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El TS se ratifica en la doctrina de que las desavenencias entre los progenitores no tienen trascendencia suficiente para impedir el régimen de guarda y custodia compartida.

Las desavenencias entre los progenitores sobre puntos concretos de la organización de la vida cotidiana de las menores, como es el tema del comedor escolar o actividades extra-escolares no tienen trascendencia suficiente para impedir el régimen de guarda y custodia compartida frente al claro beneficio que supone para los menores compartir la vida con su padre y su madre.

La sala del Tribunal Supremo viene reiterando la bondad objetiva del sistema de guarda y custodia compartida que se posiciona por ello como el más recurrido.

A partir de la bondad del sistema la cuestión a dilucidar en cada caso será si ha primado el interés del menor al decidir sobre su guarda y custodia. Este interés exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel.

No obstante la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura efectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad, pero ello no quiere decir a que puedan existir desencuentros, propios de la crisis matrimonial, que no autoricen per se este régimen de guarda y custodia, salvo que afecten de modo relevante a los menores en perjuicio de ellos.

Para que la tensa situación entre los progenitores aconseje no adoptar el régimen de guarda y custodia compartida, será necesario que sea de un nivel superior al propio de una situación de crisis matrimonial.

A este respecto el Tribunal Supremo fundamenta lo siguiente:

– El régimen de guarda y custodia compartida es beneficioso para los menores por tener estos buenas relaciones con sus progenitores y la respectivas parejas de estos, así como por tener unas condiciones de vida cómodas, estables y saludables, con total adaptación al sistema.

– Aunque el informe psicosocial ponga de manifiesto que las malas relaciones entre los progenitores influyen en los niños no es suficiente para denegar la guarda y custodia compartida; los hijos sufren con frecuencia las consecuencias de las crisis matrimoniales de sus padres, pero no debe ser relevante y grave tal influencia cuando el propio informe aconseja, pese a lo anterior, el mantenimiento de la guarda y custodia compartida que se acordó provisionalmente en las medidas cautelares.

– A pesar de no ser buenas las relaciones entre los progenitores, la inexistencia de incidentes relevantes relacionados con las menores, de modo directo o indirecto, es suficiente para mantener dicho régimen.

– No existe ningún dato en el procedimiento del que pueda inferirse una situación de peligro o riesgo para los menores si se acuerda el régimen de guarda y custodia compartida.

– La denuncia de malos tratos presentada por la recurrente contra el recurrido resultó sobreseída por resolución firme.

– Las diferencias o divergencias razonables no tienen entidad o relevancia como para influir en un régimen de guarda que les resulta beneficioso, según lo ya expuesto.

A través de www.abogadosquevedo.es podemos asesorarte sobre los pasos a tomar para reclamación la pensión de alimentos, la pensión compensatoria en caso de divorcio, el convenio regulador, la liquidación del régimen económico matrimonial, la guarda y custodia de los hijos menores, sobre el uso y disfrute de los bienes comunes, y otras materias relacionadas con el derecho de familia.

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Modificación en el régimen del aplazamiento de las deudas tributarias

El pasado 3 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.

Entre otras medidas modifica el régimen de aplazamiento de las deudas tributarias con efectos desde el 1 de enero de 2017, por lo que la posibilidad de aplazar o fraccionar las deudas tributarias queda sometido a nuevas limitaciones. Se modifica el apartado 2 del artículo 65, que queda redactado de la siguiente forma:write-593333_1920

No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias:

a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.

c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.

d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado reguladas en el título VII de esta Ley.

e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.

f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.

g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión.

Para todos estos supuestos se establece un régimen transitorio de conformidad con el cual los aplazamientos o fraccionamientos cuyos procedimientos se hayan iniciado antes del 1 de enero de 2017 se regirán por la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusión.

window-1231894_1920Es necesario por tanto apresurarse en la solicitud de aplazamientos o fraccionamiento de deudas tributarias en los casos anteriores para que no se le aplique la nueva regulación fiscal.

También se suprime a partir del 1 de Enero la excepción prevista en la Ley General Tributaria que abría la posibilidad de aplazar o fraccionar las retenciones e ingresos a cuenta.

Con efectos desde 1 de enero de 2017 hay que señalar que podrá admitirse el pago en especie de la deuda tributaria en período voluntario o ejecutivo cuando una Ley lo disponga expresamente y en los términos y condiciones que se prevean reglamentariamente. No obstante, no podrá admitirse el pago en especie en aquellos supuestos en los que, de acuerdo con el artículo 65.2 de esta Ley, las deudas tributarias tengan la condición de inaplazables, que serán objeto de inadmisión.

Si tiene dudas respecto al aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias,  la tributación de los rendimientos de trabajo o actividad, las prestaciones y los ingresos que son objeto ganancia patrimonial, el procedimiento de recurso ante la Administración tributaria o cualquier otro asunto de carácter fiscal, puede llamarnos e intentaremos resolvérselas. Somos especialistas en el asesoramientos de empresarios y  Pymes.

Podemos concertar una cita para efectuar un estudiocall-15924__180 detallado de su caso particular. Contacte con nosotros a través de los datos facilitados en la página de contacto de nuestra web o pinchando en el siguiente enlace:  www.abogadosquevedo.es

Instrucciones de la AEAT que afecta a las sociedades civiles con objeto mercantil

Con el título “CUESTIONES CENSALES EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN EN LA TRIBUTACIÓN DE LAS SOCIEDADES CIVILES CON OBJETO MERCANTIL” la AEAT ha publicado unas instrucciones de obligado cumplimiento por el cual el Departamento de Gestión Tributaria especifica las actuaciones a tomar por las sociedades civiles constituidas antes de 2.016, junto con las declaraciones censales que pueden presentar las sociedades civiles existentes.

El artículo 7 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, ha supuesto un cambio en la tributación de las sociedades civiles con personalidad jurídica y con objeto mercantil, que desde el 1 de enero de 2016 pasarán de tributar en régimen de atribución de rentas a ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, salvo en los supuestos de exención establecidos.

Los socios o representantes de sociedades civiles con objeto mercantil (que deben tributar ahora por el Impuesto sobre Sociedades) disponen de un plazo de 6 meses a partir del 1 de enero de 2016 para disolverse. Las comunidades de bienes no están afectadas por esta normativa.

Se pueden presentar las siguientes situaciones:

  1. Sociedad civil que pase a tributar por el Impuesto sobre Sociedades.
  2. Sociedad civil que se disuelva y liquide.
  3. Sociedad civil que se transforma en sociedad profesional.
  4. Sociedad civil que pretenda transformarse en comunidad de bienes o viceversa.
  5. Sociedad civil que se transforme en sociedad limitada.
  6. Sociedad civil profesional que no figure en el censo de la AEAT como tal.
  7. Sociedad civil que comunica un cambio de actividad económica.

En virtud de las opciones la sociedad civil deberá presentar un Modelo 036 en el que indique la elección de su situación fiscal, junto con los documentos y requisitos incluidos en dichas instrucciones y que nuestros profesionales han examinado detenidamente.

A las entidades que no se hayan manifestado en uno u otro sentido mediante la presentación del modelo 036 correspondiente se les iniciará un procedimiento de comprobación censal a partir del 1 de julio de 2016 de acuerdo con los datos de que dispone la AEAT.

Para evitar inspecciones que puedan reunion de trabajodar lugar a la imposición de regímenes fiscales menos favorecedores o el florecimiento de datos no proporcionados por la S.C. proponemos tomar de inmediato medidas para acomodarse a uno u otro régimen, en función de la situación concreta de su S.C.

Acuda a nuestros especialistas para analizar y efectuar los trámites para disolver la sociedad civil, transformarla en sociedad limitada o ver las consecuencias fiscales del nuevo régimen del impuesto de sociedades aplicable a tu sociedad civil.

Para más información o solicitar un estudio detallado de su caso particular, contacte con nosotros a través de los datos facilitados en nuestra web www.abogadosquevedo.es

Régimen fiscal de las sociedades civiles con objeto mercantil a partir del 1 de enero de 2016

Las sociedades civiles cuyo objeto social mercantil y que tributaban hasta el 31-12-2015 como contribuyentes del IRPF a través del régimen de atribución de rentas, pasarán a ser sujetos pasivos del IS desde el 1 de enero de 2.016.

Un supuesto especialmente conflictivo en cuanto al régimen fiscal de sociedades era el de las sociedades civiles cuyo objeto social consiste en la realización de actos de comercio. El problema radicaba en si este tipo de sociedades deben tributar por el IS o por el IRPF, situación que ha sido aclarada por el legislador al haber determinado que desde el 1-1-2016, este tipo de sociedades pasan a tributar por IS.

Quedan fuera de dicha medida, en principio, las comunidades de bienes, así como las sociedades civiles que no tienen objeto mercantil como las actividades agrarias, forestales, mineras y las profesionales.

Y decimos “en principio” porque hasta esta nueva reforma, las S.C. y las C.B. tenían la misma consideración para Hacienda, y a la hora de constituirse no revisaba si estaban bien constituidas o encuadradas según la normativa civil. Según esto, existen en la actualidad comunidades de bienes que se crearon inicialmente, por ejemplo, para arrendar un bien en común, que posteriormente han ido desarrollando actividades mercantiles sin cambiar la forma jurídica, dado que ningún estamento ni normativa obligaba expresamente a tramitarlo. De esta forma las C.B. con objeto mercantil vienen operando en la práctica como si fueran una S.C., por lo que antes o después las obligaciones contables y fiscales de una y otra serán las mismas, evitando de esta forma el grave perjuicio comparativo que se está produciendo en este momento entre las ya declaradas y las nuevas, a las que se les está negando por parte de casi todas las delegaciones de la Agencia Tributaria el acceso al censo por cuestión de fondo, es decir, por subyacer en una forma jurídica incorrecta. Entendemos por tanto que la reforma fiscal puede también llegar a afectar igual a una comunidad de bienes que se utiliza para explotar un negocio, bien por vía de nueva disposición complementaria, que sería lo más normal, o por vía incluso de resolución vinculante, revisión o inspección de cada caso concreto. De esta forma, si tienes una comunidad de bienes, deberás estar alerta, ya que el cambio normativo ha podido o en su caso podría también afectar a tu actividad.

Por otra parte, si estabas pensando en crearnotario-917149_640 una comunidad de bienes en lugar de una sociedad civil para evitar la aplicación del IS nuestra opinión es que no se admitirá y, aunque en alguna Delegación pudieras incluso eludir este control, no es la mejor opción planteable, por cuanto en breve saldrá alguna norma expresa que solucionará la actual situación y equiparará ambas figuras.

La medida fiscal, aplicable en primer término a las sociedades civiles, requiere incorporar un régimen transitorio en el IRPF que regule la traslación de este tipo de entidades como contribuyentes del IRPF a contribuyentes del IS así como para las que acuerden su disolución y liquidación por esta causa.

 Así, desde el 1-1-2016, podrán acordar su disolución y liquidación las sociedades civiles en las que concurran unas circunstancias concretas y con el siguiente régimen fiscal beneficioso:

a) Exención del ITP y AJD.b) No se devengará el IIVTNU con ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza urbana de los que sea titular la entidad.

c) A efectos del IRPF, del IS o del IRNR respecto a los socios de la sociedad que se disuelve.

Hasta la finalización del proceso de extinción de la sociedad civil, siempre que la misma se realice dentro del plazo señalado en la norma, continuará aplicándose el régimen de atribución de rentas del IRPF, sin que la sociedad civil llegue a adquirir la consideración de contribuyente del IS.

En caso contrario, la sociedad civil tendrá la consideración de contribuyente del IS desde 1-1-2016 y no resultará de aplicación el citado régimen de atribución de rentas.

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No obstante lo anterior, a efectos fiscales, en el resto de sociedades civiles con objeto mercantil, se entenderá que, a 1-1-2016, la totalidad de sus fondos propios están formados por aportaciones de los socios, con el límite de la diferencia entre el valor del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias, reflejados en los correspondientes libros registros, y el pasivo exigible, salvo que se pruebe la existencia de otros elementos patrimoniales. Las participaciones en la sociedad civil adquiridas con anterioridad a dicha fecha, tendrán como valor de adquisición el que derive de lo dispuesto en el párrafo anterior. Los contribuyentes del IRPF podrán seguir aplicando las deducciones en actividades económicas que estuviesen pendientes de aplicación a 1-1-2016 en los términos de la LIRPF art.68.2 , siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la LIS.

Los contribuyentes del IRPF podrán seguir aplicando las deducciones en actividades económicas que estuviesen pendientes de aplicación a 1-1-2016 en los términos de la LIRPF art.68.2, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la LIS.

A partir del 1 de enero de 2016 se regula un régimen transitorio en cuanto a la integración de rentas devengadas, según la obligación de llevar o no la contabilidad ajustada al Código de Comercio, y en cuanto a las rentas obtenidas y en cuanto a las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en las sociedades civiles que se correspondan con reservas procedentes de beneficios no distribuidos obtenidos en ejercicios en los que haya sido de aplicación el régimen de atribución de rentas, cualquiera que sea la entidad cuyas participaciones se transmiten.

Respecto al régimen de transformación se aplica lo dispuesto en la Ley de modificaciones estructurales a aquellas sociedades civiles están aprovechando para transformarse en sociedades de responsabilidad limitada. No está contemplado ni vemos posibilidad de transformación de S.C. a C.B. debido a que un ente con personalidad jurídica no puede pasar a uno sin ella sino por vía de su disolución y extinción, con adjudicación de los correspondientes haberes.

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