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Aprobado el procedimiento para la reclamación a las entidades bancarias de los importes pagados en virtud de la cláusula suelo

Con fecha de 22 de enero de 2017 ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, que establece las medidas urgentes aprobadas por el gobierno para la protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, como consecuencia de la tan comentada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la que los bancos quedan sometidos a un procedimiento especial de reclamación extra-judicial.

El Real Decreto- ley tiene como objeto el establecimiento de medidas que faciliten la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito, en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una cláusula suelo cuyo prestatario sea un consumidor.

El procedimiento es voluntario y se establece con el objetivo de lograr una solución extrajudicial con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, sin coste adicional para el consumidor si bien tiene carácter imperativo para las entidades de crédito.

Las entidades de crédito deberán adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las previsiones contenidas en este real decreto-ley en el plazo de un mes y estarán obligadas a articular procedimientos ágiles que les permitan la rápida resolución de las reclamaciones. Según lo dispuesto en la referida norma las entidades de crédito deberán implantar en el plazo máximo de un mes un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales, que tendrá carácter gratuito y voluntario para el consumidor y cuyo objeto será atender a las peticiones que éstos formulen en el ámbito de este Real decreto-ley.

Las entidades de crédito deberán garantizar que ese sistema de reclamación es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula suelo en su préstamo hipotecario, por lo que se está preparando una campaña de notificación personalizada a los afectados por parte de las entidades bancarias.

En todo caso los consumidores deben efectuar una primera reclamación, y llegar en su caso a un pacto con la entidad de crédito respecto al monto que le corresponde por anulación de la cláusula suelo y la forma devolución, es decir, en efectivo, por compensación, etcétera.

Es por tanto que cada afectado conozca cual es el importe que le corresponde y  si el acuerdo propuesto por la entidad bancaria es o no acorde con dicha cantidad.

El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se ponga a disposición del primero la cantidad a devolver será de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación.

Durante los tres meses que puede durar el proceso quedará cualquier reclamación de tipo judicial hasta que se resuelva la reclamación previa. En virtud de ello las partes no podrán ejercitar contra la otra ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, con el ánimo de evitar prácticas de mala fe que solo persiguieran desde un primer momento entablar acciones judiciales.

La formalización de la escritura pública y la inscripción registral que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo entre la entidad financiera y el consumidor, devengará derechos arancelarios notariales y registrales reducidos.

Las devoluciones acordadas pueden generar obligaciones tributarias, entre otros motivos porque la información relativa a las devoluciones acordadas será comunicada por las entidades financieras a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Se regula por ello en la norma el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución que deriven de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales, que se someterán al tratamiento fiscal especial que podemos resumir en lo siguiente:

1.- Las cantidades devueltas no se integrarán con carácter general en la base imponible del IRPF del ejercicio siguiente.

2.- No obstante, las cantidades previamente satisfechas:

– Cuando hubieran formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma en ejercicios anteriores, se perderá el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, salvo que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo.

– Cuando hubieran tenido la consideración de gasto deducible en ejercicios anteriores serán objeto de autoliquidación complementaria correspondiente a tales ejercicios, sin sanción, ni intereses de demora, ni recargo alguno.

En fase judicial se establecen medidas especiales que afectan a las costas procesales y que incentivan el reconocimiento extrajudicial del derecho del consumidor, bien por la posibilidad de su no imposición y por las consecuencias del allanamiento por parte de las entidades de crédito.

De esta forma, frente al régimen general de las ostas procesales, solo se van a declarar las costas a favor del consumidor si obtuviese en sede judicial una sentencia más favorable que la oferta recibida de dicha entidad en el procedimiento extra-judicial previo, o en caso de que la entidad no se allane a las peticiones del consumidor previamente a la contestación a la demanda, cuando no se hubiese acudido antes al procedimiento extrajudicial. Respecto a los procedimientos judiciales en curso las partes se podrán someter de común acuerdo al procedimiento especial establecido solicitando la suspensión del proceso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

En suma, las medidas adoptadas persiguen que el consumidor vea restablecido su derecho en el plazo más breve posible evitándole tener que agotar un proceso judicial que se dilate en el tiempo.

Se puede acceder al texto normativo mediante el siguiente ENLACE AL BOE

Podemos ayudarle a calcular los importes que la entidad bancaria le ha cobrado indebidamente y en el procedimiento de reclamación.  Si tiene que negociar con el banco póngase en contacto con nosotros y le podremos atender personalmente. Intentaremos ayudarle en este asunto y asesorarle en la tramitación de su reclamación. Podemos también actuar en su nombre. Antes de que se devengue cantidad alguna por cuenta de honorarios le presupuestaremos.

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Computo de los plazos durante el mes de agosto

A la hora de examinar si computan los días del mes de agosto para calcular los plazos administrativos y procesales  hay que atender a las normas establecidas según los distintos órdenes jurisdiccionales:

– Orden civil y mercantil: Serán inhábiles a efectos procesales los días del mes de agosto. También lo son los sábados y domingos, y los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad.

justicia

No obstante lo anterior, de oficio o a instancia de parte, los Tribunales podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, cuya demora pueda causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia, o provocar la ineficacia de una resolución judicial. Durante el mes de AGOSTO también se registrarán, repartirán y remitirán a los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil de Madrid, aquellas  demandas, exhortos y escritos civiles y mercantiles respecto de los cuales la Ley Establezca expresamente que pueda practicarse alguna actuación judicial y aquellas otras en las que, justificadamente, se manifiesten las razones de urgencia que motiven su presentación en el mes de agosto, indicándolo claramente y en el encabezamiento de la demanda o escrito.

– Administrativo: En vía administrativa, el mes de agosto se considera mes hábil, salvo los domingos y festivos, tal y como establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo hay que tener en cuenta que para calcular el plazo para el pago de tasas e impuestos, como el ITPYAJD, el impuesto de sucesiones y donaciones, la plusvalía municipal, etcétera, los días del mes de agosto se computan.

En la Contencioso-administrativa, como norma general durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro plazo de los previstos en la referida Ley, a excepción del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil.

Asimismo en casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional que habilite los días inhábiles en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales o en el incidente de suspensión o de adopción de otras medidas cautelares. El Juez o Tribunal oirá a las demás partes y resolverá por auto en el plazo de tres días, acordando en todo caso la habilitación cuando su denegación pudiera causar perjuicios irreversibles.

– Orden social:judge-146626_1280

Los días del mes de agosto en la jurisdicción social serán inhábiles, a excepción de los siguientes procedimientos:

  • Modalidades procesales de despido.
  • Extinción del contrato de trabajo.
  • Movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
  • Suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
  • Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
  • Impugnación de altas médicas.
  • Vacaciones.
  • Materia electoral.
  • Conflictos colectivos.
  • Impugnación de convenios colectivos y tutela de derechos fundamentales y libertades públicas.
  • Adopción de actos preparatorios, medidas precautorias y medidas cautelares, en particular en materia de prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
  • Ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

En el orden Penal: Hay que diferenciar los plazos en función de la fase del procedimiento en que se esté:

handcuffs-921290_1920– Para la fase instrucción de las causas criminales, interposición y resolución de recursos relativos a sesta fase,  todos los días del año y todas las horas serán hábiles sin necesidad de habilitación especial. También en el ámbito penitenciario serán todos los días del año hábiles. – En los juicios rápidos y juicios por delitos leves (antiguas faltas) se celebrarán vistas en agosto durante el servicio de guarda, porque son hábiles todos los días y horas del año. En cambio, los señalamientos fuera del servicio de guardia deberán tener lugar en día y hora hábiles. El Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ha declarado que el mes de agosto es hábil a efectos de señalamiento de juicios rápidos ha sido confirmada por la STS, Sala 3.ª, de 12 de mayo de 2006, así como para la interposición del recurso de apelación contra una sentencia dictada en un juicio rápido.

En el resto de asuntos penales el mes de agosto se considerará inhábil, pero hay que interpretarlo con carácter restrictivo. heat-149937_1280

Para más información sobre los plazos puede consultar con nuestros profesionales a través de los datos de contacto de la web.

Responsabilidad entre herederos en el pago del IBI

Según reciente resolución de DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS se confirma que los herederos podrían solicitar la división del IBI al Ayuntamiento en función de sus respectivas cuotas, si bien mantendrán una responsabilidad solidaria con respecto al pago del importe total del mismo.

Los consultantes eran titulares de una herencia yacente y el recibo del IBI se giraba a nombre de una única persona. Ante dicha cuestión, presentaron en la DGT una consulta vinculante planteando si existe obligación de los ayuntamientos de dividir el recibo del IBI entre los titulares de la propiedad, así como en los distintos recibos que genere el ayuntamiento. El hecho imponible del impuesto lo constituye la titularidad sobre los inmuebles, tanto de un derecho real de usufructo como del derecho de propiedad por lo que cualquiera de los sujetos pasivos puede solicitar la división de la liquidación entre los distintos obligados tributarios, siempre que cumpla los requisitos exigidos en el citado artículo 35.7 de la LGT, es decir, siempre que se faciliten a la Administración los datos personales y domicilio de todos los obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho sobre el bien inmueble.

a pagarEl Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se regula en los artículos 60 a 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El artículo 61 del TRLRHL define el hecho imponible del impuesto, estableciendo en sus apartados 1 y 2:

“1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

e) La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble urbano o rústico a las restantes modalidades en el mismo previstas. En los inmuebles de características especiales se aplicará esta misma prelación, salvo cuando los derechos de concesión que puedan recaer sobre el inmueble no agoten su extensión superficial, supuesto en el que también se realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad sobre la parte del inmueble no afectada por una concesión”.

De acuerdo con el artículo 63 del TRLRHL,calculadora “Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.”.

En caso de concurrencia del derecho real de usufructo y del derecho de NUDA propiedad sobre un mismo bien inmueble urbano o rústico, sólo se realiza el hecho imponible del IBI por el derecho real de usufructo, no gravándose el derecho de NUDA propiedad, por lo que el sujeto pasivo será sólo el usufructuario.

Efecto de esta norma es que no estarán sujetos al impuesto los titulares del derecho de propiedad cuando exista un derecho de usufructo, aunque recaiga solo sobre parte del inmueble objeto de gravamen y el propietario disponga de todos los derechos de dominio sobre la parte restante del bien inmueble

Una vez determinado lo anterior, en el caso de que varias personas sean cotitulares del derecho constitutivo del hecho imponible del impuesto, todas ellas tendrán la condición de sujetos pasivos a título de contribuyentes del IBI.

Por su parte, el apartado 7 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone:

“7. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de solidaridad distintos del previsto en el párrafo anterior.

Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho transmitido.”.

Por ello, en el caso de que varias personas sean cotitulares del derecho de usufructo o, no existiendo éste, del derecho de propiedad sobre un inmueble, todos ellos son obligados tributarios del IBI y además todos quedan solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones.

vértice de númerosNos encontramos ante un supuesto de concurrencia de dos o más personas en la realización del hecho imponible, teniendo todos ellas la condición de contribuyente del IBI y quedando solidariamente obligadas al pago del tributo.

Respecto de la posible división de la deuda tributaria del IBI, el propio artículo 35.7 de la LGT, al regular la situación de concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación, y después de establecer el carácter de obligación solidaria de todos ellos frente a la Administración tributaria para el cumplimiento de todas las prestaciones; señala en su párrafo tercero que se podrá solicitar la división de la liquidación tributaria. A tal efecto, para que proceda la división de la liquidación tributaria es indispensable que se faciliten a la Administración los datos personales y el domicilio de todos los obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho sobre el bien.

Por tanto, en el caso planteado, cualquiera de los sujetos pasivos puede solicitar la división de la liquidación entre los distintos obligados tributarios, siempre que cumpla los requisitos exigidos en el citado artículo 35.7 de la LGT, es decir, siempre que se faciliten a la Administración los datos personales y domicilio de todos los obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho sobre el bien inmueble.

Ahora bien, en el supuesto de incumplimiento de alguno de los cotitulares de su obligación de ingresar su parte de la liquidación, una vez transcurrido el período voluntario, con independencia de que dicha liquidación pueda ser exigida al citado deudor a través del procedimiento de apremio regulado en los artículos 163 y siguientes de la LGT, la Administración también podrá exigir el importe de la liquidación impagada a cualquiera de los obligados tributarios, en virtud de la obligación solidaria de todos ellos establecida en el primer párrafo del artículo 35.7 de la LGT. En este sentido, es necesario precisar que el artículo 35.7 de la LGT regula, por una parte, la obligación solidaria de todos los obligados tributarios que concurren en un mismo presupuesto de una obligación tributaria y, por otra parte, en su párrafo tercero regula la posibilidad de que, a solicitud de los obligados tributarios, se proceda a la división de la deuda tributaria en proporción a la participación de cada uno de ellos en el dominio o derecho de que se trate. Pero dicha división de la liquidación tributaria no implica, en modo alguno, la extinción de la solidaridad de todos esos obligados tributarios al cumplimiento de todas las prestaciones de la obligación tributaria.

El tercer párrafo del artículo 35.7 de la LGT, que regula la división de la liquidación entre los obligados tributarios, no dispone que en este caso no resultará de aplicación la solidaridad establecida en el primer párrafo del mismo precepto legal. La división de la deuda entre los obligados al pago de la misma no es una excepción a la obligación solidaria de todos ellos.

Esta responsabilidad solidaria establecida en el primer párrafo del artículo 35.7 de la LGT para el caso de concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de la obligación, es una garantía del crédito tributario, que no puede ser desvirtuada por la simple voluntad de dichos obligados mediante la solicitud de la división de la liquidación.

Por tanto, aunque se haya procedido ayuntamientoa la división de la liquidación tributaria entre ambos obligados tributarios, si uno de ellos no satisface la parte de la liquidación que le corresponde, una vez transcurrido el período voluntario, ésta podrá exigirse al otro obligado tributario, con independencia de que también pueda exigirse al obligado incumplidor mediante el procedimiento de apremio.

Ahora bien, si esta deuda es satisfecha por el otro obligado tributario, éste tendrá derecho de reembolso frente al obligado incumplidor en los términos previstos en la legislación civil (artículo 41.6 LGT) (EDL 2003/149899).

Contacta a través de nuestros enlaces con abogados especialistas que pueden asesorarte en casos de conflicto entre otros herederos o de asuntos relacionados con el IBI o cualquier otro impuesto. Somos especialistas en herencias.

Debido a la gran cantidad de consultas recibidas sobre herencias abrimos la nueva web http://www.consultasdeherencia.es que estará vinculada con www.abogadosquevedo.es respecto a la materia sucesoria. Esperamos que sea de vuestro interés.

Bankia devolverá la inversión a los accionistas que acudieron a la salida a Bolsa de la entidad en 2011

Al hilo del artículo anterior, tan solo quince días después de la publicación de la sentencia del Supremo que resuelve dos recursos, por lo que sienta doctrina, Bankia ha decidido ofrecer a sus clientes la devolución de inversión por la salida a bolsa, que se podrá solicitar durante tres meses a contar desde el pasado día 18 de Febrero.

El Tribunal Supremo desestimó dos recursos interpuestos por Bankia contra dos sentencias que decretaron la nulidad de los contratos de compra de acciones emitidas por la entidad, al haber quedado demostrado que hubo error en la información ofrecida por la entidad y por tanto en el consentimiento, al existir desfase entre las cifras del folleto informativo y las reales. El Alto Tribunal sienta doctrina jurisprudencial y abre así la vía a miles de nuevas reclamaciones.

monument-172774__180Ante esta perspectiva, con los gastos judiciales pronosticados y ante la avalancha de posibles demandas, Bankia ha decidido poner en marcha un proceso para devolver el dinero de forma ágil, rápida, sencilla, gratuita pero solo a los inversores minoristas que directamente o a través de otra entidad adquirieron acciones de la entidad tras su salida a Bolsa en 2.011, sin necesidad de cumplir ninguna otra condición, y sin los costes ni tiempo de las reclamaciones judiciales y extrajudiciales, si bien los intereses compensatorios se fijan en el 1% anual por el tiempo transcurrido hasta la restitución de la inversión, según lo siguiente:

– Bankia ha abierto el proceso para devolver toda la inversión a los accionistas minoristas que acudieron a la salida a Bolsa de la entidad en 2011. A este proceso pueden acudir todas las personas del tramo minorista que invirtieron en la Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) que Bankia realizó en julio de 2011. De esta manera, se recuperará el 100% de la inversión más los intereses compensatorios ofrecidos por Bankia.

– Habrá de presentarse en las oficinas de BANKIA una solicitud cuyo modelo estará disponible en las sucursales y/o realizarla a través de la web con los documentos adjuntos que se solicitan, en concreto el el extracto de la cuenta de valores en el que se detallen los movimientos con acciones de Bankia.

– Si se hubiera interpuesto una demandamoney-209090_640 judicial, el accionista, una vez se le haya restituido su inversión, firmará un acuerdo con la entidad por el que desiste del proceso judicial. En el caso de los inversores minoristas que tengan en marcha una reclamación extrajudicial o demanda judicial y decidan no adherirse a este proceso, tendrán que seguir el proceso judicial, con los mayores costes y dilaciones que ello implica.

– El plazo de adhesión a este proceso se inició el pasado 18 de febrero, y se extenderá por un periodo de hasta tres meses, que la entidad considera suficiente para gestionar todos los casos.

– Los inversores minoristas no deben cumplir ninguna otra condición; Bankia devolverá a los accionistas minoristas el importe íntegro de su inversión inicial a cambio de la devolución de las acciones a la entidad. En el caso de que hayan vendido las acciones, se les abonará la diferencia entre lo invertido y lo obtenido con la venta de los títulos. En ambos casos se abonarán unos intereses compensatorios del 1% anual por el tiempo transcurrido hasta la restitución de la inversión.

– El plazo de recuperación de fondos no superará los 15 días desde que se efectúe la solicitud.

El proceso ofrece una salida a algunos de los inversores de forma rápida, pues recuperarán sus fondos en un plazo que se estima no supere los 15 días desde que lo soliciten, en segundo lugar evitan el proceso judicial o se reducen los procesos ya iniciados, al tiempo que minora las pérdidas de Bankia, al reducir la factura a abonar en intereses por acortarse los plazos, y, como hemos dicho, costas al optarse por una solución rápida y extrajudicial, según argumentos del consejero delegado de la entidad.

Los preferentistas están siendo entonces doblemente castigados; primero como BOLSAconsecuencia de la compra de dichos productos financieros y luego por su canje obligado por las acciones de BANKIA, que ahora les excluye del proceso de restitución abierto por la entidad.

Recomendamos a estos inversores excluidos que no tiren la toalla, si bien para recuperar su dinero actualmente no tienen otra alternativa que demandar judicialmente y hacerlo cuanto antes:

Una opción es solicitar la nulidad de dicho arbitraje y canje, por haberse realizado en la creencia de que se invertía en una entidad saneada.

Otra opción sería solicitar la nulidad de las preferentes, subordinadas y las acciones respectiva y simultáneamente, si el canje se hizo sin el consentimiento expreso del inversor, dado que además ya hay abundantes sentencias a favor.

Econtract-408216_640n cualquiera de los casos, el plazo para reclamar será el de cuatro años a contar desde que se hizo efectivo el canje. Para los realizados con anterioridad al 25 de Mayo de 2012, día en que Bankia presentó sus cuentas auditadas, será esta fecha el punto de partida para el cómputo de los cuatro años, aunque algunos juristas afirman que el plazo debería empezar a computarse desde noviembre de 2014, fecha en que se presentó el informe pericial en el procedimiento penal, poniendo de manifiesto nuevas circunstancias engañosas, si bien en todo caso no convendría agotar dichos plazos.

No obstante lo anterior quedará expedita la vía de la resolución del contrato por incumplimiento junto con una reclamación por daños y perjuicios, aunque a nuestro juicio con menos probabilidades de éxito que la anterior.

Puedes contar con nuestros profesionales para plantear la estrategia judicial o simplemente para que redacten un burofax y remitirlo en tu nombre a la entidad bancaria e intentar negociar una solución amistosa. Contamos con abogados especialistas en reclamaciones civiles y mercantiles que podrán hacerte un presupuesto a tu medida en función del importe reclamado, tu situación económica, los posibles plazos de pago e incluso en ocasiones mediante una Cuota Litis.

Concierta una cita con nuestros letrados colaboradores mediante los datos de contacto que aparecen en nuestra web.