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falta de liquidez por el covid

PROBLEMAS PARA PAGAR LA RENTA DEL LOCAL DE NEGOCIO POR CAUSA DEL COVID-19

En el BOE del pasado 22 de Abril se publica el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, que incluyen algunas soluciones para los inquilinos de local de negocio que se están viendo tan afectados por la crisis del COVID-19, medidas muy demandadas en los últimas semanas por la falta de intervención en este sector del alquiler para uso distinto al de vivienda.

Puedes acceder al texto completo de la resolución publicada en el BOE de 22 de abril de 2020 pincnando en el siguiente enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

NECESIDAD DE AFRONTAR LA SITUACION QUE SE LES PLANTEA A LOS ARRENDATARIOS POR PARTE DE LOS ARRENDADORES

Hay que destacar el hecho que a estas alturas y sobre todo si hay o se prevee falta de liquidez quien más y quien menos ya se ha puesto en contacto con el propietario del local para intentar buscar de forma consensuada medidas atenuantes de la situación que se plantea para ambas partes. No obstante lo anteiror, si en un primer momento nos parececía que el inquilino iba a ser el principal perjudicado por el estado de alarma, por la limitación a la libre circulación de personas, el cierre provisional de algunas las actividades y de algunos locales de negocios, especialmente de los comerciales y los del sector de hostelería, y en concreto si estan situados a pie de calle, no nos cabe duda que el arrendador se verá también afectado por la falta de liquidez, por la falta de rentabilidad o incluso por una hipotética imposiblilidad de continuar con del negocio. Hay por tanto razones para que ambas partes busquen soluciones al problema de falta de pago que se plantea a corto plazo, pero también al de falta de equilibrio entre prestacones que se puede plantear a medio plazo.  Es planteable y así lo viene afirmando la última doctrina el hecho de que en el momento de la perfección del contrato no se ha podido prever la incursión de la pandemia ni el estado de alarma y sus consecuencias, y que por tanto las prestaciones incialmente equilibradas pueden haberse visto alteradas por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles acaecidos con posterioridad.

Asimismo, si se acude a la regulación del Código Civil referida a la fuerza mayor, podría justificarse la resolución contractual en los casos más graves y ante la falta de acuerdo se prevé, salvo que se apruebe una regulación específica en línea con la cláusula «rebus sic stantibus», de elaboración jurisprudencial, un aluvión de demandas en el sentido de pretender  el inquilino que se modulen o modifiquen judicialmente obligaciones contractuales cuando concurran los requisitos exigidos de imprevisibilidad e inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva onerosidad de la prestación debida y buena fe contractual.

PACTOS ENTRE ARRENDADOR  E INQUILINO

acuerdo

Los primeros pactos que hemos podido confirmar son acuerdos de aplazamiento parcial del pago de rentas, a compensar en futuras mensualidades , si bien en algunos casos también se han pactado rebajas de la renta durante equis meses (normalmente durante el estado de alarma) o incluso, los que menos, han acordado incluso la suspensión de la obligaicón del pago durante el estado de alarma. Todas estas medidas deben ser pactadas por escrito y supervisadas por profesional ya que pueden tener importantes efectos fisacales. Recordamos que hay doctrina muy reciente de la DGT que esta

blece que la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido se debe interpretar siempre desde la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su interpretación de la Directiva 2006/112/CEE, de 28 de noviembre, del Consejo (EDL 2006/310570) relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

Los Técnicos de Hacienda manifiestan que el IVA se seguirá devengando mientras la renta sea exigible por parte del propietario. Esto supone que el propietario que es quien debe repercutir el impuesto tiene la obligación de ingresarlo a hacienda en los plazos trimestrales que vienen reglados, haya o no recibido la totalidad o parte del pago de su inquilino, aunque en caso de impago existan luego procedimientos para recuperarlo. Conceptos equívocos pueden dar lugar a sanciones o en el mejor de los casos se planteará gran inseguridad jurídica por cuanto quedan a expensas del criterio del inspector o incluso.

De una u otra forma y entre tanto se acalaran las circunstancias, existe para el arrendador la opción de aplazar el pago hasta un máximo de seis meses, con exención de pago de intereses durante los tres primeros meses, por motivo de la medida, de carácter general establecida para todos los impuestos y contribuyentes, en el ámbito de competencias de la Administración tributaria, a través del Real Decreto-ley 8/2020, por el que se adopoptan medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Puedes examinar las medidas de aplazamiento de carácter general en el siguiente ENLACE con el que accederás a la página de Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 la Agencia tributaria.

INEXISTENCIA DE PACTO Y NUEVAS MEDIDAS APROBADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 15/2020

dinero

En caso de que por voluntad de las partes e iniciativa propia aún no se haya panteado el asunto entre inquilino y arrendador del local de negocio, y no existan por tanto acuerdos definitivos en el sentido ya expuesto, entra el juego el Real Decreto-ley 15/2020 que viene a establecer nuevas medidas dirigidas a facilitar aplazamientos y evitar conflictos, según el arrendador se trate de empresa o entidad pública de vivienda, o grandes tenedores  y sociedades patrimoniales (10 o más inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2) o no lo sean (lo que se conoce como el arrendador  común, que no es empresa ni profesional del sector inmobiliario).

Para grandes tenedores se podrá solicitar en el plazo de un mes desde la moratoria en el pago durante el periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, hasta un máximo de un total de cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses pero deberá abonarse  a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años.

Para otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda la solución que ofrece es disponer libremente las partes de la fianza para destinarse al pago total o parcial de alguna
o algunas mensualidades de la renta arrendaticia, sin perjuicio de su posterior reintegro por el arrendatario en el plazo de un año.

En ambos casos el arrendatario, en este caso autónomos y pymes, deben acreditar los requisitos y estar dentro del colectivo afectado (con suspensión de actividad o afectación en la facturación de al menos el 75% de ingresos). Para ver los requisitos os facilitamos el siguiente enlace al BOE de 22 de Abril. 

 

El Tribunal supremo confirma que la sociedad disuelta, liquidada e incluso extinguida mantiene la capacidad procesal para ser demandada.

El Tribunal supremo confirma que la sociedad disuelta, liquidada e incluso extinguida mantiene la capacidad procesal para ser demandada.

En reciente sentencia el Tribunal Supremo determinó que la cancelación de los asientos registrales de una sociedad no es sino un mecanismo registral para consignar un acontecimiento de la sociedad, que en el caso de la liquidación es preciso que realmente se cumpla con los presupuestos la liquidación. Por ello la cancelación de la sociedad no impedirá la ulterior responsabilidad de la sociedad si después de formalizarse e inscribirse la escritura pública de extinción de la sociedad aparecieren bienes sociales, deudas o responsabilidades no tenidos en cuenta en la liquidación.

Frente a una demanda por deficiencias en la construcción excepcionó la mercantil demandada y ya extinguida la falta de capacidad para ser parte aduciendo que carecía en ese momento de personalidad jurídica en la medida en que estaba disuelta, liquidada y cancelada su hoja registral. También excepcionó la prescripción de la acción, pues se había cumplido el plazo previsto en el art. 18.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), en cuanto que la vivienda se entregó el día 13 de septiembre de 2005 y las primeras reclamaciones datan de 2011. Negó la existencia de un incumplimiento contractual y afirmó que la memoria de calidades no constituía parte del contrato y por último rechazó su responsabilidad sobre los eventuales daños, cuya acreditación debía realizarse en el juicio, y, en su caso, atribuyó la responsabilidad de los mismos a los otros agentes de la edificación.

El juzgado de primera instancia desestimó todas las excepciones formuladas incluyendo la de falta de capacidad para ser parte de la sociedad demandada cuyo argumentario comentamos por ser motivo de casación.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la parte demandada. La sentencia de apelación estima el recurso, al apreciar que la sociedad demandada carecía de capacidad para ser parte, porque estaba disuelta, liquidada e inscrita en el Registro Mercantil la correspondiente escritura de disolución y liquidación, argumentando que al carecer de personalidad jurídica al tiempo de presentarse la demanda, carecía de capacidad para ser parte. Invoca la sentencia del TS 503/2012, de 25 de julio, en el siguiente sentido: «Esta sentencia, señala que no se puede demandar a una sociedad anónima con inscripción cancelada sin solicitar al tiempo del Juzgado que deje sin efecto dicha cancelación, es decir considera que si no aparece inscrita en el Registro Mercantil, carece de capacidad para ser parte de un proceso, según el art 6 LEC al carecer ya de representantes y patrimonio, por lo que es inútil iniciar una acción contra ella, aunque los acreedores podrán pedir la nulidad de la cancelación para interesar la satisfacción de su crédito, independientemente de la responsabilidad que tengan los socios y los liquidadores, y tal como recoge la nueva Ley sociedades de capital, sin que en ningún momento se haga referencia a responsabilidad alguna atribuible a la sociedad cancelada».

Frente a la sentencia de apelación, la demandante interpone recurso de casación, sobre la base de un motivo. Al margen de que deba o no estimarse el recurso, se justifica adecuadamente el interés casacional al invocar dos sentencias de 2011 y 2013 cuya doctrina habría quedado infringida por la sentencia recurrida, que disponen que por más que una sociedad mercantil haya sido disuelta y liquidada e inscrita la liquidación en el Registro Mercantil, su personalidad jurídica persiste mientras existan o puedan existir o aparecer con el transcurso del tiempo, efectos jurídicos derivados de los contratos, relaciones jurídicas o de los actos de cualquier tipo llevados a términos durante el tiempo en que realizó su actividad empresarial, sin necesidad de solicitar la nulidad de la cancelación.

En este sentido, considera que la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2012, en que se apoya la sentencia recurrida, no constituye jurisprudencia, pues se trata de un pronunciamiento aislado, que no sólo no ha sido reiterado, sino que se ha contrariado por la reseñada sentencia de 20 de marzo de 2013, por lo que estima el motivo de casación. Aunque formalmente la cancelación de los asientos registrales relativos a la sociedad conlleva su extinción, no podemos negarle cierta personalidad jurídica respecto de reclamaciones derivadas de pasivos sobrevenidos.

En muchos casos, para hacer efectiva esta responsabilidad, no será necesario dirigirse contra la sociedad. Pero reclamaciones como la presente, sin perjuicio de que acaben dirigiéndose frente a los socios para hacer efectiva responsabilidad solidaria hasta el límite de sus respectivas cuotas de liquidación, pueden requerir de un reconocimiento judicial del crédito, para lo cual resulte conveniente dirigir la demanda frente a la sociedad. En estos supuestos, en que la reclamación se basa en que el crédito reclamado debería haber formado parte de la liquidación, y que por lo tanto la practicada no es definitiva, no sólo no debemos negar la posibilidad de que pueda dirigirse la reclamación frente a la sociedad sino que, además, no debemos exigir la previa anulación de la cancelación y la reapertura formal de la liquidación.

De este modo, no debe privarse a los acreedores de la posibilidad de dirigirse directamente contra la sociedad, bajo la representación de su liquidador, para reclamar judicialmente el crédito, sobre todo cuando, en atención a la naturaleza del crédito, se precisa su previa declaración. Dicho de otro modo, a estos meros efectos de completar las operaciones de liquidación, está latente la personalidad de la sociedad, quien tendrá capacidad para ser parte como demandada, y podrá estar representada por la liquidadora, en cuanto que la reclamación guarda relación con labores de liquidación que se advierte están pendientes.

Dado que el art. 400 LSC atribuye la representación a los (antiguos) liquidadores para la formalización de actos jurídicos en nombre de la sociedad, tras su cancelación, el TS ratifica la posición contenida en anteriores sentencias de esta sala y entiende que la sociedad demandada gozaba de capacidad para ser parte en este concreto pleito, en el que se reclama la reparación del perjuicio sufrido por un cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales asumidas por la sociedad frente a la demandante.

A través de www.abogadosquevedo.es podemos asesorarte sobre los pasos a tomar para reclamación la pensión de alimentos, la pensión compensatoria en caso de divorcio, el convenio regulador, la liquidación del régimen económico matrimonial, la guarda y custodia de los hijos menores, sobre el uso y disfrute de los bienes comunes, y otras materias relacionadas con el derecho de familia.

Ponte en contacto con nosotros a través de los datos de contacto que encontrarás pinchando en este enlace.

El TS se ratifica en la doctrina de que las desavenencias entre los progenitores no tienen trascendencia suficiente para impedir el régimen de guarda y custodia compartida.

Las desavenencias entre los progenitores sobre puntos concretos de la organización de la vida cotidiana de las menores, como es el tema del comedor escolar o actividades extra-escolares no tienen trascendencia suficiente para impedir el régimen de guarda y custodia compartida frente al claro beneficio que supone para los menores compartir la vida con su padre y su madre.

La sala del Tribunal Supremo viene reiterando la bondad objetiva del sistema de guarda y custodia compartida que se posiciona por ello como el más recurrido.

A partir de la bondad del sistema la cuestión a dilucidar en cada caso será si ha primado el interés del menor al decidir sobre su guarda y custodia. Este interés exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel.

No obstante la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura efectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad, pero ello no quiere decir a que puedan existir desencuentros, propios de la crisis matrimonial, que no autoricen per se este régimen de guarda y custodia, salvo que afecten de modo relevante a los menores en perjuicio de ellos.

Para que la tensa situación entre los progenitores aconseje no adoptar el régimen de guarda y custodia compartida, será necesario que sea de un nivel superior al propio de una situación de crisis matrimonial.

A este respecto el Tribunal Supremo fundamenta lo siguiente:

– El régimen de guarda y custodia compartida es beneficioso para los menores por tener estos buenas relaciones con sus progenitores y la respectivas parejas de estos, así como por tener unas condiciones de vida cómodas, estables y saludables, con total adaptación al sistema.

– Aunque el informe psicosocial ponga de manifiesto que las malas relaciones entre los progenitores influyen en los niños no es suficiente para denegar la guarda y custodia compartida; los hijos sufren con frecuencia las consecuencias de las crisis matrimoniales de sus padres, pero no debe ser relevante y grave tal influencia cuando el propio informe aconseja, pese a lo anterior, el mantenimiento de la guarda y custodia compartida que se acordó provisionalmente en las medidas cautelares.

– A pesar de no ser buenas las relaciones entre los progenitores, la inexistencia de incidentes relevantes relacionados con las menores, de modo directo o indirecto, es suficiente para mantener dicho régimen.

– No existe ningún dato en el procedimiento del que pueda inferirse una situación de peligro o riesgo para los menores si se acuerda el régimen de guarda y custodia compartida.

– La denuncia de malos tratos presentada por la recurrente contra el recurrido resultó sobreseída por resolución firme.

– Las diferencias o divergencias razonables no tienen entidad o relevancia como para influir en un régimen de guarda que les resulta beneficioso, según lo ya expuesto.

A través de www.abogadosquevedo.es podemos asesorarte sobre los pasos a tomar para reclamación la pensión de alimentos, la pensión compensatoria en caso de divorcio, el convenio regulador, la liquidación del régimen económico matrimonial, la guarda y custodia de los hijos menores, sobre el uso y disfrute de los bienes comunes, y otras materias relacionadas con el derecho de familia.

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Unificación de doctrina IRPF: La prestación por maternidad no se debe considerar como Renta exenta a efectos del IRPF

Unificación de doctrina: La prestación por maternidad de la seguridad social no se debe considerar como Renta exenta a efectos del IRPF

Una nueva Resolución, esta vez del TEAC, con fecha de 2 marzo 2017, en procedimiento para unificación de doctrina, establece que la prestación por maternidad no se considera como Renta exenta a efectos del IRPF, determinando que al tratarse de una exención tributaria, no deben tener cabida interpretaciones extensivas o analógicas que amplíen el ámbito de la exención más allá de lo previsto por el legislador.

El TEAC ha decidido actuar de oficio para poner fin al debate originado por la dispar doctrina de varios Tribunales Económico-Administrativo regionales, concretamente de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía, frente a la de Madrid, siendo esta última la que obtuvo gran repercusión en los medios de comunicación, que resolvieron de forma contradictoria la cuestión de si las prestaciones por maternidad percibidas de la Seguridad Social están o no exentas de cara al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Recientemente informamos en nuestro blog de que para el TSJ de Madrid, siendo el INSS un ente público, la prestación de maternidad satisfecha por el mismo estaría forzosamente incluida entre las exentas a efectos del IRPF.

Puedes acceder al artículo publicado: https://www.abogadosquevedo.es/jurisprudencia-y-doctrina-irpf-la-prestacion-por-maternidad-se-considera-como-renta-exenta/

No obstante esta resolución no sentaba jurisprudencia, e incluso hemos verificado que se han dictado pronunciamientos posteriores de otros órganos judiciales manteniendo la tesis contraria, refrendada particularmente en el ámbito de Andalucía por el Tribunal Superior de Justicia de dicha Comunidad autónoma.

La prestación de la Seguridad Social derivada de la baja por maternidad no está expresamente prevista en la normativa del IRPF como renta exenta del Impuesto, como tampoco se recogen como exentas las prestaciones derivadas del acogimiento, la incapacidad temporal por accidente o enfermedad o el riesgo durante el embarazo, por lo que la exención de las prestaciones de maternidad se limita a las concedidas por las Comunidades Autónomas y Entidades locales.

Son varios los Tribunales Económico-Administrativos Regionales han alcanzado la misma conclusión que se confirma con la reciente resolución del TEAC.

Por tanto tal y como dicta la resolución podemos confirmar que la prestación por maternidad pagada por la Seguridad Social no está prevista en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como renta exenta del Impuesto en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de Noviembre.

Si tiene dudas respecto a la tributación de los rendimientos de trabajo o actividad, las prestaciones y los ingresos que son objeto ganancia patrimonial, puede llamarnos e intentaremos resolverlas. Podemos también concertar una cita para efectuar un estudio detallado de su caso particular. contacte con nosotros a través de los datos facilitados en la página de contacto de nuestra web o pinchando en el siguiente enlace: www.abogadosquevedo.es

Para temas relacionados con la maternidad y los niños recordaros nuestra recomendación de la web amiga WWW.SOYPRIMERIZANOTONTA.COM.

El maltrato psicológico es causa justa para desheredar a un hijo

SEGÚN HA RESUELTO EL TRIBUNAL SUPREMO EL MALTRATO PSICOLÓGICO HACIA LOS PADRES SE CONSIDERA COMO CAUSA JUSTA DE DESHEREDACION.

Si tus padres han sufrido maltrato psicológico por parte de uno de tus hermanos o conoces alguna situación parecida ponlo en nuestro conocimiento para preparar un testamento acorde y preparar la prueba que sirva para evitar a su fallecimiento un procedimiento judicial de reparto de herencia.

Para más información accede al nuevo artículo publicado en la web www.consultasdeherencia.es

Puedes pedirnos cita también a través de los medios de contacto que te proporcionamos en esta web https://www.abogadosquevedo.es/herencias-y-testamentos-en-madrid/

 

 

 

 

 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Novedades en el régimen de responsabilidad penal de las empresas

Antecedentes:

La Ley 31/2014, de  3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, vigente desde el 1 de enero de 2015, amplió el régimen de responsabilidad en materia de gestión, control y prevención del cumplimiento del marco legal de las empresas y los posibles riesgos penales y fiscales de los Administradores, especialmente en cuanto a lo que se refiere a los Consejeros, ejecutivos y directivos.

20140703_183425La Ley Orgánica 1/2015,  en vigor desde el pasado 1 de julio de 2015 reformó el Código penal (LO 10/1995) en varias materias, destacando entre ellas el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducido por primera vez en España en diciembre de 2010.

Las novedades más destacables tras la promulgación de dicha norma fueron las siguientes:

– Se modifica el régimen general de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

– Se obliga en la práctica a las empresas a plantearse un estudio de las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos delitos, estableciendo un modelo de organización y gestión que incluya procedimientos de actuación y vigilancia para la prevención de delitos.

– Se extiende la responsabilidad penal personal, además de a los Administradores y Consejeros  nombrados, a los administradores de hecho (Directivos y apoderados).

– Se regulan las circunstancias atenuantes legal-1143114_1920y agravantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

– Se regulan los delitos aplicables a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En todo caso, el alcance de las obligaciones que conlleva el deber de vigilancia y control se condiciona, de modo general, a las dimensiones de la persona jurídica.

Las penas aplicables a las personas jurídicas pueden ser las siguientes: sanciones económicas, disolución de la persona jurídica, suspensión de sus actividades, clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años, prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social e incluso la intervención judicial.

La fiscalía general del Estado ya concretó en la circular detective-1424831_12801/2016 los procedimientos que habría que aplicar para valorar la eficacia de los planes de compliance en las empresas tras la reforma y que se configuran como una eximente de la responsabilidad penal.

Novedades:

Recientemente ha obtenido firmeza la primera condena por responsabilidad penal de personas jurídicas por parte del Tribunal Supremo, lo que nos ofrece por primera vez una interpretación judicial fiable sobre las pautas a seguir por empresas e instituciones en materia de cumplimiento normativo si quieren evitar ser condenadas y, básicamente, es que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos. Se consolidan según lo anterior los deberes de implantación, supervisión, vigilancia y control del plan de prevención de delitos por parte de los órganos de administración, que podrán delegar dichas obligaciones en un Compliance Officer, un responsable del cumplimiento del programa de prevención de delitos que se nombrará bien dentro de la barbed-wire-960248_1920estructura orgánica de la empresa o a través de la contratación de profesionales externos que se encarguen de desarrollar los planes para identificar, prevenir y mitigar los potenciales riesgos de la empresa. A raíz de lo anterior se está generalizando la implantación de planes de prevención de delitos y el nombramiento de responsables del cumplimiento legal por parte de un gran número de empresas.

A colación con lo anterior aprovechamos este correo para recordar la obligación que tienen las sociedades, asociaciones, fundaciones, empresarios y profesionales de cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, de 13 de diciembre (LOPD).usb-stick-147812_1280

Si precisa más información al respecto no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Bankia devolverá la inversión a los accionistas que acudieron a la salida a Bolsa de la entidad en 2011

Al hilo del artículo anterior, tan solo quince días después de la publicación de la sentencia del Supremo que resuelve dos recursos, por lo que sienta doctrina, Bankia ha decidido ofrecer a sus clientes la devolución de inversión por la salida a bolsa, que se podrá solicitar durante tres meses a contar desde el pasado día 18 de Febrero.

El Tribunal Supremo desestimó dos recursos interpuestos por Bankia contra dos sentencias que decretaron la nulidad de los contratos de compra de acciones emitidas por la entidad, al haber quedado demostrado que hubo error en la información ofrecida por la entidad y por tanto en el consentimiento, al existir desfase entre las cifras del folleto informativo y las reales. El Alto Tribunal sienta doctrina jurisprudencial y abre así la vía a miles de nuevas reclamaciones.

monument-172774__180Ante esta perspectiva, con los gastos judiciales pronosticados y ante la avalancha de posibles demandas, Bankia ha decidido poner en marcha un proceso para devolver el dinero de forma ágil, rápida, sencilla, gratuita pero solo a los inversores minoristas que directamente o a través de otra entidad adquirieron acciones de la entidad tras su salida a Bolsa en 2.011, sin necesidad de cumplir ninguna otra condición, y sin los costes ni tiempo de las reclamaciones judiciales y extrajudiciales, si bien los intereses compensatorios se fijan en el 1% anual por el tiempo transcurrido hasta la restitución de la inversión, según lo siguiente:

– Bankia ha abierto el proceso para devolver toda la inversión a los accionistas minoristas que acudieron a la salida a Bolsa de la entidad en 2011. A este proceso pueden acudir todas las personas del tramo minorista que invirtieron en la Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) que Bankia realizó en julio de 2011. De esta manera, se recuperará el 100% de la inversión más los intereses compensatorios ofrecidos por Bankia.

– Habrá de presentarse en las oficinas de BANKIA una solicitud cuyo modelo estará disponible en las sucursales y/o realizarla a través de la web con los documentos adjuntos que se solicitan, en concreto el el extracto de la cuenta de valores en el que se detallen los movimientos con acciones de Bankia.

– Si se hubiera interpuesto una demandamoney-209090_640 judicial, el accionista, una vez se le haya restituido su inversión, firmará un acuerdo con la entidad por el que desiste del proceso judicial. En el caso de los inversores minoristas que tengan en marcha una reclamación extrajudicial o demanda judicial y decidan no adherirse a este proceso, tendrán que seguir el proceso judicial, con los mayores costes y dilaciones que ello implica.

– El plazo de adhesión a este proceso se inició el pasado 18 de febrero, y se extenderá por un periodo de hasta tres meses, que la entidad considera suficiente para gestionar todos los casos.

– Los inversores minoristas no deben cumplir ninguna otra condición; Bankia devolverá a los accionistas minoristas el importe íntegro de su inversión inicial a cambio de la devolución de las acciones a la entidad. En el caso de que hayan vendido las acciones, se les abonará la diferencia entre lo invertido y lo obtenido con la venta de los títulos. En ambos casos se abonarán unos intereses compensatorios del 1% anual por el tiempo transcurrido hasta la restitución de la inversión.

– El plazo de recuperación de fondos no superará los 15 días desde que se efectúe la solicitud.

El proceso ofrece una salida a algunos de los inversores de forma rápida, pues recuperarán sus fondos en un plazo que se estima no supere los 15 días desde que lo soliciten, en segundo lugar evitan el proceso judicial o se reducen los procesos ya iniciados, al tiempo que minora las pérdidas de Bankia, al reducir la factura a abonar en intereses por acortarse los plazos, y, como hemos dicho, costas al optarse por una solución rápida y extrajudicial, según argumentos del consejero delegado de la entidad.

Los preferentistas están siendo entonces doblemente castigados; primero como BOLSAconsecuencia de la compra de dichos productos financieros y luego por su canje obligado por las acciones de BANKIA, que ahora les excluye del proceso de restitución abierto por la entidad.

Recomendamos a estos inversores excluidos que no tiren la toalla, si bien para recuperar su dinero actualmente no tienen otra alternativa que demandar judicialmente y hacerlo cuanto antes:

Una opción es solicitar la nulidad de dicho arbitraje y canje, por haberse realizado en la creencia de que se invertía en una entidad saneada.

Otra opción sería solicitar la nulidad de las preferentes, subordinadas y las acciones respectiva y simultáneamente, si el canje se hizo sin el consentimiento expreso del inversor, dado que además ya hay abundantes sentencias a favor.

Econtract-408216_640n cualquiera de los casos, el plazo para reclamar será el de cuatro años a contar desde que se hizo efectivo el canje. Para los realizados con anterioridad al 25 de Mayo de 2012, día en que Bankia presentó sus cuentas auditadas, será esta fecha el punto de partida para el cómputo de los cuatro años, aunque algunos juristas afirman que el plazo debería empezar a computarse desde noviembre de 2014, fecha en que se presentó el informe pericial en el procedimiento penal, poniendo de manifiesto nuevas circunstancias engañosas, si bien en todo caso no convendría agotar dichos plazos.

No obstante lo anterior quedará expedita la vía de la resolución del contrato por incumplimiento junto con una reclamación por daños y perjuicios, aunque a nuestro juicio con menos probabilidades de éxito que la anterior.

Puedes contar con nuestros profesionales para plantear la estrategia judicial o simplemente para que redacten un burofax y remitirlo en tu nombre a la entidad bancaria e intentar negociar una solución amistosa. Contamos con abogados especialistas en reclamaciones civiles y mercantiles que podrán hacerte un presupuesto a tu medida en función del importe reclamado, tu situación económica, los posibles plazos de pago e incluso en ocasiones mediante una Cuota Litis.

Concierta una cita con nuestros letrados colaboradores mediante los datos de contacto que aparecen en nuestra web.

Revocación de donaciones: el maltrato como causa de ingratitud

Mediante reciente Sentencia el Tribunal Supremo ha fijado como doctrina jurisprudencial que el maltrato, de obra o psicológico, por parte del donatario hacia el donante, queda calificado como un hecho integrado en la causa de ingratitud contemplada en el artículo 648.1 del Código Civil (Sentencia nº 422/2015 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 20 de Julio de 2015).

La Sentencia cita otras, como la STS de 18 de diciembre de 2012, nº 747/2012, que ya han destacado la interpretación flexible que cabe realizar de este precepto tanto respecto a la falta de precisión técnica con la que se refiere al concepto de delito y a los concretos derechos o bienes protegidos (“persona, honra y otros bienes”). El precepto debe interpretarse, en sentido laxo, con relación a todo posible delito por el que pudiera resultar ofendido el donante en su gratitud, como a la innecesariedad que, a tales efectos, se haya producido previamente una sentencia penal condenatoria, ni tan siquiera que el procedimiento penal se haya iniciado; bastando la existencia de una conducta del donatario socialmente reprobable, que revistiendo caracteres delictivos, aunque no estén formalmente declarados como tales, resulte ofensiva para el donante, y concluye que, de acuerdo con los criterios interpretativos de la realidad social del momento de aplicación de la norma y su propia finalidad, el maltrato de obra o psicológico realizado por el donatario debe quedar reflejado como un hecho integrado en la causa de ingratitud del artículo 648.1 del Código Civil.

En efecto, en el marco interpretativo expuesto, no cabe duda de que en la actualidad el maltrato de obra o psicológico del donatario, como conducta socialmente reprobable, reviste o proyecta caracteres delictivos que resultan necesariamente ofensivos para el donante. Del mismo modo que su comisión atenta a los más elementales deberes de consideración y gratitud hacia el donante, dotando de fundamento a la revocación de la donación por ingratitud como sanción impuesta a los donatarios que infringen dicho deber básico de consideración hacia el donante. Todo ello como base jurídica para revocar una donación, tras acreditarse plenamente conforme a las pruebas practicadas el maltrato llevado a cabo por parte de la donataria respecto a los donantes, agravado por su relación filial y exteriorizado en diversos episodios de trato despectivo y humillante que culminaron en una bofetada a su padre y en insultos e injurias graves a su madre.

Si entiende que ha sufrido en su persona malos tratos tras una donación o conoce a alguien que pueda estar en esa situación nuestra recomendación es que inste la revocación de la misma por causa de ingratitud. Cada vez existen más armas legales  para luchar contra el maltrato. Tras la Sentencia comentada podemos lograr la revocación de una donación, apoyándonos también la jurisprudencia, y con las más altas probabilidades de que los tribunales nos den la razón, siempre y cuando el maltrato se pueda demostrar, e incluso aunque no haya una condena penal previa. Aunque no lo dice la Sentencia, entendemos que el maltrato como  causa de ingratitud sería aplicable asimismo a los casos de violencia de género.

Para más información o solicitar un estudio detallado de su caso particular, contacte con nosotros a través de los datos que facilitamos en nuestra web.


Debido a la gran cantidad de consultas recibidas sobre herencias abrimos la nueva web www.consultasdeherencia.es que estará vinculada con www.abogadosquevedo.es respecto a la materia sucesoria. Esperamos que sea de vuestro interés.

 

Novedades en jurisprudencia que sientan doctrina: si el valor de los terrenos no se ha incrementado no procederá la liquidación por plus-valía

Si tras comprar un inmueble en la época de precios más altos se vende en la actualidad a precio mucho más bajo, normalmente por necesidad, siempre defenderemos que no ha existido incremento de valor de los terrenos entre la fecha de adquisición y la fecha de transmisión, por lo que no se habrá realizado el hecho imponible que es gravado y por tanto no procederá la liquidación por el impuesto de plus-valía municipal (o si procediere, debería solicitarse la devolución).

Así lo entiende también el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 3 de Zaragoza en su sentencia de 13 de julio de 2015, que afirma que lo que se grava el impuesto es el incremento del valor del terreno, el cual, además, se debe poner de manifiesto con ocasión de una transmisión. 

El Juzgado no comparte la argumentación del Ayuntamiento sobre la circunstancia de que la LRHL, art. 107, RDL 2/2004 de 5 de marzo, de Haciendas locales, prescinde de la realidad y establece una plusvalía ficticia, por referencia a criterios objetivos, independientes del valor real de los terrenos y de la existencia o no de un efectivo incremento patrimonial, añadiendo además que en todo caso el valor catastral es muy inferior al de la venta gravada. Muy al contrario justifica su decisión en que, dada la tradicional trayectoria del mercado inmobiliario en España, en el que en términos generales nunca había bajado el precio nominal de la vivienda, y en el que lo más que había ocurrido era un estancamiento, se estableció un sistema de gravamen objetivo, por referencia a datos no correspondidos necesariamente con la realidad, todo ello a fin de facilitar la gestión del impuesto y de eludir el frecuente abuso al no declararse siempre el valor de las ventas, evitando también las complicaciones de una excesiva fluctuación del mercado. Actualmente, sin embargo, nos encontramos con una situación insólita, y es que los precios reales de los inmuebles llevan varios años bajando, por lo que no se puede partir de la presunción de que siempre se produce un incremento.

Si no hay incremento de valor, el gravar con independencia de ello supondría “inventar” un impuesto, pervirtiendo la regulación. El instrumento para la determinación del incremento del valor que se halla en el 107 LRHL, que es eso, un elemento adjetivo o instrumental, nunca puede sobreponerse al elemento esencial o nominativo, que es el hecho imponible, de modo que llegue a presumir el mismo. El 107 LHL establece un criterio legal de determinación de la cuantía del incremento del valor, pero parte de que el mismo se ha producido, pues de lo contrario, si no hay hecho imponible, no se puede gravar. Las mismas conclusiones han de aplicarse cuando sí ha existido incremento de valor, pero la cuantía de éste es probadamente inferior a la resultante de la aplicación de dicho método de cálculo, al infringirse los mismos principios.

Las consecuencias no pueden ser otras que las siguientes:

1.ª) Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo (art. 104.1 LHL), y éste no podrá exigirse, por más que la aplicación de las reglas del art. 107.2 siempre produzca la existencia de teóricos incrementos.

2.ª) De la misma forma, la base imponible está constituida por el incremento del valor de los terrenos, el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de las reglas del art. 107, que sólo entrarán en juego cuando el primero sea superior. Por tanto, seguirá siendo de aplicación toda la jurisprudencia anterior sobre la prevalencia de los valores reales, pudiendo acudirse incluso a la tasación pericial contradictoria, en los casos en los que se pretenda la existencia de un incremento del valor inferior al que resulte de la aplicación del cuadro de porcentajes del art. 107. En esta hipótesis, la base imponible habrá de ser la cuantía de tal incremento probado, sin que sea admisible acudir a fórmulas híbridas o mixtas, que pretendan aplicar parte de las reglas del art. 107 al incremento probado.

En consecuencia, el sistema liquidatorio legal no excluye que el sujeto pasivo pruebe que, en el caso concreto, lleva a resultados apartados de la realidad; y, por otra parte, en relación con el referido antecedente inmediato de la fórmula contenida en el art. 107, la STS de 22 de octubre de 1994 (RJ 19994\ 8205) fue tajante al sostener que tenía carácter subsidiario, en defensa y garantía del contribuyente. Y, por fin, no desvirtúa las anteriores conclusiones el hecho de que el sistema legal sea obligatorio, en todo caso, para los Ayuntamientos, que no pueden acudir a datos reales cuando éstos arrojen un resultado superior, pues la Constitución no garantiza a los entes públicos ningún derecho a gravar siempre la capacidad económica real y efectiva, mientras que sí impide que se graven capacidades económicas ficticias de los ciudadanos.

El Tribunal considera suficiente para acreditarjusticia que en el período de tiempo del 2005 al 2014, según información del Ministerio de Fomento se ha producido una depreciación general del valor de suelo en la localidad de referencia, condenando al Ayuntamiento al reintegro de la cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS, aunque no impone las costas procesales a ninguna de las partes, por ser cuestión debatida y novedosa.

Según lo anterior, se viene sentando una línea doctrinal por parte de los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa según la cual, con base en la propia dicción del precepto, para que se produzca el hecho imponible de este impuesto es preciso que exista un incremento del valor entre el momento de adquisición y el momento de la transmisión. Se pueden citar otras sentencias de varios Tribunales Superiores de Justicia, como el de Cataluña, con fecha 9- 5-2012, rec. 501/2011, o el Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Donostia-San Sebastián , de 5 de febrero de 2015, recurso n.º 245/2014.

Si se encuentra en este caso nuestra recomendación es que para evitar procedimientos de inspección tributaria, satisfaga el impuesto correspondiente de la auto-liquidación y, a continuación, plantéese recurrir la liquidación, siempre y cuando nos encontremos dentro de los plazos de prescripción establecidos por la normativa fiscal (actualmente de cuatro años).

Cada vez existen armas legales con las que contamos hoy en día para reclamar la devolución de este impuesto, así como la jurisprudencia que, a lo largo de los últimos años, ha ido dando la razón a los afectados, pero siempre con las debidas cautelas, ya que aunque las probabilidades de que los tribunales le den la razón son muy altas, siempre existe el riesgo de que no sea así.

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Importante sentencia del Tribunal Supremo condena al Fogasa en caso de silencio administrativo

Nos hacemos eco de la reciente Sentencia del Tribunal supremo que unifica doctrina y obligará al Fondo de Garantía salarial (Fogasa) a pagar todas las solicitudes cuya tramitación dure más de tres meses, aplicando la teoría del silencio administrativo. De esta forma el Fogasa vendrá obligada a responder en plazo las solicitudes, dado que si transcurre dicho plazo de tres meses sin resolver, incluso cuando el expediente no cumpla los requisitos legales, estará obligada a pagar sin posibilidad de demorar el expediente ni de éxito en su recurso.

El Fogasa es un Organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Ministerio de empleo y seguridad social con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines establecidos en el art. 33 del Estatuto de los trabajadores. Goza, por tanto, de autonomía de gestión, patrimonio y tesorería propia, personalidad jurídica pública y diferenciada, sin que ello suponga la quiebra del principio de la personalidad jurídica ÚNICA de la Administración General del Estado, con sometimiento al principio de legalidad (Art. 103.1 de la Constitución Española ) y al Derecho Administrativo y cuyo ámbito de actuación geográfica es todo el territorio nacional.

En cuanto a sus fines y su actuación, estánteamwork-606818__180 determinados en el artículo 33 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, y en el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial.

El Fogasa se enmarca dentro de la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Su finalidad básica, para la que fue creado mediante el artículo 31 de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, es la de Institución de garantía de los créditos salariales ante la insolvencia del empleador. Hoy tiene atribuido el abono a los/las trabajadores/as de los salarios e indemnizaciones que las empresas para las que trabajan no han podido satisfacer por encontrarse en situación legal insolvencia o por haber sido declaradas en situación de concurso. Abonadas las prestaciones el Fondo de Garantía Salarial se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los/las trabajadores/as para proceder en reclamación y repetición frente a los/las empleadores/as que los/las adeudan.

Entre sus finalidades complementarias destaca el apoyo o protección a las empresas en situación de crisis, dado que fomenta el mantenimiento del empleo y la continuidad empresarial, mediante el abono de ciertas prestaciones sin obligación de restitución (“a fondo perdido”), el pago de prestaciones sin necesidad de declaración de insolvencia empresarial (la llamada “insolvencia técnica” o en casos de fuerza mayor), y la posible suscripción convenios de devolución aplazada o fraccionada de las cantidades abonadas por el Organismo.

La cuestión debatida en el Recurso de casación era determinar si debía entenderse estimada por silencio positivo la solicitud al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) de abono del 40% de la indemnización correspondiente a un trabajador cuyo contrato se había extinguido, por aplicación del art. 33.8 del Estatuto de los Trabajadores , cuando la resolución expresa de dicho organismo, se dicta en plazo superior a los tres meses a que se refiere el Real Decreto 505/1985, de organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial; y si esta resolución tardía, desestimatoria de la pretensión, carece o no de eficacia para enervar el derecho del administrado ganado anteriormente por silencio positivo.

ipremSe alega por parte del demandante que la resolución denegatoria es contraria a derecho por haberse dictado la misma una vez transcurrido el plazo de tres meses desde la solicitud de la prestación conforme establece el art. 28.7 RD 505/1985, de 6 de marzo.

Ante la existencia de jurisprudencia contradictoria, entre dos resoluciones del TS que son invocadas ante el propio órgano supremo, se aprecia por parte de la Sala que existe identidad en cuanto a los hechos, por cuanto en ambos supuestos se solicita al FOGASA que abone el 40% de la indemnización derivada de la extinción de la relación laboral, dictándose resolución en ambos casos transcurrido en exceso el plazo de 3 meses, pero habiendo finalizado con fallos contradictorios. Es decir, aunque las pretensiones son las mismas, puesto que lo que se pretende en ambos casos es que se deje sin efecto la resolución expresa denegatoria del FOGASA por haberse dictado superado el plazo de tres meses previsto en el art. 28.7 RD 505/1985 de 6 de marzo , en relación con el art. 43.1 y 2 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ambas Sentencias difieren en cuanto a lo que debe suponer en ese caso el silencio administrativo.

El Alto tribunal monument-172774__180recuerda que la ley dispone que “el plazo máximo para que el Fogasa dicte resolución será de tres meses, contados a partir de la presentación en forma de la solicitud. Dicha disposición no establece ninguna excepción, por lo que se aplica a la totalidad de los expedientes cuya tramitación corresponde al Fondo”.

La Sala de lo Social del Alto Tribunal recuerda que “el silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un instituto jurídico formal, sino la garantía que impida que los derechos de particulares se vacíen de contenido cuando Administración no atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado. Esta garantía, exponente de una Administración en la que de primar la eficacia sobre el formalismo, solo cederá cuando exista un interés general prevalente o, cuando realmente, el derecho cuyo reconocimiento se postula no exista. Así, la sentencia de la Sala Tercera de 2-2-2012 precisa que el silencio administrativo pueda tener lugar ante cualquier clase de solicitud, siempre que su contenido sea real y posible desde el punto de vista material y jurídico,” acogiendo por tanto esta línea jurisprudencial.

Respecto al fondo del asunto el Alto Tribunal acaba razonando que “en el caso examinado, sobre rechazo del FOGASA al abono del 40% de la indemnización derivada de la extinción del contrato, podemos traer a colación nuestra sentencia de 26-12-2013, expresiva de que la responsabilidad del FOGASA por el 40% de la indemnización legal de despido ex art. 33.8 del Estatuto de los Trabajadores es una responsabilidad directa, que constituye un beneficio legal a favor de las empresas que cuentan con una plantilla inferior a 25 trabajadores independientemente de la situación económica empresarial. En su argumentación recuerda que son nulos de pleno derecho los actos presuntos “contrarios” al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, no es menos cierto que para revisar y dejar sin efecto un acto presunto (nulo) o anulable la Administración debe seguir los procedimientos de revisión establecidos por el art. 102, o instar la declaración de lesividad, por lo que finalmente declara que procede la estimación del recurso interpuesto.

Proporcionamos el enlace al contenido de la sentencia (archivo facilitado por el CGPJ a través de la página web http://www.poderjudicial.es) TS Social 16 marzo 2015