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CALENDARIO DE DIAS INHABILES EN 2017 A EFECTOS DEL CÓMPUTO DE PLAZO

El 30 de Diciembre se ha publicado el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2017 a efectos del cómputo de plazos.

La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, que deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.

La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.

Ponemos a vuestra disposición el texto del BOE 315/2016, de 30 de diciembre de 2016, que puedes descargarte accediendo al siguiente ENLACE.

Para evitar confusiones nos parece interesante diferenciar entre la existencia de plazos en diversos ámbitos del Derecho para no equivocarse a la hora de realizar un cómputo y por cuanto a que es muy dispar la normativa que los regula:

– Ámbito de la Administración (LPAC): Estos son los que regula el texto a que hacemos referencia. En vía administrativa, el mes de agosto se considera mes hábil. Quedan a salvo los sábados, domingos y festivos, como el resto del año, tal y como establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que se consideran inhábiles. Los días hábiles suelen coincidir con el régimen de jornada y horarios de las Administraciones para la realización de gestiones, consultas, presentación de documentos en registro, etcétera, aunque no es preceptivo. Es importante tener en cuenta que a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015 (a partir del 2 de octubre de 2016) los sábados se consideran también días inhábiles a efectos del cómputo de plazos de carácter administrativo.

Cómputo: cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales se hará constar esta circunstancia expresamente en la norma o en las correspondientes notificaciones. Los plazos expresados en días meses o años se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Asimismo hay que tener en cuenta que para calcular el plazo para el pago de tasas e impuestos, como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos determinados (ITPYAJD), el impuesto de sucesiones y donaciones (ISD), el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) o plusvalía municipal, etcétera, los días del mes de agosto sí que se computan.

– Plazos a efectos civiles (CÓDIGO CIVIL).- Establecidos para el cumplimiento de obligaciones y contratos, también aplicable al ámbito mercantil y a la prescripción y caducidad de las acciones (pago, reclamación de cantidad, nulidad, etcétera).

En el cómputo civil de los plazos se tienen en cuenta los días naturales, siempre que no se establezca otra cosa, por lo que no se excluyen los días inhábiles. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.

– Plazos procesales o judiciales, con carácter general (LOPJ Y LEC).- A efectos de presentar escritos de oposición, recursos, contestación a diligencias, etcétera, en el orden civil y mercantil, Ley son inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma o localidad. Serán también inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales de ámbito civil, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones. Los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en la LEC y el Código Civil. En los señalados por días quedarán excluidos los inhábiles y si el último día de plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

En la jurisdicción Contencioso-administrativa, como norma general durante el mes de agosto tampoco correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro plazo de los previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, a excepción del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto para la instrucción de las causas criminales, ya que todos los días son hábiles (ver Ley de Enjuiciamiento Criminal) y ciertos procedimientos de jurisdicción social, es decir, conflictos de carácter laboral (ver Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social).

Según todo lo anterior son días inhábiles con carácter general en el ámbito de la Administración para el cómputo de plazos durante el 2017:

  1. a) En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no ha ejercido la facultad de sustitución.
  2. b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos.
  3. c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles.

Los días inhábiles de 2017 a que se refieren los puntos a) y b) que no coinciden con sábado o domingo se recogen, se especifican por meses y por Comunidades Autónomas, y se pueden consultar en el anexo adjunto.

ENERO.- Día 2: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Murcia, Ciudad de Melilla. Día 6: FESTIVO NACIONAL.

FEBRERO.- Día 28: Andalucía.

MARZO.- Día 1: Illes Balears. Día 20: Extremadura, Madrid.

ABRIL.- Día 13: Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla. Día 14: FESTIVO NACIONAL. Día 17: Illes Balears, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, La Rioja. Día 24: Aragón, Castilla y León.

MAYO.- Día 1: FESTIVO NACIONAL. Día 2: Madrid. Día 17: Galicia. Día 30: Canarias. Día 31: Castilla-La Mancha.

JUNIO.- Día 9: Murcia, La Rioja. Día 15: Castilla-La Mancha.

JULIO.- Día 25: Galicia, Navarra, País Vasco. Día 28: Cantabria.

AGOSTO.- Día 15: FESTIVO NACIONAL.

SEPTIEMBRE.- Día 1: Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla. Día 8: Asturias y Extremadura. Día 11: Cataluña. Día 15: Cantabria.

OCTUBRE.- Día 9: Comunidad Valenciana. Día 12: FESTIVO NACIONAL.

NOVIEMBRE.- Día 1: FESTIVO NACIONAL.

DICIEMBRE.- Día 6: FESTIVO NACIONAL. Día 8: FESTIVO NACIONAL. Día 25: FESTIVO NACIONAL. Día 26: Cataluña.

Para mayor claridad se puede acceder al anexo normativo con pinchando en el siguiente enlace al CALENDARIO DE LOS DIAS INHABILES en 2017 a efectos de ¡k cómputo de los plazos administrativos.

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Bonificaciones de plusvalía por transmisión mortis causa en Madrid

Bonificaciones de plusvalía por transmisión mortis causa en Madrid

Si quieres saber cuáles son las condiciones para aplicar las bonificaciones de plusvalía en la vivienda habitual del causante o local afecto a actividad económica ejercida por este en Madrid pude hacerlo pinchando en el siguiente enlace  o accediendo a través de la web http://www.consultasdeherencia.es/

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IRPF ARRENDAMIENTOS

Disminuye la retención del IRPF en arrendamientos de bienes inmuebles según la Ley 9/2015, de 10 de julio

En caso de los arrendamientos o subarrendamientos de bienes inmuebles urbanos (art. 101.8 y D.A. 31ª.3.d) LIRPF; y 100 RIRPF) el porcentaje a retener a cuenta del IRPF de los arrendadores por parte de los inquilinos ha pasado del 20 por 100 que se requería antes del 12 de Julio, al 19,5 por 100 a partir de esta fecha.

A partir del 1 de Enero de 2.016 pasará a fijarse en el 19 por 100 de la renta y cantidades asimiladas.

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¿Hay que pagar Plusvalía de un inmueble cuyo precio de venta fue menor al de la compra?

 

En principio sí, si decide cumplir con las obligaciones fiscales impuestas por la Ley según la interpretación que de la misma hacen los Ayuntamientos. No obstante, ese no es nuestro criterio, como tampoco lo es para gran parte de los Tribunales que están resolviendo los recursos planteados por este asunto.

Si ha vendido un inmueble por un precio inferior al de adquisición en los últimos cuatro años, podría solicitar la devolución de la Plusvalía Municipal mediante la solicitud de ingresos indebidos, según establece la reciente Sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo 10 de Barcelona, de 24 de abril de 2014, que da la razón a un contribuyente que demostró la inexistencia de ganancia patrimonial en la operación gravada.

Esta no es la primera vez que un Tribunal rechaza la aplicación automática de la plusvalía municipal derivada del artículo 107 LHL, al considerar que si no existía un verdadero incremento del valor del inmueble, no procede su aplicación. Existe el precedente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 18 de julio de 2013, que está marcando la línea de muchas sentencias posteriores emitidas por los Juzgados de lo contencioso, así como Sentencias del TSJ Madrid, y del Tribunal Administrativo de Navarra o la Sentencia TSJ Cataluña, de 22 de mayo de 2012, que vienen corroborado la tesis del cobro indebido del impuesto ante la falta de ganancia para el contribuyente.

Estas Sentencias apoyan el fundamento jurídico destartup-594126__180 quienes venimos reivindicando hace años la injusticia que supone en la práctica la aplicación de este impuesto, máxime cuando una gran parte de sujetos tributarios se han visto forzados a vender un inmueble por un precio inferior al de la compra como consecuencia de la actual crisis económica. No obstante seguimos esperando resolución clara del Alto Tribunal o de la DGT para de una vez por todas quede unificada la doctrina de las salas menores. Lo que sí ha dicho el Tribunal Supremo es que “si no hay ganancia, no hay hecho imponible y por tanto no hay devengo”, por lo que ese es el hecho fundamental que debemos probar y que servirá de base ante un posible recurso.

La Administración tributaria local viene liquidando la Plusvalía Municipal (el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -IIVTNU-) de forma totalmente automática en cada transmisión de un inmueble. La hacienda local aplica un coeficiente sobre el valor catastral de la finca en función del tiempo transcurrido desde su adquisición de forma que la cuantía a pagar se obtiene con total independencia de que el sujeto pasivo del impuesto haya disfrutado o no de un incremento en el valor de la finca. Esto supone tributar en base a un cálculo de beneficio totalmente ficticio que no debería en ningún caso sustituir la realidad económica del afectado.

Frente a ello, y dado que la Plusvalía Municipal, según el artículo 104.1 de la Ley de las Hacienda Locales (LHL), es el incremento de valor que experimenten los terrenos,  entendemos que se debería poner de manifiesto en la ganancia patrimonial dicho incremento, a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título, o bien, por la constitución o transmisión de los derechos reales que cita la norma. Por tanto, el incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana constituye el primer elemento del hecho imponible, de manera que, en la hipótesis de que no existiera tal incremento, no se generará el tributo, y ello pese al contenido de las reglas objetivas de cálculo de la cuota del artículo 107 de la LHL, pues al faltaría un elemento esencial del hecho imponible, el propio incremento del valor, sin el cual no puede surgir obligación tributaria.

La mencionadas Sentencias se fundamentancalculator-313859_640 también en este hecho, dado que la ausencia objetiva de incremento del valor del inmueble da lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del método de cálculo y en detrimento de la realidad económica, ya que ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica.

La crisis económica ha dado lugar a situaciones injustas, como en este caso, afectando a particulares que además de tener que vender inmuebles por no poder hacer frente a la cuota hipotecaria o por necesidad de liquidez para el pago de deudas, son obligados, al mismo tiempo, a pagar un impuesto municipal en base a las ganancias generadas, aunque por esa venta en realidad hayan tenido que asumir pérdidas. Por ello algunos tribunales están dictando sentencias favorables al obligado tributario cuando vende un inmueble con pérdidas, entendiendo que en ese caso no debería exigirse la plusvalía municipal.

Algunos despachos, y en contra de lo que establece la normativa municipal y la Ley de Haciendas Locales que regula este impuesto, aconsejan que en estas transmisiones se presente la liquidación como operación NO SUJETA al Impuesto, “obviando la ficción legal e injusta que determina pagar por un beneficio inexistente en contra de una pérdida real sufrida,  todo ello en base a sólidos fundamentos jurídicos”, pero para tomar esta decisión nuestra experiencia nos indica que debe hacerse asumiendo el riesgo de los intereses y sanciones que se van a ser impuestos por parte del Consistorio que, conocedor de toda transmisión, no dudará en iniciar los correspondientes procedimientos de comprobación tributaria, por lo que se llegará al mismo resultado pero generando más costes potenciales.

Si se encuentra en este caso nuestra money-515820_640recomendación es que para evitar procedimientos de inspección tributaria, satisfaga si le es posible el impuesto correspondiente al resultado de la auto-liquidación y, a continuación, plantéese recurrir la liquidación, siempre y cuando nos encontremos dentro de los plazos de prescripción establecidos por la normativa fiscal (actualmente de cuatro años) y se prepare una prueba contundente.

No obstante, solo cuando la diferencia fuera al menos 6.000 euros saldrá rentable acudir a los Tribunales, ya que el cliente deberá contar con abogado y procurador, además de obtener una prueba técnica que demuestre que la venta del inmueble no le ha generado ganancias.

Hay que tener en cuenta que, de entrada, el primer recurso estará perdido ante los Ayuntamientos en la mayoría de las ocasiones, que se escudan en la Ley para seguir cobrando este impuesto y denegar su devolución en base a una interpretación literal de la Ley, y esto ocurrirá mientras no exista una jurisprudencia firme al respecto. La Dirección General de Tributos sigue defendiendo la imperatividad de la Ley y mientras no se modifique los Ayuntamientos se amparan precisamente en ella para seguir cobrando este impuesto y para seguir denegando la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. Además en caso de que el Ayuntamiento practique una liquidación, suelen alegar caducidad de la acción para el caso de que el recurso se interponga transcurrido un mes desde la liquidación girada por parte del consistorio, ya que dan ese plazo para efectuarlo.

Una vez existe resolución por parte del Ayuntamiento, normalmente negativa como hemos apuntado, habrá que recurrir al Juzgado contencioso-administrativo que corresponda. Para ello, es necesario probar que con la venta del terreno o inmueble en cuestión, el vendedor no ha obtenido ninguna plusvalía. Es decir, hay que probar que se ha producido una reducción del valor del terreno o del inmueble durante el periodo de tenencia, y para ello es necesario el informe técnico de un experto en peritaje urbanístico.

No obstante queremos hacerle partícipe de nuestra recomendaciones dado que existen armas legales con las que contamos hoy en día para reclamar la devolución de este impuesto, así como la jurisprudencia que, a lo largo de los últimos años, ha ido dando la razón a los afectados, pero siempre con las debidas cautelas, ya que aunque las probabilidades de que los tribunales le den la razón son muy altas, siempre existe el riesgo de que no sea así.

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