecario accede a la dación y obliga al deudor a transmitir el inmueble a un tercero por él designado, posibilidad admitida en el Código Civil para el pago de las obligaciones (artículos 1.162 y 1.163).

Por otra parte, la redacción literal de la exención permite sostener tal interpretación, porque no limita taxativamente a favor de quién ha de hacerse la dación, sino que exige tres requisitos que no obstarían a esa interpretación:

– Que la dación lo sea de la vivienda habitual del deudor o de su garante.

– Que la dación se realice para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la vivienda habitual.

– Que esas deudas hipotecarias se hayan contraído con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Como puede observarse, no se exige que money-515820_640la transmisión en que consiste la dación se haga a favor de esa misma entidad de crédito, por lo que no debe excluirse la posibilidad de que la misma acreedora admita o imponga, sin alterar el carácter extintivo de la dación, la transmisión a un tercero designado a su voluntad.

Para mayor abundamiento, en el artículo 33.4.d) de la LIRPF se señala que también opera la exención en las ejecuciones hipotecarias, en las que como consecuencia de las mismas se produce una transmisión a favor de un tercero que no será la entidad financiera acreedora en la mayor parte de los casos.

Por todo ello, no apreciándose impedimento en la previsión legal y siendo lo más acorde con la finalidad de la norma, se considera que esas transmisiones o daciones en pago a favor de un tercero autorizado e impuesto por la entidad acreedora deben ser objeto de la nueva exención prevista en el artículo 33.4.d) de la LIRPF, lógicamente siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos en dichos preceptos.

Además debe señalarse que la dación en pago puede suponer tanto la cancelación total como parcial de la deuda, en aquellos casos en que se pacte que la entrega de la vivienda sólo extingue parte de la deuda.

En conclusión, a la ganancia patrimonial que, en su caso, obtenga el consultante derivada de la transmisión de su vivienda habitual y que supondrá la cancelación parcial de la deuda, le resultará de aplicación la exención prevista en el artículo 33.4.d) de la LIRPF, siempre que no disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.

 Para consultas relacionadas con temas fiscales o daciones en pago puedes pedir cita a través de los datos de contacto que aparecen en nuestra página web.

¿Cómo tributa el préstamo concedido a un hijo?

Transcribimos parte del contenido de una reciente consulta vinculante a la Dirección General de Tributos Tributación en relación a la tributación de un préstamo concedido por el consultante, persona física, a su hijo, que resuelve lo siguiente:

– En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:

… De los preceptos expuestos se deriva que los préstamos constituidos por quien no tenga la consideración de empresario o profesional en el ejercicio de su actividad y, en cualquier caso, cuando no constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, como parece ser en el presente caso en el que se trata de un préstamo de carácter familiar concedido por un padre a su hijo, estará sujeto al concepto de transmisiones patrimoniales onerosas, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1.B) y 5 del TRLITPAJD, pero exento de dicha modalidad en virtud de la exención establecida en el artículo 45.I.B.15 del mismo texto legal.

No obstante lo anterior, esta exencióndocument-428335__180 no exime de la presentación de la declaración del impuesto, ya que el artículo 51.1 del citado texto refundido establece dicha obligación en general para todos los hechos imponibles, con independencia de que estén o no exentos del impuesto. Este precepto tiene su desarrollo reglamentario en el artículo 98 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo (BOE de 22 de junio), por el que se aprueba el reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuyo apartado 2 recoge diversas excepciones a la obligación de presentación de la declaración, sin que ninguna de ellas sea aplicable al supuesto planteado.

– En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

Para analizar la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que pudiera corresponder al consultante, prestamista en este caso, se hace preciso transcribir previamente los preceptos de la Ley del Impuesto (Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, BOE del día 29) que afectan al asunto consultado: artículos 6.5, 25.2 y 40.

Por lo tanto, la presunción money-733992_640de onerosidad que acompaña a las cesiones de bienes o derechos supone para los préstamos, una estimación de rendimientos que se cuantifica aplicando el tipo de interés legal del dinero en vigor el último día del período impositivo.

Ahora bien, como en reiteradas ocasiones ha señalado este Centro Directivo, ésta estimación de rendimientos no opera si se prueba la gratuidad del préstamo, lo que deberá realizarse conforme a los medios de prueba generalmente admitidos en Derecho, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 1227 del Código Civil, y que corresponderá valorar a los órganos de gestión e inspección de la Administración tributaria. De igual manera deberá acreditarse la conexión del préstamo, su destino y la justificación de su devolución. -Esto resultará especialmente importante para que no pueda ser calificada la operación como donación simulada y, por tanto, en fraude de ley.-

En definitiva, teniendo el préstamo carácter gratuito, este no tendrá repercusiones en el IRPF del consultante. En caso contrario, es decir si se hubieran pactado intereses, las cantidades devengadas por el prestamista en concepto de intereses tendrían la consideración de rendimientos del capital mobiliario debiendo imputarse, de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 14 de la LIRPF, al período impositivo en que sean exigibles.

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Exención del pago de la plusvalía derivada de la dación en pago o ejecuciones hipotecarias

Se publica en el BOE de 17 de octubre la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (procedente del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio) que confirma el alivio fiscal ya anunciado para los afectados por la dación en pago o ejecuciones hipotecarias de inmueble derivadas de resolución de hipoteca por impago.

La mejora fiscal para los afectados por la dación en pago —pérdida de la vivienda por no poder pagar su hipoteca— tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2014 y desde los ejercicios anteriores no prescritos, según el texto del decreto aprobado por el Consejo de Ministros junto con algunas medidas que se anticipan a la reforma fiscal para que entren en vigor con efecto inmediato.

Los afectados por la dación en pago podrán solicitar la restitución de lo tributado en el IRPF del ejercicio 2010 y siguientes, así como las plusvalías municipales pagadas por estas operaciones en los cuatro años anteriores a la entrada en vigor de la norma. Siempre que la dación en pago se produjera en años no prescritos, el contribuyente podrá solicitar al fisco que le devuelva el dinero que pagó en su momento.

El Ejecutivo considera exenta la plusvalía originada por la entrega de la vivienda, extremo que viene reclamándose desde hace años por las clases más desfavorecidas.

Hasta ahora, el contribuyente que tenía que entregar su piso porque no podía pagar la hipoteca tenía que pagar al fisco, si el valor de la deuda pendiente que se cancela supera el valor de adquisición del inmueble.

Por ejemplo, un ciudadano compró una casa por 250.000 euros y la financió con una hipoteca del mismo importe, pero no pudo pagar las letras con lo que los intereses han aumentado la deuda en 25.000 euros. Al cancelar la hipoteca con la entrega de la casa, esos 25.000 euros eran considerados una ganancia patrimonial y pagaba impuestos pero con el decreto recientemente aprobado por el Ejecutivo quedará exento.

La medida establece que solo podrán acogerse a esta ayuda fiscal los contribuyentes que no dispongan de otros bienes para poder pagar el pago de la deuda hipotecaria.

Ya en 2012, el Ejecutivo estableció la exención para las ganancias patrimoniales en caso de dación en pago, sin embargo, el beneficio se circunscribía a contribuyentes que se encontraran en el “umbral de exclusión”. Ello limitaba mucho el número de declarantes que podía acogerse a la exención por ganancias patrimoniales.

Resultaba un contrasentido que un contribuyente que hubiera perdido su vivienda por impago registrara en términos fiscales una ganancia patrimonial. Por ello, el Ejecutivo incluyó en el real decreto-ley aprobado el pasado 4 de julio una exención tributaria en los supuestos de daciones en pago y ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

El pasado 4 de julio se publicaron en el BOE, mediante la fórmula de real decreto, una serie de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que entraron en vigor ese mismo día. Entre dichas medidas se adoptan algunas realmente interesantes desde el punto de vista, al menos teórico, y en referencia a dos de los colectivos más diezmados durante todos estos años de crisis: los deudores hipotecarios y los afectados por preferentes, subordinadas, o acciones resultado del canje de los productos anteriormente aludidos.

Hasta ahora, un contribuyente que hubiera comprado una vivienda y no fuera capaz de pagar las cuotas hipotecarias correspondientes se enfrentaba a una ejecución o, en algunos casos, negociaba una dación en pago. Esto significa que el contribuyente saldaba la deuda con su entidad financiera a cambio de la vivienda. No resultaba extraño que ese trámite derivara en una ganancia patrimonial. Un ejemplo: un contribuyente adquirió su vivienda por 100.000 euros y ahora no puede devolver al banco el préstamo hipotecario. Ello significa que acumula deuda por intereses y penalizaciones de demora. En el momento de acordarse una dación en pago, el contribuyente mantiene una deuda con el banco de 110.000 euros. En términos fiscales, cuando la casa pasa a manos del banco, fiscalmente el contribuyente ha obtenido una plusvalía de 10.000 euros, que es la diferencia entre la deuda pendiente con el banco y el precio de adquisición de la casa. Con la ley vigente hasta el 4 de julio, ello equivalía a pagar 2.260 euros a Hacienda por el supuesto beneficio fiscal.

Ahora, con el cambio normativo incluido en el real decreto-ley que avanza algunas de las medidas contempladas en la reforma fiscal, la plusvalía derivada de la dación en pago quedará totalmente exenta. Lo mismo sucederá si el beneficio procede de una ejecución hipotecaria. En cualquier caso, la exención se limita a la vivienda habitual y será aplicable siempre y cuando el contribuyente no disponga de otros bienes para afrontar el pago de la totalidad de la deuda. El Ejecutivo ha fijado que la nueva normativa tenga efectos retroactivos a partir de enero de 2014 y los ejercicios anteriores no prescritos. Esto significa que si un contribuyente ya asumió a partir del ejercicio de 2010 la tributación por una dación en pago que generó una plusvalía, podrá reclamar a Hacienda que le devuelva el dinero ya pagado. Y la misma medida se aplicará en el caso del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Este tributo, popularmente denominado impuesto de plusvalía municipal, es recaudado por los ayuntamientos en función del incremento del valor catastral.

El beneficio fiscal se amplía no solo a los afectados por la dación en pago, sino también a aquellos que no logren un pacto con la entidad financiera para liquidar la hipoteca y el banco se queda con la casa tras la subasta. En estos casos cuando se produce una venta forzosa las plusvalías también estarán exentas, siempre y cuando como en el caso de la dación en pago el propietario no pueda disponer de otros bienes o derechos para pagar la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.

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