Archivo de la etiqueta: penal

CALENDARIO DE DIAS INHABILES EN 2017 A EFECTOS DEL CÓMPUTO DE PLAZO

El 30 de Diciembre se ha publicado el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2017 a efectos del cómputo de plazos.

La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, que deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.

La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.

Ponemos a vuestra disposición el texto del BOE 315/2016, de 30 de diciembre de 2016, que puedes descargarte accediendo al siguiente ENLACE.

Para evitar confusiones nos parece interesante diferenciar entre la existencia de plazos en diversos ámbitos del Derecho para no equivocarse a la hora de realizar un cómputo y por cuanto a que es muy dispar la normativa que los regula:

– Ámbito de la Administración (LPAC): Estos son los que regula el texto a que hacemos referencia. En vía administrativa, el mes de agosto se considera mes hábil. Quedan a salvo los sábados, domingos y festivos, como el resto del año, tal y como establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que se consideran inhábiles. Los días hábiles suelen coincidir con el régimen de jornada y horarios de las Administraciones para la realización de gestiones, consultas, presentación de documentos en registro, etcétera, aunque no es preceptivo. Es importante tener en cuenta que a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015 (a partir del 2 de octubre de 2016) los sábados se consideran también días inhábiles a efectos del cómputo de plazos de carácter administrativo.

Cómputo: cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales se hará constar esta circunstancia expresamente en la norma o en las correspondientes notificaciones. Los plazos expresados en días meses o años se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Asimismo hay que tener en cuenta que para calcular el plazo para el pago de tasas e impuestos, como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos determinados (ITPYAJD), el impuesto de sucesiones y donaciones (ISD), el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) o plusvalía municipal, etcétera, los días del mes de agosto sí que se computan.

– Plazos a efectos civiles (CÓDIGO CIVIL).- Establecidos para el cumplimiento de obligaciones y contratos, también aplicable al ámbito mercantil y a la prescripción y caducidad de las acciones (pago, reclamación de cantidad, nulidad, etcétera).

En el cómputo civil de los plazos se tienen en cuenta los días naturales, siempre que no se establezca otra cosa, por lo que no se excluyen los días inhábiles. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.

– Plazos procesales o judiciales, con carácter general (LOPJ Y LEC).- A efectos de presentar escritos de oposición, recursos, contestación a diligencias, etcétera, en el orden civil y mercantil, Ley son inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma o localidad. Serán también inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales de ámbito civil, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones. Los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en la LEC y el Código Civil. En los señalados por días quedarán excluidos los inhábiles y si el último día de plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

En la jurisdicción Contencioso-administrativa, como norma general durante el mes de agosto tampoco correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro plazo de los previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, a excepción del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto para la instrucción de las causas criminales, ya que todos los días son hábiles (ver Ley de Enjuiciamiento Criminal) y ciertos procedimientos de jurisdicción social, es decir, conflictos de carácter laboral (ver Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social).

Según todo lo anterior son días inhábiles con carácter general en el ámbito de la Administración para el cómputo de plazos durante el 2017:

  1. a) En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no ha ejercido la facultad de sustitución.
  2. b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos.
  3. c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles.

Los días inhábiles de 2017 a que se refieren los puntos a) y b) que no coinciden con sábado o domingo se recogen, se especifican por meses y por Comunidades Autónomas, y se pueden consultar en el anexo adjunto.

ENERO.- Día 2: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Murcia, Ciudad de Melilla. Día 6: FESTIVO NACIONAL.

FEBRERO.- Día 28: Andalucía.

MARZO.- Día 1: Illes Balears. Día 20: Extremadura, Madrid.

ABRIL.- Día 13: Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla. Día 14: FESTIVO NACIONAL. Día 17: Illes Balears, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, La Rioja. Día 24: Aragón, Castilla y León.

MAYO.- Día 1: FESTIVO NACIONAL. Día 2: Madrid. Día 17: Galicia. Día 30: Canarias. Día 31: Castilla-La Mancha.

JUNIO.- Día 9: Murcia, La Rioja. Día 15: Castilla-La Mancha.

JULIO.- Día 25: Galicia, Navarra, País Vasco. Día 28: Cantabria.

AGOSTO.- Día 15: FESTIVO NACIONAL.

SEPTIEMBRE.- Día 1: Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla. Día 8: Asturias y Extremadura. Día 11: Cataluña. Día 15: Cantabria.

OCTUBRE.- Día 9: Comunidad Valenciana. Día 12: FESTIVO NACIONAL.

NOVIEMBRE.- Día 1: FESTIVO NACIONAL.

DICIEMBRE.- Día 6: FESTIVO NACIONAL. Día 8: FESTIVO NACIONAL. Día 25: FESTIVO NACIONAL. Día 26: Cataluña.

Para mayor claridad se puede acceder al anexo normativo con pinchando en el siguiente enlace al CALENDARIO DE LOS DIAS INHABILES en 2017 a efectos de ¡k cómputo de los plazos administrativos.

Si tienes alguna deuda que entiendes prescrita o algún derecho que puede prescribir si no lo demandas,  tienes créditos pendientes de pago y no acaban de abonarte, tienes alguna duda en relación a los plazos para contestar una demanda o presentar un recurso, consulta en materia de prescripción de obligaciones y deudas o cualquier otro tipo de cuestión jurídica en relación a los plazos civiles o procesales en www.abogadosquevedo.es podemos asesorarte. Pide cita en los teléfonos de referencia o a través de correo electrónico de nuestra página de contacto.

 

 

Computo de los plazos durante el mes de agosto

A la hora de examinar si computan los días del mes de agosto para calcular los plazos administrativos y procesales  hay que atender a las normas establecidas según los distintos órdenes jurisdiccionales:

– Orden civil y mercantil: Serán inhábiles a efectos procesales los días del mes de agosto. También lo son los sábados y domingos, y los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad.

justicia

No obstante lo anterior, de oficio o a instancia de parte, los Tribunales podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, cuya demora pueda causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia, o provocar la ineficacia de una resolución judicial. Durante el mes de AGOSTO también se registrarán, repartirán y remitirán a los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil de Madrid, aquellas  demandas, exhortos y escritos civiles y mercantiles respecto de los cuales la Ley Establezca expresamente que pueda practicarse alguna actuación judicial y aquellas otras en las que, justificadamente, se manifiesten las razones de urgencia que motiven su presentación en el mes de agosto, indicándolo claramente y en el encabezamiento de la demanda o escrito.

– Administrativo: En vía administrativa, el mes de agosto se considera mes hábil, salvo los domingos y festivos, tal y como establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo hay que tener en cuenta que para calcular el plazo para el pago de tasas e impuestos, como el ITPYAJD, el impuesto de sucesiones y donaciones, la plusvalía municipal, etcétera, los días del mes de agosto se computan.

En la Contencioso-administrativa, como norma general durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro plazo de los previstos en la referida Ley, a excepción del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil.

Asimismo en casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional que habilite los días inhábiles en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales o en el incidente de suspensión o de adopción de otras medidas cautelares. El Juez o Tribunal oirá a las demás partes y resolverá por auto en el plazo de tres días, acordando en todo caso la habilitación cuando su denegación pudiera causar perjuicios irreversibles.

– Orden social:judge-146626_1280

Los días del mes de agosto en la jurisdicción social serán inhábiles, a excepción de los siguientes procedimientos:

  • Modalidades procesales de despido.
  • Extinción del contrato de trabajo.
  • Movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
  • Suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
  • Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
  • Impugnación de altas médicas.
  • Vacaciones.
  • Materia electoral.
  • Conflictos colectivos.
  • Impugnación de convenios colectivos y tutela de derechos fundamentales y libertades públicas.
  • Adopción de actos preparatorios, medidas precautorias y medidas cautelares, en particular en materia de prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
  • Ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

En el orden Penal: Hay que diferenciar los plazos en función de la fase del procedimiento en que se esté:

handcuffs-921290_1920– Para la fase instrucción de las causas criminales, interposición y resolución de recursos relativos a sesta fase,  todos los días del año y todas las horas serán hábiles sin necesidad de habilitación especial. También en el ámbito penitenciario serán todos los días del año hábiles. – En los juicios rápidos y juicios por delitos leves (antiguas faltas) se celebrarán vistas en agosto durante el servicio de guarda, porque son hábiles todos los días y horas del año. En cambio, los señalamientos fuera del servicio de guardia deberán tener lugar en día y hora hábiles. El Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ha declarado que el mes de agosto es hábil a efectos de señalamiento de juicios rápidos ha sido confirmada por la STS, Sala 3.ª, de 12 de mayo de 2006, así como para la interposición del recurso de apelación contra una sentencia dictada en un juicio rápido.

En el resto de asuntos penales el mes de agosto se considerará inhábil, pero hay que interpretarlo con carácter restrictivo. heat-149937_1280

Para más información sobre los plazos puede consultar con nuestros profesionales a través de los datos de contacto de la web.

Delitos aplicables a la responsabilidad penal de las personas jurídicas

La responsabilidad penal es exigible a las personas jurídicas respecto de los delitos tasados que están expresamente declarados en las disposiciones del Libro II del Código Penal, que según la última reforma efectuada por la LO 1/2.015, de 30 de marzo son los siguientes:

  • delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos (art. 156 bis CP)
  • delito de trata de seres humanos (art. 177 bis CP)
  • delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores (arts. 187 a 189 CP)
  • delito de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 CP)
  • delitos de estafa (arts. 248 a 251 CP)
  • delitos de insolvencia punible (arts. 257 a 261 CP)
  • delito de daños informáticos (art. 264 CP)
  • delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (arts. 270 a 288 CP)
  • delito de blanqueo de capitales (art. 302 CP)
  • delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 CP)
  • delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (art. 318 bis CP)
  • delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319 CP)
  • delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 325 CP)
  • delito de establecimiento de depósitos o vertederos tóxicos (art. 328 CP)
  • delito relativo a las radiaciones ionizantes (art. 343 CP)
  • delito de estragos (art. 348 CP)
  • delitos de tráfico de drogas (arts. 368 y 369 CP)
  • delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP)
  • delitos de cohecho (arts. 419 a 427 CP)
  • delitos de tráfico de influencias (arts. 428 a 430 CP)
  • delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (art. 445 CP)
  • delito de captación de fondos para el terrorismo (art. 576 bis CP).

Los administradoresprison-142141_640 de hecho o de derecho responderán penalmente de los delitos societarios, delitos contra los derechos de los trabajadores y delitos contra la salud pública (en virtud de los artículos 294, 318, 368 y 369 bis del Código penal). El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.

La reforma llevó a cabo una mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del «debido control», cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal.

Con ello desesperadose aclararon las dudas interpretativas que había planteado la anterior regulación, que desde algunos sectores había sido interpretada como un régimen de responsabilidad vicarial, y se asumieron ciertas recomendaciones que en ese sentido habían sido realizadas por algunas organizaciones internacionales.

En todo caso, el alcance de las obligaciones que conlleva ese deber de control se condiciona, de modo general, a las dimensiones de la persona jurídica.

Asimismo con la reforma se extiende el régimen de responsabilidad penal a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

Puede consultar nuestros últimos artículos sobre este tema:

La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Si estuviera interesado en recibir asesoramiento personalizado al respecto no tiene más que ponerse en contacto con nosotros.information-1027303_1920

La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Novedades en el régimen de responsabilidad penal de las empresas

Antecedentes:

La Ley 31/2014, de  3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, vigente desde el 1 de enero de 2015, amplió el régimen de responsabilidad en materia de gestión, control y prevención del cumplimiento del marco legal de las empresas y los posibles riesgos penales y fiscales de los Administradores, especialmente en cuanto a lo que se refiere a los Consejeros, ejecutivos y directivos.

20140703_183425La Ley Orgánica 1/2015,  en vigor desde el pasado 1 de julio de 2015 reformó el Código penal (LO 10/1995) en varias materias, destacando entre ellas el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducido por primera vez en España en diciembre de 2010.

Las novedades más destacables tras la promulgación de dicha norma fueron las siguientes:

– Se modifica el régimen general de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

– Se obliga en la práctica a las empresas a plantearse un estudio de las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos delitos, estableciendo un modelo de organización y gestión que incluya procedimientos de actuación y vigilancia para la prevención de delitos.

– Se extiende la responsabilidad penal personal, además de a los Administradores y Consejeros  nombrados, a los administradores de hecho (Directivos y apoderados).

– Se regulan las circunstancias atenuantes legal-1143114_1920y agravantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

– Se regulan los delitos aplicables a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En todo caso, el alcance de las obligaciones que conlleva el deber de vigilancia y control se condiciona, de modo general, a las dimensiones de la persona jurídica.

Las penas aplicables a las personas jurídicas pueden ser las siguientes: sanciones económicas, disolución de la persona jurídica, suspensión de sus actividades, clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años, prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social e incluso la intervención judicial.

La fiscalía general del Estado ya concretó en la circular detective-1424831_12801/2016 los procedimientos que habría que aplicar para valorar la eficacia de los planes de compliance en las empresas tras la reforma y que se configuran como una eximente de la responsabilidad penal.

Novedades:

Recientemente ha obtenido firmeza la primera condena por responsabilidad penal de personas jurídicas por parte del Tribunal Supremo, lo que nos ofrece por primera vez una interpretación judicial fiable sobre las pautas a seguir por empresas e instituciones en materia de cumplimiento normativo si quieren evitar ser condenadas y, básicamente, es que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos. Se consolidan según lo anterior los deberes de implantación, supervisión, vigilancia y control del plan de prevención de delitos por parte de los órganos de administración, que podrán delegar dichas obligaciones en un Compliance Officer, un responsable del cumplimiento del programa de prevención de delitos que se nombrará bien dentro de la barbed-wire-960248_1920estructura orgánica de la empresa o a través de la contratación de profesionales externos que se encarguen de desarrollar los planes para identificar, prevenir y mitigar los potenciales riesgos de la empresa. A raíz de lo anterior se está generalizando la implantación de planes de prevención de delitos y el nombramiento de responsables del cumplimiento legal por parte de un gran número de empresas.

A colación con lo anterior aprovechamos este correo para recordar la obligación que tienen las sociedades, asociaciones, fundaciones, empresarios y profesionales de cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, de 13 de diciembre (LOPD).usb-stick-147812_1280

Si precisa más información al respecto no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Modificaciones del Código Penal en el ámbito social

       

Modificaciones del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la seguridad social

La Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social establece las siguientes modificaciones con trascendencia en el ámbito social:

Responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31.bis 5 CP)

Se incluye a los partidos políticos y sindicatos dentro del régimen general de responsabilidad de las personas jurídicas. Tendrán responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrollas por su cuenta y en su beneficio, por sus representantes legales y administradores, o por los sometidos a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control adecuado sobre los mismos.

Delitos contra la Seguridad Social (art. 307 y 307 Bis CP)

Tipo básico (artículo 307 CP)

– Se considera delito la defraudación de una cantidad superior a 50.000 euros en 4 años naturales. Se disminuye considerablemente la cuantía típica que, hasta ahora, se situaba en 120.000 euros en un año natural.

Se añade como pena accesoria la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 3 a 6 años.

Subtipo agravado (artículo 307 bis CP)

Siempre que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

– Cuantía de la cuota defraudada superior de 120.000 euros;

– La defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.

– La utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.

En estos casos las penas son prisión de 2 a 6 años, multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada, y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayuda públicas o de disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante de 4 a 8 años.

El plazo de prescripción del delito es de 10 años.

Regularización

La regularización de la conducta de defraudación se produce cuando se haya procedido por el obligado frente a la Seguridad Social al completo reconocimiento y pago de la deuda antes de la notificación de las actuaciones inspectoras o en su caso de que se interponga querella o denuncia contra aquél.

La regularización impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.

Fraude de prestaciones de la Seguridad Social (artículo 307 ter CP)

Tipo básico

Se considera delito a quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública.

Subtipo agravado

Siempre que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

– El valor de las prestaciones fuera superior a 50.000 euros.

– La defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.

– La utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación de la identidad del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.

Se excluye la imposición de la pena de la si se restituye el importe de las prestaciones indebidamente percibidas, incrementado con el interés anual aumentado en dos puntos antes de conocer la iniciación de actuaciones inspectoras o del procedimiento penal.

Delito contra los derechos de los trabajadores (art. 311 CP)

Se castiga con penas de prisión de 6 meses a 6 años y multa de 6 a 12 meses a quienes den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de trabajadores de la empresa o mas de centro de trabajo afectados sea al menos de:

– Empresas o centros de trabajo de más de 100 trabajadores: 25%.

– Empresas o centros de trabajo de más de 10 y no más de 100 trabajadores: 50%.

– Empresas o centros de trabajo de más de 5 trabajadores y no más de 10: la totalidad de la plantilla.

Fuente: novedadesquantor- www.elderecho.com