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El TS se ratifica en la doctrina de que las desavenencias entre los progenitores no tienen trascendencia suficiente para impedir el régimen de guarda y custodia compartida.

Las desavenencias entre los progenitores sobre puntos concretos de la organización de la vida cotidiana de las menores, como es el tema del comedor escolar o actividades extra-escolares no tienen trascendencia suficiente para impedir el régimen de guarda y custodia compartida frente al claro beneficio que supone para los menores compartir la vida con su padre y su madre.

La sala del Tribunal Supremo viene reiterando la bondad objetiva del sistema de guarda y custodia compartida que se posiciona por ello como el más recurrido.

A partir de la bondad del sistema la cuestión a dilucidar en cada caso será si ha primado el interés del menor al decidir sobre su guarda y custodia. Este interés exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel.

No obstante la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura efectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad, pero ello no quiere decir a que puedan existir desencuentros, propios de la crisis matrimonial, que no autoricen per se este régimen de guarda y custodia, salvo que afecten de modo relevante a los menores en perjuicio de ellos.

Para que la tensa situación entre los progenitores aconseje no adoptar el régimen de guarda y custodia compartida, será necesario que sea de un nivel superior al propio de una situación de crisis matrimonial.

A este respecto el Tribunal Supremo fundamenta lo siguiente:

– El régimen de guarda y custodia compartida es beneficioso para los menores por tener estos buenas relaciones con sus progenitores y la respectivas parejas de estos, así como por tener unas condiciones de vida cómodas, estables y saludables, con total adaptación al sistema.

– Aunque el informe psicosocial ponga de manifiesto que las malas relaciones entre los progenitores influyen en los niños no es suficiente para denegar la guarda y custodia compartida; los hijos sufren con frecuencia las consecuencias de las crisis matrimoniales de sus padres, pero no debe ser relevante y grave tal influencia cuando el propio informe aconseja, pese a lo anterior, el mantenimiento de la guarda y custodia compartida que se acordó provisionalmente en las medidas cautelares.

– A pesar de no ser buenas las relaciones entre los progenitores, la inexistencia de incidentes relevantes relacionados con las menores, de modo directo o indirecto, es suficiente para mantener dicho régimen.

– No existe ningún dato en el procedimiento del que pueda inferirse una situación de peligro o riesgo para los menores si se acuerda el régimen de guarda y custodia compartida.

– La denuncia de malos tratos presentada por la recurrente contra el recurrido resultó sobreseída por resolución firme.

– Las diferencias o divergencias razonables no tienen entidad o relevancia como para influir en un régimen de guarda que les resulta beneficioso, según lo ya expuesto.

A través de www.abogadosquevedo.es podemos asesorarte sobre los pasos a tomar para reclamación la pensión de alimentos, la pensión compensatoria en caso de divorcio, el convenio regulador, la liquidación del régimen económico matrimonial, la guarda y custodia de los hijos menores, sobre el uso y disfrute de los bienes comunes, y otras materias relacionadas con el derecho de familia.

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Existen diversas opiniones sobre quien debe correr con los gastos e impuestos derivados del arrendamiento de vivienda, si el inquilino o el propietario.

EL PAIS publica en la sección de ECONOMIA un artículo basado en la entrevista realizada recientemente al letrado D. JOSE LUIS MUÑOZ, coordinador de la página web y miembro del equipo de profesionales de ABOGADOS QUEVEDO, en la que se debate sobre diversos aspectos relacionados con los gastos e impuestos derivados de este tipo de arrendamientos.

Este tema como pueden observar es complejo y admite distintas opiniones, por lo que recomendamos que cualquier duda en relación con los arrendamientos se consulte a profesionales. Las consultas jurídicas deben ser evacuadas en función de la norma aplicable, el contenido del contrato, las líneas doctrinales y la más reciente jurisprudencia.

Por poder resultar de interés el contenido del artículo publicado por el  prestigioso medio del Grupo Prisa copiamos el enlace a la página web: ARTICULO DE EL PAIS.

Somos especialistas en arrendamientos y desahucios (redacción y revisión de todo tipo de contratos de arrendamiento, ya sea de vivienda o de local, sometidos o no a la LAU), ejecución de lanzamientos, desahucios, reclamación de rentas, y negociación con propietarios e inquilinos. Para confección de recibos y facturas, o notificaciones a inquilinos o arrendadores, cuenta con nuestros profesionales de www.abogadosquevedo.es

 

Aprobado el procedimiento para la reclamación a las entidades bancarias de los importes pagados en virtud de la cláusula suelo

Con fecha de 22 de enero de 2017 ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, que establece las medidas urgentes aprobadas por el gobierno para la protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, como consecuencia de la tan comentada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la que los bancos quedan sometidos a un procedimiento especial de reclamación extra-judicial.

El Real Decreto- ley tiene como objeto el establecimiento de medidas que faciliten la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito, en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una cláusula suelo cuyo prestatario sea un consumidor.

El procedimiento es voluntario y se establece con el objetivo de lograr una solución extrajudicial con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, sin coste adicional para el consumidor si bien tiene carácter imperativo para las entidades de crédito.

Las entidades de crédito deberán adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las previsiones contenidas en este real decreto-ley en el plazo de un mes y estarán obligadas a articular procedimientos ágiles que les permitan la rápida resolución de las reclamaciones. Según lo dispuesto en la referida norma las entidades de crédito deberán implantar en el plazo máximo de un mes un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales, que tendrá carácter gratuito y voluntario para el consumidor y cuyo objeto será atender a las peticiones que éstos formulen en el ámbito de este Real decreto-ley.

Las entidades de crédito deberán garantizar que ese sistema de reclamación es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula suelo en su préstamo hipotecario, por lo que se está preparando una campaña de notificación personalizada a los afectados por parte de las entidades bancarias.

En todo caso los consumidores deben efectuar una primera reclamación, y llegar en su caso a un pacto con la entidad de crédito respecto al monto que le corresponde por anulación de la cláusula suelo y la forma devolución, es decir, en efectivo, por compensación, etcétera.

Es por tanto que cada afectado conozca cual es el importe que le corresponde y  si el acuerdo propuesto por la entidad bancaria es o no acorde con dicha cantidad.

El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se ponga a disposición del primero la cantidad a devolver será de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación.

Durante los tres meses que puede durar el proceso quedará cualquier reclamación de tipo judicial hasta que se resuelva la reclamación previa. En virtud de ello las partes no podrán ejercitar contra la otra ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, con el ánimo de evitar prácticas de mala fe que solo persiguieran desde un primer momento entablar acciones judiciales.

La formalización de la escritura pública y la inscripción registral que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo entre la entidad financiera y el consumidor, devengará derechos arancelarios notariales y registrales reducidos.

Las devoluciones acordadas pueden generar obligaciones tributarias, entre otros motivos porque la información relativa a las devoluciones acordadas será comunicada por las entidades financieras a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Se regula por ello en la norma el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución que deriven de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales, que se someterán al tratamiento fiscal especial que podemos resumir en lo siguiente:

1.- Las cantidades devueltas no se integrarán con carácter general en la base imponible del IRPF del ejercicio siguiente.

2.- No obstante, las cantidades previamente satisfechas:

– Cuando hubieran formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma en ejercicios anteriores, se perderá el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, salvo que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo.

– Cuando hubieran tenido la consideración de gasto deducible en ejercicios anteriores serán objeto de autoliquidación complementaria correspondiente a tales ejercicios, sin sanción, ni intereses de demora, ni recargo alguno.

En fase judicial se establecen medidas especiales que afectan a las costas procesales y que incentivan el reconocimiento extrajudicial del derecho del consumidor, bien por la posibilidad de su no imposición y por las consecuencias del allanamiento por parte de las entidades de crédito.

De esta forma, frente al régimen general de las ostas procesales, solo se van a declarar las costas a favor del consumidor si obtuviese en sede judicial una sentencia más favorable que la oferta recibida de dicha entidad en el procedimiento extra-judicial previo, o en caso de que la entidad no se allane a las peticiones del consumidor previamente a la contestación a la demanda, cuando no se hubiese acudido antes al procedimiento extrajudicial. Respecto a los procedimientos judiciales en curso las partes se podrán someter de común acuerdo al procedimiento especial establecido solicitando la suspensión del proceso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

En suma, las medidas adoptadas persiguen que el consumidor vea restablecido su derecho en el plazo más breve posible evitándole tener que agotar un proceso judicial que se dilate en el tiempo.

Se puede acceder al texto normativo mediante el siguiente ENLACE AL BOE

Podemos ayudarle a calcular los importes que la entidad bancaria le ha cobrado indebidamente y en el procedimiento de reclamación.  Si tiene que negociar con el banco póngase en contacto con nosotros y le podremos atender personalmente. Intentaremos ayudarle en este asunto y asesorarle en la tramitación de su reclamación. Podemos también actuar en su nombre. Antes de que se devengue cantidad alguna por cuenta de honorarios le presupuestaremos.

YA PUEDE RECLAMAR A LOS BANCOS

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Tasas judiciales para las Pymes: El Tribunal Constitucional declara la inconstitucional de la Ley de tasas judiciales

El Tribunal Constitucional declara la inconstitucional parcial de la Ley de tasas judiciales.

En reciente Sentencia con fecha de 21 de julio de 2016 el TC ha declarado nulas la gran mayoría de las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Concretamente declara la inconstitucionalidad y nulidad en los distintos incisos que prevén, de manera separada, las cuotas fijas del art. 7, apartado 1 y se declara la nulidad de la cuota variable para las personas jurídicas recogida en el apartado 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.

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En la práctica esto supone lo siguiente:

– La desaparición total de las Tasas Judiciales en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y social, tanto en la instancia como para la interposición de los recursos.

– En el orden civil se mantiene a vigencia de la cuota fija de la Tasa Judicial en la instancia, es decir, para la iniciación de los Juicios Verbal, Cambiario, Ordinario, Monitorio, Demanda Incidental en proceso concursal, Ejecutivo extrajudicial, oposición al Ejecutivo Judicial y Concurso necesario. No obstante se deroga la cuota fija de la Tasa Judicial para los recursos de apelación, casación y extraordinario por infracción procesal.

– Se deroga totalmente la cuota variable (escalado) de la Tasa Judicial.

No obstante mantiene las tasas en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social a las personas jurídicas, por entender que no vulneran el principio de gratuidad.

Dicha sentencia supone en parte un triunfo para el conjunto de la abogacía que viene desde hace años denunciando que atenta contra los derechos fundamentales de justicia universal y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Realmente entendemos que la cuantía excesiva de las tasas producía diversas vulneraciones constitucionales, primordialmente la de los derechos fundamentales de acceso a la jurisdicción y al recurso (art. 24.1 CE), así como también la del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) y la de los principios tributarios de capacidad económica y progresividad en materia tributaria (art. 31 CE).

Lamentamos por ello profundamente que piggy-bank-1510525_1920tras la derogación de las tasas judiciales para los ciudadanos en febrero de 2015 y la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 10/2012 no se haya proceda a la devolución de las tasas cobradas, ya que el dinero recaudado -en contra de lo comprometido por el Gobierno en su momento- no se ha destinado a mejorar el servicio público de la Justicia Gratuita.

No procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso según el art. 244 Constitución Española de 1978, deviniendo con ello firme la liquidación del tributo. Sin prescindir del perjuicio que tal devolución reportaría a la hacienda pública, resulta relevante tener en cuenta a estos efectos que la tasa no se declara inconstitucional simplemente por su cuantía, tomada ésta en abstracto. Por el contrario, hemos apreciado que dichas tasas son contrarias al art.24.1 Constitución Española de 1978 porque lo elevado de esa cuantía acarrea, en concreto, un impedimento injustificado para el acceso a la Justicia en sus distintos niveles. Tal situación no puede predicarse de quienes han pagado la tasa logrando impetrar la potestad jurisdiccional que solicitaban, es decir, no se ha producido una lesión del derecho fundamental mencionado, que deba repararse mediante la devolución del importe pagado.

En relación a las tasas, a juicio de la Dirección General de Tributos, el Tribunal descarta la devolución de las cantidades ya pagadas por los sujetos pasivos, tanto en procedimientos finalizados por resolución firme como en procesos no finalizados en los que el abono de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no fue acompañado por su impugnación por los motivos que la Sentencia señala.

En consecuencia, entiende el Centro Directivo que en los procedimientos interpuestos antes de la fecha de publicación de la Sentencia en los que no se ha interpuesto aún la demanda -supuesto de devengo de la tasa conforme al artículo 5 de la Ley 10/2012- no procederá realizar su pago en los supuestos declarados nulos. En aquellos en que hubiera sido requerido el obligado tributario para dicho pago y estuviese pendiente su abono, no obstante haberse devengado la tasa, el actor no vendría obligado a su pago, en tanto en cuanto su exigibilidad para los concretos supuestos de nulidad ha quedado anulada por el Tribunal.

Podemos informarle sobre el importe de las tasas que va a costarle si piensa interponer una demanda o recurso. Podemos también asesorarle en el asunto y darle nuestra opinión para que decida si le conviene litigar. Puede solicitar una cita o contactar con nosotros a través de los datos facilitados en la página de contacto de nuestra web o pinchando en el siguiente enlace:  www.abogadosquevedo.es

Responsabilidad entre herederos en el pago del IBI

Según reciente resolución de DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS se confirma que los herederos podrían solicitar la división del IBI al Ayuntamiento en función de sus respectivas cuotas, si bien mantendrán una responsabilidad solidaria con respecto al pago del importe total del mismo.

Los consultantes eran titulares de una herencia yacente y el recibo del IBI se giraba a nombre de una única persona. Ante dicha cuestión, presentaron en la DGT una consulta vinculante planteando si existe obligación de los ayuntamientos de dividir el recibo del IBI entre los titulares de la propiedad, así como en los distintos recibos que genere el ayuntamiento. El hecho imponible del impuesto lo constituye la titularidad sobre los inmuebles, tanto de un derecho real de usufructo como del derecho de propiedad por lo que cualquiera de los sujetos pasivos puede solicitar la división de la liquidación entre los distintos obligados tributarios, siempre que cumpla los requisitos exigidos en el citado artículo 35.7 de la LGT, es decir, siempre que se faciliten a la Administración los datos personales y domicilio de todos los obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho sobre el bien inmueble.

a pagarEl Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se regula en los artículos 60 a 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El artículo 61 del TRLRHL define el hecho imponible del impuesto, estableciendo en sus apartados 1 y 2:

“1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

e) La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble urbano o rústico a las restantes modalidades en el mismo previstas. En los inmuebles de características especiales se aplicará esta misma prelación, salvo cuando los derechos de concesión que puedan recaer sobre el inmueble no agoten su extensión superficial, supuesto en el que también se realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad sobre la parte del inmueble no afectada por una concesión”.

De acuerdo con el artículo 63 del TRLRHL,calculadora “Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.”.

En caso de concurrencia del derecho real de usufructo y del derecho de NUDA propiedad sobre un mismo bien inmueble urbano o rústico, sólo se realiza el hecho imponible del IBI por el derecho real de usufructo, no gravándose el derecho de NUDA propiedad, por lo que el sujeto pasivo será sólo el usufructuario.

Efecto de esta norma es que no estarán sujetos al impuesto los titulares del derecho de propiedad cuando exista un derecho de usufructo, aunque recaiga solo sobre parte del inmueble objeto de gravamen y el propietario disponga de todos los derechos de dominio sobre la parte restante del bien inmueble

Una vez determinado lo anterior, en el caso de que varias personas sean cotitulares del derecho constitutivo del hecho imponible del impuesto, todas ellas tendrán la condición de sujetos pasivos a título de contribuyentes del IBI.

Por su parte, el apartado 7 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone:

“7. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de solidaridad distintos del previsto en el párrafo anterior.

Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho transmitido.”.

Por ello, en el caso de que varias personas sean cotitulares del derecho de usufructo o, no existiendo éste, del derecho de propiedad sobre un inmueble, todos ellos son obligados tributarios del IBI y además todos quedan solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones.

vértice de númerosNos encontramos ante un supuesto de concurrencia de dos o más personas en la realización del hecho imponible, teniendo todos ellas la condición de contribuyente del IBI y quedando solidariamente obligadas al pago del tributo.

Respecto de la posible división de la deuda tributaria del IBI, el propio artículo 35.7 de la LGT, al regular la situación de concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación, y después de establecer el carácter de obligación solidaria de todos ellos frente a la Administración tributaria para el cumplimiento de todas las prestaciones; señala en su párrafo tercero que se podrá solicitar la división de la liquidación tributaria. A tal efecto, para que proceda la división de la liquidación tributaria es indispensable que se faciliten a la Administración los datos personales y el domicilio de todos los obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho sobre el bien.

Por tanto, en el caso planteado, cualquiera de los sujetos pasivos puede solicitar la división de la liquidación entre los distintos obligados tributarios, siempre que cumpla los requisitos exigidos en el citado artículo 35.7 de la LGT, es decir, siempre que se faciliten a la Administración los datos personales y domicilio de todos los obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho sobre el bien inmueble.

Ahora bien, en el supuesto de incumplimiento de alguno de los cotitulares de su obligación de ingresar su parte de la liquidación, una vez transcurrido el período voluntario, con independencia de que dicha liquidación pueda ser exigida al citado deudor a través del procedimiento de apremio regulado en los artículos 163 y siguientes de la LGT, la Administración también podrá exigir el importe de la liquidación impagada a cualquiera de los obligados tributarios, en virtud de la obligación solidaria de todos ellos establecida en el primer párrafo del artículo 35.7 de la LGT. En este sentido, es necesario precisar que el artículo 35.7 de la LGT regula, por una parte, la obligación solidaria de todos los obligados tributarios que concurren en un mismo presupuesto de una obligación tributaria y, por otra parte, en su párrafo tercero regula la posibilidad de que, a solicitud de los obligados tributarios, se proceda a la división de la deuda tributaria en proporción a la participación de cada uno de ellos en el dominio o derecho de que se trate. Pero dicha división de la liquidación tributaria no implica, en modo alguno, la extinción de la solidaridad de todos esos obligados tributarios al cumplimiento de todas las prestaciones de la obligación tributaria.

El tercer párrafo del artículo 35.7 de la LGT, que regula la división de la liquidación entre los obligados tributarios, no dispone que en este caso no resultará de aplicación la solidaridad establecida en el primer párrafo del mismo precepto legal. La división de la deuda entre los obligados al pago de la misma no es una excepción a la obligación solidaria de todos ellos.

Esta responsabilidad solidaria establecida en el primer párrafo del artículo 35.7 de la LGT para el caso de concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de la obligación, es una garantía del crédito tributario, que no puede ser desvirtuada por la simple voluntad de dichos obligados mediante la solicitud de la división de la liquidación.

Por tanto, aunque se haya procedido ayuntamientoa la división de la liquidación tributaria entre ambos obligados tributarios, si uno de ellos no satisface la parte de la liquidación que le corresponde, una vez transcurrido el período voluntario, ésta podrá exigirse al otro obligado tributario, con independencia de que también pueda exigirse al obligado incumplidor mediante el procedimiento de apremio.

Ahora bien, si esta deuda es satisfecha por el otro obligado tributario, éste tendrá derecho de reembolso frente al obligado incumplidor en los términos previstos en la legislación civil (artículo 41.6 LGT) (EDL 2003/149899).

Contacta a través de nuestros enlaces con abogados especialistas que pueden asesorarte en casos de conflicto entre otros herederos o de asuntos relacionados con el IBI o cualquier otro impuesto. Somos especialistas en herencias.

Debido a la gran cantidad de consultas recibidas sobre herencias abrimos la nueva web http://www.consultasdeherencia.es que estará vinculada con www.abogadosquevedo.es respecto a la materia sucesoria. Esperamos que sea de vuestro interés.

El plazo para declaración de bienes y derechos situados en el extranjero finaliza el 31 de marzo.

El plazo para la presentación del modelo 720 relativo a la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero finaliza el 31 de marzo.

A continuación le informamos de manera detallada sobre el contenido de esta obligación por si estuviera en alguno de los supuestos que conlleve la obligación de presentar el modelo 720.

Deberá suministrarse a la Administración Tributaria información sobre los siguientes activos:

Obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.

Establece la Ley la obligación de informar sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición.

La información se refiere a money-209090_640cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito y cualesquiera otras cuentas o depósitos dinerarios con independencia de la modalidad o denominación que adopten y de que exista o no retribución.

La información a suministrar a la Administración tributaria comprenderá:

  1.  La razón social o denominación completa de la entidad bancaria o de crédito así como su domicilio.
  2.  La identificación completa de las cuentas.
  3.  La fecha de apertura o cancelación, o, en su caso, las fechas de concesión y revocación de la autorización.
  4. Los saldos de las cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año.

Quedarán exceptuadas de la obligación de información las siguientes cuentas:

  • Aquéllas de las que sean titulares personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, establecimientos permanentes en España de no residentes, registradas en su contabilidad de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas.
  • Aquéllas de las que sean titulares las personas físicas residentes en territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, registradas en dicha documentación contable de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas.
  • Aquéllas de las que sean titulares personas físicas, jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, abiertas en establecimientos en el extranjero de entidades de crédito domiciliadas en España, que deban ser objeto de declaración por dichas entidades conforme a lo previsto en el artículo 37 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, siempre que hubieran podido ser declaradas conforme a la normativa del país donde esté situada la cuenta.
  • No hay obligación de informar sobre ninguna cuenta cuando los saldos a 31 de diciembre no superen, conjuntamente, los 50.000 euros, y la misma circunstancia concurra en relación con los saldos medios del cuarto trimestre. De superarse conjuntamente los límites anteriores hay que informar sobre todas las cuentas.

Obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero.

Se deberá informar sobre cualesquiera títulos, notario-917149_640activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero.

La información comprende los siguientes valores:

i) Los valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica.

ii) Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios.

iii) Los valores aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y “trusts” o masas patrimoniales que, no obstante carecer de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico.

(iv) Acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de IIC situadas en el extranjero de las que sean titulares o tengan la consideración de titular real).

(v) Seguros de vida o invalidez cuando la entidad aseguradora se encuentre situada en el extranjero.

(vi) Rentas temporales o vitalicias como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, de derechos de contenido económico o de bienes muebles o inmuebles, a entidades situadas en el extranjero.

La declaración informativa contendrá los siguientes datos:

a) Tratándose de valores:

(i) Razón social o denominación completa de la entidad jurídica, del tercero cesionario o identificación del instrumento o relación jurídica, según corresponda, así como su domicilio.

(ii) Saldo a 31 de diciembre de cada año, de los valores y derechos representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas.

La información comprenderá el número y clase de acciones y participaciones de las que se sea titular, así como su valor.

(iii) Saldo a 31 de diciembre de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios.

La información comprenderá el número y clase de valores de los que se sea titular, así como su valor.

(iv) Saldo a 31 de diciembre de los valores aportados al instrumento jurídico correspondiente.

La información comprenderá el número y clase de valores aportados, así como su valor.

b) Tratándose de las acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva:

  1. Razón social o denominación completa de la institución de inversión colectiva y su domicilio.
  2. El número y clase de acciones y participaciones y, en su caso, compartimiento al que pertenezcan.
  3. Su valor liquidativo a 31 de diciembre.

c) Tratándose de seguros de vida o invalidez:

  1. Entidad aseguradora, razón social o denominación y domicilio
  2. Valor de rescate a 31 de diciembre

d) Tratándose de rentas temporales money-515820_640o vitalicias de las que sean beneficiarios a 31 de diciembre, como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, de derechos de contenido económico o de bienes muebles o inmuebles a entidades situadas en el extranjero:

  1. 1. Entidad aseguradora, razón social o denominación y domicilio

2. Valor de capitalización a 31 de diciembre

Estarán excluidos de la obligación de información los siguientes casos:

  • Cuando sea una persona jurídica o entidad residente en territorio español o si es un establecimiento permanente en España de no residentes, que lleven de forma individualizada en su contabilidad los valores, derechos, seguros y rentas.
  • Si los valores, según proceda en cada caso, no superan, conjuntamente, 50.000 €. Si se superara dicha cantidad (límite conjunto) se deberá informarse sobre todos los títulos, activos, valores, derechos, seguros o rentas.

Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero.

La declaración informativa contendrá los siguientes datos:

  1. Identificación del inmueble con especificación, sucinta, de su tipología, según se determine en la correspondiente orden ministerial.
  2. Situación del inmueble: país o territorio en que se encuentre situado, localidad, calle y número.
  3. Fecha de adquisición.
  4. Valor de adquisición.

En caso de titularidad de derechoshome-589068_640 sobre bienes inmuebles situados en el extranjero adquiridos en virtud de contratos de multipropiedad, además de la información anterior, deberá indicarse la fecha de adquisición de dichos derechos y su valor a 31 de diciembre (según las reglas de valoración establecidas en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio).

En caso de titularidad de derechos reales de uso o disfrute y nuda propiedad sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, además de la información señalada en los apartados a) y b), deberá indicarse la fecha de adquisición de dicha titularidad y su valor a 31 de diciembre (según las reglas de valoración establecidas en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio).

Quedarán excluidos de la obligación de información:

  • Aquéllos de los que sean titulares personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, así como establecimientos permanentes en España de no residentes, registrados en su contabilidad de forma individualizada y suficientemente identificados.
  • Aquéllos de los que sean titulares las personas físicas residentes en territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, registrados en dicha documentación contable de forma individualizada y suficientemente identificados.
  • No existirá obligación de informar sobre ningún inmueble o derecho sobre bien inmueble cuando los valores a que se refieren los apartados 2.d), 3 y 4 no superasen, conjuntamente, los 50.000 euros. En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todos los inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles.

ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN

La obligación de suministrar20140919_160252 información se extiende tanto a quienes ostenten la titularidad jurídica de los bienes objeto de la misma, como a quienes tengan la consideración de titulares reales (de acuerdo con el apartado 2 del art. 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo). Según la LPBC:

“A los efectos de la presente Ley, se entenderá por titular real:

  1. a) La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones.
  2. b) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes.
  3. c) La persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 25 por ciento o más de los bienes de un instrumento o persona jurídicos que administre o distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la persona o instrumento jurídicos.”

Sujetos obligados a presentar la declaración informativa (RD 1558/2012, de 15 de noviembre):

  • Personas físicas y jurídicas residentes en territorio español.
  • Los titulares, representantes, autorizados, o beneficiarios de cuentas financieras situadas en el extranjero, o quienes hayan tenido poderes de disposición sobre las mismas, o quienes hayan sido titulares reales en cualquier momento del año al que hace referencia la declaración.
  • Los titulares o quienes hayan tenido la condición de titulares reales de valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos en el extranjero en cualquier momento del año al que hace referencia la declaración y que hayan perdido tal condición a 31 de diciembre de ese año.
  • Los titulares o quienes hayan tenido la condición de titulares reales de bienes inmuebles o derechos sobre los mismos en cualquier momento del año al que hace referencia la declaración y que haya perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año.

Si en el año 2015, 2014 o 2013 hubiera presentado el modelo 720 correspondiente al año 2014, 2013 o 2012, le recordamos que no existe obligación de presentación en 2016, respecto al año 2015, en los siguientes supuestos:

  • En caso de obligación de información sobre cuentas en entidades financieras en el extranjero, no existe obligación de presentación en años sucesivos excepto cuando cualquiera de los saldos conjuntos de 50.000 €, hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 € respecto de los que determinaron la presentación de la última declaración.
  • Tratándose de la Obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero, no existe obligación de presentación en años sucesivos excepto cuando el valor conjunto de 50.000 € se hubiese incrementado más de 20.000 € respecto del que determinó la presentación de la última declaración.
  • Respecto de la obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, no habrá obligación de presentar declaración en años sucesivos excepto cuando el valor conjunto de 50.000 € se hubiese incrementado más de 20.000 € respecto del que determinó la presentación de la última declaración.

En todo caso se mantendría la obligación de presentación en el supuesto de que habiéndose declarado en 2015, 2014 o 2013 la información relativa al 2014, 2013 o 2012 se hubiesen transmitido bienes o cancelado alguno de los bienes declarados.

Si estuviera interesado en recibir asesoramiento personalizado al respecto no tiene más que ponerse en contacto con nosotros.call-15924__180

Retribución del Administrador con la última modificación de la Ley de sociedades de capital

La Ley 31/2014 de modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo surge con el objetivo de dotar de transparencia a la remuneración del gobierno corporativo de las sociedades de capital y evitar el conflicto de interés. Es cierto que la nueva Ley dota de autonomía a los Consejos para fijar la remuneración de consejeros delegados y ejecutivos, así como impone una serie de requisitos formales a la hora de remunerar dichos cargos ejecutivos, pero no ha servido para zanjar los temas más controvertidos respecto a la retribución de los Administradores.

La nueva Ley mantiene la general del cargo gratuito de los administradores si se establece así en Estatutos o no se establece expresamente que es remunerado y el sistema de remuneración, según las disposiciones que lo regulan.

checkbook-688352_640Como novedad se incluyen las dietas de asistencia como forma de remuneración (si las hay, el cargo debe ser retribuido), aunque no incluye las dietas por desplazamientos. La distribución de la remuneración entre consejeros se atribuye a la Junta general pero, si no lo determina, dicha función corresponderá a los propios administradores o al Consejo de Administración.

Respecto a los cargos de Consejero se establecen dos tipos de remuneraciones:

1. Las propias del cargo de consejero (funciones de control, supervisión, deliberación y vigilancia) o del administrador (además de las anteriores, incluiría la gestión), donde la remuneración precisa de reserva estatutaria y aprobación por la Junta.

 2. Las de los consejeros delegados o apoderados (con funciones ejecutivas o de gestión), cuya remuneración corresponde al Consejo. No tienen porqué venir contempladas en los Estatutos sino por vía de acuerdo de Consejo, aunque en las sociedades limitadas deben ser ratificadas por la Junta General. Sí deberán ser incluidas en un contrato (no dice la naturaleza), que incluirá salario, primas,… e incluso la indemnización por cese.

Teniendo en cuenta que ya se han debido de reunir las Juntas y los Consejos para la presentación y aprobación de cuentas anuales, deberían revisarse y ratificarse o modificar los regímenes de retribución de los Administradores.

Estas novedades chocan con la teoría del vínculo, que deberá ser de nuevo revisada por la jurisprudencia, de forma que el Administrador retribuido por su cargo, si en principio se ve por la vis atractiva de dicha retribución, puede seguir siendo retribuido por otros conceptos, pero sigue soportando la carga de probar ante la Administración que cualquier otra retribución no incluida en estatutos tiene carácter laboral por razón del trabajo que realiza como uno más de los trabajadores en la empresa.

reforma_concursalDe esta forma el administrador podrá percibir retribuciones por la realización de servicios o trabajos distintos de los inherentes a su condición de administrador, sea o no el cargo retribuido, pero deberá constar así en los Estatutos y poder demostrar la diferenciación del carácter de la retribución.

No obstante hay sentencias que establecen que al tratarse de un administrador, no puede concurrir con la condición de alta dirección y en consecuencia lo pactado como indemnizaciones para el caso de resolución del contrato de alta dirección (cláusulas de blindaje) puede considerarse nulo. El contrato de alta dirección puede además no aceptarse al considerase absorbido por el cargo de administrador, por lo que la la retribución percibida podría no ser deducible. A su vez, el encuadramiento del administrador en la Seguridad Social dependerá de si ostenta o no funciones de gerencia o dirección, y de si es socio o no de la sociedad y su porcentaje de participación en la misma, etcétera.

Como se puede apreciar la retribución de los administradores continúa siendo una cuestión jurídica compleja que no acaba de estar suficientemente clara, lo que genera una situación de inseguridad jurídica. Hay que estar a normativa aplicable y a la jurisprudencia de los Tribunales las resoluciones de la DGNR, resoluciones DGT y a la nueva LIS para cumplir con todos los requisitos legales, aplicar las oportunas retenciones y lograr la deducibilidad de las retribuciones existentes.

A través de nuestra web podrá contactar con un equipo de abogados expertos en derecho mercantil con gran experiencia que sabrán tratar cualquier asunto relacionado con las sociedades y los Administradores. Puede concertar una cita con uno de nuestros abogados en su despacho, donde le informará de todos las cuestiones a tener en cuenta a la hora de establecer una retribución.

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Nota: El contenido de esta página tiene carácter meramente informativo, por lo que en cualquier caso habrá que estar a lo dispuesto para cada caso concreto en la normativa vigente.