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Tasas judiciales para las Pymes: El Tribunal Constitucional declara la inconstitucional de la Ley de tasas judiciales

El Tribunal Constitucional declara la inconstitucional parcial de la Ley de tasas judiciales.

En reciente Sentencia con fecha de 21 de julio de 2016 el TC ha declarado nulas la gran mayoría de las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Concretamente declara la inconstitucionalidad y nulidad en los distintos incisos que prevén, de manera separada, las cuotas fijas del art. 7, apartado 1 y se declara la nulidad de la cuota variable para las personas jurídicas recogida en el apartado 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.

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En la práctica esto supone lo siguiente:

– La desaparición total de las Tasas Judiciales en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y social, tanto en la instancia como para la interposición de los recursos.

– En el orden civil se mantiene a vigencia de la cuota fija de la Tasa Judicial en la instancia, es decir, para la iniciación de los Juicios Verbal, Cambiario, Ordinario, Monitorio, Demanda Incidental en proceso concursal, Ejecutivo extrajudicial, oposición al Ejecutivo Judicial y Concurso necesario. No obstante se deroga la cuota fija de la Tasa Judicial para los recursos de apelación, casación y extraordinario por infracción procesal.

– Se deroga totalmente la cuota variable (escalado) de la Tasa Judicial.

No obstante mantiene las tasas en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social a las personas jurídicas, por entender que no vulneran el principio de gratuidad.

Dicha sentencia supone en parte un triunfo para el conjunto de la abogacía que viene desde hace años denunciando que atenta contra los derechos fundamentales de justicia universal y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Realmente entendemos que la cuantía excesiva de las tasas producía diversas vulneraciones constitucionales, primordialmente la de los derechos fundamentales de acceso a la jurisdicción y al recurso (art. 24.1 CE), así como también la del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) y la de los principios tributarios de capacidad económica y progresividad en materia tributaria (art. 31 CE).

Lamentamos por ello profundamente que piggy-bank-1510525_1920tras la derogación de las tasas judiciales para los ciudadanos en febrero de 2015 y la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 10/2012 no se haya proceda a la devolución de las tasas cobradas, ya que el dinero recaudado -en contra de lo comprometido por el Gobierno en su momento- no se ha destinado a mejorar el servicio público de la Justicia Gratuita.

No procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso según el art. 244 Constitución Española de 1978, deviniendo con ello firme la liquidación del tributo. Sin prescindir del perjuicio que tal devolución reportaría a la hacienda pública, resulta relevante tener en cuenta a estos efectos que la tasa no se declara inconstitucional simplemente por su cuantía, tomada ésta en abstracto. Por el contrario, hemos apreciado que dichas tasas son contrarias al art.24.1 Constitución Española de 1978 porque lo elevado de esa cuantía acarrea, en concreto, un impedimento injustificado para el acceso a la Justicia en sus distintos niveles. Tal situación no puede predicarse de quienes han pagado la tasa logrando impetrar la potestad jurisdiccional que solicitaban, es decir, no se ha producido una lesión del derecho fundamental mencionado, que deba repararse mediante la devolución del importe pagado.

En relación a las tasas, a juicio de la Dirección General de Tributos, el Tribunal descarta la devolución de las cantidades ya pagadas por los sujetos pasivos, tanto en procedimientos finalizados por resolución firme como en procesos no finalizados en los que el abono de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no fue acompañado por su impugnación por los motivos que la Sentencia señala.

En consecuencia, entiende el Centro Directivo que en los procedimientos interpuestos antes de la fecha de publicación de la Sentencia en los que no se ha interpuesto aún la demanda -supuesto de devengo de la tasa conforme al artículo 5 de la Ley 10/2012- no procederá realizar su pago en los supuestos declarados nulos. En aquellos en que hubiera sido requerido el obligado tributario para dicho pago y estuviese pendiente su abono, no obstante haberse devengado la tasa, el actor no vendría obligado a su pago, en tanto en cuanto su exigibilidad para los concretos supuestos de nulidad ha quedado anulada por el Tribunal.

Podemos informarle sobre el importe de las tasas que va a costarle si piensa interponer una demanda o recurso. Podemos también asesorarle en el asunto y darle nuestra opinión para que decida si le conviene litigar. Puede solicitar una cita o contactar con nosotros a través de los datos facilitados en la página de contacto de nuestra web o pinchando en el siguiente enlace:  www.abogadosquevedo.es

Doctrina fiscal: ¿como tributan los dividendos de un plan de pensiones extranjero?

La Dirección General de Tributos le reconoce el derecho a un extranjero, residente en Gran Bretaña, de beneficiarse del procedimiento de devolución rápida para hacer efectiva la exclusión de retenciones de la fuente española de la renta proveniente de dividendos derivados de un plan de pensiones.

Según reciente Consulta vinculante que ha sido publicada por la DGT en el ejercicio de su competencia de interpretación de la normativa del régimen tributario general y de las figuras tributarias no atribuidas expresamente a otros órganos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha determinado que cuando el contribuyente cumple con los presupuestos de hecho que le permitirían acogerse a la exención de los dividendos tanto con arreglo a la normativa interna como por aplicación del Convenio entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hechos en Londres el 14 de marzo de 2013, teniendo en cuenta la prevalencia de este último sobre las disposiciones de la normativa interna, y dado que el contribuyente ha acreditado su derecho a acogerse al CDI mediante la presentación del certificado de residencia fiscal en Reino Unido, puede acogerse a la exención prevista en el CDI España-Reino Unido art.10.2.bii, y por aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, art.31.4.a, en relación con los dividendos obtenidos en España, este tiene derecho a beneficiarse del procedimiento de devolución rápida para hacer efectiva la exclusión de retenciones de fuente española.

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Computo de los plazos durante el mes de agosto

A la hora de examinar si computan los días del mes de agosto para calcular los plazos administrativos y procesales  hay que atender a las normas establecidas según los distintos órdenes jurisdiccionales:

– Orden civil y mercantil: Serán inhábiles a efectos procesales los días del mes de agosto. También lo son los sábados y domingos, y los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad.

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No obstante lo anterior, de oficio o a instancia de parte, los Tribunales podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, cuya demora pueda causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia, o provocar la ineficacia de una resolución judicial. Durante el mes de AGOSTO también se registrarán, repartirán y remitirán a los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil de Madrid, aquellas  demandas, exhortos y escritos civiles y mercantiles respecto de los cuales la Ley Establezca expresamente que pueda practicarse alguna actuación judicial y aquellas otras en las que, justificadamente, se manifiesten las razones de urgencia que motiven su presentación en el mes de agosto, indicándolo claramente y en el encabezamiento de la demanda o escrito.

– Administrativo: En vía administrativa, el mes de agosto se considera mes hábil, salvo los domingos y festivos, tal y como establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo hay que tener en cuenta que para calcular el plazo para el pago de tasas e impuestos, como el ITPYAJD, el impuesto de sucesiones y donaciones, la plusvalía municipal, etcétera, los días del mes de agosto se computan.

En la Contencioso-administrativa, como norma general durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro plazo de los previstos en la referida Ley, a excepción del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil.

Asimismo en casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional que habilite los días inhábiles en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales o en el incidente de suspensión o de adopción de otras medidas cautelares. El Juez o Tribunal oirá a las demás partes y resolverá por auto en el plazo de tres días, acordando en todo caso la habilitación cuando su denegación pudiera causar perjuicios irreversibles.

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Los días del mes de agosto en la jurisdicción social serán inhábiles, a excepción de los siguientes procedimientos:

  • Modalidades procesales de despido.
  • Extinción del contrato de trabajo.
  • Movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
  • Suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
  • Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
  • Impugnación de altas médicas.
  • Vacaciones.
  • Materia electoral.
  • Conflictos colectivos.
  • Impugnación de convenios colectivos y tutela de derechos fundamentales y libertades públicas.
  • Adopción de actos preparatorios, medidas precautorias y medidas cautelares, en particular en materia de prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
  • Ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

En el orden Penal: Hay que diferenciar los plazos en función de la fase del procedimiento en que se esté:

handcuffs-921290_1920– Para la fase instrucción de las causas criminales, interposición y resolución de recursos relativos a sesta fase,  todos los días del año y todas las horas serán hábiles sin necesidad de habilitación especial. También en el ámbito penitenciario serán todos los días del año hábiles. – En los juicios rápidos y juicios por delitos leves (antiguas faltas) se celebrarán vistas en agosto durante el servicio de guarda, porque son hábiles todos los días y horas del año. En cambio, los señalamientos fuera del servicio de guardia deberán tener lugar en día y hora hábiles. El Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ha declarado que el mes de agosto es hábil a efectos de señalamiento de juicios rápidos ha sido confirmada por la STS, Sala 3.ª, de 12 de mayo de 2006, así como para la interposición del recurso de apelación contra una sentencia dictada en un juicio rápido.

En el resto de asuntos penales el mes de agosto se considerará inhábil, pero hay que interpretarlo con carácter restrictivo. heat-149937_1280

Para más información sobre los plazos puede consultar con nuestros profesionales a través de los datos de contacto de la web.

Nueva sentencia que anula la resolución municipal que denegó la devolución del ingreso indebido de la plusvalía municipal.

Una nueva Sentencia viene a confirmar la doctrina seguida por la mayoría de los Juzgados y Tribunales que están ventilando los recursos y reclamaciones de devolución por pagos indebidos de plusvalía cuando no ha existido incremento de valor de los terrenos entre la fecha de adquisición y la fecha de transmisión.

En este caso, aunque se trata de jurisprudencia menor, se entiende no realizado el hecho imponible que es el elemento principal gravado por lo que no procederá la liquidación por el impuesto de plus-valía municipal.

Así lo entiende una Sentencia reciente, esta vez dictada por el TSJ La Rioja (Logroño), que afirma que lo que se grava el impuesto es el incremento del valor del terreno, el cual, además, se debe poner de manifiesto con ocasión de una transmisión. 

En el recurso la parte actora sostiene, que no se ha producido el hecho imponible del IIVTNU, definido en los artículos 104.1 TRLHL y 2.1 de la Ordenanza Fiscal nº 5, y que por lo tanto la transmisión no se encuentra sujeta a este impuesto, sin que en consecuencia proceda descender a aplicar las normas sobre la base imponible porque toda vez que el hecho imponible constituye el presupuesto fijado por la ley para configurar el IIVTNU, y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria (artículo 20.1 LGT), lo que venimos defendiendo los profesionales de este despacho, y que, en el caso del IIVTNU, la ausencia de un incremento real de valor del suelo determina la inexistencia de hecho imponible y, por lo tanto, la no sujeción (artículos 104.1 TRLHL y 2.1 de la Ordenanza Fiscal nº 5), lo que obviamente impide la entrada en funcionamiento de las normas reguladoras de la base imponible (artículos 107 TRLHL y 9 de la Ordenanza), por definición únicamente aplicables si previamente existe hecho imponible y sujeción al impuesto.

europe-197040_640Justifica la decisión en que la finca transmitida no ha experimentado un incremento de valor sino que por el contrario ha sufrido una minusvalía (en la demanda fija la minusvalía en una cantidad superior a los tres millones de euros). El artículo 104.1 TRLHL (denominado “Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeción’) establece lo siguiente: El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos” y el artículo 2.1 de la Ordenanza Fiscal nº 5 del Ayuntamiento en cuestión, reguladora del IIVTNU, establece que “constituye el hecho imponible de-este impuesto, el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos bienes”.

Desde su implantación en 1988, ha sido objeto de amplia polémica si dicho sistema ha de considerarse como una ficción legal (la impropiamente llamada presunción iuris et de iure) o, por el contrario, se trata de un sistema sólo aplicable cuando el incremento verdaderamente producido es superior al resultante de aquel sistema (sería una presunción iuris tantum, en el sentido de que siempre correspondería al contribuyente probar que el incremento real es inferior).

El recurrente logró demostrar que el valor de mercado del suelo durante el período a considerar, había disminuido, por lo que no se cumpliría el hecho imponible del tributo, lo que impediría la entrada en funcionamiento de las normas de cuantificación de la base imponible contenidas en el art. 107 del TRLHL (RCL 2004, 602, 670). Las pruebas practicadas en el procedimiento en que prosperó la tesis del demandante porque no ha existido incremento de valor en la venta realizada fueron las siguientes: 1º.- La prueba pericial aportada con la demanda (informe realizado por el arquitecto) junto con informe complementario con ratificación judicial. 2º.- El testigo perito arquitecto que confirma de la existencia de minusvalía. 3º.- El informe del arquitecto asesor municipal que concluye con la operación una clara depreciación del mismo”. En conclusión se declaró que se trataba de un caso de no sujeción, que no solamente impediría el nacimiento de la obligación tributaria de pago en relación con el impuesto sometido a estudio, sino que también impide el nacimiento de obligación tributaria formal alguna. Y ello en la medida en que la falta de realización del hecho imponible, es decir, la NO SUJECIÓN al impuesto de la transmisión de los terrenos o sus derechos, excluye que aflore una relación jurídico-tributaria por la misma (arts. 3.2, 17 y 29 de la LG).
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La jurisprudencia del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia y de los Juzgados de lo Contencioso- administrativo establecen que la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible.

De hecho cada vez existen más antecedentes jurisprudenciales: 1º.- El Tribunal Supremo ya ha afirmado en una sentencia que no existió plusvalía, conceptuando el caso como de no sujeción y anulando la liquidación en su momento emitida.

2º.- La Jurisprudencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ establece siguiendo la última doctrina que -“el vigente sistema legal de determinación de la base imponible contenido en el art. 107 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LHL) (EDL 2004/2992), parte del supuesto de que en toda transmisión de los terrenos sujetos al Impuesto ha habido un incremento de valor, que se calcula mediante la aplicación de unos porcentajes anuales sobre el valor catastral fijado en el momento del devengo, esto es, de la transmisión…. Y se partió para ello del axioma del continuado incremento de valor de los terrenos, cierto durante décadas, pero que ha quedado dramáticamente en los últimos años, como es notorio, dando lugar a la actual y conocida situación económica y siendo retroalimentado por sus consecuencias. Se pueden citar varias sentencias de Tribunales Superiores de Justicia, como el de Cataluña, con fecha 9- 5-2012, rec. 501/2011, o el Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Donostia-San Sebastián , de 5 de febrero de 2015, recurso n.º 245/2014.

Si se encuentra en este caso nuestra recomendación es que para evitar procedimientos de inspección tributaria, satisfaga el impuesto correspondiente de la auto-liquidación y, a continuación, plantéese recurrir la liquidación, siempre y cuando nos encontremos dentro de los plazos de prescripción establecidos por la normativa fiscal (actualmente de cuatro años).

Cada vez existen armas legales con las que contamos hoy en día para reclamar la devolución de este impuesto, así como la jurisprudencia que, a lo largo de los últimos años, ha ido dando la razón a los afectados, pero siempre con las debidas cautelas, ya que aunque las probabilidades de que los tribunales le den la razón son muy altas, siempre existe el riesgo de que no sea así.

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Satisfacción entre los abogados por la reciente supresión de las tasas judiciales a personas físicas

El colectivo de abogados, entre los que nos encontramos varios abogados colaboradores de la web, celebra la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias, según ha recogido el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social publicado en el BOE de 28 de Febrero de 2.015.

Desde que la Ley de Tasas Judiciales entrara en vigor hace más de dos años, el colectivo de abogados así como otros profesionales del derecho han venido expresando la necesidad de que fueran derogadas desde el convencimiento de que la Justicia es un servicio público en nuestro Estado social y democrático de Derecho, en pro de la igualdad y la defensa de la posibilidad del ejercicio de la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos.

Durante todo este tiempo, los efectos de la crisis junto con las medidas de austeridad y recaudación, como la implantación de las tasas judiciales, además de ahogar a la mayoría de la población de clase media han fomentado incluso la pérdida de oportunidad para emprender acciones judiciales en defensa de derechos básicos, ya que a los gastos de los profesionales y posibles riesgos de una condena en contra había que sumar el pago de una tasas judiciales que en algunos casos según la cuantía de los asuntos podía llegar a ser de varios miles de euros, por lo que un gran número de ciudadanos han visto mermada su capacidad litigante y por tanto la tutela judicial que se exigible de un Estado de Derecho.

No obstante, aunque el Gobierno ha optado finalmente por ceder y eximir del pago de las tasas judiciales a los particulares, el colectivo de abogados, representado entre otros por el Consejo General de la Abogacía, del que forma parte el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, mantiene su histórica reivindicación derogatoria también para las PYMES, al entender justo que éstas no deban soportar el mismo gravamen que las grandes empresas, tal como preveía la normativa anterior, y por ser este colectivo uno de los más sensibles en cuanto a las fluctuaciones del mercado, las políticas bancarias y la presión fiscal. El ICAM, a través de su Decana y en su condición de Vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía, participa en una Comisión Mixta con el Ministerio de Justicia y la abogacía española para tratar sobre la revisión de la ley de tasas judiciales y sobre las diversas reformas legislativas en curso, habiendo logrado una de las más importantes reivindicaciones que nuestra profesión le demandaba.

Esperemos que en breve tengamos nuevas y buenas noticias para las PYMES y las eximan también del pago de las tasas judiciales.

Si te hemos presupuestado recientemente alguna actuación judicial puedes solicitar un nuevo cálculo en el que excluiremos las tasas judiciales. Pide más información a través de nuestros datos de contacto de la web www.abogadosquevedo.es.

 

 

 

Abusos y fraude en el cálculo de las plusvalías municipales

 

En los últimos meses hemos podido apreciar como se reducían las bonificaciones aplicables a familiares en las plus-valías de Madrid, que junto con la abusiva y drástica actualización de los valores catastrales está dando lugar a verdaderos casos de abuso recaudatorio y de injusticia social.

Por otra parte, aunque aún no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, recientemente se ha aprobado una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que queremos hacer extensiva a todos nuestros clientes y lectores, y que entendemos resulta muy interesante como punto de partida para que todos los afectados se planteen si deberíamos empezar a solicitar devoluciones en el pago de este impuesto.

En dicha Sentencia se ratifica la primera instancia que condena al Ayuntamiento de Cuenca a la devolución de importantes cantidades con fundamente en un cálculo erróneo y partidario que hacen el consistorio basado en la interpretación de la Ley de Haciendas locales. Mucho me temo que no es el único que debe proceder de esta guisa, y parece ser que podríamos estar hablando de más de 2.000 millones de euros recaudados de esta forma.

En este sentido es el artículo publicado en ElPaís de Inmaculada de la Vega Madrid 20 DIC 2012 – 16:52 CET “Plusvalía municipal y justicia”, que transcribo a continuación:

El precio de la vivienda y del suelo viene bajando desde julio de 2007. A pesar de eso, la Ley de Haciendas Locales no se ha modificado y hay un impuesto que “está concebido sobre una falacia: que el valor de los terrenos sube siempre”. El nombre no deja lugar a dudas: es el impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía. Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), explica que si se vende, dona o hereda en 2008 un piso adquirido en 2000, se ha producido una revalorización, pero si se compró en 2006 y se vende hoy, el valor del terreno ha bajado y, sin embargo, el Ayuntamiento liquida la plusvalía municipal cumpliendo la norma que se basa en que el precio no baja.

Parece que la Ley de Haciendas Locales debería ser revisada. También sería revisable que cuando el ciudadano compra un inmueble paga en el IRPF a la Administración central, y por el incremento de valor experimentado por el terreno también lo hace al Ayuntamiento: “Cuando se transmite por 100 un bien que costó 80, el contribuyente habrá tributado por esos 20 de diferencia en el impuesto de la renta que paga a la Administración central y, además, por el supuesto incremento del valor del suelo pagará al Ayuntamiento por el impuesto municipal”.

Pero este tributo no ha sido noticia esta semana por esto, sino porque se ha publicado que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en Albacete, dio la razón el pasado abril al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca y se la quitó al Ayuntamiento de esta ciudad, que “no aportó ningún principio de prueba técnico que permita constatar su tesis”. Y le condena en costas.

No sienta jurisprudencia, pero sirve como referencia; eso sí, anima a que la gente recurra porque lo que el ciudadano —que empezó el proceso que termina para él con la sentencia firme y la devolución de 18.000 euros— sostiene es que los Ayuntamientos hacen mal el cálculo de la plusvalía y están cobrando un 40% más de lo que deben. Carlos Tobías, el abogado del bufete Álvarez-Ossorio, Miller que ha defendido la causa, explica que “no es algo interpretable, sino una cuestión mecánica: cuando calculan el valor de referencia, la fórmula que aplican los municipios, matemáticamente hablando, es incorrecta. No gravan la plusvalía que se obtiene en el momento de la venta, como dice la ley, sino la futura”.

La reclamación ante el Ayuntamiento y el Tribunal Económico Administrativo no tiene coste

La Federación Española de Municipios y Provincias sostiene que sus asociados se ajustan a la ley vigente. Transmite y asume que la sentencia del Juzgado de Cuenca señala que la plusvalía ha de calcularse sobre el valor inicial del terreno en el momento de la adquisición y no en el momento del devengo, como establece en la actualidad la Ley de Haciendas Locales, y cita la sentencia que dice: “Lo que se estaría calculando sería el incremento del suelo en años sucesivos y no en años pasados”. Así que considera la federación que será la ley lo que habrá que cambiar y le pasan así la pelota al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Fuentes del departamento la echan fuera. Sostienen que la ley no estipula ninguna fórmula matemática y que cada consistorio decide la forma de liquidar.

¿Qué apuntan los economistas asesores fiscales? Los Ayuntamientos aplican literalmente la Ley de Haciendas Locales. Esta fija que la base imponible sobre la que se cobra el impuesto es el valor catastral del suelo en el día de la transmisión, y dependiendo de los años transcurridos (hasta un máximo de 20) se multiplica por un coeficiente de hasta un máximo del 3%. “El recurrente emplea un cálculo actuarial, pero la ley dice lo que dice y no que el precio se incremente un 3% al año, en cuyo caso sí se estaría calculando la plusvalía de forma errónea”, explican los expertos.

Así las cosas, mientras Tobías sostiene que los Consistorios deberían tener en cuenta la sentencia, en el REAF recuerdan que la de un Tribunal Superior de Justicia no sienta jurisprudencia y que mientras el Tribunal Económico Administrativo Central o la Dirección General de Tributos no se manifiesten en el mismo sentido, los Consistorios tendrían que seguir igual: aplicando la ley.

¿Y qué hacemos los contribuyentes? Un experto contesta que recurrir por si acaso otro juez comparte interpretación con sus colegas de Castilla-La Mancha. Se empieza por solicitar la devolución de ingresos indebidos al Consistorio que no tiene coste para el recurrente (aunque no sea gratis para la sociedad). Y si en el municipio hay tribunal económico administrativo, como sucede en Madrid, se puede recurrir también ante este órgano. En los 12 meses que tarda en contestar, quizá otro juez se sume a las tesis de Castilla-La Mancha… El siguiente escalón, que es recurrir la negativa del Consistorio a devolver el dinero en la jurisdicción contencioso-administrativa, sí está gravado con la tasa judicial y además habrá que pagar al abogado y al procurador”. Y si pierde el Ayuntamiento paga/pagamos tasas.

Algunos bufetes preparan y esperan un gran número de reclamaciones.

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Para más información:

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Pincha aquí para ver otro artículo relacionado con la plusvalía sin ganancia patrimonial.

 Fuente: www.abogadosquevedo.es

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Desde hoy 17 de Diciembre se aplicarán las nuevas tasas judiciales

Aprobados los modelos 696 y 695 de autoliquidación y devolución de tasas judiciales según ORDEN de 13 de diciembre (BOE 15-12-2012), finalmente la Administración comienza a exigir el previo pago para la interposición de demandas y recursos de las tan polémicas tasas judiciales.

Hoy día 17 de Diciembre de 2.012 comienza la aplicación efectiva de la nueva tasa judicial aplicándose únicamente a los hechos imponibles que tengan lugar a partir de dicha fecha. El citado formulario solo estará disponible en Internet.

La presentación y pago de la tasa judicial se efectúa de la siguiente forma:

1. Para grandes empresas, así como para todas las sociedades anónimas y limitadas, la presentación se realizará de forma telemática por Internet y pago electrónico mediante cargo en cuenta o tarjeta. La presentación telemática también la puede efectuar un colaborador social de la Administración Tributaria (colectivos de asesores, gestores…)

2. Para el resto de contribuyentes (personas físicas o entidades que no sean sociedades anónimas limitadas), además de la presentación telemática por Internet, se habilita un formulario disponible en la página web de la Agencia Tributaria y que se obtiene sin necesidad de certificado electrónico, solo con tener una conexión a Internet.

Una vez cumplimentado correctamente, se obtienen tres ejemplares impresos de la autoliquidación que se deben llevar a la entidad financiera colaboradora (banco o caja de ahorros) para efectuar el ingreso.

Tras la realización del ingreso, se devuelven dos de los tres ejemplares (el ejemplar del sujeto pasivo y el de la Administración de Justicia), con el ingreso debidamente validado.

El importe de la tasa no se podrá aplazar, fraccionar o compensar.

Además, el pago, una vez efectuado, solo se podrá anular si se obtiene una previa autorización de la Agencia Tributaria.

Como último trámite, se deberá aportar a la oficina judicial el recibo que justifica su presentación y pago telemático o el ejemplar impreso para la Administración de Justicia con el ingreso debidamente validado.

Se han aplazado hasta el 1 de abril de 2013 las posibles solicitudes de devolución de las tasas, que se podrán solicitar con el modelo 695.

Si quieres acceder al BOE en el que se publicó la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia pulsa en el siguiente enlace: BOE-A-2012-14301[1]

Para consultar cuanto te costaría litigar mándanos un correo explicándonos el tipo de escrito, procedimiento y cuantía y te contestamos sobre el pago que deberás hacer con carácter previo a su presentación, todo ello de forma gratuita.